Conflicto minero: ciencia y posmodernismo

La minería ha alcanzado en los últimos tiempos un nivel de repercusión en los medios de comunicación como pocas veces se ha visto. Las causas de ello son múltiples y en general están asociadas a fuertes cuestionamientos tanto a proyectos de minería a cielo abierto como a la utilización del cianuro en el proceso de obtención de oro.

La socióloga Maristella Svampa, una de las principales referentes del movimiento de resistencia antiminería, ve en lo anterior una reacción al “nuevo tipo de minería. Los minerales ya no se encuentran bajo la forma de vetas sino que están diseminados, muchos de ellos, en la cordillera y precordillera. Esto lleva a utilizar tecnologías altamente agresivas que devastan el medio ambiente.

En la Argentina, existe además un marco impositivo de privilegio que fue sancionado durante el gobierno de Carlos Menem y está vigente. Asimismo, describe la megaminería a cielo abierto como “el proceso que se pone en marcha para obtener los recursos naturales, cada vez más escasos. Dinamitan montañas enteras y utilizan sustancias químicas, como el cianuro, para separar el metal. Para eso, requieren grandes cantidades de agua y energía”. El texto anterior remite a dos líneas de argumentación, una correcta, a mi juicio, la otra no tanto.

Se coincide en que efectivamente hay un marco legal muy favorable para los negocios de las empresas multinacionales, elaborado en la década pasada, con una clara impronta neoliberal y cuya referencia principal es el Código Minero actualmente vigente. Sin embargo, la referencia a los emprendimientos a cielo abierto carece totalmente de asidero.

Las minas a cielo abierto no constituyen un nuevo tipo de minería; por el contrario, tienen una larga historia. Así, Chuquicamata (ubicada en Chile, siendo la mina de cobre a cielo abierto más grande del mundo) comenzó sus operaciones en 1915. La de Bingham Canyon en el Estado de Utah, Estados Unidos, la segunda en tamaño (y que aparte de cobre produce también oro, plata y molibdeno) inició su producción hacia 1904.

A modo de ejemplo, y para hacernos idea de las dimensiones, diremos que esta última mina tiene 4 km de ancho, con unos mil doscientos metros de profundidad (con un plan que estipula ampliar esta dimensión un kilómetro más), ocupando aproximadamente 8 kilómetros cuadrados de superficie. Por otra parte, ya viejos manuales de minería se ocupaban de las cuestiones más técnicas de este tipo de emprendimientos.

Mencionemos, por ejemplo, a dos de ellos que reflejan el estado del arte de la década de 1950, y que nos ilustran tanto de los requisitos a cumplir para optar por este tipo de laboreo minero como de sus ventajas y desventajas: “Explotación de minas” de V. Vidal -texto de origen francés, edición española de 1966- y “Elección y crítica de los métodos de explotación de minería” de B. Stoces, autor alemán, traducción española de 1963.

En síntesis, la minería a cielo abierto tiene larga data y también actualidad y vigencia, más allá de los lugares específicos de Latinoamérica a los que hacía referencia la Dra. Svampa: en mayo del 2009 la empresa Dragon Mining comenzó a operar la mina de oro a cielo abierto de Jokisivu, en Finlandia (uno de los países con mejor Índice de Desarrollo Humano, IDH, según el PNUD -Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo).

Por otra parte, tampoco es novedosa la utilización de cianuro en los procesos de obtención de oro, ya que se lo usa desde 1887. Actualmente, cerca del 20% de la producción mundial de cianuro se utiliza con fines mineros. Su uso adecuado, esencial para minimizar los impactos ambientales y riesgos laborales implica, por cierto, una ingeniería de calidad, cuidadosos monitoreos y el mantenimiento de buenas prácticas estandarizadas para su correcto manejo. Su condición de sustancia tóxica (en particular en su forma de cianuro de hidrógeno gaseoso) no elimina ciertamente la posibilidad de manipularlo de manera segura y efectiva.

A pesar de lo anteriormente expresado, la mezcla “minería a cielo abierto + cianuro” se ha convertido en un término tabú, una frase siempre dispuesta en tiempo y forma para suscitar el temor y el pánico de la población. Y para reducir estas sensaciones de intranquilidad no alcanza con apelar a la ciencia y la tecnología. La razón: éstas también se ponen bajo la lupa de la sospecha.

Un reciente libro publicado en el Perú -José de Echave C. y otros: “Minería y territorio en el Perú. Conflictos, resistencias y propuestas en tiempos de globalización”, Lima, junio de 2009- nos ayuda a encontrar pistas para poder entender este fenómeno.

Se afirma en la parte introductoria de este texto -en el que figura también como autora de un artículo la ya mencionada Dra. Svampa- que el mismo nace como resultado de profundas concepciones epistemológicas, básicamente la noción de que las ciencias no son neutrales sino que reflejan, inclusive en su propio núcleo cognitivo, las tensiones sociales y las relaciones de poder.

Dos autores vienen a fortalecer este punto de vista: por una parte el destacado filósofo francés Michel Foucault, por otra el sociólogo y jurista portugués Boaventura de Sousa Santos. Detengámonos en este último autor. Si bien sus principales ideas se han visto reflejadas en una prolífica producción de artículos y libros (en particular las referidas a explicitar sus nociones de Sociología de las Ausencias y Ecología de los Saberes) su trabajo “Um discurso sobre as Ciencias na transição para uma ciência pós-moderna” ha tenido amplia repercusión. Expone aquí la habitual crítica posmoderna al proyecto histórico de la Ilustración y a la noción de racionalidad, con sus consecuentes dardos dirigidos hacia la ciencia y el progreso. Dice allí Sousa Santos que “la ciencia moderna no es la única explicación posible de la realidad y que no hay ningún elemento que indique que la razón científica pueda considerarse mejor que las explicaciones alternativas de la metafísica, la astrología, la religión, el arte y la poesía”.

En esta concepción el papel preponderante que la ciencia y la tecnología tienen en la sociedad contemporánea no se debería a su más adecuada pertinencia, sino básicamente a relaciones de poder. Así, la ciencia newtoniana no sería otra cosa más que un epifenómeno de las relaciones de producción capitalistas.

Por tanto, la ciencia no es el auxilio que los pueblos requieren para la solución racional de sus problemas, ya que la propia ciencia forma parte de la superestructura capitalista y por tanto legitima a este sistema. La ciencia es, entonces, un relato más, tan válido como otros. De ahí que no se requiera de una particular competencia para describirla, alcanza con análisis de discurso y crítica literaria.

Esto es llevado a cabo escrupulosamente en el libro de batalla de la cruzada argentina contra la minería: Svampa M. y Antonelli, M. (editores), “Minería Transnacional, narrativas del desarrollo y resistencias sociales”, Buenos Aires, 2009. La razón: un porcentaje mayor de los autores son traductores literarios o posgraduados en letras.

El clima anticientífico que se estimula no es patrimonio del posmodernismo. Si bien la mayoría de sus seguidores se incluye a sí misma dentro de las tradiciones democráticas de izquierda, su horizonte difiere de los de la izquierda tradicional, en particular del marxismo al que ven como un hijo dilecto de la modernidad y por tanto sujeto a sistemáticas y furibundas críticas.

No obstante, aquel pluralismo bienhechor que se invoca, en particular cuando se postula la existencia de tantas ciencias como culturas hay, nos remonta a un personaje que nada tenía de izquierdista. Oswald Spengler, historiador irracionalista alemán, derechista y monárquico, en su libro “La decadencia de Occidente” (1922) relata que “Cada cultura se ha creado un grupo de imágenes para caracterizar los procesos; esas imágenes son para ella las únicas verdaderas… Por eso no existe una física absoluta, sino físicas particulares que aparecen y desaparecen en las culturas particulares”. A veces, es bueno recordarlo, los extremos se juntan.

Conclusión transitoria

Al problema minero se le puede encontrar un arreglo satisfactorio para los intereses de la población, apelando a la participación popular y a la adopción de un sólido enfoque científico y tecnológico. Además, es preciso contar con un Estado activo y efectivo, modificando para ello el Código Minero, de manera que permita abrir horizontes más acordes al interés nacional, apostando por un desarrollo que incorpore valor agregado a la cadena productiva y que sea, asimismo, cuidadoso del entorno medioambiental.

Artículo publicado en www.rionegro.com.ar

Encuentro Nacional por la Rearticulación del Movimiento Indígena

Coxcatlan, Puebla, 5 y 6 de Diciembre de 2009.
Reunidos en Coxcatlan, Puebla, los días 5 y 6 de Diciembre de 2009, en el marco del ENCUENTRO NACIONAL POR LA REARTICULACIÓN DEL MOVIMIENTO INDÍGENA los representantes y dirigentes de pueblos y organizaciones indígenas Triquis, Nahuas, Púrhépechas, Mazahuas, Popolucas, Zapotecos, Mayas Tojolabales, Mixtecos, Tenek, Ñhañus, Chichimecas, Nahua Chontales, Ayuuk, Totonacos, Mexicaneros, de 10 estados de la República Mexicana ;
Habiendo analizado las diferentes experiencias de nuestros pasos andados, habiendo caminado juntos y separados, hemos decidido unir nuestras voces y nuestras fuerzas para construir un nuevo espacio de coordinación de todas nuestras luchas para construir un mejor futuro para nuestros hijos y nuestros pueblos.
Estando reunidos en Coxcatlan, la cuna del maíz, a los pies del Cerro Sagrado del Sansuanchi, donde están nuestros Guardianes que resguardaron por cientos de años el maíz, y que hoy quieren hablar con nuestras voces .
Viendo que no es bueno que las luchas de nuestros pueblos anden por caminos separados, hemos decidido realizar esfuerzos conjuntos para lograr la rearticulación del Movimiento Indígena Nacional.
Continuando con la resistencia de nuestros pueblos; desde lo mas sencillo y cotidiano, hasta la elaboración de un hermoso poema en cada una de nuestras lenguas.
Resistiendo desde lo mas profundo de nuestras raíces, hasta las luchas por la liberación de nuestros presos políticos indígenas, desde el rescate y respeto de nuestras culturas, hasta la liberación de nuestros pueblos.
Uniendo nuestras voces y pensamientos en un solo corazón, y considerando que nadie puede hablar mejor por nuestros pueblos, como nosotros podemos hacerlo.
Emitimos este
PRONUNCIAMIENTO POLÍTICO
Nuestros pueblos y organizaciones indígenas retoman el espíritu unitario e incluyente del movimiento indígena y se pronuncia por la rearticulación del movimiento indígena nacional, para coordinar nuestras luchas y esfuerzos por alcanzar la justicia, ofreciendo cada una de nuestras organizaciones nuestros esfuerzos para lograrlo.
La rearticulación del movimiento indígena nos permitirá coordinar nuestras luchas para evitar su aislamiento y alcanzar nuestras metas con mayor éxito.
Rechazamos los festejos oficialistas del Centenario de la Revolución Mexicana y del Bicentenario de la Guerra de independencia, porque a pesar de que en esos hechos históricos participaron nuestros antepasados indígenas, solo fuimos utilizados como carne de cañón, dejándonos en las mismas condiciones de injusticia, discriminación y olvido en que estábamos antes del inicio de esos movimientos. Los que construyeron este Estado-Nación lo hicieron con una visión excluyente, pretendiendo en todo momento la desaparición de nuestra existencia en la Carta Magna , trayendo hasta la actualidad consecuencias nefastas.
Exigimos al Gobierno Mexicano que cese la persecución y desmantelamiento contra las radios comunitarias y libere a todos los presos indígenas encarcelados injustamente.
Nos pronunciamos contra la implementación de los permisos que permiten la introducción y la siembra experimental de maíz transgénico en México. Exigimos la protección de nuestros maíces criollos y la defensa de la soberanía alimentaria por parte del Estado Mexicano. En tanto, denunciamos y rechazamos cualquier megaproyecto de inversión de empresas mexicanas o transnacionales que atenten contra el territorio ancestral de nuestros pueblos.
A 100 Años de la Revolución Mexicana y a 200 Años de la Guerra de Independencia, seguimos resistiendo y exigiendo nuestra inclusión y reconocimiento en la Carta Magna de México para ser parte de este Estado-Nación. Por tal razón, rechazamos el carácter festivo de la gran celebración nacional que de dos hechos históricos importantes: el Centenario de la Revolución Mexicana y el Bicentenario de la Guerra de Independencia. Es necesario hacer una reflexión profunda de lo que ha significado y ha traído como consecuencia esos hechos históricos, sin que por ello, hayamos sido incluidos con justicia en la construcción de este Estado-Nación que no solo nos excluyó, sino que nos avasalló pretendiendo en todo momento nuestro exterminio.
No renunciaremos a la lucha por la armonización de nuestra Carta Magna, para que se respeten y reconozcan todos nuestros derechos contemplados en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio 169 de la OIT , para que nuestros pueblos sean reconocidos como sujetos de derecho, garantizando en todo momento el derecho de libre determinación y autonomía y de consulta con consentimiento libre, previo e informado que nos lleve a una profunda reforma del Estado.
Con la gran diversidad de pensamientos y posturas de las y los participantes, decimos que estamos unidos para que seamos escuchados, y nuestras propuestas sean objeto de una revisión seria y profunda en aquellos grandes temas de México que están pendientes de resolverse, con el fin de que sean incluidas sin mutilación ni regateos, en la Carta Magna , por la que entremos por la puerta grande, a formar parte de ese nuevo Estado pluriétnico, pluricultural, plunirinacional y con pluralidad jurídica que debe tener un rostro indio, plural e incluyente, en esa nuestra nueva Nación Mexicana.
Por tal razón, el Encuentro Nacional por la Rearticulación del Movimiento Indígena, emite el siguiente
LLAMAMIENTO
- A todos los pueblos indígenas de México y sus organizaciones, a las diferentes tendencias y expresiones del pensamiento indígena hasta ahora dispersas, a confluir en un solo movimiento, para construir un nuevo espacio de organización indígena convergente que sea plural e incluyente, con la participación política de hombres y mujeres de nuestros pueblos, como una instancia de organización, verdaderamente representativa de todos los pueblos indígenas de México, que emita propuestas legislativas, pero principalmente sea el instrumento de los pueblos indígenas para la refundación del Estado mexicano. Para ello, llamamos a la realización del 2° Encuentro Nacional por la Rearticulación del Movimiento Indígena a celebrarse el 13 y 14 de Febrero de 2010 en territorio p’urepecha de Michoacán, y a participar en el Congreso Constitutivo el 9 y 10 de abril de 2010 en México Tenochtitlán.
- Al movimiento campesino, obrero y popular, y a otros sectores sociales, sujetos políticos y actores sociales, para empujar juntos en una misma dirección, hacia la instauración de una nueva Nación Plurinacional, que transforme de raíz este injusto país que hasta ahora otorga privilegios a unos cuantos, mientras que a la gran mayoría la empobrece y despoja de todo.
- A nuestros hermanos Indígenas y no indígenas de México, desde el fondo de nuestros corazones indios, nosotros, los olvidados y excluidos de siempre, desde la voz de los dueños originarios de estas tierras y territorios, les decimos: ¡Es ahora o nunca! ¡Levantémonos! Porque ha llegado una luz de esperanza al final del camino, en esta larga noche de tristezas y agonías, donde nuestros padres creyeron que tanta ignominia no acabaría nunca, Pero la historia es terca y nos demuestra, que la historia la escriben los pueblos. Y en esta hora de la historia, la escribiremos con nuestros propios puños, y si es necesario, se escribirá la parte que haga falta con nuestra propia sangre. Porque ha llegado el fin del silencio indígena. ¡Porque es la hora de la verdad y la dignidad!
Dado en Coxcatlan, Puebla, el 6 de Diciembre de 2009.
ATENTAMENTE
LAS ORGANIZACIONES PARTICIPANTES
Organización Nación Púrepecha, Coordinadora de los Pueblos Indígenas de Guerrero, Consejo Mazahua Región Almoloya de Juárez, CIOAC, MAIZ, UCIZONI, Delegación de la IV Cumbre de los Pueblos Indígenas de Abya Yala, COMCAUSA A. C (Tancahuitz-SLP)., Radio TeKuani, Unión de Mujeres Indígenas y Campesinas de Querétaro, Centro de Acompañamiento Comunitario (CEAC, A. C.), M33, OUPECH, Union de Comuneros Nahuas de Atzacoaloya, Gro., Coordinadora Regional de Organizaciones Sociales del Sur de Veracruz, CACTUS, Centro de Atención Integral a Pueblos Originarios (CAIPO, A. C.), Red de Mujeres de Huazuntlan, Veracruz, Red Nacional de Resistencia, Altepeji Vive, Organización de Comunidades Unidas de Michoacan, A. C., OUR, COA Nutrición, Red Mujeres de Tatahuicapan, Ver., Tssoka Teyoo de la Sierra A. C., APRO Kuneaxm, Radio Pak-nemo Kissaltepetl, Consejo Indígena de Uxpanapa, Ver., Fondo Regional Indígena de Uxpanapa, Veracruz, CIOAC Michoacán, OUM, MAIZ-Veracruz, MAIZ-Puebla, Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas Electricas, Luna del Sur, A. C, Radio Comunitaria Aamay Iyoltokniwan, Centro de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacan, Radio Comunitaria Las Voces de los Pueblos, MOSOVA-Queretaro, comunidad de San Miguel El Grande, Tlaxiaco, Oaxaca, Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos-AMAP

La “Guerra Social”

La “guerra social” es mucho más feroz que la expresión “orgánica” de la lucha de clases o del antagonismo étnico o religioso. Mucho más que unos cuantos bombazos contra objetivos simbólicos o su proclamación en panfletos, periódicos, grafittis callejeros o mensajes en el ciberespacio.

Sergio Grez Toso

La idea de “guerra social” nos remite a un conflicto particularmente agudo entre componentes antagónicos de una sociedad, enemigos que se perciben como irreconciliables y que buscan su eliminación completa, no solo política o económica sino también física. El más acendrado odio clasista, racial o religioso es su principal motor. Se trata de enfrentamientos no temperados por mediaciones ideológicas, culturales o políticas como las que intervienen en tiempos “normales”, cuando la hegemonía de unos, o el sistema político, o un consenso social mínimo canalizan el conflicto por cauces que impiden la destrucción mutua de los bandos en lucha.

Características de “guerras sociales” tuvieron los levantamientos de esclavos desde la Antigüedad hasta el siglo XIX y de los campesinos contra sus señores en la Europa de la Edad Media, de los Tiempos Modernos y de comienzos de la Época Contemporánea. La ejecución de los amos acompañó invariablemente estas sublevaciones La quema de castillos y de “cartas” en la que estaban inscritos los derechos feudales que condenaban a los siervos a la más oprobiosa miseria y dominación fue uno de los elementos que minó y terminó por derribar a la sociedad feudal. La “guerra a los castillos” de los campesinos hambrientos y harapientos perturbó durante siglos el sueño de los nobles que, cada vez que se presentó la ocasión, respondieron a la “guerra social” de los pobres con la “guerra social” de los poderosos: los tormentos de todo tipo, la horca, la hoguera, las excomuniones, la acción de curas e inquisidores y la política de tierra arrasada fueron las armas de los dominadores. La “guerra social” de los de arriba fue la respuesta a la “guerra social” de los de abajo.

También tuvieron aspectos de “guerra social” (de razas y de castas) las acciones punitivas de una crueldad extrema de los conquistadores blancos en América, Asia y África, desde los Tiempos Modernos hasta el siglo XX, y los levantamientos de indígenas, negros, amarillos, mestizos y demás mezclas de estos continentes contra sus dominadores. La lista de ejemplos es larguísima. Entre los más conocidos en América podemos citar la insurrección en el siglo XVIII de Tupac Amaru y la feroz reacción represiva en su contra de los representantes del Rey de España en el Virreynato del Perú. Tan o más despiadados como estos fueron los episodios de “depuración étnica” y guerra de castas que acompañaron la rebelión de esclavos negros en Haití a fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX. Allí se enfrentaron esclavos negros contra esclavistas blancos, pero también negros contra mestizos. Intervinieron franceses, españoles e ingleses que concluyeron alianzas momentáneas con los negros o con los mestizos. Estas luchas desembocaron en la formación de la primera república independiente en América Latina. El líder negro Jean-Jacques Dessalines proclamó en 1804 la Independencia de Haití y ordenó la muerte de todos los blancos con la sola excepción de religiosos y médicos, prohibiéndoles que tuvieran propiedades. Los oficiales franceses respondieron ordenando la caza de todos los niños negros de ambos sexos menores de catorce años para ser vendidos como esclavos, Dessalines (que se había hecho proclamar Emperador), replicó arrasando buena parte del sector oriental de la isla (actual Santo Domingo), pero no logró doblegar por completo a los franceses.

Pocos años más tarde la “guerra social” acompañó el nacimiento de varias repúblicas hispanoamericanas. Uno de los casos más crudos fue el de Venezuela. La dirección de la lucha independentista por la aristocracia (la clase mantuana) empujaba a los negros, mulatos, pardos, quinterones, zambos, e incluso a los blancos pobres, a oponerse a los patricios patriotas percibidas como sus principales enemigos. Por ello las masas venezolanas marcharon detrás del capitán de fragata Domingo Monteverde, un canario que desembarcó en 1812 en Corio para defender los derechos del rey de España. Muy pronto sus doscientos treinta hombres (entre españoles y corianos) fueron miles (la inmensa mayoría venezolanos). A nombre del monarca, Monteverde autorizó el saqueo de los mantuanos. Los soldados patriotas se pasaron por centenares a las filas realistas. La guerra adquirió un marcado carácter social: las masas populares saquearon, violaron y destruyeron. Luego de la derrota de Monteverde en 1813, otro español, José Tomás Boves, decretó en los llanos la “guerra a muerte” contra los patriotas. Los llaneros de todos los colores se sumaron en masa a las tropas de este oficial realista e hicieron la “guerra social”. A las matanzas de españoles, canarios y venezolanos sospechosos de ser realistas cometidas por las “Tropas de exterminio” de Bolívar, respondieron las matanzas de mantuanos sin distinción de partidos cometidas por los llaneros de Boves. A pesar de que este caudillo no respetaba ni las iglesias ni su propia palabra, el éxito lo acompañó hasta su muerte en la batalla de Urica (5 de diciembre de 1814), ocasión en que sus tropas derrotaron a los patriotas, provocando el colapso de la Segunda República venezolana. Aunque Bolívar –como todos los representantes de la clase mantuana- era reacio a reconocer el origen racial y social de la guerra que lo expulsó de su país en 1814, terminó hablando de una “guerra de colores”, es decir, de razas. Su cambio de percepción fue acertado. Luego del desembarco de Morillo -un alto oficial español que hacía la guerra en términos más clásicos y no conocía la realidad venezolana-, los llaneros de Boves buscaron entre los jefes de los ejércitos patriotas a aquellos que pudieran garantizarles impunidad por sus acciones pasadas y concederles tierras, rangos militares o pensiones.

Un cierto parecido con lo ocurrido en Venezuela, aunque menos intensamente, se observó en las guerras de Independencia en Chile, especialmente después de la derrota realista de Maipú (1818). El chileno Vicente Benavides acaudilló a los partidarios del rey de España en el sur y desarrolló la “guerra a muerte” contra los patriotas. También se sumaron a la resistencia realista varias montoneras autónomas, la banda guerrillera de los hermanos Pincheira y algunas tribus mapuches. Ambos bandos cometieron todo tipo de atropellos y exacciones. Las autoridades patriotas reconocieron la “guerra de vandalaje”, incentivando la violencia sin cuartel. Miles de campesinos chilenos se unieron a las fuerzas del monarca por odio a sus patrones criollos y para escapar a las levas forzosas de los ejércitos de “la Patria”. La guerra campesina realista adquirió, como en tantas otras oportunidades un carácter “social”. Ni el fusilamiento de Benavides en 1822 pudo asegurar la paz en el sur del país. Los Pincheira (bandidos tradicionales que asumieron la defensa del rey y lograron concitar gran apoyo popular) ampliaron enormemente hacia el norte su radio inicial de acción, la zona de Chillán y San Carlos. En 1822 saquearon Parral, en 1823 Linares, en 1825 pasaron a la Pampa argentina. En 1827, atacaron Curicó, Longaví, Cumpeo y la zona de Antuco. De vuelta en Argentina, incursionaron en las zonas de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El 10 de julio de 1829 los Pincheira llegaron a las puertas de Mendoza. Al año siguiente alcanzaron las orillas del Maipo, en San José. El gobierno de Chile recurrió a todos los medios para derrotarlos: cerró ciudades, fortificó los pasos cordilleranos, hizo la guerra a los indígenas que los ayudaban y se buscó la alianza con sus enemigos. Solo en 1832, recurriendo a la traición, el general Manuel Bulnes logró vencerlos y tomar la cueva donde funcionaba el cuartel general del último de ellos, José Antonio Pincheira.

La “guerra social” de los campesinos chilenos fue derrotada por las fuerzas del Estado republicano, pero renació en las guerra civiles de 1851 y 1859, siendo adoptada también por otros grupos populares, como los mineros del Norte Chico, que sumándose a los insurrectos liberales aprovecharon la oportunidad para levantarse utilizando los métodos de la “guerra social”: saqueos, depredaciones y castigos a los propietarios sin distinción de bandos políticos.

En estos conflictos y en muchos otros ocurridos durante la Época Contemporánea se pueden apreciar de manera muy decantada los rasgos de toda “guerra social”: violencia extrema sobre el enemigo de clase, de raza o de religión, pero por sobre todo, violencia ejercida directamente por la masa, con un alto grado de autonomía e iniciativa propia, a veces en consenso con ciertas instituciones (partidos. movimientos, organismos estatales, jerarquías militares, civiles o eclesiásticas), pero muy frecuentemente desbordándolas.

Las ejecuciones masivas de prisioneros y la persecución despiadada de los trabajadores parisinos vencidos por las tropas de la burguesía republicana en las jornadas de junio de 1848 y los fusilamientos en masa de “comuneros” en las calles y en el cementerio Père Lachaise de la “ciudad luz” en mayo de 1871, tuvieron el sello de la “guerra social” de los ricos contra los pobres. Los “pogroms” anti judíos en el imperio ruso zarista, el genocidio armenio cometido por los turcos durante la Primera Guerra Mundial, la “solución final” implementada por el nazismo en contra de los judíos, gitanos, ciertos pueblos eslavos y otros grupos considerados como “inferiores” o “subhumanos” durante la Segunda Guerra Mundial, fueron episodios de una “guerra social” de tipo racial. Ciertos pasajes de la guerra civil rusa (combinada con intervención extranjera) después del triunfo de la Revolución de octubre, y la guerra anti campesina (“colectivización forzosa de la agricultura”) decretada por Stalin a fines de la década de 1920 en la Unión Soviética, fueron más bien de tipo clasista. Simplificando, podemos decir que en la primera se enfrentaron con saña los trabajadores revolucionarios con las fuerzas de las antiguas clases dirigentes, aristócratas y burguesas, y en la segunda la nueva clase dominante, la burocracia o nomenklatura soviética, arregló cuentas con el campesinado para someterlo definitivamente al despotismo del Estado burocrático “socialista”. También tuvieron características de “guerra social” de clases las matanzas de cerca de medio millón de comunistas y militantes populares perpetradas en 1965 en Indonesia por los militares con la colaboración activa de numerosos civiles (musulmanes y católicos), lo que prueba que su carácter fue de tipo político y social (no racial ni religioso). El exterminio indonesio se convirtió desde entonces en el símbolo de la “guerra social” de las clases pudientes contra los sueños igualitarios de los desposeídos. “Yakarta viene”, era el siniestro presagio que los golpistas chilenos escribían en los muros de las ciudades durante los mil días de la Unidad Popular, anunciando su “guerra social” anti popular, la “guerra de los momios” de la primavera de 1973.

El genocidio de cerca de dos millones de personas (por ejecuciones y por hambrunas) provocado por el régimen de los “Jemeres rojos” en Camboya entre 1975 y 1979 aunque tuvo algunos rasgos de una “guerra social” clasista (los intelectuales y los habitantes de las ciudades eran considerados automáticamente como enemigos que debían ser exterminados), escapa a nuestra capacidad de clasificación. Tal vez la siquiatría pueda ayudar a encontrar elementos de respuesta. Conformémonos por ahora con anotar que el 25% de la población de ese país pereció como fruto de la locura ideológica de quienes pretendían hacer tabla rasa del pasado para construir una sociedad totalmente nueva.

Las “limpiezas étnicas” que provocaron la Nakba palestina luego de la creación del Estado de Israel en 1948, las operaciones de similar naturaleza implementadas en algunos territorios que habían conformado el disuelto Estado de Yugoslavia en la década de 1990, y las matanzas mutuas de hutus y tutsis en Ruanda y Burundi en las décadas de 1970 y 1990, fueron guerras esencialmente étnicas o raciales. En 1972 los tutsis asesinaron 350.000 hutus en Burundi y esto exacerbó el sentimiento anti-tutsi de la mayoría hutu de la vecina Ruanda. En los años 90 vendría la terrible revancha. En 1994 más de 800.000 tutsis fueron masacrados en este último país. El 75% de los tutsis de Ruanda sucumbió en estas matanzas. Este genocidio fue muy complejo ya que fue planificado por la mayoría de los hutus para eliminar por completo tanto a los tutsis como a los hutus moderados u opositores al gobierno. Pero también miles de hutus fueron aniquilados por los tutsis del Frente Patriótico Revolucionario. El genocidio fue simultáneamente étnico y político. La “guerra social” ruandesa superó todos los records de brutalidad e inhumanidad en un continente en que los actos de este tipo han sido abundantes desde la irrupción del colonialismo europeo. Cabe recalcar que miles de personas de ambas etnias (militares y civiles) participaron en las masacres como ejecutores o cómplices, lo que equivale a decir que el genocidio tuvo un carácter “popular”.

Abreviando nuestro recorrido, no podemos sino llamar la atención contra el uso indiscriminado de este concepto. La “guerra social” es mucho más feroz que la expresión “orgánica” de la lucha de clases o del antagonismo étnico o religioso. Mucho más que unos cuantos bombazos contra objetivos simbólicos o su proclamación en panfletos, periódicos, grafittis callejeros o mensajes en el ciberespacio. La “guerra social” estalla solo cuando las condiciones objetivas y subjetivas convierten a la sociedad en un polvorín que ninguno de los actores en pugna es capaz de controlar. Ni siquiera en su propio y racional beneficio.

Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón

Ante las graves circunstancias generadas enel país, dada la implementación de la iniciativa Mérida, clon del Plan Colombia, pormás que el Estado mexicano se empeñe en negarlo, publicamos la presente investigación, el fenómeno de la nueva edición dela guerra sucia en México hace peligrar cualquier propuesta de resistencia ante el exterminio del cual están siendo víctimas las comunidades originarias y sus representantes, la alianza entre el narcotráfico y el Estado mexicano, materializado en las fuerzas paramilitares, tal como sucedió en Colombia en los años ochenta, la nueva versión de las aldeas modelo, "Nuevo Juan de Grijalva", las denuncias de los aparatos del estado criminalizando o acusando de guerrillas a todos los movimientos opositores de prácticamente cualquier región del país ponen en evidencia que estamos frente a una suerte de narco-fascismo que ya ha generado fuerzas paramilitares que amenazan con arrazar a las comunidades y a todos aquellos que puedan encabezar la resistencia.
Las amenazas y asesinatos en la zona zapatista, el estado de Guerrero, la región Triqui de Oaxaca y otras tantas más se pueden significar en el asesinato del comandante Ramiro del ERPI, con todo y su carácter de guerrillero, el asesinato de Miguel Ángel Pérez Casalez, fundador del Consejo de los Pueblos de Morelos (CPM) o más recientemente el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente y activista de Chicomuselo en contra de la minera canadiense Blackfire son solo una muestra de las prioridades de un Estado genocida empeñado en liquidar las resistencias ante los megaproyectos de pleno carácter destructivo.


29 Noviembre 2009

Entre 2010 y 2012, el gobierno de Felipe Calderón intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados por el narcotráfico y por la guerrilla, revela el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). A pesar de que México carece de una política de defensa, el plan tiene como prioridad el uso de la fuerza contra la delincuencia organizada y los grupos rebeldes. Expertos consultados prevén más controles sociales derivados del “espionaje” gubernamental

En los tres años que le restan, la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se propone “anular” cinco amenazas a la seguridad nacional: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Para ello, sus herramientas principales serán el “espionaje” y el uso de la fuerza castrense, se desprende del Programa para la seguridad nacional (2009-2012).

De acuerdo con el documento, del cual Contralínea posee copia, en México tanto los narcotraficantes como los guerrilleros controlan espacios territoriales. Por ello, las prioridades del gobierno son “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.

”A pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado mexicano le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el programa lo está admitiendo”: Sierra

Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, explica que “a pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el documento lo está admitiendo. Está planteando como objetivo la recuperación de espacios perdidos a manos de la delincuencia organizada”.

La “recuperación” tendría distintas etapas e involucraría “el gran activo del país” en materia de seguridad nacional: los funcionarios y las instituciones que tienen a su cargo su preservación, indica el programa. Es decir, la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Gobernación.

El documento, de 60 páginas, indica que las líneas estratégicas comienzan con un trabajo coordinado de inteligencia y contrainteligencia, “activa y pasiva”. En el primer caso, para “profundizar el conocimiento en torno a amenazas y riesgos específicos”; en el segundo, para “anticiparlos” y “limitarlos”.

El programa que entró en vigor el 20 de agosto de 2009, cuando fue parcialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, advierte que “a la generación y provisión de inteligencia (…) le debe seguir la oportuna toma de decisiones estratégicas que detonen, con la debida congruencia y contundencia, aquellas acciones gubernamentales necesarias para enfrentar el peligro detectado”.

Es entonces, en esa segunda etapa, cuando vendría el uso de la violencia institucional para “anular” las amenazas a la seguridad nacional, pues, a decir del gobierno federal en su propio documento, éstas “obligan” a “emplear recursos extraordinarios de la fuerza del Estado para su atención”.

Territorios controlados

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) “será recordado por enfatizar el tema de la recuperación de los espacios que está controlando la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico”, dice Jorge Luis Sierra.

Al respecto, el documento detalla: “En la vertiente de seguridad nacional, el factor esencial de todas las expresiones de la delincuencia organizada es su alta capacidad económica, que le permite penetrar las instituciones públicas y la estructura social. De este modo, la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.

Información de la Procuraduría General de la República indica que al menos siete grandes organizaciones que trafican drogas se mantienen vigentes en México (Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Guzmán Loera-Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, Díaz Parada, Valencia Valencia, Amezcua Contreras). A éstas, la administración federal les atribuye la violencia que padece el país, y que ha cobrado la vida de más de 16 mil 500 personas en lo que va del sexenio calderonista.

Según el programa, “las acciones emprendidas por este gobierno para combatir al narcotráfico marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida entre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.

El mismo documento revela que el gobierno no sólo tendría por objeto la “anulación” de los narcotraficantes, sino también de los guerrilleros, a quienes considera como la tercera amenaza a la seguridad nacional. Además, plantearía la “recuperación” de los territorios controlados por los rebeldes.

Las labores contrainsurgentes han sido confirmadas ya por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en dos entrevistas con Contralínea (publicadas el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2009). El grupo armado reconoció haberse enfrentado con el Ejército Mexicano en una zona cercana a la comunidad Puerto Las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero.

“La defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva”, expresa el programa gubernamental.

En la actualidad, en el país podrían existir más de 40 grupos rebeldes, refieren datos publicados por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Entre ellos, el Ejército Popular Revolucionario que en julio y septiembre de 2007 hizo explotar “los ductos de gas (…) mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema” de Pemex Refinación, ubicados en Guanajuato, Querétaro y Veracruz (Contralínea 120).

Los actos de sabotaje, que afectaron a más de 2 mil 500 empresas, fueron parte de una “campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón” para exigir la presentación con vida de los militantes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de ese año “por el Estado mexicano”, señaló el grupo guerrillero en un comunicado.

Para la Secretaría Técnica del Gabinete de Seguridad Nacional, esos actos tuvieron el carácter de “atentados” e implicaron “la comisión de delitos” que, “dada su naturaleza”, pusieron en “peligro la seguridad del Estado”, dice la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0210000152207.

Contrainsurgencia militar

En sus líneas de acción, el programa indica que para “acotar la actuación de grupos armados” se tomarán como medidas, “entre otras”: “Mantener abiertas las vías del diálogo entre los grupos armados y el gobierno federal de cara a la sociedad civil, con la única limitación de hacer valer el estado de derecho en la totalidad del territorio nacional; (y) mantener una presencia disuasiva apoyada por el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones nacionales”.

Advierte que el gobierno “efectuará las gestiones para que tenga lugar el fincamiento de las responsabilidades penales que en cada caso correspondan, conforme a derecho”, contra los mexicanos que se mantienen en rebelión.

La estrategia gubernamental privilegiará, sobre todo, el uso de la fuerza. Jorge Luis Sierra indica que, al igual que el narcotráfico, la guerrilla será combatida por la vía de las armas: “Lo único que veo que no sea el uso de la fuerza es el desarrollo de los programas de inversión en las comunidades donde hay movimientos armados. Pero nada más. Eso es lo único que dice el documento de cómo afrontar a los movimientos armados que no sea el uso de la inteligencia y la fuerza: hay un consenso clásico que está pensado más en términos de fuerza y no de desarrollo integral de las zonas, con el fin de evitar que la población simpatice con grupos insurgentes y pase a apoyarlos. No hay esa perspectiva de manera clara. En el documento está de manera tangencial”.

En su página 49, el programa hace la única y magra referencia: “Invertir en infraestructura para dotar de servicios básicos y promover actividades productivas en comunidades ubicadas en el área de influencia de grupos armados”.

Para Sierra, a pesar de que la guerrilla es la tercera amenaza en importancia de la agenda nacional de riesgos, “no hay un desarrollo integral de cómo afrontar el problema con otras vías que no sean la contrainsurgencia clásica”.

Lo que sí hay, en la práctica, son las acciones contrainsurgentes. Tan sólo la Secretaría de Marina cuenta con “fuerzas elites de infantería de marina orientadas a realizar operaciones de contraguerrilla”, reconoce la institución encabezada por el almirante Francisco Saynez Mendoza.

Datos publicados por la dependencia federal indican que dichas fuerzas son capaces de “incursionar y efectuar reconocimientos en áreas bajo control del enemigo (sic), desorientar sus actividades mediante operaciones de combate y sicológicas, estableciendo un perímetro de seguridad del área objetivo, negando la entrada y salida de los transgresores de la ley, así como dar cobertura y seguridad al ingreso del equipo de intervención”. Esas capacidades son desarrolladas en el Curso de Contraguerrilla, que imparte la propia institución.

Sierra indica que al apostar a la fuerza, las autoridades federales “estarán fallando, como fallaron hace 30 años y también hace 80 años. El país no ha logrado desarrollar el sur, que sigue estancado en la miseria, en la violencia de los caciques, en la injusticia, en el asesinato de los líderes y ahora con la presencia de la delincuencia organizada. Eso trae nuevos periodos: pasan 10 o 20 años y la violencia vuelve a surgir. Nuevas células, nuevos movimientos armados, nuevos enfrentamientos, en una espiral que se va desarrollando. La violencia no va retrocediendo: las zonas afectadas son cada vez mayores, los sabotajes que se hacen son cada vez más dañinos, más extensos, afectan más a la economía, y todo eso no ha terminado de resolverse”.

Agrega que “se ha pensado que por la vía de la fuerza, con la desaparición de los militantes de los movimientos armados de las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980 se había eliminado el problema, pero no fue así. Las condiciones para el desarrollo de grupos armados ahí están todavía, el potencial ahí está. El hecho de que el Ejército y el gobierno estén tratando de combatir al ERPI en Guerrero demuestra que ahí sigue habiendo movimientos armados”.

Sin política de defensa

La destacada participación del sector castrense en la preservación de la seguridad nacional y sobre todo en la seguridad pública, se da a pesar de que México carece de una política de defensa que regule la actuación del Ejército y la Marina en labores concretas, como por ejemplo los operativos y los retenes.

Jorge Luis Sierra explica que “esto nos deja a los mexicanos en una debilidad de grandes dimensiones. Si México no tiene una política de defensa, ¿cómo va a ser pensada la actividad y la estrategia de las fuerzas armadas? y ¿cómo va a encajar la estrategia de las fuerzas armadas en el resto de las necesidades nacionales?”

Carecer de esa política significa, “simplemente, (que) no hay una guía para las fuerzas armadas y no hay una guía para el Estado mexicano para saber adecuar el trabajo de las fuerzas armadas en las necesidades del desarrollo político, económico y social. Esta parte es completamente deficiente”.

Sierra puntualiza que no puede haber un programa de seguridad nacional que no esté acompañado por uno de defensa; este último, dice, depende de la política de defensa nacional. De esos programas complementarios se debería derivar el presupuesto para la defensa nacional, “pero acorde con una visión más global, mucho más nacional de la seguridad y la defensa”.

En su página 48, el programa introduce la siguiente frase: “Establecer los postulados generales de una política de defensa nacional”. Identificada como la “línea estratégica 2.2.8”, ésta se desprende de la “línea de acción 2.2 Incidir, a través de políticas públicas sobre factores que desempeñan un papel crítico en la génesis de amenazas y de riesgos”, perteneciente al “objetivo específico 2 Atender integralmente las amenazas que ponen en peligro a la seguridad nacional, así como aquellos riesgos definidos como prioritarios que pudieran llegar a vulnerarla”.

El doctor Javier Oliva, experto en seguridad nacional, explica que, a juzgar por las decisiones que ha tomado, el equipo del presidente Felipe Calderón “ha confundido notable, estructural y conceptualmente” la seguridad nacional con la seguridad pública.

El académico juzga que “hay una impericia y un desconocimiento de la materia. Mi hipótesis central es que el gobierno anterior y éste han dado respuestas de manera táctica pero no estratégica. Es decir, hay respuestas a modo pero no hay una línea a largo plazo: nombran y quitan funcionarios, mandan la iniciativa, firman decretos, le cambian de nombre a la PFP (Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal). Eso demuestra una imprecisión en el objetivo”.

Oliva explica que la función, la misión y el instrumento de un soldado es la violencia. “Y la violencia fundamentalmente para aniquilar al enemigo, y aniquilar significa matarlo. No es que sean buenos o malos, sino que ésa es la filosofía de la guerra”.

Indica que “el tomador de decisiones está confundido, porque no sabe, no le han explicado, cuáles son las funciones de un soldado sea mexicano, colombiano, o el que sea”.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México añade: “Cuando se echa mano de las fuerzas armadas debe ser de manera provisional, porque ésta no es su función y no debe ser permanente. Si el tema de la seguridad pública se convierte en un tema estructural, quiere decir que el Estado, no el gobierno en turno, está fallando. Ningún país puede decir, sin que esté en guerra o en un conflicto intenso como Colombia, que el tema de la seguridad pública es de seguridad nacional, porque entonces denota que está quebrada la impartición de justicia. En México, pareciera que el tomador de decisiones, al suponer que esto va a ser permanente, está aceptando el fracaso rotundo en la impartición de justicia y en la certeza jurídica. Entonces, ¿de qué sirve tener elecciones?”

Más “espionaje” y control social

Para Javier Oliva, “la seguridad nacional empieza por las carreteras, por el buen empleo, la certeza de un sistema educativo; no por políticas correctivas como las que hacen (Álvaro) Uribe, (Silvio) Berlusconi, gobiernos de derecha como el de Calderón en México. Si leemos la agenda de riesgos, la pobreza y la marginación aparecen en los últimos lugares, y deberían estar en los primeros”.

Además de las cinco amenazas, el programa apunta seis riesgos a la seguridad nacional. El último, o sexto riesgo, se conforma por los “desequilibrios en el desarrollo nacional” y abarca indistintamente los ámbitos de los “desarrollos social, económico y político”.

El académico señala que la agenda nacional de riesgos “indudablemente” se debe replantear. “Con qué criterios está hecha, ¿con criterios de control o de promoción de la justicia social?”

—De no atenderse la pobreza, la marginación, la impunidad, ¿qué le espera a los mexicanos?

—Intentos de control sobre el ciudadano. Toda esta idea de poner cámaras.

—¿La nueva cédula de identidad?

—Todos son controles. Es el miedo al ciudadano por parte de la autoridad. Una autoridad que carece de legitimidad, y no me refiero sólo al proceso electoral, sino que carece de legitimidad en el ejercicio de gobierno: una autoridad se legitima también gobernando. Cómo se legitiman los gobiernos en México, a través de programas como Oportunidades, de crear condiciones para la movilidad social. Pero qué pasa cuando el número de pobres va aumentando, pues es un gobierno que se está deslegitimando. Sí veo que éste puede ser un problema en el corto plazo. Apenas estamos a la mitad de la administración y ahí están los datos, los resultados de los programas sociales.

Al finalizar 2009, los mexicanos en extrema pobreza alcanzarán los 37 millones y los indigentes, los 12 millones, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Al presentar el documento Panorama social de la pobreza 2009, el pasado 19 de noviembre, la comisión resaltó que México presentará la mayor caída del Producto Interno Bruto en toda la región, calculado en aproximadamente 7 por ciento.

“No hay segundas oportunidades”

La desatención a las problemáticas sociales conlleva la pérdida de espacios. Jorge Luis Sierra reflexiona que los territorios que ahora busca “recuperar” el gobierno se perdieron incluso desde antes de que llegara la delincuencia organizada.

“No había inversión estatal, construcción de hospitales, de carreteras, inyección para el fortalecimiento de los municipios, un reforzamiento para el sistema educativo, dinero para el pago de maestros, construcción de escuelas, etcétera. Ese territorio estaba abandonado por el Estado, estaba perdido. La suerte de esos mexicanos estaba prácticamente a la deriva. En esas condiciones, donde no hay políticas de Estado, donde el Estado prácticamente ha abandonado ese territorio, llega el narcotráfico y lo aprovecha para sus actividades.”

El experto en seguridad nacional indica que el problema viene de muchas décadas atrás e implica negligencia histórica respecto de esas regiones. “Para recuperar los espacios que ha perdido el Estado mexicano se necesita algo más que el uso de la fuerza, se necesita de todos los elementos del poder nacional. Todos los mexicanos estaríamos en la necesidad de contribuir con algo; pero si el gobierno está confiando solamente en las fuerzas armadas y en las fuerzas de la Policía Federal y no está contando realmente con el apoyo de los ciudadanos, entonces es una política que difícilmente puede tener éxito”.

—Sería éste el momento de hacer algo más y no sólo dejarlo en manos de los militares y en el elemento de represión. ¿O podrá postergarse dos o tres años?

—No hay segundas oportunidades, lamentablemente. Hemos estado, como país, desperdiciando muchas oportunidades y estamos dando pasos hacia atrás. En Honduras hubo realmente una posición muy crítica con el golpe militar porque ahí había problemas desde muchos años atrás.

Ése es el riesgo para el país, observa Sierra. “A eso es a lo que se refiere Estados Unidos cuando dice que hay un Estado fallido: a que haya una alianza en México de narcotraficantes con funcionarios y una parte de las fuerzas armadas, una parte de los partidos políticos que intenten dar un golpe de Estado. Ése sería el escenario más grave del país, ahí es donde estaríamos alcanzando un estado de ingobernabilidad y ahí desgraciadamente no tendríamos tiempo para poder resolverlo con herramientas teóricas”.

Respecto del Programa para la seguridad nacional (2009-2012), opina que, “desde un punto de vista objetivo, fue un trabajo enorme de la comunidad de seguridad nacional. Muchos de los conceptos que están ahí vertidos son resultado de reflexiones y del trabajo intenso. Pero en la realidad, el país no tiene las herramientas indispensables como para poder traducir el plan a resultados concretos”.

Seguridad nacional. Acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación (…);

V. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes

Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)

Amenazas a la seguridad nacional

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) define la amenaza como “fenómeno intencional generado por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales (…), cuya característica es una voluntad hostil y deliberada que pone en peligro de vulneración particularmente grave a los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado”.

Amenaza	Definición
Delincuencia organizada	“Plantea desafíos que actualmente no se restringen sólo al ámbito de la seguridad pública, dado que algunos de ellos tienen implicaciones para la seguridad nacional en tanto pueden vulnerar la soberanía y el orden constitucional. En este sentido, resultan relevantes diversas dinámicas derivadas de la actuación del crimen organizado, caracterizadas por la coerción que grupos delictivos pretenden ejercer sobre autoridades –electas y designadas– en los tres órdenes de gobierno; la cooptación de miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración y administración de justicia, con el propósito de obtener impunidad y dificultar la acción persecutoria del Estado, y la transgresión sistemática, por parte de grupos criminales, del monopolio estatal sobre la aplicación coactiva de la fuerza”
Narcotráfico	“Es la manifestación más significativa de la delincuencia organizada y, por tanto, fenómeno de atención prioritaria. El crecimiento del tráfico ilícito de estupefacientes se asocia a las transformaciones del mercado internacional de la droga, los cambios en los patrones de consumo nacional y extranjero, la proliferación del narcomenudeo y un mayor protagonismo de las organizaciones delictivas mexicanas que utilizan tecnologías de comunicación y armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas”
Grupos armados	“La composición del sistema político mexicano se caracteriza por la pluralidad de expresiones e ideologías en el marco de la legalidad y las instituciones. Sin embargo, la defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva”
Terrorismo	“En un entorno cada vez más impredecible, debe reconocerse la existencia y capacidad de grupos ilegales que utilizan el terror en contra de la población civil como instrumento para alcanzar sus objetivos. En el caso mexicano, esta amenaza se potencia por factores geopolíticos, como la vecindad con Estados Unidos de América y Canadá, el grado de integración de la economía de Norteamérica, el fácil acceso a tecnologías de información y comunicación, más y mejores medios de transporte; así como la presencia de nacionales, oficinas diplomáticas e intereses comerciales de otros países en territorio nacional. La amenaza para la seguridad nacional se refiere a que nuestro país sea víctima de un acto terrorista, y además sea utilizado como una plataforma de tránsito, preparación o refugio de grupos terroristas. En este contexto, el tráfico de armas de destrucción masiva o sus precursores, es una hipótesis plausible”
Vulnerabilidades en fronteras	“Las fronteras continúan siendo origen de vulnerabilidades, que se ven potenciadas por la deficiente vigilancia de algunos tramos de las fronteras terrestres, los flujos migratorios indocumentados; el tráfico ilícito de armas, drogas y personas; la violencia asociada al narcotráfico y la impunidad con que se desarrollan las actividades ilícitas. La amenaza consiste en el debilitamiento de los controles institucionales, a través de los cuales el Estado mexicano ejerce su soberanía en las fronteras, por la creciente interrelación del tráfico de drogas, la trata de personas y otras formas de comercio internacional ilícito. La asimetría existente entre los países que colindan con el Estado mexicano al norte y al sur de sus fronteras exacerba la posibilidad de enfrentar amenazas a la seguridad nacional. El tráfico ilícito hacia México de armas, lanzamisiles, armas automáticas, granadas y municiones, y la sofisticación con las que el narcotráfico y la delincuencia organizada desafían a las autoridades y ponen en riesgo la integridad de la población civil, son problemas que requieren especial atención y corresponsabilidad de los países involucrados, ya que la mayor parte de las armas de alto poder se trafican a través de nuestras fronteras”

Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)

Riesgos a la seguridad nacional

Riesgos. Antagonismo a la seguridad nacional, que no teniendo el carácter de amenaza, implica una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, cuya presencia pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional.

Riesgo	Definición
Conflictos políticos y sociales	“Existen riesgos asociados a la preservación de la gobernabilidad sustentada en la fortaleza del régimen democrático. Si los conflictos políticos y sociales desbordan los cauces de las instituciones democráticas hacia expresiones violentas, el Estado cuenta con un marco legal para atender estas situaciones extremas”
Pérdida de cohesión social	“Entre las dinámicas que plantean desafíos a la seguridad nacional cabe destacar la pérdida de cohesión social, característica de la sociedad contemporánea. Es una condición que mina la vitalidad del régimen democrático y limita el potencial de desarrollo social. El Estado, para evitar dicho fenómeno, debe impulsar redes sociales múltiples y fuertes que produzcan sinergias para revertir esta tendencia”
Dinámicas migratorias	“Las actividades de la delincuencia organizada trasnacional asociadas al tráfico ilícito de personas generan una presión multidimensional al país y a las fronteras nacionales (norte, sur y tercera frontera). Estas circunstancias representan una ventana de vulnerabilidad para la seguridad nacional”
Pandemias y epidemias	“Existen riesgos al desarrollo integral de los mexicanos que exigen creciente atención por parte del Estado mexicano y la sociedad, como es el caso de pandemias o epidemias que pueden poner en riesgo a amplios sectores de la población. Frente a estos riesgos existe la necesidad de impulsar acciones de prevención y protección”
Medio ambiente y calentamiento global	“En el mediano y largo plazos, la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente son temas que requieren mayor actividad institucional en el contexto nacional e internacional. El cuidado del patrimonio ecológico, especialmente el agua, constituye un legado esencial para las generaciones futuras, en un entorno global en el que las riquezas naturales deben mantenerse e incrementarse para fortalecer el desarrollo nacional. En este contexto existen otros escenarios derivados de la evolución del cambio climático como inundaciones y sequías”
Desequilibrios en el desarrollo nacional	La dinámica de desarrollo social, económico y político de México exige nuevos enfoques que hagan frente oportunamente a aquellas situaciones que, de seguir su curso inercial, pueden poner en entredicho la viabilidad del desarrollo del país en el mediano y largo plazos. Por este motivo es necesario identificar los desequilibrios críticos para el desarrollo interno, cuyo origen es multifactorial, como es el caso de la brecha digital en la sociedad del conocimiento, la pérdida de competitividad internacional, y los escasos márgenes de crecimiento económico”

Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)

Tomado de : http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/29/guerrilla-entre-los-objetivos-militares-de-calderon/

ALTAR DE MUERTOS EN ALGUN LUGAR DE LA CUICATECA. 2009

Agradecemos infinitamente a quien nos proporcionó estás bellas fotos.

Suspende Minera San Javier su actividad en Cerro de San Pedro.

Anuncia la empresa que continuará con operaciones de recuperación de oro

Recurrirá de las resoluciones para reanudar explotación

Ecologistas exigen su salida
Edith Argüelles y Matilde Pérez
Corresponsal y reportera
Periódico La JornadaViernes 20 de noviembre de 2009, p. 36

Cerro de San Pedro, SLP, 19 de noviembre. La empresa canadiense Minera San Xavier suspendió hoy sus operaciones en el Cerro de San Pedro de acuerdo con lo que le impone la notificación hecha por la representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa).

No obstante, el consorcio New Gold, al que pertenece, anunció desde Vancouver, Canadá, que la empresa continuará las operaciones de recuperación de oro existentes en los patios de lixiviación del predio, aunque la actividad extractiva haya cesado.

Profepa confirmó que la empresa ya detuvo la extracción de material y el uso de explosivos y espera que en los próximos días entregue el programa de manejo para restaurar el lugar bajo la supervisión de la autoridad ambiental.

Asentó que no se tuvo que recurrir al uso de la fuerza pública para obligar a la empresa a detener sus operaciones; el delegado de la Profepa en el estado, Alfredo Sánchez Azúa, está supervisando la cancelación de las operaciones.

Mientras tanto, una decena de organizaciones ambientalistas y no gubernamentales defensoras de derechos humanos demandaron al titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada, actuar de inmediato y directamente para que Minera San Xavier detenga totalmente sus actividades y abandone San Luis Potosí.

Greenpeace, Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Unión de Grupos Ambientalistas, Pro San Luis Ecológico, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos y el Poder del Consumidor, pidieron al titular de la procuraduría que “tome acciones urgentes” para que la minera deje de operar.

Las organizaciones sostuvieron que es responsabilidad del titular de la Profepa perseguir delitos ambientales, y en este caso es “flagrante, innegable, depredador y afecta al bien común de los mexicanos. Si la Profepa de San Luis está dilatando la acción de justicia, usted, como procurador federal actúe; cumpla la ley y siente un precedente sacando a esa corporación del estado”.

En un comunicado, New Gold manifestó su intención de recurrir a todas las vías legales para defenderse de las decisiones de la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): aquella por retirarle el permiso de impacto ambiental otorgado en 2006, y ésta por notificar el cierre de la mina, en cumplimiento a una resolución dictada el pasado 14 de octubre por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la cual se deriva de una demanda interpuesta por el grupo Pro San Luis Ecológico.

Esa resolución se deriva de que el Cerro de San Pedro no cumple con el uso de suelo minero; por el contrario es una zona protegida, además de que el pueblo fue desginado patrimonio histórico por ser cuna de la fundación de San Luis Potosí.

Robert Gallagher, representante de New Gold, consideró que los más recientes hechos son sólo continuación de una década de desafíos de un grupo de personas que se oponen al proyecto de explotación minera en el Cerro de San Pedro y adelantó que se han tomado todas las medidas posibles en la materia para responder a dichos desafíos y reanudar operaciones.

Detienen a dirigente de ex mineros.

Carlos Camacho, corresponsal
Periódico La JornadaViernes 20 de noviembre de 2009, p. 31

Pachuca, Hgo., 19 de noviembre. Cirilo Hernández Vázquez, presidente de la Asociación Civil Movimiento de Mineros y ex Mineros de Real del Monte, fue detenido por policías debido a que Angelina Bulos Rosas, ex presidenta municipal priísta de Mineral del Monte, lo denunció por despojo.

En corporaciones policiacas locales se informó que Hernández Vázquez fue aprehendido por reclamar un predio del sindicato minero, del cual, según la agrupación, pretende adueñarse la ex alcaldesa, quien durante su gestión (2000-2003), vendió a empresarios de la región inmuebles que son patrimonio del gremio.

Desde hace más de cuatro años Cirilo Hernández encabeza la lucha para aumentar las pensiones de los ex mineros. Cerca de 120 ex trabajadores de Real del Monte padecen enfermedades crónicas, como silicosis y tuberculosis, y reciben apenas entre 200 y 400 pesos mensuales.

La aprehensión del dirigente fue calificada por los ex mineros de “embestida” de Bulos Rosas contra su movimiento, que ha denunciado los despojos perpetrados por la ex alcaldesa, entre ellos el de un edificio que funcionaba como cooperativa.

Lorenzo Vargas, tesorero de la asociación, reveló recientemente que propietarios de la Compañía Real del Monte y Pachuca regalaron una casa al hermano del actual presidente municipal, el panista, Omar Skewes, porque con sus influencias “logró que muchos ex mineros quedaran sin pensión”.

Los ex mineros también acusaron de maltrato a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marisol Vargas Bárcena.

Apelarán a convenio internacional indígenas de Bancos de San Hipólito

Guadalajara, Jal., (La Jornada Jalisco).- Intentando no sentar un precedente nacional e internacional para la defensa territorial de los pueblos indígenas sustentada en su derecho consuetudinario, el Estado mexicano nulificó la resolución presidencial que en 1981 integró la comunidad autónoma wixarika de Bancos de San Hipólito a la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, en el municipio de Mezquital, Durango; sin embargo, aunque la sentencia aparentemente favorece a los wixaritari al ordenar que se restituya el procedimiento, en su resolución el Tribunal Superior Agrario niega a los indígenas el derecho a acogerse a los tratados internacionales para apelar a su derecho ancestral a la propiedad del territorio.

Santos de la Cruz Carrillo, comisariado electo de bienes comunales de Bancos de San Hipólito, explicó que aunque se logró la nulidad del proceso mediante el que se les despojó de su territorio hace 28 años, una vez que se analizó a fondo la nueva sentencia del Tribunal causó preocupación que se les impida apelar al convenio 169 que México tiene firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas del mundo.

“En la resolución ni siquiera se hace una referencia de lo que son los tratados internacionales, y es ahí donde está el espíritu de los pueblos indígenas porque se aborda la ocupación tradicional de los pueblos que poseen y de alguna forma tienen la propiedad del territorio ancestral. Eso es en lo que nosotros nos sustentamos, porque independientemente de que tengamos título de propiedad de la comunidad, ese convenio (el 169) la garantiza, y es un instrumento jurídico para todos los pueblos indígenas que en esta ocasión los magistrados ni siquiera analizaron, argumentando que eso ya se discutió en procesos y sentencias anteriores”, señaló.

La historia de esta comunidad es más larga y la pelea por su territorio comenzó mucho antes de 1981. Desde 1968, las 10 mil 720 hectáreas de Bancos de San Hipólito fueron separadas de su “comunidad madre San Andrés Cohamiata”, en Mezquitic, Jalisco, por lo que desde entonces los wixaritari comenzaron la lucha por el reconocimiento de la propiedad de su tierra y en 1977 se les reconoció la posesión de ésta, más no la propiedad. Pero en 1981, las autoridades agrarias de México anexaron, indebidamente, ese mismo territorio a la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, en el municipio de El Mezquital, Durango.

A partir de ahí, las diferencias culturales entre los wixaritari y los mestizos han provocado que no se respete el carácter comunal y autónomo de Bancos, por lo que el caso se llevó a instancias nacionales en primer término, pero al no resolverse el asunto se solicitó la intervención de organismos internacionales.

En noviembre de 1998, la OIT emitió una primera resolución en la que pide al Estado mexicano cumplir lo establecido en el Convenio 169 respecto al derecho ancestral de los pueblos indios. Ante la falta de respuesta, en 2006 el organismo internacional volvió a pronunciarse y dejó en claro que considera este caso como “emblemático” porque podría sentar un precedente para el respeto de las cosmovisiones de “los pueblos originarios”.

En 2008, dos relatores de la Organización de las Naciones Unidas emiten un pronunciamiento para que el gobierno mexicano resuelva el conflicto territorial de los wixaritari de Bancos de San Hipólito y en junio de 2009 la OIT vuelve a emitir una recomendación. Mes y medio después de este último llamado internacional, el 11 de agosto, el Tribunal Superior Agrario emite la nueva sentencia, aparentemente favorable a la comunidad wixaritari, en cumplimiento de una orden del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Pese a esto, las autoridades autónomas de Bancos consideran que la resolución del Tribunal es tramposa, porque aunque “el asunto” será juzgado de nuevo conforme a las leyes mexicanas de 1968, se le impide a los wixaritaris acogerse a los convenios internacionales y además se reconoce a los mestizos de San Lucas un supuesto derecho inmemorial, lo que sitúa a ambas comunidades en igualdad de circunstancias.

Santos de la Cruz señala: “Se nos pone como traba el que no podamos ampararnos a los convenios internacionales y eso nos preocupa porque realmente al momento de resolver, ellos pueden decir que las leyes mexicanas y el Código Agrario de aquella época favorecen a San Lucas, y a nosotros se nos niega apelar al Convenio 107, que era el que en aquella época amparaba el derecho territorial y que después fue sustituido por el 169”.

En su opinión, la resolución del Tribunal es la forma en que el estado mexicano quiere demostrar que está cumpliendo con sus compromisos, pero considera que en realidad la sentencia quiere engañar a la comunidad internacional. Y sospecha por la forma rápida en que después del ultimátum de la OIT se emitió la sentencia. “No están entrando al estudio de las cosas y no hay garantías aquí en México de que los tratados sean vinculatorios”, remata.

“Nosotros nos preguntamos cómo es que nos van a poner en un estado de igualdad, si nosotros hemos comprobado nuestra posesión desde tiempos inmemoriales con el título virreinal. Después demostramos el acordonamiento del territorio que se hizo en 1809 y también a San Lucas se le quiere poner en esa parte de la historia, pero en realidad San Lucas de Jalpa hizo sus trámites después. Nos preocupa porque están generando las condiciones para que, en el procedimiento, la magistrada resuelva dividir el territorio por mitad argumentando que San Lucas y Bancos tienen la posesión y propiedad desde tiempos inmemoriales”, asegura.

–¿Y así tampoco se sentarían precedentes para las luchas territoriales de otros pueblos?, –se le pregunta al también abogado de profesión.

–Cuando nos están negando los convenios y nos dicen que estamos en igualdad de condiciones, pues pueden resolver a favor de cualquiera, y si se le da el derecho a Bancos, no quedarán sentados los precedentes históricos sobre la posesión ancestral; así, las demás comunidades que tienen problemas parecidos no podrían utilizar este caso como precedente. Lo que nosotros queremos es que quede un precedente para que otros pueblos que tienen este tipo de conflictos puedan usar esto como argumento para reclamar su derecho.

Debido a esta circunstancia, y aunque saben que un proceso internacional es complejo y largo, los wixaritari de Bancos de San Hipólito han decidido acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar que en el nuevo procedimiento no se desconozcan los convenios internacionales y no se coloque en igualdad de circunstancias en cuanto al derecho ancestral del territorio a una comunidad que no ha logrado demostrar que lo tiene.

México revoca permiso para explotación canadiense de mina de oro

Por MARK STEVENSON © 2009 The Associated Press

México revocó el viernes la autorización ambiental para que una mina de oro sea explotada por una compañía canadiense, criticada por destruir obras antiguas de minería alrededor de un poblado de siglos de antigüedad.

La Secretaría del Medio Ambiente informó en un comunicado que ha retirado el permiso a Minera San Xavier, propiedad de New Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá.

La mina ha operado durante más de dos años, detonando las laderas de una montaña a unas decenas de metros de la iglesia y de la plaza principal de San Pedro, un poblado minero del siglo XVI.

Los opositores al proyecto elogiaron la decisión, al señalar que la mina amenaza uno de los sitios de más valor histórico en el estado central de San Luis Potosí. Esos grupos afirman que el cianuro utilizado para extraer el oro de entre montones de roca triturada amenaza los depósitos de agua en la zona.

Ana María Alvarado, representante de los ejidatarios alrededor del Cerro de San Pedro, dijo que la decisión representó "una batalla ganada", pues en octubre, una corte desechó algunos elementos de la autorización ambiental para la mina a cielo abierto.

Ejecutivos de New Gold no respondieron de inmediato a una solicitud de declaraciones. Pero en un comunicado emitido el 2 de noviembre, la empresa advirtió que apelaría la decisión judicial emitida en octubre.

Alvarado consideró que hay propuestas alternativas para preservar las minas antiguas y para dar empleo en esta zona pobre y árida, incluido el ecoturismo.

El poblado y el estado se fundaron principalmente alrededor de las minas antiguas de la era colonial, cuyos túneles y entradas, así como las viejas casas de los mineros, cubren algunas colinas. Muchas de esas estructuras han sido arrasadas por las detonaciones, dado que las labores de la minería moderna destruyen las laderas de las colinas para llegar al mineral desaprovechado por las técnicas antiguas.

La empresa asegura que recupera o reutiliza la mayor parte del cianuro usado en el proceso y que ha tomado medidas para proteger o respetar estructuras históricas en el centro del poblado.