JAIME HERNANDEZ ORTIZ
Telcruz, municipio de Ayotitlan de Garcia Barragan, Jalisco.- Abandono, crimen y saqueo continuo de riquezas son las respuestas que dan los gobiernos a las demandas de los afectados por las minas.
Al iniciar en esta comunidad el Taller de reflexión y acción frente a la minería, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) al que acudieron más de 70 personas en representación de más de una docena de comunidades de Jalisco, Oaxaca y Michoacán, los asistentes expusieron la diversa problemática que viven desde hace varias décadas, cuyo signo distintivo ha sido el conflicto, la inseguridad jurídica, el despojo de tierras y riqueza natural, además del deterioro ambiental.
Juan Carlos Marmolejo, integrante de Guardianes de la Selva, de Coahuayana, Michoacán, denunció a la Minera Ternium, que sin permiso se apropió de 6 mil hectáreas, 2 mil de El Palacio del Rey Tolimán, lugar desde donde este antiguo monarca indígena se opuso a los españoles. El grupo guardianes presionó al gobierno de Leonel Godoy, quien por su conducto logró a la empresa respetara el cerro de La Aguja; sin embargo, ha estado perforando pozos por medio de una empresa canadiense a la que parcialmente han logrado detener con bloqueos en obras.
José Santos Rosales, de la cuenca del río Marabasco, Roblada de la Cruz, integrante del Consejo de Mayores Telcruz, cuestionó que a veces ejidatarios los han dejado solos mientras que “son otros los cobran en arreglos y que son los de Ayotitlán”.
Celedonio Monroy, de Loma Colorada, cuestionó la contaminación de polvos de detonaciones en el cerro de Los Juanés, en la expansión de la minería: “los niños tienen los ojos rojos y la ropa siempre está tiznada, no se les atiende de salud y la Minera del Norte sigue estas acciones sin que nadie la detenga”.
Julián Sánchez Monroy, de Pesadas, anexo al ejido de Ayotitlán, dijo que ahora hay otra minera, La Monclova, “ya están a unos metros de nuestras casas, nosotros absorbemos los problemas y ya hasta modificaron el nombre del río Marabasco, que se llama ahora Minatitlán, de acuerdo con sus conveniencias. La minera ya hasta donó un camino a Las Pesadas, donde pusieron hasta una aduana para cobrar el paso. El Ayuntamiento se encarga ahora de molestarnos y cuando los animales rebasan limites con Colima, les cortan orejas y rabos; los mutilan, y así nos los regresan”.
Esteban Guzmán, también de Las Pesadas y ex trabajador de la minera Peña Colorada, enseñó su brazo accidentado, con daños que han crecido debido a químicos a los que estuvo expuesto “y de esos caso hay muchos y no se habla, pues ante estos accidentes, o los compran o los corren”.
Candelaria Zambrano, indígena de San Gabriel, dijo que cuando Colima entró a Plan de Méndez “y me opuse, me acusaron de querer matar a una persona que me amenazó con una pistola; al rato me capturan junto con mis hijos, me torturaron y estuve detenida dos años; al llevarme detenida dejaron que me arrastrara el río y de ese accidente perdí la matriz. Aún así fui sentenciada a siete años de prisión”.
Benjamín Luna, del ejido Rebalse de Cihuatlán, dijo que “ahí se le tiene miedo al grupo de los Leaño, quienes contraviniendo la ampliación del ejido, se pregunta: ¿qué ha hecho el gobierno de Jalisco ante las empresas controladas por los caciques?, los pescadores ya hemos perdido La Almeja y El Chacal, se extinguieron desde hace tiempo y de ahí comíamos. Igual pasa con los manglares que están resistiendo, pero poco a poco a poco están desapareciendo”.
De Villa Purificación denunciaron que desaparecieron tres de las cinco comunidades indígenas: La Saloya, Los Achotes y Siete Iglesias, “porque los ricos convencieron a los comuneros a tener la pequeña propiedad, y han desaparecido ya esas comunidades por privatizarse”.
Beatriz Cariño, de Rema de la región sur, dijo que “es bastante duro escuchar los problemas tan difíciles que tienen nuestros pueblos, y es el mismo dolor que resiente aquí y el que se siente allá en mi tierra mixteca. Somos los mismos hombres del color de la tierra que exigimos un lugar en la historia de este país”.
Jesús Hermenegildo, del Frente Pro Manantlán, dijo estar decepcionado de una reunión en el Congreso de Jalisco en el que se dijo que “apenas se va a buscar una solución al conflicto de límites”; que el Ejido de Ayotitlán de más de 400 mil hectáreas que tenía apenas se le reconocen 30 mil. Además “la minera influye para que no se reúnan libremente los ejidatarios indígenas a discutir los problemas. Pero lo que más nos ataca es nuestra pobreza extrema”.
Denunciaron el caso reciente de que el pasado jueves 11 de junio tres nahuas de La Astilla que iban hacia Las Pesadas se volcaron en una camioneta quedando prensados; al pedir ayuda a policías de Colima, éstos se negaron con el pretexto de que no era su “competencia”; uno está grave y policías del gobierno de Jalisco “tampoco se arrimaron”.
Oscar González, del Secretariado de la Rema, dijo que “gobiernos y mineras prometen beneficios y han traído sólo destrucción y dolor. Además los gobiernos no los ayudan, los dejan solos; la única manera que tienen los indígenas es ayudarse y organizarse entre ellos. La violación a sus derechos colectivos y ambientales es una constante, además de incumplirse el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que es letra muerta”.
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