LA CUARTA GUERRA DE CONQUISTA EN LAS COMUNIDADES CUICATECAS.

EL FANAR Y LAS TIERRAS COMUNALES.

Centro de Estudios de la Región Cuicateca (CEREC)

Julio 31, 2009

1.- El Fondo de Apoyo para los Núcleos Agrarios sin Regularizar (FANAR) es un programa gubernamental federal para privatizar las tierras comunales y ejidales que tiene como finalidad entregar una escritura al poseedor de la tierra para que finalmente dada su necesidad u el ofrecimiento de alguna persona particular este pueda vender su propiedad a quien así lo requiera sin importar el origen o característica particular del comprador porque quien vende ha perdido automáticamente la característica que anterior al proceso de privatización poseía: el uso y la costumbre, la dignidad y el origen, que también son leyes, conocido en varias comunidades indígenas como El Derecho Mayor.

De esta manera, la finalidad última del programa es la desincorporación del sujeto de su cultura y que entre en el proceso de “modernización” al dotarlo de la seguridad de ser “dueño” de su parcela como si viviendo en un espacio comunal u ejidal no lo fuera. Sólo que la diferencia radica en que en las tierras comunales y ejidales el sujeto no existe, porque en ellas quien decide es la asamblea, aunque si existe la venta de la tierra pero se da entre propios del lugar, generalmente. En caso contrario, para que un particular de un lugar distinto pueda adquirir una posesión en el lugar comunal o ejidal tiene que apegarse al derecho mayor, o sea que tiene que cumplir con las costumbres de la comunidad, prestar los servicios comunitarios gratuitos y cumplir con las actividades que programa el comisariado comunal u ejidal según sea el caso, entre otras actividades y servicios. Cumpliendo estos el sujeto se vuelve plural, se convierte en parte del pueblo y tiene los derechos que tiene cualquier comunero y/o ejidatario, además de que si existe alguna posesión que se encuentra en venta y quiere adquirirlo, lo puede hacer.

¿Entonces porqué entrarle al FANAR? Si no hay necesidad de privatizar la tierra no tiene sentido alguno entrarle al programa. Más bien, el gobierno es el que parece necesitado de ello. ¿Por qué? Porque sigue insistiendo en que las comunidades que no lo hicieron con el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) en su momento continúen el proceso de cambio a la propiedad privada, cuando en el documento que da origen a mencionado programa dice que la decisión de entrarle o no debe de ser voluntario. Entonces ¿por qué tanta insistencia?

Existen varias razones para ello, a) somos un país dependiente del exterior, en todos los sentidos, de infraestructura, de alimentos, de gas y otros que son pilares elementales en cualquier economía. b) Padecemos de gobiernos corruptos que viven de entregar nuestras riquezas al exterior. c) Existe un grupo de poder amafiado con grandes trasnacionales que dominan los poderes facticos en las naciones quienes a cambio de mantenerse en su posición o para escalar a otro nivel negocian las riquezas de las naciones para que por anticipado se les apoye con dinero en épocas electorales. O Sea, que quien decide quien gobierna un país es ese grupo de poder trasnacional, posteriormente viene el cobro de la factura. d) El país se mantiene económicamente de la venta de petróleo el cual se está volviendo más caro extraerlo. e) Vivimos en una región muy basta de riquezas naturales, agua dulce, maderas y minerales. Por todo lo anterior, pero sobre todo por el punto “e” es que quieren que se privaticen las tierras porque como las comunidades indígenas viven de la agricultura para autoconsumo y además de que estos productos finalmente se importan de los Estados Unidos, los indígenas salimos sobrando, y nuestras tierras son ociosas aparentemente, lo cual es ganancia para ellos porque lo ven con signo de pesos, por ello hay que cambiar el dominio de la tierra para que se pueda vender, que se vayan los legítimos dueños a otro lado, mientras que los poderosos y las trasnacionales se apropien de los recursos rentables, los que si se venden y que tienen un valor alto de ganancia. Esta parte es la que no ven ni analizan aquellos que están de acuerdo al interior de las localidades y se prestan para que el gobierno avance en su interés por privatizar la tierra de las comunidades y ejidos.

De esta manera regresa al campo cuicateco la nueva invasión por el control territorial. Primero fue el poderío azteca que alcanzó dominar la región, posteriormente vino la conquista española, más reciente, en los años cuarenta del siglo XX, fue la imposición de la educación, ahora vienen por los recursos naturales y minerales que como lo indican los estudios al respecto, nuestras tierras tienen concentraciones altas de minerales como oro, zinc, manganeso y uranio, entre otros, además de que poseemos importantes nacimientos de agua dulce, flora y fauna que son codiciados en otros lugares del planeta y que el gobierno mexicano nunca le ha importado su destrucción, ejemplos abundan a lo largo y ancho del país.

2.- En la actualidad, todas las comunidades con características sociales de explotación de la tierra han sido visitadas por la Procuraduría Agraria (PA) para insistir más no para invitar a que los núcleos agrarios le entren a la privatización de la tierra, de lo cual no han estado exentas las localidades cuicatecas. De esta manera en los años 2006 y 2007, fueron visitadas las comunidades de San Sebastián Tlacolula, San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec, Santa María Pápalo y San Juan Tepeuxila, anteriormente ratificaron sus condición de ejido las comunidades de San Francisco Tutepetongo y El Casique.

De manera amañada la PA inició sus trabajos por la comunidad de Tlacolula y Teponaxtla, ahora nos damos cuenta de que la finalidad era lograr que dichas comunidades privatizaran sus tierras ya que paralelamente el gobierno federal ponía a la venta 3500 hectáreas de tierras posesión de las comunidades mencionadas a las empresas mineras para explotar oro en la modalidad de minería a cielo abierto e incluso el visitador agrario Lic. Juan Edy García Coronado ofreció camionetas del año a cada uno de los miembros del comisariado en la comunidad Tlacolula, aún así la comunidad no le entró a la privatización de la tierra.

San Juan Teponaxtla, San Andrés Pápalo, San Pedro Cuyaltepec y Santa María Pápalo, privatizaron parte de sus tierras, con la finalidad de que se reconocieran partes que se encontraban ocultas o porque tenían diferencias en sus limites entre comunidades colindantes y según la PA esto permitiría darle solución a las problemáticas intercomunitarias, pero lo que desconocen las comunidades mencionadas es que están habitando una franja de tierra que va desde Tehuacán, Puebla, hasta el norte de Chiapas y que va de ancho desde Teotitlán del Camino hasta los limites de Teponaxtla al oriente que contienen importantes concentraciones de Oro, Aluminio, Zinc, Manganeso y Uranio en sus tierras, además de importantes cantidades de agua para hacer la lixiviación de los minerales en caso de ser explotados.

Queda la comunidad de Tepeuxila, que es cabecera municipal de las localidades Teponaxtla, San Andrés, Cuyaltepec y Tlacolula, que por lo visto cuando se hicieron los procesos de privatización en estas comunidades no tuvo una opinión al respecto.

Por otro lado, en su interior, políticamente no hay claridad. Tepeuxila es una de las comunidades más occidentalizadas de la región y quienes en la actualidad representan el poder desde la presidencia municipal están sometidos por el gobierno estatal.

Siempre Las tierras de Tepeuxila han sido comunales. Fue por los años sesenta cuando ya hubo un intento de privatización de ellas y a través de la recaudación de rentas en Cuicatlán se hicieron escrituras de la parte poblada o solares de la comunidad y uno que otro en el campo. Finalmente, en el año 2003, después de varios decenios de pleito por límites con el ejido de San Francisco Tutepetongo, el Tribunal Agrario (TA) manifiesta que los bienes de la comunidad Tepeuxila siguen siendo comunales en su totalidad.

La forma de vivir de los tepeuxileños en relación con la tierra ha sido de la siguiente manera, los solares, están delimitados por mojoneras en los puntos donde cada fracción de tierra linda con otra porción correspondiente a otra persona, de la misma manera se delimitan las tierras en la zona agrícola donde se maneja que la tierra es propiedad y que ha sido asignado a su actual posesionario por herencia o por compra. Estas tierras están escrituradas o en su caso tienen documento de compra venta.

Por otro lado, están las tierras de uso común, y casos ejemplares son los lugares donde se ha trabajado con anterioridad, la hierbabuena, el rancho, ojo de agua, tierra caliente y la montaña, en estos montes, las fracciones de tierra no estaban delimitadas por mojoneras, cada comunero conocía y respetaba hasta donde podía trabajar, algunos terrenos eran encorralados y otros estaban dentro de un corral común donde laboraban más de dos comuneros, pero cada uno en los casos donde el lote era pequeño inclusive sabían cuantos surcos tenía la parcela.

La montaña, fue un corral común, de hecho en la temporada de sequía toda la gente se organizaba dirigida desde la sindicatura del municipio, para que una vez terminada la recolección de la mazorca y levantado el zacate para alimento de los animales de quienes hicieron cultivo en señalado lugar, se abriera el corral común para la alimentación del ganado de los comuneros de Tepeuxila, al parecer esto se le ha olvidado a los nuevos comuneros y al ayuntamiento, más sin embargo a los animales no, hasta la fecha es notoria la llegada de animales que se encuentran en otros puntos del territorio tepeuxileño cuando ya la pastura se agota en esas zonas y hay andan rondando la montaña.

Problemas generados por esta forma de vida: ninguna

¿Entonces por qué y para qué la privatización de la tierra? Si no es para entregarla al gobierno para que este a su vez la concesione a empresas privadas no tiene ningún sustento.

Por el contrario la privatización de la tierra termina con una serie de formas de organización que tienen y que han mantenido a las comunidades indígenas. Por ejemplo, se terminaría el tequio y los trabajos comunitarios gratuitos: el servicio de policía, comités y ayuntamiento. Todos estos servicios tendrían que ser pagados.

Las propiedades serían vendidas a cualquier persona de la comunidad o sin que pertenezca a ella. Nadie de la comunidad podría tener una responsabilidad a nombre del pueblo ya que todos serían sujetos particulares.

La cohesión social que permite el uso del suelo es el que se desintegraría. Cada persona, cada familia se aislarían porque ya no existirá más ese valor comunitario que hace que la vida de los pueblos funcione como una familia.

En las tierras comunales y ejidos son los comisariados quienes cuidan del uso y disfrute de los recursos naturales para su explotación común como es el caso del pastoreo de ganado, del uso de leña para combustible y de la distribución de la tierra para quien así lo requiera.

En las tierras privadas, reyna el dinero. Si tienes dinero compras lo que quieras o requieras y si no tienes dinero te mueres de hambre, nadie se solidariza con tu persona.

LA MINERÍA. ENGAÑO SOCIAL

DEPREDAN PROCAMPO POLÍTICOS Y NARCOS

Miles de millones de pesos canalizados al programa destinado a hacer competitivo al campo mexicano no han rescatado de la pobreza a los productores y, en cambio, han acrecentado la miseria e ido a parar a las manos de funcionarios, diputados, grandes empresarios y narcotraficantes, algunos de los cuales figuran hasta más de 100 veces en la lista de beneficiarios, de acuerdo con investigadores

Ignacio Alvarado Álvarez y Evangelina Hernández

El Universal
Lunes 27 de julio de 2009
politica@eluniversal.com.mx

Durante 15 años, Procampo, el programa insigne del gobierno mexicano para fortalecer a productores de granos y oleaginosas tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, no solamente fracasó, sino que permitió la desviación de recursos y abrió ventanas al clientelismo político.

Desde su creación, en 1994, el gobierno federal ejerció 171 mil millones de pesos que, al final, lograron efectos contrarios a lo pretendido: la pobreza de millones de campesinos es mayor a la de entonces y no existe evidencia contundente para demostrar crecimiento entre los grandes productores, beneficiados con casi 80% de ese capital, señalan analistas consultados.

Además de propósitos incumplidos, Procampo beneficia desde su concepción a políticos, gobernantes y funcionarios vinculados a la entrega de los subsidios, así como a narcotraficantes y familiares de todos ellos.

Esto fue posible porque la reglamentación del programa presentó ambigüedades y relajamientos, sostiene Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien ha concluido un análisis llamado “Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”.

“Aunque Procampo nació con un mandato explícito de transparencia y combate a la corrupción, lo cierto es que desde sus orígenes hubo muchas ventanas de oportunidad para la captura y el uso político de los subsidios, y muy pocas para la vigilancia pública sobre la integración del padrón y sobre las modalidades de pago de los apoyos”, afirma.

Inequidad y pobreza

Los informes obtenidos por Mauricio Merino reparan en la desigualdad con la que se han repartido los recursos, lo que explicaría en parte el fracaso de dicho programa.

De los 171 mil millones de pesos asignados a productores entre 1994 y 2008 a través de Procampo y el subprograma Ingreso Objetivo, la mayor parte se concentró en unos cuantos.

“El primer 10% de beneficiarios de esos subsidios (543 mil 970 productores) ha obtenido 57% del total de esos recursos: casi 96 mil millones de pesos para una distribución de 176 mil 502 pesos por productor”, precisa.

“El dato cobra toda su dimensión si se subraya que el primer 1% de beneficiarios, formado por 54 mil 397 productores (la mayoría de Sinaloa y Tamaulipas), ha obtenido 38 mil 558 millones de pesos, para una distribución per cápita de 708 mil 826 pesos”.

En cambio, 80% de los productores con menos de cinco hectáreas han recibido 27% de los subsidios, unos 46 mil millones de pesos, que les dejó en 14 años 10 mil 600 pesos por individuo.

Procampo, cuyo fundamento era “transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales” para “mejorar la competitividad interna y externa; elevar el nivel de vida de las familias rurales, y modernizar el sistema de comercialización”, terminó, en el mejor de los casos, como un programa asistencial para los minifundistas.

“Al final, Procampo no deja de ser un ingreso para el productor, y en el tema de los productores pequeños, viene a formar parte de su ingreso familiar, de su alimentación. El objetivo de la compensación y de apoyar la productividad del campo empezó a tener una vertiente más social”, considera Luis Fernando Haro, coordinador de asesores del Consejo Nacional Agropecuario (CNA).

El CNA ha mantenido un mismo nivel de crítica desde el comienzo de Procampo, lo mismo que la Confederación Nacional Campesina (CNC).

En verano de 2006, la CNC, uno de los pilares históricos del PRI, emitió por ejemplo un comunicado de prensa para subrayar la desprotección en la que se encontraba el campo, un año y cuatro meses antes de abrirse totalmente la frontera del norte a la importación de alimentos, tal y como lo marca el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Para enfrentar a estos competidores (estadounidenses y canadienses), los productores mexicanos carecemos de tecnologías, de insumos accesibles, de equipamiento y de crédito”, decía el documento.

Los campesinos poseedores de menos de cinco hectáreas representan, en efecto, una mayoría del sector, pero contrariamente son quienes menos apoyo reciben del gobierno.

De acuerdo con la Central Campesina Cardenista (CCC), los pequeños productores representan 90% del total, y para ellos Procampo “constituye el piso de subsistencia con una agricultura tradicional y de baja productividad”.

Para sustentar tal afirmación, la CCC refiere una encuesta levantada por Aserca (Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria), “la cual revela que 42.4% de los productores señalaron que destinan los recursos que reciben a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte, ropa y fertilizantes”.

Como resultado, en 14 años de prevalencia del programa, la superficie sembrada de granos básicos disminuyó 1.2 millones de hectáreas, y entre 1994 y 2003, la cuota de Procampo sufrió un deterioro de 23%, asegura ese organismo.

“Lo anterior significa que Procampo y otros instrumentos de apoyo a la agricultura no han constituido un verdadero incentivo para los productores a fin de incrementar la superficie sembrada de granos básicos y aumentar su producción”.

En los hechos, la idea de fortalecimiento del campo se desvaneció en 1995, al año siguiente de iniciarse Procampo, dice Fernando Haro, coordinador de consejeros del CNA.

“En 1995 viene el problema de la crisis y ese instrumento (Procampo), que se diseñó como un posible compensador de asimetrías, perdió su objetivo. Así las cosas, el monto por hectárea se fue perdiendo en el tiempo porque nunca se fue actualizando y ya nada fue igual”, explica.

Las lecturas adversas que hacen esas organizaciones campesinas encierran, por lo menos, algo de hipocresía.

De acuerdo con la investigación de Mauricio Merino, todas ellas influyeron notablemente en la elaboración del padrón inicial de Procampo (que en tres lustros se mantiene casi igual), dejando fuera a muchos pequeños productores e incluyendo a poderosos de la política y el crimen organizado.

Padrón sospechoso

José Octavio López Presa, primer director de Procampo, hizo referencia a ello en una entrevista concedida a Merino.

“Tras la organización inicial del programa, no sólo hubo una tensión manifiesta entre las grandes organizaciones de campesinos y productores que intentaron (y lograron) que sus agremiados fueran inscritos en el padrón”, escribe el investigador, a partir de su entrevista con el ex funcionario.

Las presiones no solamente provinieron de fuera. López Presa cuenta a EL UNIVERSAL que, un mes antes de las elecciones federales de ese año, “un alto funcionario muy cercano al secretario (de Agricultura, Carlos Hank González) se atrevió a proponer que se beneficiara a los municipios gobernados por el PRI”.

La reunión a la que se refiere se realizó en junio de 1994 en Oaxtepec. Participaron en ella representantes agrarios, además de funcionarios federales. López Presa no solamente se opuso a tal sugerencia, sino que envió al día siguiente un correo electrónico en el que ordenaba que bajo ningún motivo se utilizara Procampo con fines electorales. Horas más tarde fue despedido.

Quien lo notificó de la decisión de Hank González, dice la investigación de Merino, fue el entonces subsecretario Luis Téllez Kuenzler.

Fuera de la secretaría, el investigador del CIDE identifica a Jorge Kondo López, actual secretario de Agricultura de Sinaloa, como otro de los personajes centrales en aquellas presiones por imponer agremiados en el padrón del Procampo.

Kondo, entonces vicepresidente de una de las carteras del CNA y presidente de la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), figura 89 veces en la lista de beneficiarios del programa Procampo, de acuerdo con la página subsidiosalcampo.org.mx.

Lo mismo que él, la investigación de Mauricio Merino identifica otros 371 nombres y registros individuales que cobraron subsidios todavía en 2008, y cuya identidad coincide plenamente con la de funcionarios públicos vinculados con la operación de los programas.

“De ellos, estamos seguros de la coincidencia en 292 casos (131 de posibles funcionarios federales, y 161 estatales)”, refiere el investigador.

En la página de subsidios al campo, elaborada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación AC, aparece como uno de los mayores beneficiarios el diputado federal por el PRI Jesús Manuel Patrón Montalvo, con 131 registros. Los pagos totales que recibió por concepto de Procampo e Ingreso Objetivo durante 14 años, hasta 2008, suman 12 millones 270 mil 763 pesos.

Patrón, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos en la Cámara de Diputados, es un reconocido empresario del ramo agroindustrial en Sinaloa. El múltiple registro que tiene dentro del padrón es extraordinario, lo mismo que el monto de dinero que ha obtenido. El diputado no quiso sin embargo responder a una solicitud de entrevista para este trabajo.

En relación con el diseño de Procampo, señala la diputada por el PRD Nora Ruvalcaba Gámez, “se han confabulado la corrupción, el tráfico de influencias y, por supuesto, el clientelismo. Estas son las razones por las que ocurre este destino ilícito de ciertas personas”.

Los narcos también

En 2007, la congresista efectuó una de las primeras revisiones del padrón de Procampo y descubrió que muchos de los beneficiarios eran narcotraficantes o familiares directos de ellos.

“Hicimos la denuncia cuando en Aguascalientes, en el municipio de El Llano, se descubrió un narcoinvernadero y nos pareció increíble que alguna otra autoridad, diferente a la que lo evidenció, no se haya dado cuenta. Nos metimos a verificar y, ¡oh sorpresa!: el empresario era beneficiario de Procampo”, establece la legisladora.

Dos años después de aquella exhibición irregular, ninguna autoridad, ni el Congreso mismo, operó para iniciar un proceso de depuración del padrón, asegura Nora Ruvalcaba.

“Esto nos sirve para demostrar la ineficiencia brutal de los gobiernos y sus programas, como el Procampo, que fue creado para generar condiciones para competir con el de Estados Unidos y Canadá, y vemos cómo a 15 años es un fracaso gracias a estos vicios que impiden la eficacia de las instituciones”, señala la perredista.

En todo caso, agrega la diputada, Procampo ha servido como “camuflaje perfecto” para los grandes cultivadores de droga.

Con base en documentos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), Ruvalcaba elaboró su lista de narcotraficantes y sus familiares subsidiados con dinero público.

Entre ellos menciona a Jaime Quintero Páez, hermano de Lamberto Quintero Páez; a Jesús, Ofelina y Aureliano Guzmán Loera, hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán, así como a uno de sus sobrinos, Leobardo Elenes Salazar, y al “último de sus suegros”, Inés Coronel Barreras.

Igualmente, enlista entre los beneficiarios a Alfredo Beltrán Leyva, y a familiares directos de Margarita Cázares Salazar, Ernesto El Güero Palma, Luis Valencia Valencia, líder del “cártel del Milenio”, y a Jesús Raúl Beltrán Uriarte, “principal lugarteniente de Ignacio Coronel Villarreal”.

La razón por la cual personajes señalados por las instancias federales como miembros de la delincuencia organizada figuran en el padrón, de ninguna manera constituye delito o quebranto de las normas establecidas por Procampo, sostiene Jorge Kondo López.

“El único criterio aplicado fue que las personas tuvieran tierras de cultivos lícitos, nunca se les cuestionó su calidad moral”, dice.

Kondo niega haber influido en la elaboración de ese primer padrón del programa, aunque López Presa, el primero de los coordinadores de Procampo, aseguró lo contrario en la entrevista con el investigador del CIDE.

Dinero en el limbo

Kondo refiere que Procampo tuvo un objetivo concreto, que era el de aminorar “asimetrías” que se tenían con respecto a los productores de Canadá y Estados Unidos.

El plan, sin embargo, fracasó: México, sostiene, ocupa hoy una posición por debajo de la que ostentaba antes del Tratado de Libre Comercio.

“No hay que perder de vista esto que digo: Procampo fue creado para compensar las asimetrías, y como esas asimetrías persisten, Procampo debe seguir”, señala el funcionario de Sinaloa.

Los 15 años del programa no vieron impacto positivo en la producción de granos. Los indicadores de Aserca así lo demuestran:

La producción de maíz era de 2.2 toneladas por hectárea en 1994, y en 2004 fue de 2.4 toneladas por esa misma superficie. Es la misma suerte de otros granos, como el trigo, que en 1994 era de 3.0 toneladas por hectárea y una década más tarde apenas subió a 3.6 toneladas. O el cártamo, que fue de 1.1 toneladas a 1.5 toneladas por hectárea tras 10 años de apoyos.

La causa de ese nivel empobrecido es la ausencia de herramientas para medir la eficacia de la ayuda, ha concluido la Auditoría Superior de la Federación. Pero no es el único cabo suelto de este enorme rompecabezas que es Procampo.

“Creemos que la oscuridad en la información sobre los programas que nos interesan no solamente ha sido un defecto derivado de su diseño ambiguo e impreciso o de una mala operación burocrática luego de tres lustros, sino que ha sido un atributo funcional para establecer redes y negociaciones políticas que han mantenido a salvo esos programas, aun a despecho del fracaso evidente de sus resultados”, dice Merino.

Por eso, el investigador se plantea una pregunta básica, que exhibe el descontrol no sólo del programa, sino del sistema operativo del gobierno:

“¿Cuántos productores están recibiendo dineros sin sembrar ni cosechar sus tierras, cuántos están capturados por intermediarios burocráticos o políticos (…) y cuántos están agrupados en redes clientelares bajo las siglas de grandes organizaciones agrarias y campesinas del país? Nadie lo sabe a ciencia cierta”.

Grandes productores monopolizan Procampo

El programa de subsidios desvió el camino y sólo ha servido para ampliar la brecha entre grupos y regiones, convirtiéndose en un mecanismo para administrar la pobreza y en un medio del Estado para mantener vigentes sus redes políticas en el medio rural, acusan investigadores

Héctor Castillo Valenzuela es dueño de una parcela de tres hectáreas en el ejido la Hulería, en Balancán, Tabasco. Desde 1995 es beneficiario del Programa de Apoyos Directos al Campo (Procampo). En estos 14 años recibió 32 mil 772 pesos, dinero con el cual su tierra, dedicada a la siembra de maíz, se haría más productiva para poder competir con sus pares de Estados Unidos y Canadá, frente a la apertura agrícola de la frontera. Ese objetivo no se alcanzó para él ni para 4 millones 351 mil 763 productores, que representan 80% del padrón. A ellos se les ha repartido 27% de los recursos.

Jesús Manuel Patrón Montalvo también es beneficiario de estos apoyos. De 2000 a 2004 recibió 12 millones 270 mil 763 pesos, tanto de Procampo como del programa Ingreso Objetivo, destinado a favorecer la comercialización de las cosechas. Sus tierras, ubicadas en Navolato y Culiacán, Sinaloa, están dedicadas a la siembra de maíz y frijol. Este agricultor es uno de los 54 mil 397 productores (1% del total) que han recibido 25% del dinero destinado a apoyar al agro nacional.

El abismo entre los subsidios recibidos por el agricultor tabasqueño y el sinaloense hace del Procampo un programa que refuerza la desigualdad existente entre los productores grandes y pequeños, opina Jonathan Fox, investigador de la Universidad de Santa Cruz, California, quien se ha dedicado desde 1982 a estudiar el campo mexicano.

Desaire a los pobres

Salvo breves momentos históricos, la política agropecuaria nacional ha sido sesgada hacia los productores más poderosos, las zonas de riego y los estados del norte del país, comenta el académico. “La política agraria siempre ha favorecido a los ganadores y un sistema que favorece a los ganadores produce perdedores”, advierte Fox.

Hay una notoria captura del programa por parte de los agroindustriales más poderosos del país y de funcionarios del sector. Informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) revelan que hay una concentración en la forma en la que se obtienen los subsidios, en función de acceso a información relevante.

En el estudio “Los programas de subsidios al campo: Las razones y las sinrazones de una política mal diseñada”, Mauricio Merino, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señala que desde 1994, año en que se puso en marcha el Procampo, se han detectado “la captura y el uso político de los subsidios y muy poca vigilancia pública”.

Miguel Pulido, investigador de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, define que un programa social se captura cuando un sector con capacidad de influencia y con una relevancia política o económica se queda con los beneficios de una política pública que tenía otro destino.

El Procampo tenía por objeto que el pequeño agricultor se hiciera productivo, al recibir apoyo para la compra de insumos e implementos que requiere para la siembra; sin embargo, “por el sesgo con que se ha manejado, terminó convirtiéndose en un programa para administrar la pobreza”, explica Pulido, quien colabora en la sistematización de datos de la página www.subsidiosalcampo.org.

Cuando se diseñó el programa se buscaba que hubiera una aproximación con respecto a los apoyos que recibían productores de Canadá y Estados Unidos, para que los mexicanos fueran competitivos. “La devaluación de la moneda mexicana ha sido otro factor en contra de los pequeños productores, además del incremento de los insumos, del fertilizante y las semillas mejoradas”, argumenta.

Los 970 pesos que recibían, hasta este ciclo agrícola que se incrementó a mil 300 pesos, ya no alcanzan para pagar los insumos mínimos. “Hay una pérdida de incentivo para que la gente se dedique a la actividad productiva del campo”.

Defensores del programa o de su interés

La conformación del padrón de Procampo se hizo poco antes de las elecciones de 1994, cuando Carlos Salinas era presidente de la República y Carlos Hank González secretario de Agricultura.

En el primer manual de operaciones de Procampo se observa que las “reglas estaban diseñadas para dotar de capacidad de decisión a las principales organizaciones de productores”, señala Merino en su investigación. La opinión de los líderes de esos grupos se toma en cuenta, hasta la fecha, para la definición de la lista de beneficiarios.

Los gobernadores, los presidentes municipales y las principales organizaciones de campesinos han mantenido una fuerte pugna política por controlar los padrones de beneficiarios y los pagos. Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, coordinador de Apoyos de Procampo, reveló a Merino que los gobiernos de los estados buscan que se incremente cada año el presupuesto del programa y que ellos tengan margen de maniobra sobre los recursos.

La crisis en la que se encuentra el campo, que con programas públicos no se ha podido paliar, ha sido motivo de enfrentamientos políticos entre gobernadores de los estados más favorecidos, diputados y los propios funcionarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), quienes proponen una depuración del padrón, el cual ha sufrido mínimas modificaciones desde su conformación.

Sinaloa es el estado más favorecido con los apoyos. De 1994 a 2008, 86 mil 892 agricultores de esta entidad han recibido 18.3 mil millones pesos, que equivalen a casi 10% del gasto total, calculado en 171 mil millones de pesos. Entre los menos beneficiados está Guerrero. Ahí, 116 mil 498 productores han recibido en total 4.63 mil millones de pesos. Estas cifras muestran que “Procampo está diseñado para repartir algo entre muchos y mucho entre pocos”. O lo que es lo mismo: “Algunas migajas para los pequeños y fuerte trozos del pastel para los grandes”, comenta Jonathan Fox.

En el estudio realizado por el investigador del CIDE se señala que esta política ha ampliado la brecha entre un norte del país “desarrollado y el sur atrasado”. Parece, dice Mauricio Merino, que el programa de apoyo al campo está orientado a que los estados del norte-occidente sean más productivos y competitivos, mientras que el sur-centro, aquejado por la pobreza, debería mantenerse con muy bajos niveles de producción.

Rechazan las iniciativas “Robin Hood”

Los recursos del Procampo se entregan según el número de hectáreas productivas. Este año se propuso poner un tope máximo de 100 mil pesos de apoyo a propietarios de grandes extensiones de tierra e incrementar la ayuda a los agricultores pequeños. La primera medida se aprobó. De la segunda, dedicada a los más desprotegidos, sólo se aceptó un aumento cercano a 300 pesos por hectárea.

“Hay fuertes intereses que están en contra de las iniciativas ‘Robin Hood’, quitarle a los ricos para darle a los pobres”, comenta Fox. El propósito de apoyar al campo quedó relegado a una política social. “Los pobres pueden ser recipiente de la beneficencia pública pero no de la inversión”.

Víctor Suárez Correa, director de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras del Campo, advierte que con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la política neoliberal y la modificación al artículo 27 constitucional, el gobierno da señales de que sus planes son desmantelar la producción en pequeña y mediana escala, depender de la importación, expulsar a la mayor parte de la población campesina y reconcentrar tierras y recursos naturales en pocas manos, con el pretexto de que sólo la producción en gran escala es competitiva en un mercado abierto y global. Es una cuestión falsa, porque la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reconoce que, a partir de la crisis alimentaria, el único potencial que existe para aumentar la producción de alimentos es fortalecer a la pequeña y mediana agroindustria.

El “procampeo” entre los funcionarios

El campesino tabasqueño Héctor Castillo Valenzuela espera endeudado el depósito de 3 mil 360 pesos, mil 120 por cada hectárea que siembra. “Ya tengo mi tarjeta del banco, pero todavía no me cae el dinero. La mayor parte ya se la debo al de la tienda, que me ha estado prestando”, se quejó ante uno de los líderes campesinos de su localidad.

Mientras la Sagarpa continúa con la “bancarización” de los beneficiarios del programa, la corrupción, que por años ha existido en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (Cader), no para.

Suárez Correa relata que los delegados estatales “negocian” con los productores el trámite del refrendo de su apoyo, mismo que se realiza cada ciclo agrícola. Los funcionarios “usan el verbo procampear para describir sus cochupos. “¿Ya procampeaste? ¿Cómo va el procampeo? Ya me procampearon”. Algunos de estos empleados, dice, exigen hasta 20% del total del cheque antes de entregarles el apoyo a los campesinos.

En 2008, decenas de indígenas tarahumaras beneficiados con el Procampo se quedaron sin el dinero porque en la región no hay cajeros automáticos, además de que muchos de ellos no están habituados a hacer movimientos bancarios, por lo que este año la dependencia federal les tuvo que hacer llegar los recursos en cheques. Como ha ocurrido en los últimos años. Una parte de ese dinero se quedará en los bolsillos de quienes hacen los trámites, lamenta Suárez Correa.

En suma, el objetivo del Procampo se desvió. El programa de subsidio al campo se convirtió en un “medio utilizado por el Estado mexicano para mantener vigentes sus redes políticas en el medio rural del país. En el mejor de los casos, ha servido para producir paz social”. Las condiciones de igualdad entre los campesinos mexicanos y sus competidores de Estados Unidos y Canadá se quedaron muy al principio del camino, concluye Merino en su investigación.

Procampo financia narcos y familiares

El programa diseñado para “rescatar a los campesinos” entrega recursos a presuntos traficantes de drogas de los principales cárteles, con los que el Estado sostiene una guerra armada

Procampo, el programa que México diseñó hace 15 años para preparar a sus productores agrarios frente a la inminente competencia con Estados Unidos y Canadá, otorgó recursos a narcotraficantes y a sus familiares durante años y hasta el último dato disponible de 2008, de acuerdo con el padrón de la Sagarpa.

Entre los beneficiarios hay individuos vinculados a los principales cárteles de la droga en el país, con los que el Estado mantiene una guerra armada: el de Sinaloa, el de Juárez, el del Golfo y el del Milenio.

También subsidia a funcionarios y ex funcionarios locales y federales. En el padrón hay gobernadores y diputados, en activo o de administraciones pasadas, así como poderosos agroindustriales y líderes de organizaciones campesinas. Ellos forman parte del 1% del padrón de privilegiados que reciben la mayoría de los recursos. Procampo fue creado para apoyar a los productores más pobres del país, que se verían afectados con la entrada en vigor del TLCAN.

Ese 1% de privilegiados ha recibido 38 mil 558 millones de pesos. Tan sólo los familiares de uno de los líderes del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, cobraron, entre 1998 y 2003, 998 mil 267 pesos del Programa de Apoyo Directo al Campo. Una de sus hijas, María Teresa Zambada Niebla, solicitó el subsidio para la siembra de 80 hectáreas sin notificar, como se requiere, el giro que le daría a sus tierras. Zambada es también socia de la estancia infantil 1127 “Niño Feliz” subrogada por el IMSS en Culiacán. Igualmente se ayudó a Vicente Zambada Niebla, detenido en marzo de 2009; recibió 555 mil 220 pesos.

Los hermanos de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, otro de los líderes del cártel de Sinaloa, recibieron apoyo por 376 mil 198 pesos. Jesús, Ofelina y Aureliano obtuvieron dinero federal todavía en el ciclo primavera-verano de 2008.

Los Carrillo Fuentes, relacionados con los últimos líderes del Cártel de Juárez (Amado y Vicente), figuran 44 veces en el padrón. Recibieron del gobierno federal apoyo por diversos montos que van desde 2 mil 607 pesos hasta 2 millones 450 mil 581.

Ventura Valencia Valencia, hermano del fundador del Cártel del Milenio, Luis Valencia Valencia, y asesinado en noviembre de 2008, cobró casi 50 mil pesos para la siembra de pasto perenne en cuatro hectáreas.

Humberto García Ábrego, hermano del jefe del Cártel del Golfo (Juan) hasta que fue deportado a Estados Unidos en 1995, recibió 342 mil 384 pesos para la siembra de maíz y sorgo. Otros familiares también aparecen en la lista de beneficiarios.

Funcionarios que han ocupado cargos públicos desde 1994, fecha en que fue conformado el padrón del Procampo, están en la lista. Es el caso de los hermanos de Vicente Fox Quesada, Javier, José Luis y Cristóbal. El beneficio se les empezó a entregar a partir del año 2000, fecha en que inició la administración de ex presidente del PAN.

El gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras, es parte del padrón y de 2000 a 2008 ha cobrado 26 mil 260 pesos. Los ex mandatarios Maximiliano Silerio Esparza y Fernando Baeza Meléndez, de Durango y Chihuahua, respectivamente, obtuvieron un millón 161 mil 756 pesos el primero, y 305 mil 44 pesos, el segundo.

SOLICITUD DE INTERVENCIÓN DE LA CAMARA DE DIPUTADOS FEDERAL EN EL CASO DE LA EXPLOTACIÓN MINERA EN EL PREDIO "LA RAQUELITA I".

Crimen en Uxpanapa

Iván Restrepo

La Jornada, julio 27 de 2009

El enorme anuncio aseguraba que “El que no cree en milagros en Uxpanapa no es realista… Seamos realistas, hagamos lo imposible”. Así se trataba de convencer del éxito que tendría un enorme proyecto agropecuario cimentado sobre casi 100 mil hectáreas de lo que fue una de las selvas altas más ricas de Mesoamérica. Su promotor era el gobierno federal por conducto de la Comisión del Papaloapan, ya desaparecida, y el apoyo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo.

Uxpanapa, junto con el distrito de riego de Los Naranjos, en Veracruz, fue la región elegida para reubicar a unas 5 mil familias de origen chinanteco procedentes del valle de Ojitlán, Oaxaca, famoso por su biodiversidad y riqueza agropecuaria. A partir de 1973 fueron obligados a abandonar sus pueblos y tierras, pues serían cubiertas por las aguas del embalse de la presa Cerro de Oro. Ésta serviría para prevenir inundaciones aguas abajo, y establecer un gran distrito de riego en Veracruz. A los indígenas y propietarios privados desplazados prometieron indemnizarlos por su patrimonio perdido, les aseguraron que su nuevo destino era casi un paraíso, con cosechas abundantes, ingresos justos y suficientes, clima benigno, calidad de vida.

No fue así. Luego de desmontar casi 100 mil hectáreas, de destruir un ecosistema que guardaba su riqueza gracias a los árboles y su entorno, se procedió a establecer varios centros de población y habilitar áreas de cultivo. Para lograr todo lo anterior se anunciaron diversos apoyos técnico-productivos, crédito e infraestructura. El primer año las cosechas fueron buenas por sembrarse en tierra virgen, rica en nutrientes acumulados durante décadas. Pero después los perdió debido a las torrenciales lluvias del trópico. Se comprobó que eran inapropiadas para la agricultura. Además, los nuevos centros de población no se construyeron adecuadamente, mientras las vías de comunicación eran intransitables durante la temporada de lluvias.

Fue tal el fracaso que finalmente el gobierno tuvo que darle la razón a los especialistas que advirtieron oportunamente que esa selva no debía desmontarse (y mucho menos con maquinaria pesada, como se hizo), pues su riqueza radicaba en la tupida capa forestal, hábitat de una preciada diversidad biológica que se perdió junto con miles de árboles centenarios. Además, se alertó sobre la poca viabilidad del nuevo plan agropecuario por ser ajeno a las condiciones climáticas de la región. En esa lucha contra la insensatez fue vital el apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (lo dirigía entonces el doctor Gerardo Bueno Zirión) por conducto de los centros de investigación que a mediados de los años 70 del siglo pasado abrían el camino a los asuntos ambientales. Destacadamente, el de Recursos Bióticos, con sede en Xalapa, el Instituto de Ecología y el Centro de Ecodesarrollo.

El milagro prometido por la burocracia y por quienes se beneficiaban con los proyectos públicos nunca se concretó. Uxpanapa es uno de los grandes crímenes ecológico-sociales de la historia nacional. Un traspié enorme también en el campo económico y muestra de cómo no debe realizarse un proceso de colonización. Sus efectos no terminan, si hacemos caso a la exigencia de justicia de centenares de campesinos pertenecientes a 30 ejidos ubicados en la región citada. Y es que un juez de Veracruz dictaminó que no hay lugar a la demanda de indemnización que interpusieron y en la que afirman que les entregaron tierras de mala calidad, como así fue: de las 260 mil hectáreas que recibieron en dotación, apenas 85 mil son de buena calidad. El resto no son aptas para la agricultura. Además, no recibieron los 800 millones de pesos por las tierras expropiadas para la construcción de la presa.

Los afectados seguirán en su lucha porque, como en otros casos de desplazados por la construcción de obra pública –ahora son por la presa Picachos, en Sinaloa–, no les pagan lo que se debe ni les cumplen los apoyos prometidos.

Una sugerencia para que tengan éxito: busquen a El Jefe Diego. Lo que no se alcanza con la justicia se obtiene con la voz de mando. Hay juzgados mazehuales.