jueves, 12 de marzo de 2009

El país desde abajo Apuntes de mi gira por México.

Andrés Manuel López Obrador – IV. En mis recorridos por el país pude comprobar que en los últimos tiempos se ha reactivado la explotación minera. Se trata de una actividad dominada básicamente por tres consorcios nacionales –Minera México, Peñoles y Grupo Carso–, así como por empresas extranjeras, sobre todo canadienses.

La privatización de este sector se ha llevado a cabo de manera silenciosa, pero profunda. Durante el gobierno de Salinas se reformó el artículo 27 y se concesionó a particulares, nacionales y extranjeros, la explotación de los recursos mineros. Bajo el gobierno de Vicente Fox se ampliaron las concesiones de 25 a 50 años, con la posibilidad de prorrogarse. Actualmente, se encuentran concesionadas 24.5 millones de hectáreas del territorio nacional, superficie equivalente a la extensión del estado de Chihuahua, el más grande del país. De modo que, prácticamente, toda la superficie y el subsuelo con potencial minero han sido enajenados para el aprovechamiento de unas cuantas compañías nacionales y extranjeras.

Esta desaforada entrega de bienes de la nación y los altos precios de los metales en el mercado internacional, propiciaron que la minería creciera más que otros sectores de la economía. En materia de metales preciosos, la producción de oro pasó de 6.2 toneladas en 1980 a 39.3 para 2007, un incremento de 533 por ciento; la extracción de plata aumentó de mil 500 toneladas a 2 mil 311 (60 por ciento); y en lo que se refiere a metales industriales no ferrosos, destaca la producción de cobre y zinc, que creció de 414 mil a 762 mil toneladas (84 por ciento en promedio).

Según cifras oficiales, el valor total de la producción minera en 2007 fue de 113 mil 429 millones de pesos. Sin embargo, esta bonanza ha generado muy pocos beneficios al pueblo y a la nación. La actual explotación minera se parece mucho a lo que pasaba durante el porfiriato, los dueños de las compañías se llevan todas las ganancias, no pagan impuestos, los trabajadores reciben bajos salarios, no cuentan con protección ni con la debida seguridad social, y los sindicatos, con la complacencia del gobierno, están siendo tomados por las empresas, independientemente del cuestionamiento que se les pueda hacer a sus dirigentes.

Cerro de San Pedro y Mulatos: desesperación y resistencia.
Los enclaves mineros son como pequeños estados dentro del territorio nacional. Los dueños de las empresas dominan todo; tienen guardias blancas, en los lugares más recónditos han construido hoteles y casas para sus directivos, mientras que los obreros carecen hasta de lo más indispensable y los pueblos donde se encuentra el mineral están en el más completo abandono. Visité municipios mineros como Moris, Ocampo, Témoris, Chinipas y Urique, en Chihuahua, y Tayoltita y Topia, en Durango, y tuvimos que transitar por caminos de terracería en pésimas condiciones. A Tayoltita se llega después de cinco horas de viaje por una brecha. El oro lo sacan por avión, hace cien años la mina era explotada por norteamericanos, y ahora por canadienses. En Urique sucede lo mismo, ahí se encuentra la mina El Zauzal en manos de la empresa canadiense Goldscorp Inc, que es la que más oro produce en el país (alrededor de 9.5 toneladas al año, 25 por ciento de la producción nacional).

Los abusos de las compañías indignan y se repiten por todas partes; cuando estuve en Sahuaripa, Sonora, pobladores de Mulatos, una comunidad de ese municipio me pidieron con desesperación que les ayudáramos porque la compañía canadiense Alamos Golden Inc, que explota oro desde hace cinco años, está devastando el ecosistema, contaminando mantos acuíferos, arroyos y ríos, causando la mortandad de peces y ganado. Incluso, tiene la intención de desaparecer la comunidad porque debajo del poblado se encuentra la veta más grande que pretenden explotar.

Lo mismo me manifestaron en Melchor Ocampo, Zacatecas, en Huizopa, Chihuahua y en Cerro de San Pedro, San Luis Potosí. En este último municipio, sus pobladores han dado una lucha heroica no sólo en contra de otra minera canadiense Metallica Resources, sino del gobierno del estado y del federal. Allí fue asesinado con vileza el presidente municipal por oponerse a la destrucción del poblado y del cerro emblemático que aparece en el escudo del estado de San Luis Potosí. En Cananea, Sonora, la complicidad entre autoridades y la Minera México es absoluta; los trabajadores llevan año y medio en huelga, el gobernador de Sonora mandó a la policía a reprimirlos, les cerraron el hospital, les quitaron el agua; las autoridades laborales están entregadas a la empresa y, por si fuera poco, el actual secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, era el abogado de la empresa.

Quiero señalar que de ningún modo me opongo al desarrollo de la minería, creo que es una fuente importante para la generación de empleos, pero es inaceptable el modelo depredador imperante, sustentado en la sobreexplotación de los trabajadores y de los recursos naturales. Es obvio que en Canadá no se permite esta ignominia y siempre he pensado que progreso sin justicia es retroceso. Es inhumano que a tres años de la tragedia de Pasta de Conchos, no se haya obligado a los dueños de la Minera México a rescatar los cuerpos de los mineros, como lo demandan sus familiares.

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