martes, 30 de junio de 2009

La junta del buen gobierno "corazón del arco iris de la esperanza"



Otra más sobre el ESTADO DE DERECHO, que como sabemos en nuestro país aún sin golpe de Estado, sólo existe en la imaginación de quienes detentan el poder y para sus aliados de siempre. Esto sucede en México para quienes lo duden.



La junta del buen gobierno "corazón del arco iris de la esperanza"

caracol IV torbellino de nuestras palabras. Morelia, Chiapas, México

28 de junio de 2009

A los medios de comunicación alternativos.

A I@s compañer@s adherentes de la otra campaña de México.

A I@s compañer@s de la otra sexta internacional.

A los organismos de derechos humanos.

Compañeros y compañeras.

Ésta junta del buen gobierno hacemos pública nuestra denuncia de un acto provocativo del señor Baltazar Domínguez Trejo de la fecha 16 de junio de 2009, mandando un grupo de 12 personas según para posesionarse en el poblado 16 de febrero donde ya viven en el lugar nuestros compañeros bases de apoyo tomado por el EZLN de 1994.

Está enviando a vivir en el lugar las 12 persona porque según Baltazar Domínguez ya les vendió el terreno y significando que ésta persona está renegociando la tierra recuperada porque sabemos que dicho terreno ya está pagada por el mal gobierno. Además es totalmente increíble sus argumentos porque ante ésta situación en que vivimos por la crisis creado por Felipe Calderón yel neoliberalismo es incansable el dinero para comprar cosas materiales de valor.

De la fecha 16 de junio de 2009, llegaron en el poblado de nuestros compañeros las 12 personas queriendo expulsarlos de sus casas y llevaban la disposición de quedarse a construir sus casas y pasaba lo que pase porque llevaban machete en la mano, lonas y cobijas.

La postura de nuestros compañeros y todos nosotros que jamás dejaremos las tierras recuperadas porque ya están pagadas por sangre de nuestros compañeros caídos.

Cuando estaba a punto de un enfrentamiento de eso llegó una persona empleado de gobierno que es operador público de nombre Oscar Pérez Hernández según para calmar el ánimo del enfrentamiento que estaba para sucederse.

En que podemos confiar de ellos, cuando sabemos que son los mismos y los mismos del mal gobierno que es parte actor de impulsar la contrainsurgencia que está pasando en nuestras regiones y sin vergüenza de él, disque llegó para calmar el ánimo de la violencia, cuando sabemos que está dentro de sus planes de los 3 niveles del gobierno de acabar las comunidades indígenas con sus culturas.

Mientras salía de un viaje nuestro compañero que es nombrada por los pueblos zapatistas asignada como comisión de tierra, el 27 de junio de 2009 eso de las 8 de la mañana, nuestro compañero Juan Cruz Pérez se dio cuenta que está vigilada sus salidas en cumplir su misión por 4 personas de las 12 personas que intentaron ocupar el terreno donde viven nuestros compañeros.

En una esquina sin saber nombre de la calle se dio cuenta que estaba perseguido por una persona sin saber su nombre y cuando estaba en la camioneta que viajaba llegaron 4 personas de las 12 personas provocadoras enviadas y manipuladas por Baltazar Domínguez Trejo

La situación actual está cruda por las amenazas que les llegan a nuestros compañeros, en éstas últimas fechas en boca de las 12 personas que llevarán a vivir y posesionarse en el poblado 16 febrero, 80 personas de Huixtán y más 30 personas de Ocosingo.

Y no solo esa amenaza, hoy nuestro compañero Juan Cruz Pérez, comisión de tierra del municipio autónoma Lucio Cabañas está amenazado de tener una orden de aprehensión, inventándole delitos. Nuestro compañero dice que se siente inocente porque nada malo está haciendo.

De las 12 persona que están impulsando las amenazas a nuestros compañeros son:

Nasario Hernández, Gerónimo de Mesa Guzmán y José López Pérez de la colonia de los pinos (3) de Ocosingo, Chiapas.

Hacemos ésta denuncia pública para evitar derramamiento de sangre y nosotros como juntas del buen gobierno tenemos esa preocupación con nuestro gobierno porque nosotros no buscamos la muerte por eso denunciamos lo que está sucediendo.

Como éste problema no es la única, así sucede en otros poblados de nuestros compañeros que existe el plan de provocarnos es sin dudar que está metido las instituciones del mal gobierno.

Aunque diga Juan Sabines que respeta nuestros poblados pero en los hechos vemos actos de provocación, buscando la manera de cómo desalojarnos.

Si sigue habiendo éste acto de provocación responsabilízamos directamente los señores Felipe Calderón y Juan Sabines.

A T E N T A M E N T E

La Junta del buen gobierno

domingo, 21 de junio de 2009

Sólo dolor y destrucción traen mineras y gobiernos, señalan integrantes de la Rema



JAIME HERNANDEZ ORTIZ

Telcruz, municipio de Ayotitlan de Garcia Barragan, Jalisco.- Abandono, crimen y saqueo continuo de riquezas son las respuestas que dan los gobiernos a las demandas de los afectados por las minas.

Al iniciar en esta comunidad el Taller de reflexión y acción frente a la minería, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) al que acudieron más de 70 personas en representación de más de una docena de comunidades de Jalisco, Oaxaca y Michoacán, los asistentes expusieron la diversa problemática que viven desde hace varias décadas, cuyo signo distintivo ha sido el conflicto, la inseguridad jurídica, el despojo de tierras y riqueza natural, además del deterioro ambiental.

Juan Carlos Marmolejo, integrante de Guardianes de la Selva, de Coahuayana, Michoacán, denunció a la Minera Ternium, que sin permiso se apropió de 6 mil hectáreas, 2 mil de El Palacio del Rey Tolimán, lugar desde donde este antiguo monarca indígena se opuso a los españoles. El grupo guardianes presionó al gobierno de Leonel Godoy, quien por su conducto logró a la empresa respetara el cerro de La Aguja; sin embargo, ha estado perforando pozos por medio de una empresa canadiense a la que parcialmente han logrado detener con bloqueos en obras.

José Santos Rosales, de la cuenca del río Marabasco, Roblada de la Cruz, integrante del Consejo de Mayores Telcruz, cuestionó que a veces ejidatarios los han dejado solos mientras que “son otros los cobran en arreglos y que son los de Ayotitlán”.

Celedonio Monroy, de Loma Colorada, cuestionó la contaminación de polvos de detonaciones en el cerro de Los Juanés, en la expansión de la minería: “los niños tienen los ojos rojos y la ropa siempre está tiznada, no se les atiende de salud y la Minera del Norte sigue estas acciones sin que nadie la detenga”.

Julián Sánchez Monroy, de Pesadas, anexo al ejido de Ayotitlán, dijo que ahora hay otra minera, La Monclova, “ya están a unos metros de nuestras casas, nosotros absorbemos los problemas y ya hasta modificaron el nombre del río Marabasco, que se llama ahora Minatitlán, de acuerdo con sus conveniencias. La minera ya hasta donó un camino a Las Pesadas, donde pusieron hasta una aduana para cobrar el paso. El Ayuntamiento se encarga ahora de molestarnos y cuando los animales rebasan limites con Colima, les cortan orejas y rabos; los mutilan, y así nos los regresan”.

Esteban Guzmán, también de Las Pesadas y ex trabajador de la minera Peña Colorada, enseñó su brazo accidentado, con daños que han crecido debido a químicos a los que estuvo expuesto “y de esos caso hay muchos y no se habla, pues ante estos accidentes, o los compran o los corren”.

Candelaria Zambrano, indígena de San Gabriel, dijo que cuando Colima entró a Plan de Méndez “y me opuse, me acusaron de querer matar a una persona que me amenazó con una pistola; al rato me capturan junto con mis hijos, me torturaron y estuve detenida dos años; al llevarme detenida dejaron que me arrastrara el río y de ese accidente perdí la matriz. Aún así fui sentenciada a siete años de prisión”.

Benjamín Luna, del ejido Rebalse de Cihuatlán, dijo que “ahí se le tiene miedo al grupo de los Leaño, quienes contraviniendo la ampliación del ejido, se pregunta: ¿qué ha hecho el gobierno de Jalisco ante las empresas controladas por los caciques?, los pescadores ya hemos perdido La Almeja y El Chacal, se extinguieron desde hace tiempo y de ahí comíamos. Igual pasa con los manglares que están resistiendo, pero poco a poco a poco están desapareciendo”.

De Villa Purificación denunciaron que desaparecieron tres de las cinco comunidades indígenas: La Saloya, Los Achotes y Siete Iglesias, “porque los ricos convencieron a los comuneros a tener la pequeña propiedad, y han desaparecido ya esas comunidades por privatizarse”.

Beatriz Cariño, de Rema de la región sur, dijo que “es bastante duro escuchar los problemas tan difíciles que tienen nuestros pueblos, y es el mismo dolor que resiente aquí y el que se siente allá en mi tierra mixteca. Somos los mismos hombres del color de la tierra que exigimos un lugar en la historia de este país”.

Jesús Hermenegildo, del Frente Pro Manantlán, dijo estar decepcionado de una reunión en el Congreso de Jalisco en el que se dijo que “apenas se va a buscar una solución al conflicto de límites”; que el Ejido de Ayotitlán de más de 400 mil hectáreas que tenía apenas se le reconocen 30 mil. Además “la minera influye para que no se reúnan libremente los ejidatarios indígenas a discutir los problemas. Pero lo que más nos ataca es nuestra pobreza extrema”.

Denunciaron el caso reciente de que el pasado jueves 11 de junio tres nahuas de La Astilla que iban hacia Las Pesadas se volcaron en una camioneta quedando prensados; al pedir ayuda a policías de Colima, éstos se negaron con el pretexto de que no era su “competencia”; uno está grave y policías del gobierno de Jalisco “tampoco se arrimaron”.

Oscar González, del Secretariado de la Rema, dijo que “gobiernos y mineras prometen beneficios y han traído sólo destrucción y dolor. Además los gobiernos no los ayudan, los dejan solos; la única manera que tienen los indígenas es ayudarse y organizarse entre ellos. La violación a sus derechos colectivos y ambientales es una constante, además de incumplirse el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es letra muerta”.

martes, 16 de junio de 2009

También decimos ¡Qué se vayan todos!






Mucho se ha debatido y se sigue debatiendo sobre el inevitable proceso de transformación que el país requiere, en todos los ámbitos de la vida nacional, en unos más en otros menos, los temas diarios giran alrededor de la viabilidad o no de un país, que sumido en una profunda crisis, que desde hace ya mucho tiempo dejó de ser sólo económica, se ve cada día más al borde del negro abismo de la confrontación fraticida, sin que ningún poder terrenal tenga la autoridad moral para rescatarlo.

La clase política, cada vez menos influyente, fuera de sus tradicionales cotos de poder, ahora cercados por la inefable presencia del narcotráfico, el cáncer que ha corrompido las entrañas del Estado mexicano, que como testificamos recientemente no distingue colores o “ideologías”, si es que estas existen todavía, se apresta para escenificar, una vez más el ya de por sí, desabrido espectáculo del circo electoral.

En el colmo de la inmoralidad la vieja oligarquía, o sus testaferros, pretendidos herederos de la familia “revolucionaria” callista de los 20’s, escenifica burdos culebrones en los que redescubren, sus desde siempre conocidas miserias, así, ex presidentes decrépitos por el tiempo y por sus prácticas de entonces y de ahora, relanzan acusaciones sobre corruptelas y sucias alianzas delincuenciales, como si ello pudiera ser novedoso, lamentablemente eso dejó de asombrarnos desde hace ya mucho tiempo, probablemente porque como sociedad no hemos conocido, a los largo de nuestra historia alguna otra forma de ejercicio político, la máxima “él que no tranza no avanza” del carrancismo, dejó su lugar al ”político pobre es un pobre político” del hankismo y sus herederos del salinismo y el actual calderonismo, recuérdese a los Mouriño, es decir la corrupción, el nepotismo y todos los vicios no mencionados han sido la divisa del poder.

En medio de todo ello, afortunadamente se expresa una amplia gama de movimientos emergentes que buscan a través de variadas formas de expresión y, sobre todo de organización, generar una nueva oportunidad para que México despierte y, por fin, se decida a construir una sociedad cuya divisa sea la dignidad de todos y todas los y las que conformamos éste mosaico multicultural que aspira a convertirse en una nación.

Ante ello, evidentemente llegó la hora de abandonar conceptos monolíticos que no solo han limitado, sino que han impedido el pleno ejercicio de la democracia y la soberanía de los pueblos, en el entendido de que al ser un país multicultural convivimos en este espacio una variada gama de identidades, muchos pueblos una sola nación podría ser la gran divisa.

En este marco la oligarquía blandiendo lo que queda del Estado y renunciando a la defensa de la soberanía nacional, amenaza con precipitar el caos y aunque a viva voz declaran, al más puro estilo de las dictaduras tradicionales, “el caos o yo”, hacen todo lo posible por agitar las aguas de la ya de por sí frágil paz social. La vía elegida por el Estado es el etnocidio directo y la entrega inmoral de la riqueza nacional a las grandes transnacionales, vía los megaproyectos del gran capital y si hay oposición y resistencia el exterminio directo es la ruta.

No es necesario hacer una sesuda reflexión ni una profunda investigación, a lo largo y ancho del país, en cualquier punto de la geografía del nacional, tal como lo harían los delincuentes novatos, van dejando huellas de sus aviesas intenciones, despojos, asesinatos, amenazas, persecuciones, fabricación de delitos, desapariciones, etc., son solo unos cuantos ejemplos de ello, al mismo tiempo los viejos caciques, aliados al narcotráfico están prohijando una nueva generación de politicastros que refuerzan esta ofensiva, ya no por razones de Estado, como solía decirse, sino por intereses personales, las declaraciones de algunos de ellos apuntan claramente en esa dirección, actúan como voceros oficiosos de las transnacionales sin asomo de pudor, traicionando su juramento de cumplir y hacer cumplir la Constitución.

Tal como lo hemos hecho desde hace siempre, los mexicanos verdaderos, los de carne y hueso, sin nada que ver con la macroeconomía ni con las realidades virtuales en que la clase política se regodea, cada vez más dependiente del aparato represivo y de la suripanta en que han convertido al poder judicial, reclamamos el espacio que nos corresponde por la vía de los hechos. Es hora de gritar, “Que se vayan todos”, que nos permitan ejercer nuestro derecho a la “autonomía”, si no pueden resolver los problemas del país lo haremos nosotros mismos, no los necesitamos, nunca lo hemos hecho. Solo el pueblo salva al pueblo.

Finalmente, solo la verdadera organización, fundada en los intereses y necesidades reales de las comunidades, sean urbanas o rurales, permitirá resignificar la política y devolverle su sentido de servicio y búsqueda del bien común, ¡No a la mercantilización del ejercicio político, sí a una vocación de servicio y honestidad!, sólo así será realidad una verdadera y duradera paz con justicia y dignidad.


lunes, 15 de junio de 2009

Minera San Xavier, delincuencia organizada y Estado fallido





Otra más de mineras para quienes aún tienen la ilusión de que la explotación minera deje algún beneficio para los pobres de las comunidades y ejidos, sobre todo si son indígenas, sería muy bueno conocer las pruebas en contrario que dicen poseer, entre ellos el autodenominado gobernador de Oaxaca, URO, con sus recientes declaraciones y amenazas en Teotitlán sobre la inminencia de la explotación en la región cuicateca.



Minera San Xavier, delincuencia organizada y Estado fallido
Juan Carlos Ruiz Guadalajara*


Algunos tribunales y secretarías de Estado han renunciado a sus tareas trocándose en facilitadores de lucrativos proyectos empresariales en perjuicio de la ley y del patrimonio nacional. Tal es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), instancias que se han entregado a la corrupción que fomenta la minería canadiense frente a la nueva fiebre del oro que azota a México. El ecocidio y el crimen contra el patrimonio histórico que padecen Cerro de San Pedro y el valle de San Luis Potosí son la prueba contundente de ello.

Calificado por Greenpeace como el asunto más escandaloso de violación a los derechos ambientales de los mexicanos, el proyecto de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuro en Cerro de San Pedro por New Gold-Minera San Xavier coloca al país en el escenario de un Estado fallido. Dicha empresa se ha constituido en un metapoder, arrasando un extenso territorio declarado en 1993 zona de restauración de la vida silvestre y tejiendo complicidades que la mantienen operando. De poco ha servido el proceso legal que en defensa del medio ambiente comenzó un grupo de ciudadanos que documentaron los impactos irreversibles que provoca la autodenominada minería moderna a cielo abierto, percatándose además de la existencia de leyes que hacían legalmente imposibles las ambiciones de Minera San Xavier. Mas el poder y la impunidad hacen milagros en México, sobre todo cuando la minería canadiense aprovecha la triste experiencia que ha acumulado en su paso por naciones subdesarrolladas.

Desde su llegada en 1995 hasta el inicio de la resistencia jurídica en 1999 la Minera San Xavier arrendó 290 hectáreas del ejido Cerro de San Pedro a falsos ejidatarios, adquirió ilegalmente fincas abandonadas del casco histórico, dividió a los pobladores incentivando conflictos, ocultó información al valle de San Luis sobre los irreversibles efectos de su proyecto y fustigó a opositores, incluido Baltasar Loredo, presidente municipal asesinado en 1998 tras pronunciarse en contra de la mina. Desde 1999 Pro San Luis Ecológico, a través de Héctor Barri, encabezó la estrategia jurídica para anular el permiso condicionado de cambio de uso de suelo que Semarnat le dio a Minera San Xavier. La victoria ciudadana llegó en junio de 2004, cuando el noveno tribunal colegiado estableció que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización a la empresa, por ser un proyecto violatorio de múltiples leyes. Dicha sentencia quedó firme en octubre de 2005 cuando el TFJFA cumplimentó una ejecutoria, ordenándole a Semarnat una respuesta en ese sentido a Minera San Xavier.

¿Por qué, entonces, ha desaparecido el Cerro de San Pedro y se ha dañado irreversiblemente su entorno? Desde el año 2000 y en medio de la frustrada transición democrática, Minera San Xavier obtuvo la complicidad de Vicente Fox. Lo mismo sucedió a nivel estatal en 2003 con el panista Marcelo de los Santos. Al grito de un gobierno de empresarios para los empresarios y ante el inminente colapso jurídico de Minera San Xavier, Fox declaró en 2004 su apoyo total a las mineras canadienses por ser altamente ecológicas y cuidadosas del medio ambiente (sic). La empresa contaba con los servicios jurídicos de Ángel Candia Pardo (abogado del PAN estatal y entonces socio de Alejandro Zapata, actual candidato panista a gobernador), y colocó al frente de su proyecto a Jorge Mendizábal (tío del presidente del PAN estatal). Entre 2005 y 2006 estos personajes y sus cómplices traficaron influencias, removieron funcionarios, sobornaron, violaron amparos y obtuvieron permisos ilegales del INAH y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, en abril del 2006 y en desacato a la sentencia definitiva que canceló el proyecto, la Semarnat dio una nueva autorización a Minera San Xavier.

Pro San Luis Ecológico presentó entonces un recurso de queja al TFJFA, mismo que fue rechazado por el magistrado Alejandro Sánchez, quien pretendió enviar a la sociedad civil a otro juicio para anular el nuevo permiso ambiental. Ante la irregularidad de este fallo que avalaba el desacato de la Semarnat, los ambientalistas demandaron penalmente al magistrado y buscaron el amparo de la justicia federal, mismo que llegó hasta abril de este 2009 con la ratificación de la sentencia definitiva de 2005. Sin embargo, Minera San Xavier no se detiene. Para mantener su depredador proyecto la trasnacional confía en la obstrucción de la justicia y en la efectividad de la delincuencia organizada que encabeza.

La pobreza e ignorancia de las comunidades afectadas, el incumplimiento de la ley y la corrupción son características que las mineras canadienses buscan alrededor del mundo para configurar lo que denominan friendly jurisdictions (jurisdicciones amigables a sus proyectos ecocidas). Un indicador de nuestras actuales miserias como país lo constituye el hecho de estar clasificados por la minería canadiense como una friendly jurisdiction, situación que no preocupa a Felipe Calderón y su partido. Todavía el pasado lunes y a pregunta expresa sobre Cerro de San Pedro, el candidato panista a gobernador, Alejandro Zapata, afirmó que ante la violación de la ley, lo que procede es cambiar la ley. Si las leyes no se ajustan a los intereses empresariales, lástima por las leyes. Lo anterior no es privativo del PAN. Amalia García ha entregado a intereses canadienses el municipio de Mazapil, donde está en marcha el tajo a cielo abierto más grande de América Latina. En Oaxaca 29 megaproyectos mineros cuentan con el aval de Ulises Ruiz, con todo lo que ello implica en destrucción del territorio, desplazamiento de comunidades, contaminación irreversible y persecución de opositores.

El Estado fallido se fortalece en México con la proliferación de bandas político-empresariales que han eliminado la soberanía del país y su viabilidad ambiental. Un Estado verdadero garantiza la salud, el empleo, la educación y la certeza jurídica a sus ciudadanos. Todo ello ha sido desmantelado por Fox y perfeccionado por Calderón. Mientras Minera San Xavier continúe en México y no exista castigo a los responsables de violar la ley y generar daños irreversibles a la nación, no nos quedará más que la certeza de lo fallido del Estado mexicano, conclusión preocupante para un país que se siente eterno y se apresta a celebrar sus escasos 200 años. Ni Independencia, ni país, ni nada: en lugar de Vicentes Guerreros con frases bicentenarias sobre la primacía de la patria, ahora contamos con bandas organizadas que desde el poder le dicen a su tierra: ¡El oro es primero!

* Investigador de El Colegio de San Luis AC



jueves, 11 de junio de 2009

Afectados por la minería

LA JORNADA JALISCO

JUNIO 10 DE 2009

JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ

Trabajadores de juzgados y del Poder Judicial del Estado se manifestaron en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez para pedir al gobierno un aumento salarial

Trabajadores de juzgados y del Poder Judicial del Estado se manifestaron en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez para pedir al gobierno un aumento salarial Foto: PIDEN AUMENTO SALARIAL / HECTOR JESUS HERNANDEZ

La minería, al igual que hace siglos, sigue jugando un papel determinante en la explotación y saqueo de la riqueza y de los recursos naturales de nuestro país.

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), tan sólo entre 2005 y el primer trimestre de 2009 el gobierno federal entregó 2 millones y medio de hectáreas en concesiones mineras en la región de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, una superficie que representa el 15.6% de todo el territorio de Nayarit, 12.3% de Jalisco, 12.8% de Colima y 16.4% de Michoacán.

De acuerdo con este organismo, “ni en los crueles tiempos de la colonia, ni bajo la dictadura de don Porfirio, la agresión a las comunidades rurales y a la madre tierra fue tan grande como en los últimos gobiernos”.

Así, gracias a la política entreguista del gobierno, reflejo de una política neoliberal, se sigue despojando a numerosas comunidades de sus tierras y recursos.

No obstante que el derecho que se practica en tribunales y casos litigiosos sigue siendo clasista y racial, han existido importantes avances en materia internacional que pueden ser auténticas herramientas para evitar el despojo cotidiano del patrimonio de decenas de comunidades que hoy por hoy se ven laceradas por la acción de mineras nacionales y trasnacionales.

Primer encuentro

Hace casi un año se realizó el primer encuentro de la Rema, en el poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, los días 19, 20 y 21 de junio.

Ahí, los asistentes, además de respaldar a los pobladores contra la construcción de la presa El Zapotillo, denunciaron una serie de acciones de hostigamiento y represión contra los esfuerzos organizativos de defensa de comunidades en diversos estados de la República:

De Guerrero se denunció el hostigamiento de que han sido objeto los opositores a los trabajos de explotación en el ejido Real de Limón y Nuevo Balsas, municipio de Cocula, realizadas por la minera Media Luna, subsidiaria de la corporación canadiense Teck Cominco; así como de amenazas de muerte. De Oaxaca se denunció la actitud alevosa de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, que sin mediar consulta entre comuneros del municipio de San Juan Tepeuxila, distrito de Cuicatlán, subastó al mejor postor una extensión de 3 mil 500 hectáreas de terreno comunal. De Chihuahua se denunció la nula respuesta que la Minera Dolores, subsidiaria de la trasnacional canadiense Minefinders, a la demanda de los pobladores del ejido Huizopa, del municipio de Madera, por la arbitraria propuesta de desalojarlos de su pueblo para explotar recursos del subsuelo.

De Jalisco y Colima se denunció el asedio que desde el 12 de diciembre de 2007 diversas corporaciones policiacas del gobierno del estado de Colima, que encabeza Silverio Cavazos Ceballos, contra habitantes de los poblados nahuas de El Platanar, en el ejido Plan de Méndez, y Las Pesadas, en el ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, donde están asentadas las minas a cielo abierto Peña Colorada y Minera del Norte, subsidiarias de la corporación ítalo-argentina Ternium-Hylsa; generando entre otros el conflicto de límites territoriales, con más de 406 kilómetros cuadrados y desplazamientos humanos donde existen violaciones continuas a derechos fundamentales.

Declaración de Temacapulín

Además de denunciar decenas de casos en similar situación, en dicho encuentro la Rema emitió la Declaración de Temacapulín, que fue suscrita por más de 40 organizaciones de 12 entidades. Ahí se señalaron, entre otros puntos:

“Contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos 25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas, 200 mil kilómetros cuadrados; es decir, el 9 por ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado, como concesiones mineras.

“Bajo un nuevo colonialismo, las empresas invaden territorios de nuestros pueblos originarios, para apropiarse de las entrañas de nuestra tierra. Millones y millones de toneladas de suelo y rocas son removidas con maquinaria pesada y envenenadas con químicos, dejando impactos, efectos y trastornos a nuestra población a cambio de una nueva falsa modernidad.

“Con una falsa idea del “desarrollo”, del “progreso” y “la modernidad” que la globalización corporativa y su sistema de especulación financiera alientan, se repite el saqueo y la exportación de recursos minerales, dejando a los pueblos y comunidades pagar los costos de la destrucción sistemática.

“Empresas cómplices invaden territorios engañando a la población y corrompiendo a las autoridades locales y estatales: las falsas promesas de bienestar, carreteras o miserables rentas por la tierra, son los anzuelos tradicionales o los nuevos espejos o cuentas de vidrio a cambio de metales preciosos o industriales”.

Segundo taller

Dado lo anterior, se acordó continuar en la Rema y en la organización de las comunidades para la acción, prevención y defensa íntegra de los recursos y derechos de las comunidades; proporcionar información sobre derechos, leyes y medios efectivos, y avanzar en propuestas alternativas, justas y efectivas desde los intereses populares.

De esta forma, se llevará a cabo el segundo taller de Reflexión y Acción Frente a la Minería, este fin de semana, del 12 al 14 de junio de 2009, en Cuautitlán de García Barragán, que reunirá a miembros de la región Occidente y Centro de la República. Interesados, consultar myor información en el correo de la Red Jalisciense de Derechos Humanos: tenamaxtli3@yahoo.com.mx.

Entrega España al Centro Frayba el Premio Fray Bartolomé de las Casas

Es un acto de justicia histórica, afirma el obispo Raúl Vera
La ceremonia, en el Palacio de la Zarzuela; el embajador, ausente

Armando G. Tejeda. Corresponsal. Madrid, 10 de junio. Un acto de “justicia histórica”, según la definición del obispo de Saltillo, Raúl Vera, se hizo realidad hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, donde la organización que fundó en 1989 Samuel Ruiz para proteger los derechos más elementales de los indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (también conocido como Centro Frayba), recibió de manos de los príncipes de Asturias el Premio Fray Bartolomé de las Casas. La labor del fraile dominico español en defensa de los pueblos originarios, durante la conquista, se enlaza ahora, en pleno siglo XXI, con la tarea infatigable de este centro, considerado “objetivo militar” para el Estado mexicano, según palabras de su director, Diego Cadenas.

En un acto sobrio –al que no acudió el embajador de México en España, Jorge Zermeño–, los príncipes Felipe y Letizia realizaron el primer reconocimiento público internacional a un centro que desde su creación ha defendido a los pueblos indios de Chiapas. Su labor, que ha estado amenazada de forma permanente, sobre todo a raíz de la irrupción en la vida nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), representa para el Estado español un “ejemplo” del fomento del “diálogo, la tolerancia y la reconciliación”.

El discurso oficial del gobierno español estuvo a cargo de la directora de la Agencia Española de Cooperación, Elena Madrazo, quien destacó frente a los príncipes y los dos representantes del Frayba –Diego Cadenas y Raúl Vera– que su labor es “meritoria”, pues además de ser “referencia” para los pueblos indígenas lleva a cabo un “trabajo de investigación y documentación de las violaciones al respeto a la vida, como desapariciones, muertes o torturas”.

Edificará su propia sede
El galardón, dotado de 70 mil dólares, servirá para que el Frayba construya una sede propia en San Cristóbal de las Casas, ya que la actual es rentada, pero además supone una “protección” más para la labor que realizan. “No es una armadura, pero sí puede servir para que nos miren con más respeto. Aunque también tenemos claro que cuando el Estado y el gobierno consideren que es el momento de entrar en una nueva fase más violenta contra el movimiento indígena, el Frayba será también un objetivo militar”, señaló Cadenas en entrevista con La Jornada.
En su discurso en el palacio real, los representantes del Frayba recordaron a su fundador, Samuel Ruiz, quien no pudo viajar por motivos de salud, e insistieron en la enorme tarea que tienen por delante, pues –insistieron– la situación de los pueblos indígenas de México se “deteriora cada vez más”.

El obispo Raúl Vera, vicepresidente del Frayba, añadió sobre el gobierno de Felipe Calderón: “Es evidente por todos lados el deterioro en la vida del país. La inseguridad en la que vivimos, la desarticulación del Estado se deja sentir a diario, como con el terrible siniestro de la guardería de Hermosillo. Eso es un signo evidente del abandono social, de la desarticulación del país, de la poca confiabilidad que muestra este régimen. En general, las condiciones de la vida del país no han cambiado; seguimos teniendo migración, la pérdida de puestos de trabajo, el encarecimiento de la vida, la insuficiencia alimentaria en la que vivimos desde hace mucho tiempo y, por supuesto, que los pueblos indígenas siguen desatendidos”.

En relación con la importancia del galardón, Vera insistió en que es un “signo esperanzador” y acto de “justicia histórica”, pues “que ahora premien a un centro de derechos humanos abocado a los pueblos indígenas del sureste de México es un signo de esperanza, ya que el día de hoy nosotros representamos de alguna forma a los pobres, a los marginados que una sociedad egoísta excluye y que para nosotros son sujetos. Por eso levantamos la voz por los derechos de los pobres del mundo, de los campesinos, de los obreros, de los migrantes”.

Vera también quiso resaltar la situación actual de los pueblos indígenas, que además de las penurias habituales ahora son víctimas de la migración y de la barbarie del crimen organizado, sin que el Estado intervenga en su auxilio. “En estos momentos, en los pueblos indígenas se ha incrementado el fenómeno de la migración. Pero a ese fenómeno hay que añadir el tema de la seguridad, pues para ellos en este proceso migratorio son presas fáciles para el crimen organizado. Últimamente también están secuestrando a migrantes –muchos de ellos indígenas–; los encierran en casas de seguridad, les exigen que les den los teléfonos de sus familiares en el norte para ellos llamarles y exigirles una cantidad para que puedan continuar su viaje. Durante su cautiverio los golpean a diario, los utilizan para limpiar las casas como si fueran esclavos, incluso hemos recibido testimonios de que los asesinan a algunos de manera cruel, como desmembrarlos con machetes enfrente de sus compañeros de viaje”, explicó.

Cadenas también quiso llamar la atención sobre la criminalización de la protesta, un fenómeno que se ha agudizado en los últimos años. “El Estado mexicano quiere dar ejemplo de crueldad hacia quien se atreva a poner en tela de juicio los criterios con los que quieren controlar este país, y cada día se ejemplifica con gente como la de San Salvador Atenco y de Bachajón. El Estado mexicano hace lo mismo que los terroristas, sólo que en este caso es terrorismo de Estado y no se persigue, como también lo hemos visto en la época de la militarización en Chiapas, cuando el Ejército y el Estado mexicano cometían verdaderas y atroces acciones terroristas”. En este sentido, recordó la situación en la que se encuentran algunas personas de Bachajón por defender su territorio, encarceladas y sometidas a un proceso penal sin apenas garantías.

El premio Fray Bartolomé de las Casas, fundado en 1991, pretende reconocer la labor de personalidades e instituciones a favor de los pueblos indígenas. En anteriores ediciones han premiado a figuras como Davi Kopenawa, vocero del pueblo yanomami de Brasil, el historiador mexicano Miguel León-Portilla y la guatemalteca Otilia Lux de Cotí, entre otros.

martes, 9 de junio de 2009




DECLARACIÓN DE ÑAA YAÁDA

Yâa Yâáda, Iñvâcu, Ndube, junio 6-7 2009.
Reunidos en Yâa Yâáda, los delegados y delegadas herederos del pueblo Iñ vâacu, los más primeros pobladores de estas tierras, nos dimos cita para refrendar nuestra pertenecia al pueblo IÑ VACU y manifestar a todos los pueblos de la República mexicana, el estado de Oaxaca y el mundo lo siguiente:

MANIFESTAMOS:

Que ¡Somos indígenas!. Para nosotros la palabra indígena, la misma tierra nos la da; porque nos da de comer y la cultivamos. La palabra indígena abarca mucho, porque dependemos de nuestras tierras, que dejaremos como herencia y para que los que vienen vivan igual que nosotros, tal como nos fueron heredadas a nosotros por nuestros primeros.

Que hemos decidido, libremente, organizarmos para defender nuestro territorio, nuestros recursos y nuestros derechos como pueblo indígena cuicateco.

3. Que alentaremos la unificación del pueblo cuicateco dejando de lado conflictos locales que solo debilitan la organización.

Que no permitiremos que entre a nuestro territorio gente ajena a explotar nuestros recursos.

Que defenderemos nuestros derechos como indígenas para evitar que otras personas entren a afectar lo que nuestros antepasados nos han dejado.

Nuestro rechazo al Programa de Certificación y Desarrollo Ejidal PROCEDE y exigimos que en los lugares donde ya existe sea declarado nulo.

DECLARAMOS:

Que la organización que hoy conformamos es una organización autónoma que no depende del sistema gubernamental, partidos políticos, grupos religiosos ni ningún ente ajeno a nuestro pueblo.

Que no pertenecemos ni perteneceremos a ningún partido político porque estos son los que nos han mentido, los que utilizan nuestro nombre para vendernos con extranjeros y usurpar nuestra representación.

Que tenemos normas internas, nuestro DERECHO MAYOR, eso significa que somos autónomos: somos dueños de nuestras tierras y refrendamos nuestro derecho a decidir sobre ellas.

Que a partir de hoy son instancias non gratas al pueblo IÑ VACU, todas las instancias gubernamentales o no que pretenden aprovechar las circunstancias para en nombre del progreso y la modernización aprovecharse de nuestras comunidades y sus recursos, tales como SEMARNAT, DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PROCURADURÍA AGRARÍA y toda instancia que busque destruir la unidad de nuestro pueblo mediante la destrucción de sus bases sociales, culturales y territoriales.

La naturaleza es nuestra madre y no vamos a permitir que la destruyan, la defenderemos a cualquier costo. ¡La tierra no se vende!, no permitiremos que nos engañen más, ningún megaproyecto puede significar el progreso para nuestras comunidades, es por el contrario la destrucción de las mismas.

Que sólo la verdadera autonomía nos permitirá conservar la unidad de nuestro pueblo, ya no podemos depender del gobierno, tenemos que promover la autogestión pues para poder ser autónomos necesitamos ser autosuficientes

Manifestamos que en realidad es el gobierno el que depende de nosotros, porque quienes trabajamos somos nosotros, el gobierno administra nuestros impuestos, de eso viven los políticos, son por lo tanto nuestros empleados.

Lo que ha dividido a nuestros pueblos es el sistema. Hoy unidos todos bajo una misma consigna podemos defendernos, ya no queremos más envenenamiento. Lo primero que hay que hacer es exigir el respeto a nuestros derechos.

Que a pesar de que el gobierno nos ha hecho creer que los recursos naturales no nos pertenecen, debemos empezar a reconocer que somos los dueños legítimos de los mismos y llevar esto a nuestros hijos y como dueños defender lo nuestro, este es el mensaje: ORGANIZARNOS PARA DEFENDER LO NUESTRO.

NOS COMPROMETEMOS:

A estar unidos, establecer una red de comunicación, trabajar de manera comprometida y responsable para lograr el desarrollo sustentable de nuestro pueblo. Hay que ser serios y no traicionar a nuestro pueblo pues la vida de nuestras comunidades está en juego.

A construir una radio comunitaria, para comunicarnos porque esta es una lucha contra el sistema. Aquí cuando el gobierno dispone, éste tiene todos los recursos a la mano. Por lo que tenemos que tener comunicación constante. Estar informados y alertas.

A crear una policía comunitaria que vele por la integridad de nuestro territorio y la seguridad de nuestras comunidades, bajo la consigna de que solo el pueblo ayuda al pueblo.

A crear un comité en cada comunidad que de seguimiento a los trabajos de este congreso.

A refrendar la forma de vivir en las comunidades, cada pueblo entiende y se comunica, aplica un concepto de justicia, no se habla de leyes, se aplican acuerdos, acordar el tequio como forma de participación comunitaria para hacer a un lado al gobierno, ya que hasta ahora éste sólo favorece a las empresas que quieren acabar con los pueblos indígenas.

A rescatar la cultura cuicateca: lengua, costumbres, fiestas, música, vestimenta, medicina tradicional y agricultura orgánica a través de la enseñanza a las nuevas generaciones.

1. A emprender la reorganización de las comunidades cuicatecas para defender el derecho a la vida.

REIVINDICAMOS:

1. Autonomía territorial entendida como la organización de las comunidades y con independencia del estado.

2. Nuestro absoluto e inalienable derecho a la existencia, conservando los rasgos que nos hacen ser un pueblo.

3. La libre determinación de los pueblos y la convivencia armónica entre los mismos.

4. La impostergable necesidad de reconstituir las bases de la nación mexicana, fundamentándola en la indiscutible pluriculturalidad que nos ha dado origen.

5. El derecho de todos y todas los mexicanos a vivir en un país fundado sobre la justicia y dignidad.

FRATERNALMENTE

¡Solidaridad para la reconstitución social!
CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO
snduchi nü

viernes, 5 de junio de 2009

LAS NUEVAS RESISTENCIAS AL CAPITAL

Francisco López Bárcenas
E

l pasado mes de abril el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica recibió un reporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en donde se le prevenía sobre una creciente preocupación de que el proceso de recesión pueda originar desestabilización política y alzamientos armados en los países más vulnerables a la crisis financiera. De acuerdo con despachos de prensa, el reporte advertía sobre la necesidad de poner el ojo en los lugares donde el fenómeno pueda estallar en llamas. Crearon el monstruo y ahora se espantan con él. Lo peor no es eso sino que en algo tienen razón. Es probable que la policía secreta de Estados Unidos exagere; lo que vemos no son preparativos de ejércitos o guerrillas para levantarse en armas y tomar el poder de manera violenta, sino masas movilizadas discutiendo formas de remontar la crisis imaginando nuevas formas de vida.

Estas movilizaciones se ven por toda América Latina, lo mismo que en otras partes del mundo, cada una con la forma y las dimensiones que les permiten las condiciones concretas en que se desarrollan, aunque en muchos puntos coinciden. Uno de ellos es su convencimiento de que la crisis es estructural, de paradigma. De acuerdo con quienes suscriben esta tesis, una vertiente importante del capital se está enfocando a despojar a los pueblos de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada, impulsando un nuevo colonialismo, más rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina durante los siglos XV y XVIII.

Esta situación marca las formas de las diversas resistencias populares. Desde la Minga colombiana que movilizó a los pueblos indígenas para defender sus territorios; las luchas de los pueblos indígenas de Perú exigiendo la derogación de leyes a través de las cuales se impulsa el fraccionamiento y venta de los suyos; o los pueblos mayas guatemaltecos y andinos de Perú, Ecuador y Bolivia pidiendo la salida de las empresas mineras y privatizadoras del agua, que los despojan de sus riquezas naturales y destruyen sus espacios vitales para seguir existiendo. Todas estas luchas tienen como eje común la defensa de los recursos naturales y, más allá de eso, aunque no se diga, tienen como trasfondo un fuerte cuestionamiento al capitalismo en su etapa más depredadora, al mismo tiempo que impulsan otro modo de vida, con matriz mesoamericana.

México no es ajeno a este tipo de resistencias. Unas tras otras se suceden las reuniones públicas de denuncia y coordinación entre los afectados. Los días 27 y 28 de febrero sesionó en Tataltepec de Valdés, Oaxaca, el quinto Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde se analizaron los proyectos hidroeléctricos de Paso de la Reina, en Oaxaca; La Parota, en Guerrero; El Zapotillo y Temacapulín, en Jalisco; así como el proyecto eólico La Venta, en Oaxaca, resaltando sus impactos sociales, culturales, ambientales y políticos en la vida de las comunidades. Otro suceso importante fue el Foro Nacional Tejiendo Resistencias por la Defensa de Nuestros Territorios, realizado los días 17 y 18 de abril en el municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, en el mismo estado, donde se discutieron los proyectos gubernamentales de desarrollo, cuestionando que se centren en el turismo a gran escala, la construcción de represas, la explotación minera, la construcción de complejos inmobiliarios, producción de energía eléctrica y eólica, explotación de mantos acuíferos para negocios particulares, y también impulsando la privatización de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.

El más reciente fue la cuarta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, realizada en El Salto, Jalisco, los días 30 y 31 de mayo. Como en las anteriores reuniones, se discutieron problemas ambientales de las grandes industrias, pero también la posición política de los participantes y la naturaleza de la misma. Entre otras cosas, concluyeron que son una asamblea de personas preocupadas por el deterioro del medio ambiente, que creen que todavía se está a tiempo de salvarnos del colapso ambiental que viene, que su lucha es colectiva y por lo mismo debe ser abierta, horizontal e incluyente, y que la unidad en la lucha es importante para resistir y lograr los propósitos. En otras palabras, andan imaginando otras formas de concebir lo político y hacer la política. Por eso se afirma que los pueblos están descontentos, pero no por eso andan preparando alzamientos armados. Lo cual es lógico: no les interesa el poder sino cómo construir otras formas de vida que pongan en el centro a los seres humanos y la naturaleza. Así es su resistencia al capital.