El pastel minero del país, entre pocas famiglias.

México SA

Concesiones mineras en áreas naturales protegidas

Carlos Fernández-Vega

Con la complacencia gubernamental, los empresarios canadienses han sentado sus reales en México desde que a algún virtuoso tecnócrata se le ocurrió la brillante idea de concesionar” las minas propiedad de la nación al capital privado autóctono y extranjero. Como en las historias de la mafia avecindada en Nueva York, el pastel minero mexicano se ha repartido entre un pequeño grupo de famiglias, que se respetarán entre sí mientras no intenten quedarse con rebanadas “ajenas”. Así, en México coexisten el zar del cobre (Germán Larrea), el zar de la plata (Alberto Bailleres) y otros zares de diversos metales, dejando para los empresarios canadienses el imperio del oro. Y eso no es historia.
Se conocen las mañas de Larrea y Bailleres, ambos chicos Forbes, pero los canadienses no cantan mal las rancheras. El más reciente conflicto, que no el último (recuérdese la también canadiense Minera San Xavier, en San Luis Potosí), se registra en Baja California Sur, en donde el gobierno federal (el gran facilitador de negocios privados con bienes públicos) tuvo a bien otorgar siete concesiones mineras –para la explotación de oro– a la canadiense Vista Gold Corporation (avecindada en Colorado, Estados Unidos), las que el propio consorcio suma a las obtenidas para hacer lo mismo, pero en Guadalupe de los Reyes Sinaloa. No es novedad, desde luego, porque el gerente de Los Pinos (en sus últimas cinco presentaciones con igual número de caretas) por unas cuantas monedas ha vendido, vende, lo que no es suyo.
A ese gobierno, pues, se le ocurrió la brillante idea de otorgar concesiones mineras (hasta 2039) en áreas naturales protegidas, para lo cual, según Vista Gold Corporation, está a punto de autorizar el cambio de uso de suelo de zona protegida a simples hectáreas (alrededor de 400) para la explotación de oro en un proyecto minero denominado Paredones Amarillos, ubicado en la Biósfera Sierra de la Laguna (no de Vizcaíno, como ayer se anotó en este espacio). De acuerdo con la información del consorcio, una vez en producción espera obtener un promedio estimado de 143 mil onzas de oro anuales, durante los primeros cinco años, y estima 1.2 millones de onzas durante la vida útil de las minas, estimada de 9.3 años. “El gerente general de la minera, Carlos Calderón Díaz de León, quien dijo se cuenta con todos los estudios de impacto ambiental (aunque no informó que se realizaron 12 años atrás, el 3 de marzo de 1997, cuando otra compañía poseía las concesiones) y permisos para operar por parte del gobierno federal, salvo el de cambio de suelo forestal a minero, que esperan le sea otorgado por la Semarnat en los próximos días” (El Financiero).
Eso dice la empresa, pero los habitantes de la zona y los grupos ecologistas lo ven desde otra óptica: el área donde el consorcio canadiense se dispone a construir la mina Paredones Amarillos se encuentra muy cerca de la localidad de Valle Perdido y a unos 13 kilómetros de El Rosario. El terreno se encuentra a un costado del arroyo llamado La Junta, que más adelante cambia de nombre a La Muela. Los predios donde se encuentra la mina llevan los nombres de Jesús María y El Encantado, de presunta propiedad nacional. Vista Gold, en sus comunicaciones con accionistas establece el primer trimestre de 2010 para comenzar a construir la mina y los primeros meses de 2011 para iniciar la producción de oro.
En 2002 Vista Gold compró a Echo Bay el proyecto de Paredones Amarillos, incluyendo las concesiones mineras y los derechos de explotación minera. La mina proyectada para Paredones Amarillos tendría una vida útil de alrededor de 9.5 años, durante los cuales extraería cerca de 40 toneladas de oro. Como este metal se encuentra en el suelo en una proporción cercana a una parte por millón (1.08, para ser exactos), para extraer esas 40 toneladas la empresa tendría que procesar cerca de 40 millones de toneladas de material, separarlo de la montaña, pulverizarlo y rociarlo con una solución a base de cianuro. De hecho, en los informes de la propia empresa se habla de la necesidad de procesar 11 mil toneladas diarias de material.
La minería de oro a cielo abierto es una actividad con altísimos requerimientos de agua. Para ello, la Mina Paredones Amarillos planea obtener la totalidad de su agua de una planta desaladora en Todos Santos y bombearla 45 kilómetros hasta el sitio de la mina. De esta planta obtendría los 3 mil 800 metros cúbicos diarios (casi 1.4 millones de anuales) de agua que requerirá. El sitio que la empresa ha adquirido para la planta desaladora se encuentra en la zona de anidación de la tortuga laud (Dermochelys coriacea).
¿A cambio de qué el gobierno mexicano se ve tan generoso? Pues a cambio de tortillas duras: la empresa canadiense promete 190 millones de dólares de inversión en un plazo de 18 meses (10.5 millones por mes); 40 millones adicionales diez años después; 300 empleos directos y mil indirectos en la próxima década, “con salarios de los mejor remunerados aprovechando el personal de la región en 97 por ciento” (según Vista Gold).
Algo fundamental a considerar en este asunto es que uno de los requisitos legales para el otorgamiento de este tipo de concesiones y la aprobación del proyecto de explotación es que la autoridad –en este caso la Semarnat– está obligada a realizar una consulta ciudadana (entre los potencialmente afectados o beneficiados, según sea el caso), la que no se ha realizado a pesar de las numerosas protestas que se han presentado y las manifestaciones en contra del citado proyecto. Es tal el clamor ciudadano en contra de Paredones Amarillos, que el silencio de los responsables de autorizarlo hace más que obvio que responden a los intereses de la empresa canadiense, Y como dicen los afectados, “un accidente de cianuro que contamine los mantos acuíferos de nuestra zona, tendrá consecuencias no sólo entre nosotros, sino en muchas de las generaciones venideras”.
Así la península de Baja California (de norte a sur) y sus habitantes están a merced de una supuesta autoridad que desoye los reclamos ciudadanos, que privilegia a los depredadores empresariales (los turísticos y los mineros, entre otros) y sus intereses económicos y que, salvo en el discurso, nada hace para erradicar la inseguridad y la violencia.

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