lunes, 31 de agosto de 2009




II ENCUENTRO REMA CHIAPAS

DECLARACION DE CHICOMUSELO



Reunidos en la Cabecera Municipal de Chicomuselo, Chiapas, México, más de 240 personas miembros de una treintena de organizaciones indígenas y no indígenas provenientes de diversos municipios de la entidad, además de otros provenientes del estado de Oaxaca y San Luis Potosí, así como de la solidaridad internacional de Canadá, Italia, Guatemala, Francia y Bélgica, nos dimos cita en el II Encuentro Chiapaneco de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) llevado a cabo los días 29 y 30 de Agosto del 2009.

Los presentes festejamos la liberación del Sr. Mariano Abarca injustamente detenido por promover la defensa de nuestra Madre Tierra, y nos dimos a la tarea de compartir nuestras experiencias sobre la problemática de la exploración y explotación minera. En este encuentro resaltamos la necesidad urgente e indispensable de la unidad en acción de los movimientos, de las organizaciones campesinas e indígenas y de la sociedad en general, sin que interfieran las preferencias religiosas, partidistas ni sociales, ya que el reto de enfrentar a este sistema capitalista y las empresas mineras depredadoras requiere del esfuerzo de todos los sectores porque todos seremos afectados.

CONSIDERAMOS QUE

1) En Chiapas se han otorgado un total de 97 concesiones desde el 2000 hasta agosto del 2009 con un total de un millón 115 mil 130.447 hectáreas que representan el 15.21% del territorio estatal (11,151.3044 Km2). Chiapas cuenta con 73,289 Km2 (7’328,900 de has) y ocupa el lugar 10 a nivel nacional y representa 3.7 % de la superficie del país. De las 97 concesiones 37 de ellas vencen en la década del 2050.
2) En las concesiones que se han otorgado a las empresas no se han tomado en cuenta los derechos de los pueblos a la información y a ser consultados.
3) La explotación de las minas contamina nuestras tierras, el agua y todos los recursos naturales. Destruyen los
bosques, el paisaje y nos condenan a la muerte.
4) Las concesiones han sido otorgadas sin verdaderos y serios estudios y Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA).
5) La actividad minera destruye la integridad y la unidad de los pueblos.
6) Cada proyecto minero de oro a cielo abierto consume grandes cantidades de agua que pueden ir desde 250 mil a más de un millón de litros por hora, que pudiera servir para satisfacer las necesidades de una familia entre 20 y 80 años.
7) Cada proyecto minero de oro a cielo abierto contamina el agua con cianuro que puede ir desde 6 a 16 toneladas o más al día. Cabe señalar que basta una gota de cianuro del tamaño de un arroz para matar a una persona.
8) En la resistencia contra estos proyectos de muerte, en la exigencia por los derechos, por la tierra y por un medio ambiente sano, el movimientos social y el pueblo en general ha sido reprimido y criminalizado, y se han militarizados las tierras indígenas y campesinas.
9) Algunos líderes de la comunidades han sido cooptados, otros han sido injustamente encarcelados y en general los empresarios y sus trabajadores vienen intimidando a la población para que acepten sus proyectos mineros.

Por lo tanto, EXIGIMOS QUE

1) La cancelación de todos los proyectos mineros de Chicomuselo, en especial de Blackfire, pero en general de todas las concesiones mineras de Chiapas, de México, Guatemala y del resto de la región mesoamericana. Además de las concesiones petroleras, eólicas e hidroeléctricas.
2) Que se respeta la voz del pueblo, los derechos humanos y en especial los derechos y la voz de las mujeres, de los niños y las niñas, de los jóvenes y los ancianos.
3) Que se respete la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y demás instrumentos internacionales que protegen los derechos de los pueblos.
4) Que se respeten y promuevan las consultas comunitarias con igualdad de derechos como lo establece el Convenio 169 de las OIT.
5) Que se respeten los derechos contempladas en la constitución política como la libre determinación, la protección a la tierra de los pueblos, la libre expresión, la libre locomoción, entre otros.
6) Que se retiren las ordenes de captura en contra de los lideres y lideresas de las comunidades, la libertad de los presos que luchan por la justicia, el medio ambiente y en beneficio de las comunidades, así como la presentación con vida de los desaparecidos políticos.

7) La prohibición de las sustancias químicas en los procesos minero-metalúrgicos y que se legisle sobre ello a nivel nacional.

Las organizaciones de este encuentro nos SOLIDARIZAMOS


1) Con todas las organizaciones y pueblos latinoamericanos afectados por los proyectos que impactan negativamente a la salud, el agua, el medio ambiente y en general la vida. En especial con el pueblo de Guatemala que lucha por la cancelación de las concesiones mineras, petroleras e hidroeléctricas, particularmente de la empresa minera Gold Corp. con el proyecto Marlin en San Marcos, Cementos Progreso en San Juan Sacatepquez, entre muchos otros.

2) Con las organizaciones, comunidades y pueblos afectados por la construcción de las autopistas San Cristóbal- Palenque; y exigimos justicia por los asesinatos contra los defensores de la tierra y el territorio. Del mismo modo nos solidarizamos con los afectados que luchan en Guatemala contra la construcción del megaproyecto de la Franja Transversal del Norte.

3) Con las organizaciones que luchan contra el pago de las altas tarifas de la energía eléctrica y por la libertad de los presos de Campeche y otros estados.

4) Con los pueblos del Istmo de Tehuantepec que luchan por la cancelación del megaproyecto eólico trasnacional.

5) Con los pueblos que luchan contra la construcción de las represas y en defensa de sus ríos.

6) En general con todos los pueblos que luchan y resisten contra los proyectos de muerte y en defensa de la tierra y sus territorios.

7) Con la lucha justa que llevan a cabo los habitantes de Carrizal miembros de la OCEZ en Ocosingo por el derecho a sus tierras, y con su exigencia por la salida inmediata de los paramilitares de la región.

8) Con la lucha de los médicos tradicionales por la defensa de las plantas medicinales, la biodiversidad, el agua y el medio ambiente ya que la minería elimina las plantas medicinales y la biodiversidad con su destrucción.

Nos manifestamos por otro modelo de vida basado en las necesidades de los pueblos, en armonía con la naturaleza y la Madre Tierra.

¡POR NUESTRAS TIERRAS Y TERRITORIOS!
¡FUERA LA MINERA CANADIENSE BLACKFIRE DE CHICOMUSELO!
¡FUERA LAS MINERAS DE MÉXICO Y AMÉRICA LATINA!
¡LA TIERRA NO SE VENDE, SE RECUPERA Y DE DEFIENDE!

Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (FAO)/San Luis Potosí
Frente de Trabajadores de la Energía (FTE-México)
Asamblea Departamental de Huehuetenango por la Defensa de los Recursos Naturales/Guatemala
Comité de Unidad Campesina (CUC)/Guatemala
Frente Regional Contra las Privatizaciones Motozintla (FRCP-FNLS)
Movimiento de Trabajadores Campesinos (MTC)/Guatemala
CEIBA/Amigos de la Tierra Guatemala
Centro de Derechos Humanos Santo Niño de Atocha ‘Mons. Samuel Ruiz’
Centro de Derechos Humanos Tepeyac del Istmo de Tehuantepec/Oaxaca
Comité de Derechos Humanos Oralia Morales Frontera Comalapa
Consejo de los Pueblos de San Marcos/Guatemala
Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FSLN)
Grupo Juvenil de Comalapa
La Otra Historia, y los Otros Saberes, la Otra Política…-Adherentes a Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Movimiento de Resistencia Popular del Sureste (MRPS-FNLS)
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ DEI UNOI)
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-CNPA)
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-COAECH)
Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ-UMOI)
Organización de Médicos Tradicionales de la Sierra Mazapa de Madero, Chiapas (ODEMIS)
Organización Proletaria Emiliano Zapata (OPEZ-Histórica)
Otros Mundos, AC/Amigos de la Tierra México
Rema Ejido Grecia-Chicomuselo
Sociedad Civil “Josefina García”
Asociación Maya Uk’Ux’Be/Guatemala
Unión Campesina y Obrera del Sur (UCOS)
Cuerpo Académico Etnia, Estado y Desarrollo de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH)

Chicomuselo, Chiapas, México; 30 de Agosto de 2009

sábado, 29 de agosto de 2009

La minería no es progreso para los serranos






La minería no es progreso para los serranos


*En Chicomuselo la mina de barita más grande del mundo.

*Amenaza ecológica a corto, mediano y largo plazo.

*Férrea oposición a la minería dicen habitantes.


Víctor Hugo Roblero.


Chicomuselo, Chis; 27 de agosto. Con un llamado internacional de denuncia, campesinos de varias comunidades de este municipio, piden todo el apoyo para que se manifiesten y entre todos digan un rotundo ¡no! a la minería en la Sierra Madre de Chiapas. Los mineros le han puesto el ojo a la zona ya que en esta se localiza en este municipio, depósitos de barita, que son los más grandes del mundo, según estudios realizados por varias compañías.

La minera Black Fire Exploración México, a quien el gobierno de México a través de la Secretaría de Minas le ha concedido permisos (15) para la explotación de barita, por cerca de 100 años, aparte de otros minerales como el antimonio, como el que explotan en la colonia san Ramón, donde la minera ha afectado desde el 2007.

Grietas en el suelo


En la zona de extracción de minerales se nota el daño al medio ambiente, aquí se ha usado dinamita, la carretera hacia el poblado de Nueva Morelia ya se hizo una gran grieta por lo que ya no hay carreta hacia esta comunidad, aparte de la deforestación y han provocado que la zona sufra deslaves en esta época de lluvias, provocando que los ríos y arroyos de conviertan en lodazales y matando peces y otros daños irreversibles a la ecología.

En el ejido Grecia y sus poblados aceptaron la entrada de las mineras sin saber el daño que provocarían, Grecia aprobó la extracción del mineral llamado barita, aunque aún no se da a conocer bajo que cláusulas trabajarían el ejido, en la colonia San Ramón se está extrayendo barita, aquí se han prácticamente terraplenado una gran extensión de terreno, provocando la deforestación ,al uso de dinamita se partió la carretera que comunica a Nueva Morelia, por cierto atrás de la comandancia de Chicomuselo se localiza una bolsa rota conteniendo Nitroglicerina para dinamitar, aunque la policía dice que no puede explotar, es un peligro latente ya que se encuentra en el palacio municipal, sin que protección civil tome cartas en el asunto.


Usan cianuro


Ya que para extraer unas toneladas de barita, provocan deforestación y utilizan químicos nocivos como el cianuro, ya que la extracción la hacen a cielo abierto ya que es más rentable para las mineras.

La barita que extraen de estas comunidades las transportan en camiones tipo tolvas que son transportadas hacia Coatzacoalcos Veracruz, llevando por carretera cerca de más de 70 toneladas, afectando el asfalto, hasta llegar a la empresa Prodexsa, que tiene la molienda donde existen cerca de 1,500 toneladas de este mineral, donde Petróleos Mexicanos (PEMEX) le compra para utilizar la barita en la extracción del crudo en los cerca de 57 pozos petroleros que existen actualmente.


El Movimiento Popular de Resistencia, del frente Cívico, Dos Valles Valientes A.C. integrantes de la Red Mexicana de Afectados Mineros (REMA),desde el mes de junio lanzo un llamado al gobierno en sus tres niveles para que reconsiderar el programa de la minería en este municipio, haciendo llegar al Congreso del estado de Chiapas, 24 de julio de 2009, un comunicado y nunca recibieron respuesta favorable, al contrario arraigaron por días a , Mariano Abarca Roblero, a quien el gobierno detuvo el pasado 17 de agosto, a quien la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE) abrió una averiguación previa 033/FS10/2009, acusado de asociación delictuosa, ataques a las vías de comunicación, delincuencia organizada, atentado contra la paz, daños y perjuicios, los familiares y compañeros de lucha manifestaron a la prensa, que esta situación, deja en claro que la postura es que se siga explotando los minerales en la región sierra, a costa de lo que pueden dejar como consecuencia el daño a la población en general.

Encuentro

El próximo día 28 y 29 de agosto se lleva a cabo el segundo encuentro de REMA en Chicomuselo y se dará a conocer un comunicado a nivel internacional en Amatenango de la Frontera para dar a conocer un pronunciamiento y dejar en claro de lo que le suceda a las comunidades en donde el gobierno a dado las concesiones para la minería, será el responsable de lo que pueda ocurrir ya que las comunidades han dicho, que los recursos naturales son como la madre, da todo pero no se vende.


El movimiento continuara defendiendo hasta las últimas consecuencias para que las empresas transnacionales no sigan saqueando la riqueza nacional, agrediendo la soberanía y sobre ello las empresas mineras amenazan a la población anti minas, el movimiento continua firme y prepara acciones masivas de protesta hasta lograr que se respete la voluntad popular que no lucra con la dignidad.

Al movimiento de resistencia se han sumado Otros mundos, A. C. Eco sur (San Cristóbal de las Casas), Frente de trabajadores de energía de la UNAM, (México D,F) Ocez-CNPA. Coordinadores regionales de la Sección 7 del SNTE-CNTE. Grupo juvenil de Fra. Comalapa y Red mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Oaxaca y Chiapas) entre otras OPEZ HISTORICA y Dialogo Nacional, las más de 15 organizaciones integrantes d tres frentes campesinos adheridos a la COAECH, el Frente campesino y El Frente de Organizaciones Independientes de Chiapas (FOSICH).

jueves, 27 de agosto de 2009

El nuevo saqueo: minería a cielo abierto




El nuevo saqueo: minería a cielo abierto
Luis Hernández Navarro
Brotes de descontento contra la minería a cielo abierto han aflorado por todo el territorio nacional en años recientes. Habitantes urbanos, ejidatarios y comuneros indígenas han bloqueado los caminos de entrada a las minas para protestar contra la devastación ambiental, los daños a la salud y los contratos desventajosos de las grandes compañías trasnacionales extractoras de minerales. Con frecuencia, el gobierno ha reprimido a los inconformes.
El malestar es grande. Entre abril y mayo de este año, 300 pobladores de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo, en Zacatecas, bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la empresa canadiense Gold Corp. no cumplió su compromiso de firmar un convenio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón. El descontento se ha extendido como reguero de pólvora por muchos estados. Los ciudadanos de San Luis Potosí se oponen a la explotación de oro y plata en la mina San Javier en Cerro de San Pedro. En Chihuahua, donde se ubican las mayores concesiones a las trasnacionales mineras, la resistencia campesina ha denunciado grandes abusos corporativos.
Alrededor de 3 mil personas de varios municipios de la sierra de Chiapas realizaron el pasado 14 de abril una marcha silenciosa en Motozintla para exigir la cancelación de 56 permisos de explotación minera en la región, porque “sólo traen destrucción y muerte”. Las concesiones favorecen a la canadiense Black and Fire y a la estadunidense Liner Gold Corp. La protesta concluyó con una misa. En una carta, las siete parroquias de la zona expresaron la oposición de la Iglesia católica al desarrollo que fomenta desigualdades y atropella y excluye a personas.
El pasado 21 de abril, la policía oaxaqueña y la Federal reprimieron salvajemente a los habitantes de San José del Progreso, Oaxaca, que desde el 16 de marzo habían bloqueado el acceso de la mina La Trinidad, de San José del Progreso, propiedad de Fortuna Silver.
El presidente de Bienes Comunales de Huehuetlán El Grande (pueblo localizado en la parte central del estado de Puebla), Pedro Enrique Viveros, denunció que la Secretaría de Gobernación estatal los presiona para que Australian Minerals Group lleve a cabo un proyecto minero para extraer manganeso en la localidad, a pesar de que los pobladores ya lo rechazaron en varias ocasiones.
Muchas de esas empresas, como reportó La Jornada, son canadienses. No sólo están en nuestro país. Tienen el control de 51 por ciento del capital minero del planeta. Otras son estadunidenses, australianas, de Islas Vírgenes, argentinas, italianas, y también hay mexicanas.
Están aquí porque el gobierno de México les abrió la puerta. Hasta 2007 había otorgado 438 concesiones mineras, la mayoría a compañías del país de la hoja de maple. En Oaxaca facilitó 28 concesiones y entregó más de 70 mil hectáreas a las trasnacionales; en Chiapas obsequió 72. Más de la mitad de estas explotaciones en ese estado pertenecen a las corporaciones canadienses Linear Gold y Frontier Development Group, pero las comunidades no lo saben, pues no se les informó ni consultó. A pesar de que su inversión es relativamente reducida, las trasnacionales canadienses que operan en México poseen los proyectos más rentables en la explotación, desarrollo y producción de minas de oro y plata, lo que les ha permitido obtener las mayores utilidades del negocio.
Para protestar contra esta nueva forma de despojo colonial, el Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (New Gold), Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, convocó a celebrar el próximo 22 de julio el Día Mundial contra la Minería a Cielo Abierto. La jornada de lucha forma parte de una movilización pacífica que se efectuará frente a las embajadas canadienses en diversos países.
La minería a cielo abierto ha sido cuestionada en muchas partes del mundo por sus efectos devastadores: elimina bosques, remueve y destruye suelos, agota y contamina el agua con químicos, despoja a ejidos y comunidades de sus tierras, elimina la flora y fauna nativas y afecta la salud de los pobladores. Las localidades en las que se asientan los enclaves mineros reciben como pago una muy pequeña cantidad de la riqueza que se extrae de las entrañas de su tierra.
La Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) efectuó su primera convención del 19 al 21 de junio de 2008, en la comunidad de Tamacapulín, Jalisco. Participaron cientos de personas, pertenecientes a organizaciones sociales, indígenas, campesinas, comunidades, organizaciones de derechos humanos, de educación, de comunicación, colectivos de estudiantes y académicos, provenientes de 12 estados del país. Su proceso organizativo está estrechamente vinculado con el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder).
El primer encuentro de la Rema concluyó con la Declaración de Tamacapulín, la cual manifiesta: “contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos 25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas. 200 mil kilómetros cuadrados, es decir, el 9 por ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado como concesiones mineras”.
El rechazo ciudadano a la minería a cielo abierto es, simultáneamente, expresión de la lucha por la liberación nacional desde el campo popular y combate por un modelo de desarrollo diferente, que pone en el centro el bienestar de las personas y la defensa del medio ambiente.

viernes, 21 de agosto de 2009

Dictamen aprobado por el Senado con Exhorto

No. 16
Año 2009

Miércoles 19 de Agosto

3° Año de Ejercicio.
Segundo Receso
Comisión Permanente

http://www.senado.gob.mx/gace.php?sesion=2009/08/19/1&documento=64

Dictámenes a Discusión

De la Primera Comisión, el que contiene punto de acuerdo:
Por el que se exhorta al titular del Poder Ejecutivo Federal a contribuir al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras.

PRIMERA COMISIÓN

GOBERNACIÓN, PUNTOS CONSTITUCIONALES Y JUSTICIA

DICTAMEN POR EL QUE POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DEL EJECUTIVO FEDERAL Y DE LOS GOBIERNOS LOCALES A CESAR LAS ACCIONES DE HOSTIGAMIENTO QUE SUFREN LOS LUCHADORES AMBIENTALES DE LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES MINERAS.

HONORABLE ASAMBLEA

A la Primera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, en el Segundo Receso del Tercer Año de ejercicio constitucional de la LX legislatura, fue turnada, para su estudio y dictamen, la proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal a cesar las acciones de hostigamiento que sufren los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, presentada por los Diputados Armando Barreiro Pérez, José Antonio Almazán González y José Jacques y Medina, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática.

Los ciudadanos legisladores integrantes de esta Comisión realizaron el estudio y análisis de esta Proposición a fin de valorar su contenido, deliberar e integrar el presente Dictamen.

Con fundamento en los artículos 78 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, 127 y demás aplicables de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y 58, 60, 87, 88, 176 y demás aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los miembros de esta Primera Comisión que suscriben, someten a la consideración del Pleno el presente dictamen al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES.

I. La Proposición con Punto de Acuerdo que se cita, fue presentada en la sesión del Pleno de la Comisión Permanente de fecha 5 de agosto de 2009.

II. En la misma fecha de su presentación, la Presidencia de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión dispuso que la proposición de mérito se turnara para su estudio y dictamen a la Primera Comisión, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, por lo que se emite en este acto el Dictamen correspondiente al tenor de las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. En su capítulo de Consideraciones los autores de la Proposición con Punto de Acuerdo que se dictamina denuncian la represión de que son objeto los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, especialmente tratándose de la minería de tajo a cielo abierto en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Sonora Hidalgo, San Luis Potosí, represión que incluye amenazas de muerte e ilegales órdenes de aprehensión, razón por la cual se demanda cesen los actos de hostigamiento, destacadamente se cancelen de inmediato las órdenes de aprehensión.

Así mismo, los proponentes señalan que en el Foro “La Minería de Tajo a Cielo Abierto, Sus Impactos En La Sociedad, El Medio Ambiente, La Ecología y Los Recursos Naturales. La Tarea Legislativa”, realizado en la H. Cámara de Diputados los días 22 y 23 de julio de 2009, se recogieron innumerables testimonios sobre el impacto socioambiental que causa la conducta ilícita de la industria minera, caracterizado por:

a. “Violación a las leyes ambientales en complicidad con autoridades de los 3 órdenes de gobierno.

b. “La violación de derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos.

c. “Violación al derecho elemental a un ambiente sano y a la salud.

d. “Carencia de manifestación de impacto ambiental.

e. “Desacato al cumplimiento de resoluciones judiciales adversas a la industria.

f. “Arbitrario cambio de uso de suelo.

g. “Despojo de recursos naturales a comunidades y ejidos.

h. “Devastación ambiental del entorno en el que se ubican.

i. “Persecución judicial y extrajudicial de los luchadores ambientales.

j. “Pérdida de la soberanía nacional.”


Ante estas violaciones, agregan los proponente, las comunidades quedan en estado total de indefensión y pese a ello, han logrado organizarse en torno a la defensa de sus garantías individuales consagradas en la Carta Magna, lo que ilegalmente ha originado la criminalización de los luchadores ambientales.

Los proponente ejemplifican su dicho reseñando la represión en contra de Agustín Roberto Ríos Cruz, la que ha sido de diferentes formas y magnitudes: amenazas de muerte a su persona y a su familia; intento de secuestro por supuesta policía ministerial y de la Agencia Federal de Investigaciones; golpes de la PFP durante el desalojo en la mina La Trinidad en el Estado de Oaxaca, el 6 de mayo; la emisión de órdenes de aprehensión en su contra por injurias y amenazas, lesiones, daños en propiedad ajena por más de 65 mil pesos, daños a la minera por más de 2 millones de pesos, daños a vías de comunicación, bloqueo a las vías de comunicación.

Todos los anteriores, opinan los proponentes, son actos de persecución política, siendo que por los mismos hechos se reproduce la persecución en contra de Jacqueline López Almazan, sin haber participado en la lucha pacífica.

Ambos ambientalistas son miembros del Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEP) y ambos han sufrido la trasgresión a sus derechos más elementales, como el derecho a la defensa, que se les ha negado al no permitírseles ni siquiera tener acceso a los expedientes.

Dentro de los luchadores que siguen sufriendo dichas persecuciones y vejaciones, y por los que los proponentes solicitan cesen las agresiones son:

· Evelia Bahena García. Luchadora ambiental en el caso del Ejido del Real de Limón y Fundión Nuevo Balsas, Atzacala contra Minera Media Luna Subsidiaria de TECKCOMINCO

· Esteban Guzmán Pulgarín. Ejido Ayotitlán Municipio Cuautitlán.

· Félix Monrroy Rutilo de la Comunidad de los Potros Peña Colorada y conflicto de límites Jalisco y Colima.

· Luchadores ambientales de la Mina de Barita del Ejido Grecia del Municipio de Chicomuselo en Chiapas: Mariano Abarca Roblero, Álvaro Aguilar Sánchez, Bulmaro Ramírez González, Franselia Ventura Gordillo, Aracely Ruiz Aguilar.

· Sobre el basurero tóxico en Zimapán, Hidalgo: Teresa López Zúñiga, Yoali Sionari Guerrero.

· Sobre la lucha ambiental en Coahuila: Francisco Rodríguez de Carrisaltillo.

· En Chihuahua: José Luis Alonso Vargas, David de la Rosa.

· Del Istmo de Tehuantepec del Estado de Oaxaca contra Cementera Cruz Azul: José Luis Godínez Velázquez, Antonio Jiménez Tolentino, David Altamirano Godínez, Lic. Beas, Sr. Teodocio.

Por lo anterior, la proposición de mérito concluye con el siguiente resolutivo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de que en el marco de sus atribuciones contribuya al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como a la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en contra de las personas mencionadas anteriormente.

II. La Constitución Federal ordena un desarrollo sustentable en oposición a un mero crecimiento depredador. De hecho, el párrafo quinto del artículo 4 de nuestra Constitución establece como garantía social que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar.”

Frente a esta garantía el Estado debe cumplir la doble tarea de desarrollar una actividad de carácter positiva que garantice a sus titulares el disfrute de tal ambiente adecuado; por el otro, una actividad de abstención por la que debe respetar las actividades que desarrollen los gobernados para alcanzar la realización o disfrute del contenido de esta garantía social.

Ante lo dicho, es evidente el rezago que impera en nuestro país para hacer efectiva tal garantía a todos los mexicanos. Por un lado, poco han conseguido las autoridades del Estado mexicano para preservar y restaurar el medio ambiente en nuestro país. Por otro lado, no son pocos los casos que se han presentado en nuestro país de represión a quienes exigen la vigencia de tal garantía. Desde las instituciones del Estado se ha criminalizado la lucha social desarrollada por cauces legales en contra de las empresas rapaces, como es el caso de algunas mineras, que despojan los recursos naturales a las comunidades, provocando devastación ambiental del entorno en que se ubican, violentando con ello de manera sistemática las disposiciones ambientales mexicanas. Todo lo cual también agrede la garantía social a la salud, igualmente previsto en el artículo 4 constitucional, bajo el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…”

Para enfatizar las garantías a un ambiente adecuado y a la protección de la salud, la Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente otorga un papel activo y comprometido a cargo de los integrantes de la comunidad en defensa de la ecología; es decir, lo prevé como un derecho-obligación de las personas, como una participación activa por un medio ambiente sano y por la preservación a los recursos naturales, para lo cual basta transcribir, los artículos 157, 180 y 189 de este ordenamiento:

ARTÍCULO 157.- El Gobierno Federal deberá promover la participación corresponsable de la sociedad en la planeación, ejecución, evaluación y vigilancia de la política ambiental y de recursos naturales.”

ARTÍCULO 180.- Tratándose de obras o actividades que contravengan las disposiciones de esta Ley, los programas de ordenamiento ecológico, las declaratorias de áreas naturales protegidas o los reglamentos y normas oficiales mexicanas derivadas de la misma, las personas físicas y morales de las comunidades afectadas tendrán derecho a impugnar los actos administrativos correspondientes, así como a exigir que se lleven a cabo las acciones necesarias para que sean observadas las disposiciones jurídicas aplicables, siempre que demuestren en el procedimiento que dichas obras o actividades originan o pueden originar un daño a los recursos naturales, la flora o la fauna silvestre, la salud pública o la calidad de vida. Para tal efecto, deberán interponer el recurso administrativo de revisión a que se refiere este capítulo.”

ARTÍCULO 189.- Toda persona, grupos sociales, organizaciones no gubernamentales, asociaciones y sociedades podrán denunciar ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente o ante otras autoridades todo hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir desequilibrio ecológico o daños al ambiente o a los recursos naturales, o contravenga las disposiciones de la presente Ley y de los demás ordenamientos que regulen materias relacionadas con la protección al ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico…

Ahora bien, sobre la obligación de presentar la manifestación de impacto ambiental, obligación esencial para preservar la ecología y cuyo cumplimiento se ha omitido de manera sistemática en esta materia según la denuncia de las comunidades afectadas, la misma Ley del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente en sus artículos 28 y 30, señala:

ARTÍCULO 28.- La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la Secretaría establece las condiciones a que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan causar desequilibrio ecológico o rebasar los límites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas, a fin de evitar o reducir al mínimo sus efectos negativos sobre el medio ambiente….

ARTÍCULO 30.- Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 28 de esta Ley, los interesados deberán presentar a la Secretaría una manifestación de impacto ambiental, la cual deberá contener, por lo menos, una descripción de los posibles efectos en el o los ecosistemas que pudieran ser afectados por la obra o actividad de que se trate, considerando el conjunto de los elementos que conforman dichos ecosistemas, así como las medidas preventivas, de mitigación y las demás necesarias para evitar y reducir al mínimo los efectos negativos sobre el ambiente.

Cuando se trate de actividades consideradas altamente riesgosas en los términos de la presente Ley, la manifestación deberá incluir el estudio de riesgo correspondiente.

Si después de la presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al proyecto de la obra o actividad respectiva, los interesados deberán hacerlas del conocimiento de la Secretaría, a fin de que ésta, en un plazo no mayor de 10 días les notifique si es necesaria la presentación de información adicional para evaluar los efectos al ambiente, que pudiesen ocasionar tales modificaciones, en términos de lo dispuesto en esta Ley.

Los contenidos del informe preventivo, así como las características y las modalidades de las manifestaciones de impacto ambiental y los estudios de riesgo serán establecidos por el Reglamento de la presente Ley.”

III. Para cumplir con el derecho-obligación a un ambiente adecuado, las personas y comunidades que se involucran en estas luchas, entrelazan su ejercicio con las garantías individuales de libre manifestación de las ideas; derecho de petición; derechos de reunión y asociación, entre otros. Por ello, al hostigar a las comunidades que se movilizan para exigir el respeto a sus derechos la salud y a disfrutar de un medio ambiente sano para las familias, la autoridad violenta de manera inadmisible un amplio abanico de garantías individuales y sociales, lo que cuestiona la vigencia del propio Estado de Derecho y de la esencia de la democracia, lo que de ninguna manera puede ser tolerado por el Poder Legislativo en su carácter de representante del pueblo y de la Nación.

Por lo dicho, hasta este punto coincidimos con el contenido de esta proposición. Debe quedar claro que la organización y lucha de la comunidades por preservar el medio ambiente, son acciones que fomenta el marco jurídico de protección ambiental en nuestro país, comenzando por nuestra Constitución Federal. Ello, en virtud de que un medio ambiente sano constituye la base de la vida y salud, de los individuos y de sus familias y comunidades.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Primera Comisión de Trabajo, Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia, somete a la consideración del Pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el siguiente

PUNTO DE ACUERDO

ÚNICO.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de que en el marco de sus atribuciones contribuya al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como a la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en contra de las personas mencionadas anteriormente.

Sala de Comisiones “Octavio Paz” de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, a los 18 días del mes de agosto de 2009.


El Congreso de la Unión aprueba una demanda política de cese a la represión a los luchadores contra las mineras

Punto de Acuerdo que se dictamina denuncian la represión de que son objeto los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, especialmente tratándose de la minería de tajo a cielo abierto en los Estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Jalisco, Sonora Hidalgo, San Luís Potosí, represión que incluye amenazas de muerte e ilegales órdenes de aprehensión, razón por la cual se demanda cesen los actos de hostigamiento, destacadamente se cancelen de inmediato las órdenes de aprehensión.

Así mismo, los proponentes señalan que en el Foro “La Minería de Tajo a Cielo Abierto, Sus Impactos En La Sociedad, El Medio Ambiente, La Ecología y Los Recursos Naturales. La Tarea Legislativa”, realizado en la H. Cámara de Diputados los días 22 y 23 de julio de 2009, se recogieron innumerables testimonios sobre el impacto socioambiental que causa la conducta ilícita de la industria minera, caracterizado por:

a. “Violación a las leyes ambientales en complicidad con autoridades de los 3 órdenes de gobierno.

b. “La violación de derecho de consulta previa, libre e informada de los pueblos.

c. “Violación al derecho elemental a un ambiente sano y a la salud.

d. “Carencia de manifestación de impacto ambiental.

e. “Desacato al cumplimiento de resoluciones judiciales adversas a la industria.

f. “Arbitrario cambio de uso de suelo.

g. “Despojo de recursos naturales a comunidades y ejidos.

h. “Devastación ambiental del entorno en el que se ubican.

i. “Persecución judicial y extrajudicial de los luchadores ambientales.

j. “Pérdida de la soberanía nacional.”


Ante estas violaciones, agregan los proponentes, las comunidades quedan en estado total de indefensión y pese a ello, han logrado organizarse en torno a la defensa de sus garantías individuales consagradas en
la Carta Magna, lo que ilegalmente ha originado la criminalización de los luchadores ambientales.

Los proponente ejemplifican su dicho mencionando a los Luchadores ambientales de la Mina de Barita del Ejido Grecia del Municipio de Chicomuselo en Chiapas: Mariano Abarca Roblero, Álvaro Aguilar Sánchez, Bulmaro Ramírez González, Franselia Ventura Gordillo, Aracely Ruiz Aguilar. A Agustín Roberto Ríos Cruz, deOcotlán, Oaxaca, Evelia Bahena García. Luchadora ambiental en el caso del Ejido del Real de Limón y Fundión Nuevo Balsas, Atzacala contra Minera Media Luna Subsidiaria de TECKCOMINCO; Esteban Guzmán Pulgarín. Ejido Ayotitlán Municipio Cuautitlán. Félix Monrroy Rutilo de la Comunidad de los Potros Peña Colorada y conflicto de límites Jalisco y Colima. Teresa López Zúñiga, Yoali Sionari Guerrero luchadoras contra el basurero tóxico en Zimapán, Hidalgo; Sobre la lucha ambiental en Coahuila: Francisco Rodríguez de Carrisaltillo. En Chihuahua: José Luis Alonso Vargas, David de la Rosa. Del Istmo de Tehuantepec del Estado de Oaxaca contra Cementera Cruz Azul: José Luis Godínez Velázquez, Antonio Jiménez Tolentino, David Altamirano Godínez, Lic. Beas, Sr. Teodocio.

Por lo anterior, la singular proposición aprobada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión concluye con el siguiente resolutivo:

Único.- La Comisión Permanente del H. Congreso de la Unión, exhorta al Titular del Poder Ejecutivo Federal con el fin de que en el marco de sus atribuciones contribuya al cese inmediato de las acciones de hostigamiento que sufren todos los luchadores ambientales de las comunidades afectadas por las actividades mineras, así como a la cancelación inmediata de las órdenes de aprehensión en contra de las personas mencionadas anteriormente.