NOTA: La siguiente reproducción está tomada del libro: El Mundo Indígena 2008 de Wessendorf Kthrin. Pags. 87-89.
En septiembre se realizó en San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, el Foro La Defensa del Agua en Territorio Oaxaqueño, donde se denunciaron los mecanismos de privatización del agua que está utilizando la Comisión Nacional del Agua, al condicionar a comunidades indígenas zapotecas del Valle de Oaxaca a instalar medidores de agua para que les prorroguen sus concesiones sobre pozos de agua de uso agrícola.
Las comunidades chontales, por su parte, se opusieron a que sus aguas sean concesionadas a las empresas Coca Cola y a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Las comunidades chatinas y mixtecas se opusieron a la construcción de la presa “Paso de la Reyna”, que intenta construir la Comisión Federal de Electricidad, sobre el río Verde, en la costa oaxaqueña.
Asimismo, comunidades zapotecas de la sierra Juárez, critican y se oponen al programa de Pago de Servicios Ambientales promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a que quita a las comunidades la posibilidad de decidir qué hacer en sus tierras y territorios, desplaza a los campesinos de las tierras de cultivo y los obliga a realizar actividades de supuesta conservación que no son retribuidas por los montos que se han establecido sin tomar en cuenta a las comunidades.
Las organizaciones y pueblos participantes en el tercer Encuentro de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, realizado en el mes de septiembre, exigieron la suspensión de todos los proyectos neoliberales programados para la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como la ampliación de la presa “Benito Juárez” de Jalapa del Marqués, donde quieren construir una planta hidroeléctrica, ampliar carreteras y operar un sistema multimodal para el traslado de mercancías, entre otros proyectos. Pidieron también la cancelación del proyecto eoloeléctrico.
El gobierno estatal y federal respaldan proyectos de energía eólica que ocuparán más de 20.000 hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, beneficiando a empresas transnacionales como Iberdrola, Eurus, Gamesa, Preneal, Endesa, Unión Fenosa o Walt Mart, entre otras. Mientras tanto, las organizaciones indígenas zapotecas y zoques se oponen a los mismos, ya que los indígenas son despojados de sus tierras a cambio del pago de una renta anual miserable y la promesa de beneficiarlos con obras sociales, sin respetar el derecho y la capacidad que tienen los pueblos indígenas de esta región (zapoteco, zoque, mixe y huave) para construir sus propias formas de vida basadas en sus culturas, costumbres
y el uso sostenible de sus recursos naturales.
En octubre, habitantes de la comunidad zapoteca de Capulalpam de Méndez, ubicada en la región de la Sierra Juárez, bloquearon la carretera de acceso a la ciudad de Oaxaca en oposición a la explotación de la mina “La Natividad”, propiedad ahora de la empresa canadiense Continuum Resources, por la contaminación de las aguas del río Grande, que afecta a quince comunidades de esta región y ha provocado la desaparición de nueve manantiales. La empresa mencionada tiene concesionadas alrededor de 54.000 hectáreas para prospección en esta región, sin el consentimiento de las comunidades. Un mes después, comunidades cuicatecas se opusieron a la concesión por 50 años que se otorgó a la empresa minera Zapata para explotar 3.500 hectáreas del municipio de Tepeuxila.
En noviembre, comunidades zapotecas de la sierra Juárez participantes en el Foro La Globalización y los Recursos Naturales de la Sierra Juárez, señalaron que uno de los principales problemas que atenta contra la comunidad indígena es la migración. Los bajos precios de los productos del campo, luego de trece años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han provocado la migración de más de seis millones de personas hacia los Estados Unidos, la mayoría de ellos indígenas.
Por otro lado, el gobierno del estado de Oaxaca niega que violase en 2006 y continuase violando en 2007, los derechos humanos de los oaxaqueños agrupados en torno a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organización que ha exigido desde el año 2006 la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. Los miembros de la APPO han sufrido una represión violenta por parte de cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, junto con cuerpos paramilitares, que ha ocasionado alrededor de 20 muertos y cientos de personas heridas, torturadas y encarceladas injustamente. Luego de la represión, hubo impunidad al no investigarse estos hechos, propiciada por la complicidad existente entre el gobierno estatal de Ulises Ruiz y el Gobierno Federal de Felipe Calderón.
Durante 2007 se han presentado numerosos informes y recomendaciones que documentan la represión violenta que se ejerció contra la población oaxaqueña, realizados por reconocidos organismos y personalidades internacionales defensoras de los derechos Humanos.
En diciembre de 2006 y enero de 2007, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos visitó Oaxaca; Amnistía Internacional, encabezada por su secretaria general Irene Zubaida Khan, en el mes de julio; el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, en el mes de agosto; y Roberto Carretón, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en julio de 2007.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe que señala las carencias para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en México tomando Oaxaca como estudio de caso.18 El relator de la ONU para los derechos indígenas afirmó que la pobreza y la marginación siguen siendo los problemas más urgentes de los pueblos indígenas de México y exhortó a que la recién aprobada Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se eleve a rango constitucional en México.
El movimiento social oaxaqueño, después de haber sido reprimido brutal e indiscriminadamente a finales de 2006, perdió capacidad de movilización durante 2007, lo que ha sido aprovechado por el gobierno del estado y federal para intimidar a dirigentes sociales oaxaqueños, incluyendo líderes indígenas, a través de nuevas detenciones selectivas, amenazas de detención o de muerte a activistas y/o familiares, secuestros y acusaciones de pertenecer a grupos guerrilleros.
En septiembre se realizó en San Antonino Castillo Velasco, Oaxaca, el Foro La Defensa del Agua en Territorio Oaxaqueño, donde se denunciaron los mecanismos de privatización del agua que está utilizando la Comisión Nacional del Agua, al condicionar a comunidades indígenas zapotecas del Valle de Oaxaca a instalar medidores de agua para que les prorroguen sus concesiones sobre pozos de agua de uso agrícola.
Las comunidades chontales, por su parte, se opusieron a que sus aguas sean concesionadas a las empresas Coca Cola y a la paraestatal Petróleos Mexicanos. Las comunidades chatinas y mixtecas se opusieron a la construcción de la presa “Paso de la Reyna”, que intenta construir la Comisión Federal de Electricidad, sobre el río Verde, en la costa oaxaqueña.
Asimismo, comunidades zapotecas de la sierra Juárez, critican y se oponen al programa de Pago de Servicios Ambientales promovido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, debido a que quita a las comunidades la posibilidad de decidir qué hacer en sus tierras y territorios, desplaza a los campesinos de las tierras de cultivo y los obliga a realizar actividades de supuesta conservación que no son retribuidas por los montos que se han establecido sin tomar en cuenta a las comunidades.
Las organizaciones y pueblos participantes en el tercer Encuentro de los Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra, realizado en el mes de septiembre, exigieron la suspensión de todos los proyectos neoliberales programados para la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, como la ampliación de la presa “Benito Juárez” de Jalapa del Marqués, donde quieren construir una planta hidroeléctrica, ampliar carreteras y operar un sistema multimodal para el traslado de mercancías, entre otros proyectos. Pidieron también la cancelación del proyecto eoloeléctrico.
El gobierno estatal y federal respaldan proyectos de energía eólica que ocuparán más de 20.000 hectáreas de tierras pertenecientes a comunidades zapotecas del Istmo de Tehuantepec, beneficiando a empresas transnacionales como Iberdrola, Eurus, Gamesa, Preneal, Endesa, Unión Fenosa o Walt Mart, entre otras. Mientras tanto, las organizaciones indígenas zapotecas y zoques se oponen a los mismos, ya que los indígenas son despojados de sus tierras a cambio del pago de una renta anual miserable y la promesa de beneficiarlos con obras sociales, sin respetar el derecho y la capacidad que tienen los pueblos indígenas de esta región (zapoteco, zoque, mixe y huave) para construir sus propias formas de vida basadas en sus culturas, costumbres
y el uso sostenible de sus recursos naturales.
En octubre, habitantes de la comunidad zapoteca de Capulalpam de Méndez, ubicada en la región de la Sierra Juárez, bloquearon la carretera de acceso a la ciudad de Oaxaca en oposición a la explotación de la mina “La Natividad”, propiedad ahora de la empresa canadiense Continuum Resources, por la contaminación de las aguas del río Grande, que afecta a quince comunidades de esta región y ha provocado la desaparición de nueve manantiales. La empresa mencionada tiene concesionadas alrededor de 54.000 hectáreas para prospección en esta región, sin el consentimiento de las comunidades. Un mes después, comunidades cuicatecas se opusieron a la concesión por 50 años que se otorgó a la empresa minera Zapata para explotar 3.500 hectáreas del municipio de Tepeuxila.
En noviembre, comunidades zapotecas de la sierra Juárez participantes en el Foro La Globalización y los Recursos Naturales de la Sierra Juárez, señalaron que uno de los principales problemas que atenta contra la comunidad indígena es la migración. Los bajos precios de los productos del campo, luego de trece años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, han provocado la migración de más de seis millones de personas hacia los Estados Unidos, la mayoría de ellos indígenas.
Por otro lado, el gobierno del estado de Oaxaca niega que violase en 2006 y continuase violando en 2007, los derechos humanos de los oaxaqueños agrupados en torno a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), organización que ha exigido desde el año 2006 la renuncia del gobernador del estado, Ulises Ruiz Ortiz. Los miembros de la APPO han sufrido una represión violenta por parte de cuerpos policíacos municipales, estatales y federales, junto con cuerpos paramilitares, que ha ocasionado alrededor de 20 muertos y cientos de personas heridas, torturadas y encarceladas injustamente. Luego de la represión, hubo impunidad al no investigarse estos hechos, propiciada por la complicidad existente entre el gobierno estatal de Ulises Ruiz y el Gobierno Federal de Felipe Calderón.
Durante 2007 se han presentado numerosos informes y recomendaciones que documentan la represión violenta que se ejerció contra la población oaxaqueña, realizados por reconocidos organismos y personalidades internacionales defensoras de los derechos Humanos.
En diciembre de 2006 y enero de 2007, la Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos Humanos visitó Oaxaca; Amnistía Internacional, encabezada por su secretaria general Irene Zubaida Khan, en el mes de julio; el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Florentín Meléndez, en el mes de agosto; y Roberto Carretón, de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), en julio de 2007.
La oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó su informe que señala las carencias para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas en México tomando Oaxaca como estudio de caso.18 El relator de la ONU para los derechos indígenas afirmó que la pobreza y la marginación siguen siendo los problemas más urgentes de los pueblos indígenas de México y exhortó a que la recién aprobada Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas se eleve a rango constitucional en México.
El movimiento social oaxaqueño, después de haber sido reprimido brutal e indiscriminadamente a finales de 2006, perdió capacidad de movilización durante 2007, lo que ha sido aprovechado por el gobierno del estado y federal para intimidar a dirigentes sociales oaxaqueños, incluyendo líderes indígenas, a través de nuevas detenciones selectivas, amenazas de detención o de muerte a activistas y/o familiares, secuestros y acusaciones de pertenecer a grupos guerrilleros.
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