domingo, 29 de noviembre de 2009

Guerrilla, entre los objetivos militares de Calderón

Ante las graves circunstancias generadas enel país, dada la implementación de la iniciativa Mérida, clon del Plan Colombia, pormás que el Estado mexicano se empeñe en negarlo, publicamos la presente investigación, el fenómeno de la nueva edición dela guerra sucia en México hace peligrar cualquier propuesta de resistencia ante el exterminio del cual están siendo víctimas las comunidades originarias y sus representantes, la alianza entre el narcotráfico y el Estado mexicano, materializado en las fuerzas paramilitares, tal como sucedió en Colombia en los años ochenta, la nueva versión de las aldeas modelo, "Nuevo Juan de Grijalva", las denuncias de los aparatos del estado criminalizando o acusando de guerrillas a todos los movimientos opositores de prácticamente cualquier región del país ponen en evidencia que estamos frente a una suerte de narco-fascismo que ya ha generado fuerzas paramilitares que amenazan con arrazar a las comunidades y a todos aquellos que puedan encabezar la resistencia.
Las amenazas y asesinatos en la zona zapatista, el estado de Guerrero, la región Triqui de Oaxaca y otras tantas más se pueden significar en el asesinato del comandante Ramiro del ERPI, con todo y su carácter de guerrillero, el asesinato de Miguel Ángel Pérez Casalez, fundador del Consejo de los Pueblos de Morelos (CPM) o más recientemente el asesinato de Mariano Abarca Roblero, dirigente y activista de Chicomuselo en contra de la minera canadiense Blackfire son solo una muestra de las prioridades de un Estado genocida empeñado en liquidar las resistencias ante los megaproyectos de pleno carácter destructivo.


29 Noviembre 2009

Entre 2010 y 2012, el gobierno de Felipe Calderón intensificará su proyecto castrense de “recuperación” de territorios controlados por el narcotráfico y por la guerrilla, revela el Programa para la seguridad nacional (2009-2012). A pesar de que México carece de una política de defensa, el plan tiene como prioridad el uso de la fuerza contra la delincuencia organizada y los grupos rebeldes. Expertos consultados prevén más controles sociales derivados del “espionaje” gubernamental

En los tres años que le restan, la administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa se propone “anular” cinco amenazas a la seguridad nacional: la delincuencia organizada, el narcotráfico, la guerrilla, el terrorismo y la vulnerabilidad de las fronteras. Para ello, sus herramientas principales serán el “espionaje” y el uso de la fuerza castrense, se desprende del Programa para la seguridad nacional (2009-2012).

De acuerdo con el documento, del cual Contralínea posee copia, en México tanto los narcotraficantes como los guerrilleros controlan espacios territoriales. Por ello, las prioridades del gobierno son “recuperar el control pleno en territorios endémicamente afectados por las actividades delictivas” y “recuperar aquellos espacios que han sido cooptados de manera ilegítima por terceros subvirtiendo el orden constitucional”.

”A pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado mexicano le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el programa lo está admitiendo”: Sierra

Jorge Luis Sierra, especialista en fuerzas armadas y seguridad nacional, explica que “a pesar de que los poderes de fuerza que tiene el Estado le permitirían controlar todo el territorio nacional, no es así, el documento lo está admitiendo. Está planteando como objetivo la recuperación de espacios perdidos a manos de la delincuencia organizada”.

La “recuperación” tendría distintas etapas e involucraría “el gran activo del país” en materia de seguridad nacional: los funcionarios y las instituciones que tienen a su cargo su preservación, indica el programa. Es decir, la Presidencia de la República y las secretarías de la Defensa Nacional, Marina Armada de México y Gobernación.

El documento, de 60 páginas, indica que las líneas estratégicas comienzan con un trabajo coordinado de inteligencia y contrainteligencia, “activa y pasiva”. En el primer caso, para “profundizar el conocimiento en torno a amenazas y riesgos específicos”; en el segundo, para “anticiparlos” y “limitarlos”.

El programa que entró en vigor el 20 de agosto de 2009, cuando fue parcialmente publicado en el Diario Oficial de la Federación, advierte que “a la generación y provisión de inteligencia (…) le debe seguir la oportuna toma de decisiones estratégicas que detonen, con la debida congruencia y contundencia, aquellas acciones gubernamentales necesarias para enfrentar el peligro detectado”.

Es entonces, en esa segunda etapa, cuando vendría el uso de la violencia institucional para “anular” las amenazas a la seguridad nacional, pues, a decir del gobierno federal en su propio documento, éstas “obligan” a “emplear recursos extraordinarios de la fuerza del Estado para su atención”.

Territorios controlados

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) “será recordado por enfatizar el tema de la recuperación de los espacios que está controlando la delincuencia organizada, particularmente el narcotráfico”, dice Jorge Luis Sierra.

Al respecto, el documento detalla: “En la vertiente de seguridad nacional, el factor esencial de todas las expresiones de la delincuencia organizada es su alta capacidad económica, que le permite penetrar las instituciones públicas y la estructura social. De este modo, la amenaza concreta consiste en el debilitamiento de la economía, la sociedad y las instituciones de gobierno, factores cuya combinación y persistencia menguan el control territorial del Estado”.

Información de la Procuraduría General de la República indica que al menos siete grandes organizaciones que trafican drogas se mantienen vigentes en México (Arellano Félix, Carrillo Fuentes, Guzmán Loera-Palma Salazar, Osiel Cárdenas Guillén, Díaz Parada, Valencia Valencia, Amezcua Contreras). A éstas, la administración federal les atribuye la violencia que padece el país, y que ha cobrado la vida de más de 16 mil 500 personas en lo que va del sexenio calderonista.

Según el programa, “las acciones emprendidas por este gobierno para combatir al narcotráfico marcan un punto de inflexión en la presión del Estado sobre las organizaciones criminales, que han reaccionado escalando la violencia ejercida entre ellos, contra la población civil y contra la autoridad como una forma de desafiar al Estado”.

El mismo documento revela que el gobierno no sólo tendría por objeto la “anulación” de los narcotraficantes, sino también de los guerrilleros, a quienes considera como la tercera amenaza a la seguridad nacional. Además, plantearía la “recuperación” de los territorios controlados por los rebeldes.

Las labores contrainsurgentes han sido confirmadas ya por el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) en dos entrevistas con Contralínea (publicadas el 20 de septiembre y el 4 de octubre de 2009). El grupo armado reconoció haberse enfrentado con el Ejército Mexicano en una zona cercana a la comunidad Puerto Las Ollas, Coyuca de Catalán, Guerrero.

“La defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva”, expresa el programa gubernamental.

En la actualidad, en el país podrían existir más de 40 grupos rebeldes, refieren datos publicados por el Centro de Documentación de los Movimientos Armados. Entre ellos, el Ejército Popular Revolucionario que en julio y septiembre de 2007 hizo explotar “los ductos de gas (…) mejor controlados y los que tenían mejor mantenimiento en todo el sistema” de Pemex Refinación, ubicados en Guanajuato, Querétaro y Veracruz (Contralínea 120).

Los actos de sabotaje, que afectaron a más de 2 mil 500 empresas, fueron parte de una “campaña nacional de hostigamiento contra el gobierno ilegítimo de Felipe Calderón” para exigir la presentación con vida de los militantes Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos el 25 de mayo de ese año “por el Estado mexicano”, señaló el grupo guerrillero en un comunicado.

Para la Secretaría Técnica del Gabinete de Seguridad Nacional, esos actos tuvieron el carácter de “atentados” e implicaron “la comisión de delitos” que, “dada su naturaleza”, pusieron en “peligro la seguridad del Estado”, dice la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0210000152207.

Contrainsurgencia militar

En sus líneas de acción, el programa indica que para “acotar la actuación de grupos armados” se tomarán como medidas, “entre otras”: “Mantener abiertas las vías del diálogo entre los grupos armados y el gobierno federal de cara a la sociedad civil, con la única limitación de hacer valer el estado de derecho en la totalidad del territorio nacional; (y) mantener una presencia disuasiva apoyada por el intercambio de información e inteligencia entre las instituciones nacionales”.

Advierte que el gobierno “efectuará las gestiones para que tenga lugar el fincamiento de las responsabilidades penales que en cada caso correspondan, conforme a derecho”, contra los mexicanos que se mantienen en rebelión.

La estrategia gubernamental privilegiará, sobre todo, el uso de la fuerza. Jorge Luis Sierra indica que, al igual que el narcotráfico, la guerrilla será combatida por la vía de las armas: “Lo único que veo que no sea el uso de la fuerza es el desarrollo de los programas de inversión en las comunidades donde hay movimientos armados. Pero nada más. Eso es lo único que dice el documento de cómo afrontar a los movimientos armados que no sea el uso de la inteligencia y la fuerza: hay un consenso clásico que está pensado más en términos de fuerza y no de desarrollo integral de las zonas, con el fin de evitar que la población simpatice con grupos insurgentes y pase a apoyarlos. No hay esa perspectiva de manera clara. En el documento está de manera tangencial”.

En su página 49, el programa hace la única y magra referencia: “Invertir en infraestructura para dotar de servicios básicos y promover actividades productivas en comunidades ubicadas en el área de influencia de grupos armados”.

Para Sierra, a pesar de que la guerrilla es la tercera amenaza en importancia de la agenda nacional de riesgos, “no hay un desarrollo integral de cómo afrontar el problema con otras vías que no sean la contrainsurgencia clásica”.

Lo que sí hay, en la práctica, son las acciones contrainsurgentes. Tan sólo la Secretaría de Marina cuenta con “fuerzas elites de infantería de marina orientadas a realizar operaciones de contraguerrilla”, reconoce la institución encabezada por el almirante Francisco Saynez Mendoza.

Datos publicados por la dependencia federal indican que dichas fuerzas son capaces de “incursionar y efectuar reconocimientos en áreas bajo control del enemigo (sic), desorientar sus actividades mediante operaciones de combate y sicológicas, estableciendo un perímetro de seguridad del área objetivo, negando la entrada y salida de los transgresores de la ley, así como dar cobertura y seguridad al ingreso del equipo de intervención”. Esas capacidades son desarrolladas en el Curso de Contraguerrilla, que imparte la propia institución.

Sierra indica que al apostar a la fuerza, las autoridades federales “estarán fallando, como fallaron hace 30 años y también hace 80 años. El país no ha logrado desarrollar el sur, que sigue estancado en la miseria, en la violencia de los caciques, en la injusticia, en el asesinato de los líderes y ahora con la presencia de la delincuencia organizada. Eso trae nuevos periodos: pasan 10 o 20 años y la violencia vuelve a surgir. Nuevas células, nuevos movimientos armados, nuevos enfrentamientos, en una espiral que se va desarrollando. La violencia no va retrocediendo: las zonas afectadas son cada vez mayores, los sabotajes que se hacen son cada vez más dañinos, más extensos, afectan más a la economía, y todo eso no ha terminado de resolverse”.

Agrega que “se ha pensado que por la vía de la fuerza, con la desaparición de los militantes de los movimientos armados de las décadas de 1960, 1970 y principios de 1980 se había eliminado el problema, pero no fue así. Las condiciones para el desarrollo de grupos armados ahí están todavía, el potencial ahí está. El hecho de que el Ejército y el gobierno estén tratando de combatir al ERPI en Guerrero demuestra que ahí sigue habiendo movimientos armados”.

Sin política de defensa

La destacada participación del sector castrense en la preservación de la seguridad nacional y sobre todo en la seguridad pública, se da a pesar de que México carece de una política de defensa que regule la actuación del Ejército y la Marina en labores concretas, como por ejemplo los operativos y los retenes.

Jorge Luis Sierra explica que “esto nos deja a los mexicanos en una debilidad de grandes dimensiones. Si México no tiene una política de defensa, ¿cómo va a ser pensada la actividad y la estrategia de las fuerzas armadas? y ¿cómo va a encajar la estrategia de las fuerzas armadas en el resto de las necesidades nacionales?”

Carecer de esa política significa, “simplemente, (que) no hay una guía para las fuerzas armadas y no hay una guía para el Estado mexicano para saber adecuar el trabajo de las fuerzas armadas en las necesidades del desarrollo político, económico y social. Esta parte es completamente deficiente”.

Sierra puntualiza que no puede haber un programa de seguridad nacional que no esté acompañado por uno de defensa; este último, dice, depende de la política de defensa nacional. De esos programas complementarios se debería derivar el presupuesto para la defensa nacional, “pero acorde con una visión más global, mucho más nacional de la seguridad y la defensa”.

En su página 48, el programa introduce la siguiente frase: “Establecer los postulados generales de una política de defensa nacional”. Identificada como la “línea estratégica 2.2.8”, ésta se desprende de la “línea de acción 2.2 Incidir, a través de políticas públicas sobre factores que desempeñan un papel crítico en la génesis de amenazas y de riesgos”, perteneciente al “objetivo específico 2 Atender integralmente las amenazas que ponen en peligro a la seguridad nacional, así como aquellos riesgos definidos como prioritarios que pudieran llegar a vulnerarla”.

El doctor Javier Oliva, experto en seguridad nacional, explica que, a juzgar por las decisiones que ha tomado, el equipo del presidente Felipe Calderón “ha confundido notable, estructural y conceptualmente” la seguridad nacional con la seguridad pública.

El académico juzga que “hay una impericia y un desconocimiento de la materia. Mi hipótesis central es que el gobierno anterior y éste han dado respuestas de manera táctica pero no estratégica. Es decir, hay respuestas a modo pero no hay una línea a largo plazo: nombran y quitan funcionarios, mandan la iniciativa, firman decretos, le cambian de nombre a la PFP (Policía Federal Preventiva, ahora Policía Federal). Eso demuestra una imprecisión en el objetivo”.

Oliva explica que la función, la misión y el instrumento de un soldado es la violencia. “Y la violencia fundamentalmente para aniquilar al enemigo, y aniquilar significa matarlo. No es que sean buenos o malos, sino que ésa es la filosofía de la guerra”.

Indica que “el tomador de decisiones está confundido, porque no sabe, no le han explicado, cuáles son las funciones de un soldado sea mexicano, colombiano, o el que sea”.

El académico de la Universidad Nacional Autónoma de México añade: “Cuando se echa mano de las fuerzas armadas debe ser de manera provisional, porque ésta no es su función y no debe ser permanente. Si el tema de la seguridad pública se convierte en un tema estructural, quiere decir que el Estado, no el gobierno en turno, está fallando. Ningún país puede decir, sin que esté en guerra o en un conflicto intenso como Colombia, que el tema de la seguridad pública es de seguridad nacional, porque entonces denota que está quebrada la impartición de justicia. En México, pareciera que el tomador de decisiones, al suponer que esto va a ser permanente, está aceptando el fracaso rotundo en la impartición de justicia y en la certeza jurídica. Entonces, ¿de qué sirve tener elecciones?”

Más “espionaje” y control social

Para Javier Oliva, “la seguridad nacional empieza por las carreteras, por el buen empleo, la certeza de un sistema educativo; no por políticas correctivas como las que hacen (Álvaro) Uribe, (Silvio) Berlusconi, gobiernos de derecha como el de Calderón en México. Si leemos la agenda de riesgos, la pobreza y la marginación aparecen en los últimos lugares, y deberían estar en los primeros”.

Además de las cinco amenazas, el programa apunta seis riesgos a la seguridad nacional. El último, o sexto riesgo, se conforma por los “desequilibrios en el desarrollo nacional” y abarca indistintamente los ámbitos de los “desarrollos social, económico y político”.

El académico señala que la agenda nacional de riesgos “indudablemente” se debe replantear. “Con qué criterios está hecha, ¿con criterios de control o de promoción de la justicia social?”

—De no atenderse la pobreza, la marginación, la impunidad, ¿qué le espera a los mexicanos?

Intentos de control sobre el ciudadano. Toda esta idea de poner cámaras.

—¿La nueva cédula de identidad?

Todos son controles. Es el miedo al ciudadano por parte de la autoridad. Una autoridad que carece de legitimidad, y no me refiero sólo al proceso electoral, sino que carece de legitimidad en el ejercicio de gobierno: una autoridad se legitima también gobernando. Cómo se legitiman los gobiernos en México, a través de programas como Oportunidades, de crear condiciones para la movilidad social. Pero qué pasa cuando el número de pobres va aumentando, pues es un gobierno que se está deslegitimando. Sí veo que éste puede ser un problema en el corto plazo. Apenas estamos a la mitad de la administración y ahí están los datos, los resultados de los programas sociales.

Al finalizar 2009, los mexicanos en extrema pobreza alcanzarán los 37 millones y los indigentes, los 12 millones, estima la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Al presentar el documento Panorama social de la pobreza 2009, el pasado 19 de noviembre, la comisión resaltó que México presentará la mayor caída del Producto Interno Bruto en toda la región, calculado en aproximadamente 7 por ciento.

“No hay segundas oportunidades”

La desatención a las problemáticas sociales conlleva la pérdida de espacios. Jorge Luis Sierra reflexiona que los territorios que ahora busca “recuperar” el gobierno se perdieron incluso desde antes de que llegara la delincuencia organizada.

“No había inversión estatal, construcción de hospitales, de carreteras, inyección para el fortalecimiento de los municipios, un reforzamiento para el sistema educativo, dinero para el pago de maestros, construcción de escuelas, etcétera. Ese territorio estaba abandonado por el Estado, estaba perdido. La suerte de esos mexicanos estaba prácticamente a la deriva. En esas condiciones, donde no hay políticas de Estado, donde el Estado prácticamente ha abandonado ese territorio, llega el narcotráfico y lo aprovecha para sus actividades.”

El experto en seguridad nacional indica que el problema viene de muchas décadas atrás e implica negligencia histórica respecto de esas regiones. “Para recuperar los espacios que ha perdido el Estado mexicano se necesita algo más que el uso de la fuerza, se necesita de todos los elementos del poder nacional. Todos los mexicanos estaríamos en la necesidad de contribuir con algo; pero si el gobierno está confiando solamente en las fuerzas armadas y en las fuerzas de la Policía Federal y no está contando realmente con el apoyo de los ciudadanos, entonces es una política que difícilmente puede tener éxito”.

—Sería éste el momento de hacer algo más y no sólo dejarlo en manos de los militares y en el elemento de represión. ¿O podrá postergarse dos o tres años?

—No hay segundas oportunidades, lamentablemente. Hemos estado, como país, desperdiciando muchas oportunidades y estamos dando pasos hacia atrás. En Honduras hubo realmente una posición muy crítica con el golpe militar porque ahí había problemas desde muchos años atrás.

Ése es el riesgo para el país, observa Sierra. “A eso es a lo que se refiere Estados Unidos cuando dice que hay un Estado fallido: a que haya una alianza en México de narcotraficantes con funcionarios y una parte de las fuerzas armadas, una parte de los partidos políticos que intenten dar un golpe de Estado. Ése sería el escenario más grave del país, ahí es donde estaríamos alcanzando un estado de ingobernabilidad y ahí desgraciadamente no tendríamos tiempo para poder resolverlo con herramientas teóricas”.

Respecto del Programa para la seguridad nacional (2009-2012), opina que, “desde un punto de vista objetivo, fue un trabajo enorme de la comunidad de seguridad nacional. Muchos de los conceptos que están ahí vertidos son resultado de reflexiones y del trabajo intenso. Pero en la realidad, el país no tiene las herramientas indispensables como para poder traducir el plan a resultados concretos”.

Seguridad nacional. Acciones destinadas de manera inmediata y directa a mantener la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano, que conlleven a:

I. La protección de la nación mexicana frente a las amenazas y riesgos que enfrente nuestro país;

II. La preservación de la soberanía e independencia nacionales y la defensa del territorio;

III. El mantenimiento del orden constitucional y el fortalecimiento de las instituciones democráticas de gobierno;

IV. El mantenimiento de la unidad de las partes integrantes de la federación (…);

V. La defensa legítima del Estado mexicano respecto de otros Estados o sujetos de derecho internacional, y

VI. La preservación de la democracia, fundada en el desarrollo económico, social y político del país y sus habitantes

Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)

Amenazas a la seguridad nacional

El Programa para la seguridad nacional (2009-2012) define la amenaza como “fenómeno intencional generado por el poder de otro Estado, o por agentes no estatales (…), cuya característica es una voluntad hostil y deliberada que pone en peligro de vulneración particularmente grave a los intereses permanentes tutelados por la seguridad nacional, en parte o en todo el país, y cuestionan la existencia del mismo Estado”.

Amenaza

Definición

Delincuencia organizada

“Plantea desafíos que actualmente no se restringen sólo al ámbito de la seguridad pública, dado que algunos de ellos tienen implicaciones para la seguridad nacional en tanto pueden vulnerar la soberanía y el orden constitucional. En este sentido, resultan relevantes diversas dinámicas derivadas de la actuación del crimen organizado, caracterizadas por la coerción que grupos delictivos pretenden ejercer sobre autoridades –electas y designadas– en los tres órdenes de gobierno; la cooptación de miembros de las instituciones de seguridad pública y procuración y administración de justicia, con el propósito de obtener impunidad y dificultar la acción persecutoria del Estado, y la transgresión sistemática, por parte de grupos criminales, del monopolio estatal sobre la aplicación coactiva de la fuerza”

Narcotráfico

“Es la manifestación más significativa de la delincuencia organizada y, por tanto, fenómeno de atención prioritaria. El crecimiento del tráfico ilícito de estupefacientes se asocia a las transformaciones del mercado internacional de la droga, los cambios en los patrones de consumo nacional y extranjero, la proliferación del narcomenudeo y un mayor protagonismo de las organizaciones delictivas mexicanas que utilizan tecnologías de comunicación y armamento de uso exclusivo de las fuerzas armadas”

Grupos armados

“La composición del sistema político mexicano se caracteriza por la pluralidad de expresiones e ideologías en el marco de la legalidad y las instituciones. Sin embargo, la defensa de las ideas por la vía de las armas es una acción que quebranta el orden constitucional. La amenaza a la seguridad nacional implica actos violentos que ejercen dichos grupos, y que causan severos daños al desarrollo del país, especialmente por lo que se refiere a los ataques en instalaciones estratégicas de las que depende la planta productiva”

Terrorismo

“En un entorno cada vez más impredecible, debe reconocerse la existencia y capacidad de grupos ilegales que utilizan el terror en contra de la población civil como instrumento para alcanzar sus objetivos. En el caso mexicano, esta amenaza se potencia por factores geopolíticos, como la vecindad con Estados Unidos de América y Canadá, el grado de integración de la economía de Norteamérica, el fácil acceso a tecnologías de información y comunicación, más y mejores medios de transporte; así como la presencia de nacionales, oficinas diplomáticas e intereses comerciales de otros países en territorio nacional. La amenaza para la seguridad nacional se refiere a que nuestro país sea víctima de un acto terrorista, y además sea utilizado como una plataforma de tránsito, preparación o refugio de grupos terroristas. En este contexto, el tráfico de armas de destrucción masiva o sus precursores, es una hipótesis plausible”

Vulnerabilidades en fronteras

“Las fronteras continúan siendo origen de vulnerabilidades, que se ven potenciadas por la deficiente vigilancia de algunos tramos de las fronteras terrestres, los flujos migratorios indocumentados; el tráfico ilícito de armas, drogas y personas; la violencia asociada al narcotráfico y la impunidad con que se desarrollan las actividades ilícitas. La amenaza consiste en el debilitamiento de los controles institucionales, a través de los cuales el Estado mexicano ejerce su soberanía en las fronteras, por la creciente interrelación del tráfico de drogas, la trata de personas y otras formas de comercio internacional ilícito. La asimetría existente entre los países que colindan con el Estado mexicano al norte y al sur de sus fronteras exacerba la posibilidad de enfrentar amenazas a la seguridad nacional. El tráfico ilícito hacia México de armas, lanzamisiles, armas automáticas, granadas y municiones, y la sofisticación con las que el narcotráfico y la delincuencia organizada desafían a las autoridades y ponen en riesgo la integridad de la población civil, son problemas que requieren especial atención y corresponsabilidad de los países involucrados, ya que la mayor parte de las armas de alto poder se trafican a través de nuestras fronteras”

Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)

Riesgos a la seguridad nacional

Riesgos. Antagonismo a la seguridad nacional, que no teniendo el carácter de amenaza, implica una condición interna o externa generada por situaciones políticas, económicas, sociales o agentes no estatales, así como por desastres naturales, de origen humano o epidemias, cuya presencia pudiera poner en entredicho el desarrollo nacional.

Riesgo

Definición

Conflictos políticos y sociales

“Existen riesgos asociados a la preservación de la gobernabilidad sustentada en la fortaleza del régimen democrático. Si los conflictos políticos y sociales desbordan los cauces de las instituciones democráticas hacia expresiones violentas, el Estado cuenta con un marco legal para atender estas situaciones extremas”

Pérdida de cohesión social

“Entre las dinámicas que plantean desafíos a la seguridad nacional cabe destacar la pérdida de cohesión social, característica de la sociedad contemporánea. Es una condición que mina la vitalidad del régimen democrático y limita el potencial de desarrollo social. El Estado, para evitar dicho fenómeno, debe impulsar redes sociales múltiples y fuertes que produzcan sinergias para revertir esta tendencia”

Dinámicas migratorias

“Las actividades de la delincuencia organizada trasnacional asociadas al tráfico ilícito de personas generan una presión multidimensional al país y a las fronteras nacionales (norte, sur y tercera frontera). Estas circunstancias representan una ventana de vulnerabilidad para la seguridad nacional”

Pandemias y epidemias

“Existen riesgos al desarrollo integral de los mexicanos que exigen creciente atención por parte del Estado mexicano y la sociedad, como es el caso de pandemias o epidemias que pueden poner en riesgo a amplios sectores de la población. Frente a estos riesgos existe la necesidad de impulsar acciones de prevención y protección”

Medio ambiente y calentamiento global

“En el mediano y largo plazos, la preservación de los recursos naturales y del medio ambiente son temas que requieren mayor actividad institucional en el contexto nacional e internacional. El cuidado del patrimonio ecológico, especialmente el agua, constituye un legado esencial para las generaciones futuras, en un entorno global en el que las riquezas naturales deben mantenerse e incrementarse para fortalecer el desarrollo nacional. En este contexto existen otros escenarios derivados de la evolución del cambio climático como inundaciones y sequías”

Desequilibrios en el desarrollo nacional

La dinámica de desarrollo social, económico y político de México exige nuevos enfoques que hagan frente oportunamente a aquellas situaciones que, de seguir su curso inercial, pueden poner en entredicho la viabilidad del desarrollo del país en el mediano y largo plazos. Por este motivo es necesario identificar los desequilibrios críticos para el desarrollo interno, cuyo origen es multifactorial, como es el caso de la brecha digital en la sociedad del conocimiento, la pérdida de competitividad internacional, y los escasos márgenes de crecimiento económico”

Fuente: Programa para la seguridad nacional (2009-2012)

Tomado de : http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/11/29/guerrilla-entre-los-objetivos-militares-de-calderon/

viernes, 20 de noviembre de 2009

ALTAR DE MUERTOS EN ALGUN LUGAR DE LA CUICATECA. 2009





Agradecemos infinitamente a quien nos proporcionó estás bellas fotos.

Suspende Minera San Javier su actividad en Cerro de San Pedro.

Anuncia la empresa que continuará con operaciones de recuperación de oro

Recurrirá de las resoluciones para reanudar explotación

Ecologistas exigen su salida
Edith Argüelles y Matilde Pérez
Corresponsal y reportera
Periódico La JornadaViernes 20 de noviembre de 2009, p. 36

Cerro de San Pedro, SLP, 19 de noviembre. La empresa canadiense Minera San Xavier suspendió hoy sus operaciones en el Cerro de San Pedro de acuerdo con lo que le impone la notificación hecha por la representación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiental (Profepa).

No obstante, el consorcio New Gold, al que pertenece, anunció desde Vancouver, Canadá, que la empresa continuará las operaciones de recuperación de oro existentes en los patios de lixiviación del predio, aunque la actividad extractiva haya cesado.

Profepa confirmó que la empresa ya detuvo la extracción de material y el uso de explosivos y espera que en los próximos días entregue el programa de manejo para restaurar el lugar bajo la supervisión de la autoridad ambiental.

Asentó que no se tuvo que recurrir al uso de la fuerza pública para obligar a la empresa a detener sus operaciones; el delegado de la Profepa en el estado, Alfredo Sánchez Azúa, está supervisando la cancelación de las operaciones.

Mientras tanto, una decena de organizaciones ambientalistas y no gubernamentales defensoras de derechos humanos demandaron al titular de la Profepa, Patricio Patrón Laviada, actuar de inmediato y directamente para que Minera San Xavier detenga totalmente sus actividades y abandone San Luis Potosí.

Greenpeace, Observatorio Ciudadano de Vigilancia Ambiental, Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, Red Mexicana de Afectados por la Minería, Unión de Grupos Ambientalistas, Pro San Luis Ecológico, Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, Red Nacional de Organizaciones Civiles de Derechos Humanos y el Poder del Consumidor, pidieron al titular de la procuraduría que “tome acciones urgentes” para que la minera deje de operar.

Las organizaciones sostuvieron que es responsabilidad del titular de la Profepa perseguir delitos ambientales, y en este caso es “flagrante, innegable, depredador y afecta al bien común de los mexicanos. Si la Profepa de San Luis está dilatando la acción de justicia, usted, como procurador federal actúe; cumpla la ley y siente un precedente sacando a esa corporación del estado”.

En un comunicado, New Gold manifestó su intención de recurrir a todas las vías legales para defenderse de las decisiones de la Profepa y la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat): aquella por retirarle el permiso de impacto ambiental otorgado en 2006, y ésta por notificar el cierre de la mina, en cumplimiento a una resolución dictada el pasado 14 de octubre por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y la cual se deriva de una demanda interpuesta por el grupo Pro San Luis Ecológico.

Esa resolución se deriva de que el Cerro de San Pedro no cumple con el uso de suelo minero; por el contrario es una zona protegida, además de que el pueblo fue desginado patrimonio histórico por ser cuna de la fundación de San Luis Potosí.

Robert Gallagher, representante de New Gold, consideró que los más recientes hechos son sólo continuación de una década de desafíos de un grupo de personas que se oponen al proyecto de explotación minera en el Cerro de San Pedro y adelantó que se han tomado todas las medidas posibles en la materia para responder a dichos desafíos y reanudar operaciones.

Detienen a dirigente de ex mineros.

Carlos Camacho, corresponsal
Periódico La JornadaViernes 20 de noviembre de 2009, p. 31
Pachuca, Hgo., 19 de noviembre. Cirilo Hernández Vázquez, presidente de la Asociación Civil Movimiento de Mineros y ex Mineros de Real del Monte, fue detenido por policías debido a que Angelina Bulos Rosas, ex presidenta municipal priísta de Mineral del Monte, lo denunció por despojo.

En corporaciones policiacas locales se informó que Hernández Vázquez fue aprehendido por reclamar un predio del sindicato minero, del cual, según la agrupación, pretende adueñarse la ex alcaldesa, quien durante su gestión (2000-2003), vendió a empresarios de la región inmuebles que son patrimonio del gremio.

Desde hace más de cuatro años Cirilo Hernández encabeza la lucha para aumentar las pensiones de los ex mineros. Cerca de 120 ex trabajadores de Real del Monte padecen enfermedades crónicas, como silicosis y tuberculosis, y reciben apenas entre 200 y 400 pesos mensuales.

La aprehensión del dirigente fue calificada por los ex mineros de “embestida” de Bulos Rosas contra su movimiento, que ha denunciado los despojos perpetrados por la ex alcaldesa, entre ellos el de un edificio que funcionaba como cooperativa.

Lorenzo Vargas, tesorero de la asociación, reveló recientemente que propietarios de la Compañía Real del Monte y Pachuca regalaron una casa al hermano del actual presidente municipal, el panista, Omar Skewes, porque con sus influencias “logró que muchos ex mineros quedaran sin pensión”.

Los ex mineros también acusaron de maltrato a la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Marisol Vargas Bárcena.

martes, 17 de noviembre de 2009

Apelarán a convenio internacional indígenas de Bancos de San Hipólito











Guadalajara, Jal., (La Jornada Jalisco).- Intentando no sentar un precedente nacional e internacional para la defensa territorial de los pueblos indígenas sustentada en su derecho consuetudinario, el Estado mexicano nulificó la resolución presidencial que en 1981 integró la comunidad autónoma wixarika de Bancos de San Hipólito a la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, en el municipio de Mezquital, Durango; sin embargo, aunque la sentencia aparentemente favorece a los wixaritari al ordenar que se restituya el procedimiento, en su resolución el Tribunal Superior Agrario niega a los indígenas el derecho a acogerse a los tratados internacionales para apelar a su derecho ancestral a la propiedad del territorio.

Santos de la Cruz Carrillo, comisariado electo de bienes comunales de Bancos de San Hipólito, explicó que aunque se logró la nulidad del proceso mediante el que se les despojó de su territorio hace 28 años, una vez que se analizó a fondo la nueva sentencia del Tribunal causó preocupación que se les impida apelar al convenio 169 que México tiene firmado con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reconoce el derecho consuetudinario de los pueblos indígenas del mundo.

“En la resolución ni siquiera se hace una referencia de lo que son los tratados internacionales, y es ahí donde está el espíritu de los pueblos indígenas porque se aborda la ocupación tradicional de los pueblos que poseen y de alguna forma tienen la propiedad del territorio ancestral. Eso es en lo que nosotros nos sustentamos, porque independientemente de que tengamos título de propiedad de la comunidad, ese convenio (el 169) la garantiza, y es un instrumento jurídico para todos los pueblos indígenas que en esta ocasión los magistrados ni siquiera analizaron, argumentando que eso ya se discutió en procesos y sentencias anteriores”, señaló.

La historia de esta comunidad es más larga y la pelea por su territorio comenzó mucho antes de 1981. Desde 1968, las 10 mil 720 hectáreas de Bancos de San Hipólito fueron separadas de su “comunidad madre San Andrés Cohamiata”, en Mezquitic, Jalisco, por lo que desde entonces los wixaritari comenzaron la lucha por el reconocimiento de la propiedad de su tierra y en 1977 se les reconoció la posesión de ésta, más no la propiedad. Pero en 1981, las autoridades agrarias de México anexaron, indebidamente, ese mismo territorio a la comunidad mestiza de San Lucas de Jalpa, en el municipio de El Mezquital, Durango.

A partir de ahí, las diferencias culturales entre los wixaritari y los mestizos han provocado que no se respete el carácter comunal y autónomo de Bancos, por lo que el caso se llevó a instancias nacionales en primer término, pero al no resolverse el asunto se solicitó la intervención de organismos internacionales.

En noviembre de 1998, la OIT emitió una primera resolución en la que pide al Estado mexicano cumplir lo establecido en el Convenio 169 respecto al derecho ancestral de los pueblos indios. Ante la falta de respuesta, en 2006 el organismo internacional volvió a pronunciarse y dejó en claro que considera este caso como “emblemático” porque podría sentar un precedente para el respeto de las cosmovisiones de “los pueblos originarios”.

En 2008, dos relatores de la Organización de las Naciones Unidas emiten un pronunciamiento para que el gobierno mexicano resuelva el conflicto territorial de los wixaritari de Bancos de San Hipólito y en junio de 2009 la OIT vuelve a emitir una recomendación. Mes y medio después de este último llamado internacional, el 11 de agosto, el Tribunal Superior Agrario emite la nueva sentencia, aparentemente favorable a la comunidad wixaritari, en cumplimiento de una orden del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.

Pese a esto, las autoridades autónomas de Bancos consideran que la resolución del Tribunal es tramposa, porque aunque “el asunto” será juzgado de nuevo conforme a las leyes mexicanas de 1968, se le impide a los wixaritaris acogerse a los convenios internacionales y además se reconoce a los mestizos de San Lucas un supuesto derecho inmemorial, lo que sitúa a ambas comunidades en igualdad de circunstancias.

Santos de la Cruz señala: “Se nos pone como traba el que no podamos ampararnos a los convenios internacionales y eso nos preocupa porque realmente al momento de resolver, ellos pueden decir que las leyes mexicanas y el Código Agrario de aquella época favorecen a San Lucas, y a nosotros se nos niega apelar al Convenio 107, que era el que en aquella época amparaba el derecho territorial y que después fue sustituido por el 169”.

En su opinión, la resolución del Tribunal es la forma en que el estado mexicano quiere demostrar que está cumpliendo con sus compromisos, pero considera que en realidad la sentencia quiere engañar a la comunidad internacional. Y sospecha por la forma rápida en que después del ultimátum de la OIT se emitió la sentencia. “No están entrando al estudio de las cosas y no hay garantías aquí en México de que los tratados sean vinculatorios”, remata.

“Nosotros nos preguntamos cómo es que nos van a poner en un estado de igualdad, si nosotros hemos comprobado nuestra posesión desde tiempos inmemoriales con el título virreinal. Después demostramos el acordonamiento del territorio que se hizo en 1809 y también a San Lucas se le quiere poner en esa parte de la historia, pero en realidad San Lucas de Jalpa hizo sus trámites después. Nos preocupa porque están generando las condiciones para que, en el procedimiento, la magistrada resuelva dividir el territorio por mitad argumentando que San Lucas y Bancos tienen la posesión y propiedad desde tiempos inmemoriales”, asegura.

–¿Y así tampoco se sentarían precedentes para las luchas territoriales de otros pueblos?, –se le pregunta al también abogado de profesión.

–Cuando nos están negando los convenios y nos dicen que estamos en igualdad de condiciones, pues pueden resolver a favor de cualquiera, y si se le da el derecho a Bancos, no quedarán sentados los precedentes históricos sobre la posesión ancestral; así, las demás comunidades que tienen problemas parecidos no podrían utilizar este caso como precedente. Lo que nosotros queremos es que quede un precedente para que otros pueblos que tienen este tipo de conflictos puedan usar esto como argumento para reclamar su derecho.

Debido a esta circunstancia, y aunque saben que un proceso internacional es complejo y largo, los wixaritari de Bancos de San Hipólito han decidido acudir al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para solicitar que en el nuevo procedimiento no se desconozcan los convenios internacionales y no se coloque en igualdad de circunstancias en cuanto al derecho ancestral del territorio a una comunidad que no ha logrado demostrar que lo tiene.

sábado, 14 de noviembre de 2009

México revoca permiso para explotación canadiense de mina de oro




Por MARK STEVENSON © 2009 The Associated Press

México revocó el viernes la autorización ambiental para que una mina de oro sea explotada por una compañía canadiense, criticada por destruir obras antiguas de minería alrededor de un poblado de siglos de antigüedad.

La Secretaría del Medio Ambiente informó en un comunicado que ha retirado el permiso a Minera San Xavier, propiedad de New Gold Inc., con sede en Vancouver, Canadá.

La mina ha operado durante más de dos años, detonando las laderas de una montaña a unas decenas de metros de la iglesia y de la plaza principal de San Pedro, un poblado minero del siglo XVI.

Los opositores al proyecto elogiaron la decisión, al señalar que la mina amenaza uno de los sitios de más valor histórico en el estado central de San Luis Potosí. Esos grupos afirman que el cianuro utilizado para extraer el oro de entre montones de roca triturada amenaza los depósitos de agua en la zona.

Ana María Alvarado, representante de los ejidatarios alrededor del Cerro de San Pedro, dijo que la decisión representó "una batalla ganada", pues en octubre, una corte desechó algunos elementos de la autorización ambiental para la mina a cielo abierto.

Ejecutivos de New Gold no respondieron de inmediato a una solicitud de declaraciones. Pero en un comunicado emitido el 2 de noviembre, la empresa advirtió que apelaría la decisión judicial emitida en octubre.

Alvarado consideró que hay propuestas alternativas para preservar las minas antiguas y para dar empleo en esta zona pobre y árida, incluido el ecoturismo.

El poblado y el estado se fundaron principalmente alrededor de las minas antiguas de la era colonial, cuyos túneles y entradas, así como las viejas casas de los mineros, cubren algunas colinas. Muchas de esas estructuras han sido arrasadas por las detonaciones, dado que las labores de la minería moderna destruyen las laderas de las colinas para llegar al mineral desaprovechado por las técnicas antiguas.

La empresa asegura que recupera o reutiliza la mayor parte del cianuro usado en el proceso y que ha tomado medidas para proteger o respetar estructuras históricas en el centro del poblado.

jueves, 12 de noviembre de 2009

Las resistencias indígenas son iguales en todo el mundo: Catherine Walsh





  • Falta comunicación entre naciones

La especialista en estudios culturales asegura que el caso de la minera Peña Colorada en Ayotitlán es reflejo de una problemática global
GUADALAJARA, JALISCO.- La lucha de los pueblos indígenas es igual en todas partes, y lo que sucede en Ayotitlán con la minera Peña Colorada, es un espejo de cómo actúan este tipo de compañías trasnacionales en todo el mundo, dijo la académica Catherine Walsh, coordinadora del doctorado en Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad Andina Simón Bolívar (Ecuador), al finalizar el Congreso Nacional Indígena en esta comunidad nahua del Sur de Jalisco.

“Las resistencias son muy paralelas y aquí el gran problema es que muchas veces falta comunicación entre países para saber cómo luchan en otros lados. Tenemos que entender que las luchas ya no son nacionales, son trasnacionales, y las conquistas y el exterminio ya es un tema común”, expresó la investigadora, quien el viernes pasado dictó la conferencia inaugural de la Cátedra de Multiculturalidad de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

Explicó que mientras más pequeñas son las compañías, es más fácil la lucha. Pero hay casos, como el de una minera que intentó extraer oro en Ecuador y el Sur de Colombia, que fue expulsada por la organización de afrodescendientes y comunidades originarias.

“Esos aprendizajes son importantes, porque significa que sí es posible, y de lo poco que sé sobre México, espacios como el CNI son muy importantes, porque es una manera de intercambiar entre distintas regiones del país y sería interesante compartir con representantes de movimientos indígenas en otros países, para ir pensando juntos”.

Resaltó que las luchas de cada pueblo son necesarias en este momento y cada uno sabe cómo actuar a partir de sus conocimientos.

Durante la conferencia que impartió en el Paraninfo, dijo que los proyectos de la izquierda tradicional no son los que han aportando verdaderos elementos de conocimiento, sino que están surgiendo de los saberes ancestrales de los pueblos indígenas de América Latina, para repensar las sociedades y hasta los estados.

Al respecto, abundó que “la izquierda es parte del sistema racializado, que piensa desde la perspectiva académica, vanguardista, masculina y blanca mestiza. Y que los pueblos ahora sean los que den las pistas de cómo pensar políticamente, es parte del choque racializado”.

Indígenas se oponen a festejos por el Bicentenario de la Independencia

Más de 100 delegados de distintos pueblos indígenas de México se pronunciaron el pasado fin de semana en Ayotitlán (Cuautitlán de Barragán, Jalisco) en contra de la minera Peña Colorada, que desde hace más de 40 años extrae hierro en la región, y resaltaron que en 2010 no hay nada que celebrar, pues sería aceptar los “despojos de territorios” que hasta la fecha sufren las poblaciones originarias.

En las conclusiones generales del vigesimosexto encuentro del Congreso Nacional Indígena, los representantes de 13 pueblos (zoques, triquis, wixárikas, purépechas, cocas, mixtecos, nahuas, tzetzales y otros) de siete estados también enfatizaron su apoyo a la comunidad huichol de Bancos de San Hipólito, en Durango (antes del reparto agrario pertenecía a Jalisco), que próximamente llevará su conflicto territorial a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como su repudio a la privatización del agua, a la Ley de Bioseguridad y a la liberación de los paramilitares involucrados en la matanza de Acteal.

Los tres temas que se trabajaron fueron: despojo de las tierras, la defensa de éstas y cómo fortalecer la autonomía y la autodefensa.

El tema del Bicentenario de la Independencia fue uno de los que más se abordó, debido a que los coca de Mezcala rechazan los festejos que el Gobierno de Jalisco pretende realizar en la isla de este pueblo, ubicada en la Ribera de Chapala.

“El México de abajo piensa que aquellos que nos despojaron de nuestras tierras, les diremos que se vayan, que son nuestras tierras. Y unirnos a sus fiestas sería aceptar los despojos que hemos vivido desde hace más de 500 años”, dijo uno de los asistentes de Cherán, Michoacán.

Por ello, decidieron que antes de que inicie 2010, era necesario fijar una postura política de rechazo a estos festejos y poco a poco mostrar con los hechos que caminan hacia la autonomía.

CRÉDITOS: Informador Redacción / AMB

martes, 10 de noviembre de 2009

Los países pobres deben cobrar la “deuda ecológica” a los ricos: Joan Martínez





Los países pobres deben cobrar la “deuda ecológica” a los ricos: Joan Martínez


MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA

Las naciones en desarrollo que son sometidas por las grandes potencias a través del cobro de préstamos económicos desorbitados están en su derecho de hacerles efectivo a esos países el cobro de la “deuda ecológica”, es decir, la retribución que debe dárseles por la depredación de sus recursos naturales o por ser destino de los desechos tóxicos expulsados por aquéllos, sugirió Joan Martínez Alier.

El teórico catalán, impulsor de la ecología política o de la ecología humana, dictó el pasado viernes al mediodía una conferencia magistral en el salón de usos múltiples “Carlos Marx” de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP).

El economista estuvo acompañado de Gian Carlo Delgado, investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (Ceiich) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a cuyas instancias y las del Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales de la UAP Martínez Altier se apersonó en la Facultad de Economía de la máxima casa de estudios local.

Durante su disertación, el autor de La ecología y la economía hizo una explicación teórica de los puntos de encuentro y exclusión que la ciencia económica y la ecología han tenido históricamente; también hizo un repaso de los movimientos populares de defensa del patrimonio ambiental en varias partes del mundo, y explicó los principales postulados del pensamiento de la ecología política.

El público que acudió a escuchar a Joan Martínez Alier fue variopinto: por obvias razones predominaban los economistas, aunque también hubo presencia de sociólogos, antropólogos, filósofos, comunicólogos, ingenieros, arquitectos, periodistas y activistas.

Varios de esos asistentes, al tomar la palabra, reconocieron las aportaciones del maestro catalán al trabajo interdisciplinario y resaltaron las aportaciones valiosas que sus propuestas hacen no sólo para el estudio riguroso de la relación entre la acumulación de capital y el deterioro del planeta y de la calidad de vida de millones de personas, sino también como una visión de largo aliento que puede ayudar a solucionar los problemas de crisis mundial y depredación ambiental que padece el planeta.

Desesperanza de la política

La exposición de Martínez Alier fue abundante en registros históricos y axiomas, pero se podría decir que la atravesó una idea básica: el desequilibrio en el mundo en una parte es resultado de la voracidad de los grandes capitales que explotan irracionalmente los recursos de las naciones pobres e incluso depositan ahí la basura que generan.

Esa ambición ilimitada no sólo produce daños irreversibles a la naturaleza, sino que cada vez más se cobra con la vida de millones de personas que son obligadas a desplazarse de sus lugares de origen simplemente porque en esos sitios hay recursos que los grandes consorcios transnacionales codician.

Por dichas razones, para Martínez Alier es vital que los movimientos populares de defensa del medio ambiente que se han generado alrededor del mundo se fortalezcan, pero sobre todo, que los gobiernos de las naciones en vías de desarrollo tomen la bandera de esas organizaciones, para hacerlas válidas en foros internacionales, a fin de hacer efectiva la “deuda ecológica”.

El catedrático de Economía e Historia Económica de la Universidad Autónoma de Barcelona inició su plática resaltando la tradición académica que ostenta la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Puebla, y en seguida recordó que el nacimiento de la ecología política tiene más o menos 25 años.

Rememoró que hasta hace tres décadas la economía y la ecología eran ciencias separadas. Los ecólogos estaban entonces concentrados en el estudio de los ecosistemas, pero no les interesaba la acción e interacción de la especie humana en ellos.

Hoy, recalcó, se tiene la creencia errónea de que los movimientos ecologistas tienen su origen y están sólo bien estructurados en Estados Unidos, en organizaciones representativas como Greenpeace.

Explicó que en su momento él y otros teóricos empezaron a elucubrar un andamiaje teórico que conjugara la visión crítica del marxismo y del anarquismo, con el análisis de problemas ecológicos y sociales, con aportaciones de las escuelas agraristas.

En ese sentido, señaló que los agraristas rusos del siglo XIX son los verdaderos precursores de los movimientos ecologistas que hoy prevalecen en el mundo, y hasta reveló que el apotegma zapatista de “Tierra y Libertad”, fue traído a México por troskistas.

Mencionó que recientemente había encontrado en la internet una conferencia que dictó, en 1992, en un cónclave de partidos de izquierda para la región, a la que acudieron varios líderes que fueron presidentes, candidatos a la presidencia o que hoy son presidenciables, como Daniel Ortega, mandatario nicaragüense; Aurelio García, actual asesor de Luis Ignacio Lula da Silva, el titular del Poder Ejecutivo en Brasil, la plana mayor del Partido de la Revolución Democrática.

Martínez Alier les habló a esos políticos del efecto invernadero, de la pérdida de biodiversidad y de otros fenómenos que en su momento no fueron considerados seriamente por los gobiernos y teóricos del mundo, pero que hoy son motivo de preocupación, análisis y debate.

En esa lógica, se refirió a que varios activistas o convencidos de la ecología política hoy son candidatos a las presidencias de sus respectivos países en candidaturas que tienen más un talante testimonial que una verdadera posibilidad de llegar al cargo; entre ellos mencionó a Mariana Silva, quien procede del movimiento ecologista popular en Brasil, compañera de Chico Méndes, uno de los más destacados luchadores e impulsores del ecologismo popular, o el ecologismo de los pobres.

Un caso similar, apuntó el conferenciante, es el de Marco Arana Zegarra, agitador en contra de una mina de oro a cielo abierto en Cajamarca y ex sacerdote que será postulante a la primera magistratura en Perú.

Empero, Martínez Alier aseveró: “yo no creo que con elecciones y con candidatos se cambie al mundo, porque muchas veces la experiencia enseña que los intereses reales someten a la gente y entonces terminan haciendo cosas que nunca pensaron que iban a hacer”.

Las luchas continuarán

El economista catalán expresó: “había personas en 1992 que con su alegría por el triunfo occidental en la guerra fría no querían darse cuenta de que las luchas sociales por un mundo más igual tenían que continuar. No veían entonces estas personas que los lamentables regímenes de la URSS y de la Europa del Este no solucionaron estas luchas, antes las fomentaron, al engañar por tantos años a una parte de los pobres del mundo (...)”.

Martínez Alier agregó que también les advirtió en aquella época que los problemas derivados de las agresiones terribles del capital al medio ambiente acrecentarían las movilizaciones sociales

Añadió que la caída del muro dejó al desnudo la escasa importancia que el sistema neoliberal, a pesar de las economías planificadas cuyo único objetivo era el crecimiento desaforado del Producto Interno Bruto (PIB) le prestó a los asuntos ecológicos, pero que, del otro lado, en el régimen socialista, también habían quedado expuestas las carencias de visión sobre un tema tan importante.

“Lo que mucha gente vio como el fracaso de hace 20 años para mí fue bueno, como un alivio, porque se podían volver a discutir, en condiciones de igualdad, temas que habían quedado arrinconados, como la relación ecología–economía por parte de la izquierda”, aseveró el catedrático marxista.

En esa ruta crítica, Martínez Alier expresó que el mercado destroza al medio ambiente y que para él no cuenta el futuro, porque no considera a la gente que no ha nacido, pero tampoco toma en cuenta la supervivencia de otras especies, y eso queda demostrado en la extinción dramática y acelerada de muchas de ellas.

“El mercado no tiene en cuenta a los pobres, no tiene en cuenta al futuro, y no tiene en cuenta a las otras especies”, asentó.

En Estados Unidos y en algunos países europeos, como Alemania, no se consideró el tema del medio ambiente, y las consecuencias que algunas tecnologías y el crecimiento industrial suponían a la ecología. Por eso, añadió, hubo un enorme crecimiento de armas y plantas nucleares, con la consecuente respuesta social de movilización contra la carrera armamentista.

Del lado socialista, aunque también hubo un desarrollo inusitado y pavoroso de la tecnología nuclear, no aparecieron las movilizaciones ciudadanas contra ese crecimiento, lo cual pudo haber evitado tragedias tan terribles como la explosión de la planta en Chernobil.

Los problemas derivados de los abusos en las tecnologías han generado respuestas de la sociedad que ahora, en los países industrializados, se organiza para exigir rendición de cuentas a sus autoridades sobre las decisiones que toman en la materia, la mayoría de las veces sin consultar a los ciudadanos.

Ecologismo de los pobres

Joan Martínez también se refirió al ecologismo de los pobres. Los estudios en esta área, explicó, se orientan a las reacciones que surgen cuando el crecimiento económico que repercute en el aumento del metabolismo de la sociedad y la subsistencia de muchos humanos, cuyos territorios son invadidos por las empresas que van a extraer sus recursos naturales.

Pero los conflictos no son sólo de explotación, sino también de colocación de residuos, porque en la medida en que aumenta el uso de energía también se elevan los desechos.

Ambas acciones nocivas, la depredación de los recursos naturales y el confinamiento de basura y otros agentes contaminantes produce efectos no sólo sobre el medio ambiente, si no también sobre los seres humanos, y esos perjuicios pueden considerarse como deuda ecológica.

Hoy mismo, señaló Joan Martínez Alier, hay líderes en el mundo, en los países en vías de desarrollo, que quieren hacer efectiva esa deuda ecológica. Uno de ellos es el presidente boliviano Evo Morales, quien quiere cobrarle a los países ricos la deuda por el carbono, por el uso desproporcionado de la atmósfera y de los océanos para colocar desechos.

En otras naciones, abundó, como Ecuador, también se están generando movilizaciones en el sentido de hacer una alianza con Bolivia y con otros países para plantear el asunto de la deuda ecológica en la Cumbre de Copenhague sobre el clima.

Gran alianza

“Los críticos ecológicos de la ciencia económica estamos de acuerdo en que los pasivos ambientales no salen en la contabilidad de las empresas mineras o de las empresas forestales. Los economistas usan esta palabra tan extraña, ‘externalidad’, como si el cambio climático fuera una cosa extraña, ajena y que apareció por que sí. Pero la verdad es que los pasivos se hacen visibles cuando la gente protesta, cuando la gente llama la atención sobre lo que está pasando”, asentó.

Martínez Alier se refirió a la teoría de la segunda contradicción del capitalismo, que elucubró su colega y amigo John O’ Connor, autor del libro La crisis final del capitalismo y coofundador de la revista Ecología política.

La primera contradicción, postulada por Marx, asegura que cuando los capitalistas pretenden generar la misma producción con menos trabajadores o reduciendo salarios para obtener más ganancia, provocan una disminución en el consumo. La segunda contradicción señala que la voracidad del mercado por explotar los recursos naturales terminará agotándolos para siempre.

En toda su disertación, Martínez Alier ensalzó las luchas populares por la defensa del medio ambiente, y habló de casos específicos en México. Mencionó en varias ocasiones la oposición de ecologistas, vecinos y ciudadanos en todo el país al daño que están produciendo las granjas Carroll, ubicadas en los límites de los estados de Puebla y Veracruz.

Incluso celebró la realización de la Quinta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales en la localidad de Chichicuautla, del municipio de González Ortega, en la región de Libres–Oriental, y propuso que se generara un frente amplio para exigir justicia ambiental a las autoridades y a las empresas contaminantes.

Por su parte, Gian Carlo Delgado se refirió a las diversas luchas ambientales que están desarrollando organizaciones civiles y populares a lo largo del territorio mexicano y las contradicciones que el sistema está produciendo constantemente en un afán por proteger a los grandes capitales que depredan el medio ambiente.