martes, 29 de junio de 2010

SEGURIDAD DEMOCRATICA



Alberto Híjar.


Empezó bien la estrategia de seguridad democrática, según la nomenclatura del poder en Colombia. Casi el 60% de los electores no votó para facilitar así los arreglos entre las dirigencias partidarias. El exministro de defensa Juan Manuel Santos con todo y su vanagloria por haber coordinado el ataque al campamento de las FARC en Sucumbíos, Ecuador con el bombardeo de apoyo desde la base yanqui de Manta en Colombia, ha sido aclamado por quienes creen que la continuidad de la economía política y militar de Álvaro Uribe, es garantía de prosperidad. La paz es lo de menos porque a punta de infamias como la organización de paramilitares y el asesinato de los llamados falsos positivos que nada tienen que ver con la guerrilla pero son jóvenes y viven en regiones campesinas incomunicadas y sólo atendidas como posibles focos subversivos, garantizan que las siete nuevas bases militares acordadas por Uribe ante la alarma de sus vecinos de Ecuador, Venezuela y Bolivia, funcionen como centros de inteligencia amenazante. Álvaro Uribe ha manifestado su aspiración a la alcaldía de Bogotá. Pingües negocios se avizoran para los protegidos de la Casa Blanca.

Con esta seguridad, la democracia queda reducida a negocio de unos cuantos. El miedo paraliza a todos los demás. El Plan Colombia funciona y ya se articula con la Iniciativa Mérida para tender un cerco a los gobiernos del ALBA, incluyendo Brasil a quien México reprobó en la ONU al votar a favor del castigo a Irán, socio nuclear del gobierno de Lula. El gobierno de Calderón vota por Estados Unidos y lo salva en la OEA de todo reproche por la brutalidad de la Border Patrol y la sanción a Israel por la matanza de quienes pretendieron romper el cerco a los palestinos de Gaza. Nada se dice del lanzamiento del cohete israelí con el pregonado propósito de espiar a Palestina. Más Colombia en México, más México en Colombia proclamaron Uribe y Calderón al inaugurar en 2009 la Feria del Libro en Bogotá. En la víspera de las elecciones estatales y municipales en México, cunden los asesinatos selectivos y una bomba incendiaria fue arrojada a una bodega con las boletas electorales de Aguascalientes. Cunden también las acusaciones entre figuras de uno y otro partido y la cárcel y los juzgados impiden el ejercicio de los derechos ciudadanos a candidatos indiciados como delincuentes de cuello blanco. Los gobernadores delincuentes más notorios terminarán impunes sus administraciones pese a evidencias tan graves como las de Oaxaca donde la afectación alcanza hasta a un famoso centro artístico en San Agustín Etla con todo y campaña de intimidación contra el bienhechor Francisco Toledo. Los rehenes funcionan como advertencia y en lo que se impugnan delitos tan absurdos como el secuestro equiparado, la intimidación funciona y los justos esperan en prisión que la Suprema Corte de Justicia se pronuncie a su favor aunque lo haga sin consecuencias vinculatorias o sea, dejando a los jueces y ministerios públicos la decisión sobre las vidas truncas. Sobre esta base, si la abstención de los votantes supera el 50% entra en los cálculos de los patrocinadores de la seguridad democrática: que siga el ejército en la calles y que nada ni nadie ose criticarlo, que permanezcan los presos políticos como escarmiento, que los paramilitares sigan protegidos por el gobierno para que nadie se atreva a organizar la democracia desde abajo y a la izquierda como en San Juan Copala o en las Juntas de Buen Gobierno y los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. El dineral que se gasta en el IFE y sus franquicias, vale la pena porque la seguridad democrática se concreta en acuerdos, pago de multas, reconocimientos electorales acordados, negociados, tolerados. Quien no transa no avanza es la consigna que en letras de oro debiera figurar en el salón de sesiones del IFE, en las Cámaras, en las direcciones de los partidos generosamente financiados por el Estado.

La tele hace lo suyo al llamar a la unidad nacional como si no fueran los ricos más transas quienes la rompen minuto a minuto. Nunca antes habían sido tan cuantiosas las reservas del Banco nacional de México y nadie sabe porque no se aplican en resolver las desgracias de las inundaciones anuales, los desgajamientos de cerros, la caída de puentes y caminos vecinales, los rezagos en la ayuda a quienes tienen años perdiendo año con año lo poco que tienen.

En la más reciente película de Roger Moore, Capitalismo, una historia de amor, el cineasta pregunta por qué no vemos a los ricos más ricos arrastrados por las aguas negras desbordadas o en los techos clamando por ayuda. Por esto y muchas cosas más, clausura la Bolsa de Wall Street con cinta amarilla con letreros impresos de prohibido el paso, escena del crimen. Será por eso que la Suprema Corte de Justicia y el Palacio nacional donde ya nadie despacha asuntos de gobierno, están cercados con vallas y soldados. El 4 de julio viviremos una jornada ejemplar.


lunes, 28 de junio de 2010

URGENTE NUEVA ALERTA EN LA REGIÓN CUICATECA

A los hermanos y hermanas del CNI

A los Pueblos del mundo.

A la Otra Campaña.

A la Red de Medios Libres Abajo y A la izquierda.

Tememos que más sangre de nuestros pueblos se derrame por la ambición, la corrupción y la injusticia de los gobiernos priistas y sus grupos paramilitares, ahora parecer ser que toca el turno a los pueblos cuicatecos.

El 29 de junio del 2010 la autoridad del Tribunal Agrario ejecutaran la sentencia definitiva que hará justicia y restituirá las tierras comunales a Santos Reyes Papalo, del pueblo cuicateco; estas tierras que los caciques de San Pedro Chicozapote y de Choapam de Guerrero, perteneciente al municipio de Concepción Papalo han pretendido despojarlos, con un largo litigio agrario que perdieron porque no demostraron la posesión ancestral de las tierras.

Pero como ya se esta volviendo costumbre en Oaxaca, si no te dan la razón jurídicamente te violentan tus derechos con los grupos paramilitares como el MULT quien ahora amenaza a los comuneros de Santos Reyes Papalo que no permitirán que se ejecute la sentencia definitiva.

El Lic. Juan Luís Martínez Martínez, coordinador regional del MULT en la cañada es quien esta llamando a la agencia de Choapam de Guerrero, perteneciente Al municipio de Concepción Papalo y a San Pedro Chicozapote a no permitir que las autoridades agrarias lleven acabo la ejecución a favor de Santo Reyes Papalo y esta orquestando la violencia.

Dado los antecedentes tememos que agredan a nuestros hermanos en especial a la comunidad de Cacalotepec pues las tierras que reclaman están en esta parte donde se ubica la comunidad.

Por lo que responsabilizamos al comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Chicozapote, de Concepción Papalo, al Lic. Juan Luís Martínez Martínez, coordinador regional del MULT en la cañada y al gobierno estatal de cualquier agresión a nuestros hermanos y hermanas.

Demandamos a que se haga justicia al pueblo de Santo Reyes Papalo, llamamos a todas y todos a estar alertas en estos días por lo que pueda pasar el día 29 de Junio de 2010 cuando se llevara acabo la ejecución agraria a favor de Santos Reyes Papalo.

Por la Reconstitución y Libre Asociación de Nuestros Pueblos

Consejo de Base de la Comunidad de Cacalotepec.

Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón”

Oaxaca a 27 de Junio del 2010.

domingo, 27 de junio de 2010

La ley minera y la comunidad



Un problema medular en la Ley Minera y en la operación de las mineras, se relaciona con el papel marginal y de división en el que se pone a las comunidades.



La exclusión de las comunidades de la toma de decisiones sobre proyectos que involucran cambios fundamentales en su entorno y en su vida ha llevado a situaciones en donde los derechos humanos, entendidos en una perspectiva amplia que incluye los económicos, sociales y culturales y el medio ambiente son severamente lesionados.


La consulta a los pueblos, por su parte, no son mencionados en ningún momento en la Ley Minera, sin embargo este derecho es reconocido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que como compromiso internacional tiene carácter de ley suprema en el derecho mexicano.


En términos de jerarquía constitucional, el Convenio 169 ocupa una posición más elevada que la Ley Minera. Sin embargo, es difícil que este convenio se constituya como herramienta de acceso a la justicia para los pueblos, debido a diversas barreras, como por ejemplo los altos costos y el elevado nivel de especialización requeridos para llevar a buen término un proceso ante tribunales, más aun si estos son internacionales.


La Constitución Mexicana establece que los derechos minerales pertenecen a la nación y no a los propietarios de los terrenos. Esta disposición, junto a la que hace de la minería una actividad prioritaria considerándola superior a usos alternativos de la tierra, desequilibra las relaciones entre las empresas mineras y los propietarios individuales o colectivos de la tierra.


Impactos sociales en la comunidad


Desde su llegada, las empresas mineras inician y provocan un conflicto social tendiente a dividir a la población, hacen un estudio socio-antropológico de los habitantes del lugar, así detectan el comportamiento de la gente. A los más carentes de escrúpulos los contratan y los utilizan para sus grupos de choque, a otros los controlan con empleos y regalías, incluso les pagan sin trabajar, a los que tienen facilidad de liderar, los corrompen y los utilizan para controlar a la gente. 


Las entidades principales en este control, son las autoridades municipales y los comisarios ejidales, figuras claves para sacar adelante su proyecto. 


Como la única forma de que estas empresas operen es a base de corrupción y actos delictivos, su control se extiende hacia las autoridades estatales y federales incluyendo al Presidente de la República. Su poder de corrupción es ilimitado. Intervienen y costean los procesos electorales, escogen sus candidatos a presidentes municipales para control político de las comunidades. 


Todo esto genera un gran conflicto social, los que se oponen al proyecto y los que están siendo “beneficiados” económicamente y los apoyan, dos bandos que en ocasiones llegan a la eliminación física de algunos de sus miembros.


La comunidad de San José del Progreso ha estado viviendo de cerca este conflicto social, provocado por las mentiras de las personas que operan en la Minera Cuzcatlán y la complicidad del gobierno federal y estatal, mientras tanto se ignora la creciente oposición de la comunidad a la Minera y los graves daños que ha causado el conflicto social a estas fechas. Con estas acciones se sigue ignorando, reprimiendo y deslegitimando las luchas auténticas de las comunidades que son las dueñas del territorio.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios

25 de junio de 2010

jueves, 24 de junio de 2010

MINERIA EN OAXACA, RAIZ DE LA VIOLENCIA




La historia de la minería en México y en especial en Oaxaca, es antigua, sin embargo el modelo de saqueo y explotación se implementó con más fuerza en la colonia. A finales del siglo XIX en la época de Porfirio Díaz empresas extranjeras tomaron posesión de las principales minas en el país. Esta situación continúa con empresas de Canadá, Estados Unidos, Australia y Europa.

En el estado de Oaxaca existe una gran diversidad de minerales, como son: plata, oro, plomo, zinc, hierro, titanio y uranio, principalmente. Según datos de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, para el año 2008, las concesiones para la exploración y explotación, cubrían el 12.5% del territorio del estado, lo que equivale a más de un millón de hectáreas.

Se han otorgado 20 proyectos a 15 empresas, las principales concesiones en Oaxaca: Golden Trump Resources S.A de C.V, Linear Gold Corp, Arco Resources Corp, Zalamera, S.A. de C.V. filial de Chesapeake Gold Corp, Cemento Portland Cruz Azul, SCL, Fortuna Silver-Continuum Resources, Compañía Minera del Norte, Aurea Mining Inc, Linear Metals Corp, Radius Gold, Compañía Minera Plata Real, NewCoast Silver Mines LTD, Aura Silver Resources Inc- Intrepid Mines Ltd.

Por el estudio de varios casos en Oaxaca se comprobó que la llegada de las empresas mineras a las comunidades y municipios ha generado varias afectaciones y ha creado las condiciones propicias para conflictos, que muchas veces terminan en violencia.

En el caso del municipio de San José del Progreso la empresa canadiense Continuum Resources, obtuvo la concesión del proyecto San José, anteriormente denominada Trinidad, con lo cual empezó a tomar muestras del suelo y otras actividades de exploración. Además empezaron una campaña para convencer a los ejidatarios para la firma de contratos de usufructo para treinta años y así logro tomar posesión de 200 hectáreas, este proceso continua. Está en duda la legalidad de este proceso debido a que la asamblea ejidal nunca finalizó el proceso de privatización de sus tierras, por eso todavía son propiedad colectiva.

En 2008 la mina fue comprada por la empresa minera canadiense Fortuna Silver, a través de la filial mexicana con el nombre de Minera Cuzcatlán, bajo una estrategia de protección legal del capital extranjero. Ahora están impulsando de una manera agresiva el reinicio de la explotación que está prevista en mediados de 2011.

Entre las principales afectaciones ambientales, sociales, económicas y culturales están:

· Contaminación del agua.

· Uso de la fuerza pública para desalojar a los habitantes de sus actividades de manifestación, violando derechos humanos.

· Detención y encarcelamiento de activistas de la comunidad.

· Corrupción de autoridades municipales y agrarias.

· División de la comunidad, mediante la entrega de diversos proyectos a parte de la ciudadanía y contratando a algunas personas de la comunidad pagándole 600 pesos semanales, sin contratos de seguridad ni garantía de continuidad.

Podemos concluir entonces que las prácticas utilizadas por las empresas y respaldadas por los gobiernos estatal y federal son el caldo de cultivo para los conflictos. Mientras se sigan favoreciendo intereses del capital extranjero, de empresarios mexicanos con prácticas corruptas desde el proceso de otorgamiento de las concesiones, hasta la imposición de estos proyectos se seguirán violentando los derechos humanos básicos, a la vida, a la seguridad, a la alimentación, a un medio ambiente sano y en el caso de pueblos y comunidades indígenas, el derecho a la consulta y la información previa libre e informada.

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

domingo, 20 de junio de 2010

Tumbarán un pueblo para hacer minería


Latinoamérica - Colombia

Viernes 18 de Junio de 2010 15:26
La minera canadiense Medoro Resources Ltd. anuncia que necesita tumbar todo el pueblo de Marmato (departamento de Caldas en Colombia) porque se propone explotar a cielo abierto una mina de oro hasta agotar el recurso en veinte años. Un pueblo con 474 años de tradición será destruido.


Fuente: CRIDEC
15/06/2010. El Comité Ejecutivo del Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC), siguiendo el mandato del IX Congreso del Pueblo Indígena de Caldas, celebrado en Supía entre el 30 de abril y el 2 de mayo de 2010, y la comunidad marmateña, representada en el Comité Cívico Pro Defensa de Marmato y el Comité por los Derechos de los Marmateños

DENUNCIAMOS ANTE LAS INSTITUCIONES Y ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO, LAS ORGANIZACIONES SOCIALES Y POPULARES, LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENSORES DE LOS DERECHOS HUMANOS Y AMBIENTALES, ONGS Y A LA OPINIÓN PÚBLICA EN GENERAL QUE:

Después de cinco años de incertidumbre, las compañías multinacionales reconocen públicamente que su decisión es desaparecer el pueblo de Marmato, pueblo minero del occidente del Departamento de Caldas en Colombia, con el fin de hacer explotación a cielo abierto del oro de la montaña en la cual se encuentra asentada esta población desde hace 474 años, proyecto que cuenta con el aval y el apoyo activo del Gobierno colombiano.

Desde el 3 de diciembre de 2009, en entrevista con el periódico La Patria de Manizales, el presidente para Colombia de la compañía multinacional canadiense Medoro Resources Ltd, Juan Manuel Peláez, dictó la sentencia de muerte para Marmato:

"Buscamos probar reservas para hacer explotación a gran escala, y para eso necesitamos el pueblo".

EXIGIMOS
- Suspender inmediatamente todas las actividades de la compañía MEDORO RESOURCES en Marmato, para proteger la vida de sus habitantes y mientras se aclaran las enormes dudas de este proyecto;

- Preservar la existencia del pueblo de Marmato en su ubicación actual, respetando su integridad étnica, social, cultural y económica, así como su carácter de patrimonio cultural e histórico de la nación;

- Respetar los derechos de la población indígena y negra de Marmato;

- Descartar la explotación a cielo abierto de la montaña de Marmato y veredas adyacentes;

- Darle cumplimiento al Decreto 2223 de 1954 que reservó la zona alta de la montaña de Marmato para la minería de subsistencia.



SOLIDARIDAD
Pedimos el favor, a las personas e instituciones que deseen manifestar su SOLIDARIDAD con la defensa de Marmato, dirigirse por correo físico o electrónico, o telefónicamente, a:

Dr. Alvaro Uribe Vélez

Presidencia de la República

Carrera 8 N° 6-26

Conmutador (57-1) 5629300. Fax (57 1) 3375890 -Línea de quejas y reclamos: 01 8000 913666

Correo-e:

Bogotá, Colombia

Dr. Hernán Martínez Torres

Ministro de Minas y Energía

Calle 43 N° 57-31, CAN

Conmutador (57-1) 220 03 00 ? Línea de quejas y reclamos: 01 8000 910180

Correo-e: menergia@minminas.gov.co , hjjmartinez@minminas.gov.co

Bogotá, Colombia

Dr. Mario Aristizábal Muñoz

Gobernador del Departamento de Caldas

Cra 21 entre Cll 22 y 23

PBX (57-6) 884 24 00

Correo-e: atencionalciudadano@gobernaciondecaldas.gov.co

Manizales, Caldas, Colombia

Dr. Volmar Pérez Ortiz

Defensor del Pueblo

Calle 55 Nº 10 -32

PBX: (57-1) 3147300

Bogotá

Sra. Genevieve Des Rivieres

Embajadora de Canadá en Colombia

Carrera 7 # 114-33, piso 14

Apartado Aéreo 110067

Tel: (57-1) 657 98 00; fax: (57-1) 657 99 12

Correo-e: re-immigration.bogota@international.gc.ca

Bogotá, Colombia


Favor dirigir copia a:

Consejo Regional Indígena de Caldas (CRIDEC)

Cra 8 N° 8-10

Parque La Candelaria

Correo-e: cridecmarmato@yahoo.es

Riosucio, Caldas, Colombia


martes, 8 de junio de 2010

DESINFORMAR Y DISTRAER



Alberto Híjar.

6 de junio, 2010

Aprovechando sus quince días de fama Televisa ha puesto a Javier Aguirre de vocero de la revolución y la independencia, pese al escándalo de sus declaraciones en España sobre México jodido, jodido, según dijo para justificar su estadía en Miami y su deseo de seguir trabajando en Europa. Una estrategia propagandística construye prestigios a sabiendas de que son efímeros y para alargar su duración cuenta con una distracción desinformativa constante también usada para descalificar al enemigo hasta producir su represión y aniquilamiento de ser posible. ¡ay de aquel que como Laura Castellanos se ponga a investigar temas prohibidos por el Estado inmaculado!

Un año pasó desde el incendio de la guardería ABC y apenas la Suprema Corte de Justicia declara la culpa de altos funcionarios con la salvedad de que su dictamen no tiene consecuencias jurídicas. Si esto es así para los magistrados, peor les va a las organizaciones civiles. Castigo justo contra principio de autoridad es una contradicción resuelta para proteger a criminales evidentes, sean los del Seguro Social y la prima incómoda concesionaria de guarderías inseguras, que para beneficiar a Ulises Ruiz, a Larrea contra las víctimas de Pasta de Conchos y a los brutales atacantes de Atenco singularmente beneficiados con la Embajada en Inglaterra, la dirección de la Seguridad Nacional, la gubernatura pre-presidencial y altos cargos policíacos.

En cambio, la hegemonía económico-política es construida con el ataque y supresión de los derechos de los trabajadores y con su desprestigio social. Se vale de todo, desde infiltrar al SME con un traidor bien pagado en el Comité Central hasta insistir en la inculpación de ilusorios sabotajes que no son otra cosa que impericias de electricistas improvisados. A esto se le suman los ataques a las plantas y talleres para obligar a las guardias obreras a oponerse al saqueo de transportes, maquinaria y herramientas apoyado por grupos especiales armados y equipados para golpear a los que no tiene más que sus cuerpos para defender sus centros de trabajo cancelado. Después del largo juicio absurdo de un año a las vendedoras acusadas de secuestrar a policías equipados para la guerra y luego de sentenciar a los 12 presos de Atenco a prisión perpetua por el absurdo delito de secuestro equiparado y otros a cambio de no tocar a los responsables de los muertos, las violaciones sexuales, los allanamientos y las aprehensiones como secuestro de rehenes, podría esperarse algo más que el silencio televisual y radial a cambio del seguimiento de los escándalos de los ricos: la homosexualidad de Martin, el suicidio de Paulette, los goles a los italianos.

Los familiares de los 49 niños muertos y los dañados de por vida, han sido dignos y la mayoría han rechazado las reuniones con el señor y la señora Calderón. Pero de sus propias acciones nada se sabe, nada se dice en los noticieros. El Zócalo del Centro Histórico de México está habitado por tres campamentos de trabajadores en resistencia contra el gobierno y no hay una sola nota sobre los 70 huelguistas de hambre del SME diezmados luego de 40 días de sacrificio que no denuncia porque por más toquines de músicos solidarios y la marcha diaria alrededor de la plancha de cemento, no hay más visitas y difusión que la de solidarios sin acceso a los noticieros más vistos y oídos. (Resulta obscena la exitosa Sección de Espectáculos del Matutino Express donde se informa de las peripecias de divorciadas, drogadas y golpeadores de esposas de Hollywood como si no hubiera otra cosa que informar).

Lenta para unos, inaccesible para la mayoría y veloz cuando conviene, la justicia se ha extinguido entre inculpaciones políticas. Más de 720 procesos esperan a los heroicos trabajadores del SME en resistencia para que la SCJN declare la validez del patrón sustituto y la Comisión Federal de Electricidad negocie con el SME un nuevo contrato colectivo de trabajo. Todo esto es legal pero no se concreta mientras se acumulan acusaciones falsas contra los trabajadores.

Por su parte, los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación son ignorados por las autoridades. Ante las puertas cerradas de la SEP, hirieron un añoso portón no tanto como para ser del siglo XVIII. Los memoriosos recordamos el bazucazo con soldado armado fotografiado y publicado en POR QUÉ? en 1968 y ninguna consecuencia tuvo la destrucción de la puerta esa sí, del siglo XVIII. Es probable que en esos expedientes apilados entre ruinas y amarrados pintados por Cauduro en su mural reciente en la SCJ, esté el de éste y otros crímenes sin castigo.

En la víspera de la máxima enajenación futbolera, los plantones del Centro Histórico han sido agredidos por una enorme y costosa pantalla que lastima los sentidos enfermos de los huelguistas de hambre y aturde a los triquis y los maestros que probablemente abandonen la plaza. La suerte de los más de 70 huelguistas de hambre y de quienes se han negado a la liquidación y lleva nueve meses sin salario, va a dar al hoyo negro de la desinformación. Es horrible que no lo podamos impedir.