8 de noviembre de 2008. Aguacaliente, Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero
Las redes nacionales, organizaciones sociales, y comunidades de los estados de Guerrero, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, participantes en el Encuentro Popular Agua, Energía y Alternativas Energéticas, celebrado del 6 al 8 de Noviembre de 2008 en la comunidad de Aguacaliente, Bienes Comunales de Cacahuatepec, municipio de Acapulco, Guerrero, declaramos lo siguiente:
Que el modelo energético impulsado por el gobierno federal siguiendo los lineamientos de las Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), beneficia principalmente a las empresas privadas y viene provocando violaciones persistentes a los derechos humanos, destrucción ambiental, afectaciones a la salud, y el despojo de los territorios de los pueblos, particularmente los pueblos indígenas.
Este modelo se ha caracterizado por imponer megaproyectos de generación de energía eléctrica, particularmente hidroeléctricos y eólicos, que por sus dimensiones y los intereses de las empresas transnacionales que las ejecutan ha provocado entre otros los siguientes daños: destrucción o reubicación forzada de pueblos enteros, graves daños ambientales, destrucción de la identidad, lazos y tejidos familiares y comunitarios, creciente migración y desempleo.
Otra característica de este sistema energético es que está orientado a satisfacer las necesidades de las empresas privadas, dejando los daños y los costos que esto significa a la población mexicana. Mientras el gobierno federal exporta energía eléctrica a tarifa preferencial a otros países, particularmente a Estados Unidos de Norteamérica y anuncia nuevos subsidios a las empresas e industrias, el grueso de la población sigue sufriendo las altas tarifas de la luz y el deficiente servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Este modelo de producción, distribución y consumo de energía es parte de un sistema neoliberal más amplio que esta orientado a satisfacer las necesidades de las empresas mineras, quienes ocupan inmensas cantidades de agua y energía. Así como de la construcción de grandes presas para satisfacer las necesidades de la agroindustria y diversos corredores industriales.
Para enfrentar esta situación, los movimientos en resistencia a la explotación minera, la construcción de represas, los megaproyectos eólicos, los tendidos de alta tensión, y las altas tarifas de energía eléctrica, hemos acordado:
1- Unificar nuestras luchas en defensa del patrimonio, recursos naturales y los territorios de los pueblos frente a este modelo energético.
2- La conformación de una red nacional de resistencia civil de no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica para fortalecer la coordinación entre los movimientos de resistencia civil y ampliar la resistencia a otras regiones del país.
3- Impulsar una campaña nacional de movilización en contra de las políticas privatizadoras del agua y la energía en México, a través de jornadas nacionales, estatales y locales de movilización.
4- Enfrentar organizadamente al modelo destructivo de la minería trasnacional que afecta y se ha apropiado del 10% del territorio nacional, mediante la creación de redes de solidaridad locales y de acción coordinada que incidan y reviertan en las políticas locales y publicas a través de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Ante esto las redes y organizaciones presentes exigimos a las autoridades federales y estatales, a la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, a la Comisión Nacional el Agua, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Reforma Agraria y Secretaria de Economía lo siguiente:
La cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico La Parota y el cese a la represión y hostigamiento de las comunidades del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al la Presa La Parota (CECOP).
La cancelación inmediata de la Presa “El Zapotillo” en los Altos de Jalisco. El respeto a los derechos humanos de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y a su decisión de la no construcción de la presa en su territorio. En este sentido rechazamos el anuncio de la licitación planeado para el 20 de noviembre por parte de la CONAGUA y los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Así mismo rechazamos la construcción de las presas de La Yesca y Arcediano, también en el Estado de Jalisco.
El respeto a la voluntad de los pueblos indígenas que rechazan el proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina” en la costa de Oaxaca y la suspensión de los estudios de factibilidad e impacto ambiental en curso.
La cancelación de los presupuestos de los proyectos hidroeléctricos del país.
El respeto a los movimientos de resistencia civil de no pago de la energía eléctrica. Alto a los cortes masivos del suministro eléctrico y cese a la represión hacia las comunidades en resistencia de los diversos estados de la República. Le recordamos al gobierno que la luz es del pueblo, no de ningún funcionario ni de ninguna empresa.
La suspensión inmediata del proyecto eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec en virtud de las graves violaciones a los derechos de los pueblos zapoteco y huave.
El respeto al derecho que les asiste a las comunidades náhuas de la cuenca norte del río Marabasco en la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, donde se ubica la minera Peña Colorada, a preservar la gobernabilidad, en sus localidades, a partir de representantes electos por los habitantes de la zona, como instancia de gobierno legitimo que debe ser reconocido por las autoridades políticas no indígenas.
El cierre de las minas que construye la empresa Blackfire Exploration, en terrenos de los ejidos La Grecia y Monte Sinaí, en el municipio de Chicomuselo Chiapas. Así como el cierre de la minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Rechazamos rotundamente la minería a cielo abierto y las concesiones otorgadas por el gobierno federal, sin respetar los derechos a la consulta e información a las comunidades afectadas.
Respeto y reconocimiento a las radios comunitarias como medios de comunicación e información de los pueblos y comunidades indígenas.
La cancelación inmediata de la Alianza por la Calidad de la Educación por violentar los derechos laborales y atentar contra la escuela publica.
Finalmente, rechazamos la reforma energética aprobada en el Congreso de Unión este mes. Nos solidarizamos con los vecinos de la Colonia Granjas Lomas de Poleo en el municipio de Ciudad Juarez, que luchan porque los empresarios Zaragoza no les quiten sus terrenos, en complicidad con las autoridades municipales y estatales de Chihuahua.
Los participantes en este encuentro nos preguntamos: ¿Qué vamos a celebrar en el 2010 con motivo del Bicentenario de la independencia nacional y el primer centenario de la revolución mexicana, cuando han crecido y proliferado en el país nuevas formas de esclavitud y exclusión, así como el sometimiento a los intereses neocoloniales representados por las grandes empresas que han venido saqueando a nuestra nación?
Que el modelo energético impulsado por el gobierno federal siguiendo los lineamientos de las Instituciones Financieras Internacionales (Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional), beneficia principalmente a las empresas privadas y viene provocando violaciones persistentes a los derechos humanos, destrucción ambiental, afectaciones a la salud, y el despojo de los territorios de los pueblos, particularmente los pueblos indígenas.
Este modelo se ha caracterizado por imponer megaproyectos de generación de energía eléctrica, particularmente hidroeléctricos y eólicos, que por sus dimensiones y los intereses de las empresas transnacionales que las ejecutan ha provocado entre otros los siguientes daños: destrucción o reubicación forzada de pueblos enteros, graves daños ambientales, destrucción de la identidad, lazos y tejidos familiares y comunitarios, creciente migración y desempleo.
Otra característica de este sistema energético es que está orientado a satisfacer las necesidades de las empresas privadas, dejando los daños y los costos que esto significa a la población mexicana. Mientras el gobierno federal exporta energía eléctrica a tarifa preferencial a otros países, particularmente a Estados Unidos de Norteamérica y anuncia nuevos subsidios a las empresas e industrias, el grueso de la población sigue sufriendo las altas tarifas de la luz y el deficiente servicio por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LyFC).
Este modelo de producción, distribución y consumo de energía es parte de un sistema neoliberal más amplio que esta orientado a satisfacer las necesidades de las empresas mineras, quienes ocupan inmensas cantidades de agua y energía. Así como de la construcción de grandes presas para satisfacer las necesidades de la agroindustria y diversos corredores industriales.
Para enfrentar esta situación, los movimientos en resistencia a la explotación minera, la construcción de represas, los megaproyectos eólicos, los tendidos de alta tensión, y las altas tarifas de energía eléctrica, hemos acordado:
1- Unificar nuestras luchas en defensa del patrimonio, recursos naturales y los territorios de los pueblos frente a este modelo energético.
2- La conformación de una red nacional de resistencia civil de no pago de las altas tarifas de la energía eléctrica para fortalecer la coordinación entre los movimientos de resistencia civil y ampliar la resistencia a otras regiones del país.
3- Impulsar una campaña nacional de movilización en contra de las políticas privatizadoras del agua y la energía en México, a través de jornadas nacionales, estatales y locales de movilización.
4- Enfrentar organizadamente al modelo destructivo de la minería trasnacional que afecta y se ha apropiado del 10% del territorio nacional, mediante la creación de redes de solidaridad locales y de acción coordinada que incidan y reviertan en las políticas locales y publicas a través de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).
Ante esto las redes y organizaciones presentes exigimos a las autoridades federales y estatales, a la Comisión Federal de Electricidad, Luz y Fuerza del Centro, a la Comisión Nacional el Agua, a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaria de Reforma Agraria y Secretaria de Economía lo siguiente:
La cancelación definitiva del Proyecto Hidroeléctrico La Parota y el cese a la represión y hostigamiento de las comunidades del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras al la Presa La Parota (CECOP).
La cancelación inmediata de la Presa “El Zapotillo” en los Altos de Jalisco. El respeto a los derechos humanos de los pueblos de Temacapulín, Acasico y Palmarejo y a su decisión de la no construcción de la presa en su territorio. En este sentido rechazamos el anuncio de la licitación planeado para el 20 de noviembre por parte de la CONAGUA y los Gobiernos de Jalisco y Guanajuato. Así mismo rechazamos la construcción de las presas de La Yesca y Arcediano, también en el Estado de Jalisco.
El respeto a la voluntad de los pueblos indígenas que rechazan el proyecto hidroeléctrico “Paso de la Reina” en la costa de Oaxaca y la suspensión de los estudios de factibilidad e impacto ambiental en curso.
La cancelación de los presupuestos de los proyectos hidroeléctricos del país.
El respeto a los movimientos de resistencia civil de no pago de la energía eléctrica. Alto a los cortes masivos del suministro eléctrico y cese a la represión hacia las comunidades en resistencia de los diversos estados de la República. Le recordamos al gobierno que la luz es del pueblo, no de ningún funcionario ni de ninguna empresa.
La suspensión inmediata del proyecto eoloeléctrico del Istmo de Tehuantepec en virtud de las graves violaciones a los derechos de los pueblos zapoteco y huave.
El respeto al derecho que les asiste a las comunidades náhuas de la cuenca norte del río Marabasco en la zona de conflicto entre Jalisco y Colima, donde se ubica la minera Peña Colorada, a preservar la gobernabilidad, en sus localidades, a partir de representantes electos por los habitantes de la zona, como instancia de gobierno legitimo que debe ser reconocido por las autoridades políticas no indígenas.
El cierre de las minas que construye la empresa Blackfire Exploration, en terrenos de los ejidos La Grecia y Monte Sinaí, en el municipio de Chicomuselo Chiapas. Así como el cierre de la minera San Xavier, en el municipio de Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí. Rechazamos rotundamente la minería a cielo abierto y las concesiones otorgadas por el gobierno federal, sin respetar los derechos a la consulta e información a las comunidades afectadas.
Respeto y reconocimiento a las radios comunitarias como medios de comunicación e información de los pueblos y comunidades indígenas.
La cancelación inmediata de la Alianza por la Calidad de la Educación por violentar los derechos laborales y atentar contra la escuela publica.
Finalmente, rechazamos la reforma energética aprobada en el Congreso de Unión este mes. Nos solidarizamos con los vecinos de la Colonia Granjas Lomas de Poleo en el municipio de Ciudad Juarez, que luchan porque los empresarios Zaragoza no les quiten sus terrenos, en complicidad con las autoridades municipales y estatales de Chihuahua.
Los participantes en este encuentro nos preguntamos: ¿Qué vamos a celebrar en el 2010 con motivo del Bicentenario de la independencia nacional y el primer centenario de la revolución mexicana, cuando han crecido y proliferado en el país nuevas formas de esclavitud y exclusión, así como el sometimiento a los intereses neocoloniales representados por las grandes empresas que han venido saqueando a nuestra nación?
EXIGIMOS EL RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS
DE LOS PUEBLOS DE MEXICO
¡BASTA DE DESPOJOS Y DE REPRESION!
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (M A P D E R )
LA RED MEXICANA NO A LA MINERÍA ( R E M A )
LA ALIANZA MEXICANA POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS (A M A P )
RED DE RESISTENCIA CIVIL
DE LOS PUEBLOS DE MEXICO
¡BASTA DE DESPOJOS Y DE REPRESION!
MOVIMIENTO MEXICANO DE AFECTADOS POR LAS PRESAS Y EN DEFENSA DE LOS RÍOS (M A P D E R )
LA RED MEXICANA NO A LA MINERÍA ( R E M A )
LA ALIANZA MEXICANA POR LA AUTODETERMINACIÓN DE LOS PUEBLOS (A M A P )
RED DE RESISTENCIA CIVIL
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