Ramón Vera Herrera
El 27 de abril, las autoridades del pueblo misak de Guambia, en el departamento de Cauca, recibieron un ultimátum membretado del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia que declara:
Conminar a líderes indígenas para que dejen de lado el discurso y hechos arcaicos a favor de los derechos indígenas e ideologías atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones para el pueblo guambiano, sin piedad ni temor alguno…
Declarar por objetivo militar permanente y enemigos a mujeres y hombres que por sus declaraciones, investigaciones, comunicados, argumentos, cartas, denuncias, diálogos y otros; afectan el buen nombre del régimen [siguen nombres de las autoridades del pueblo misak o guambiano].
Suspender de inmediato las declaraciones externas e internas, que están comprometidas al levantamiento de procesos y la apropiación de tierras… No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes del pueblo guambiano.
Un ultimátum así es prueba suficiente de que los crímenes que se le imputan al pueblo misak son defender la vida, su territorio, y su proceso de autonomía, pero sobre todo “afectar el buen nombre” de un régimen con la ruinosa calidad moral del de Álvaro Uribe.
El mismo 27 de abril, en Oaxaca, México, sicarios de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada con armas de alto poder sobre una caravana que intentaba abrir el cerco tendido sobre San Juan Copala, un municipio autoproclamado autónomo que las fuerzas paramilitares al servicio de Ulises Ruiz han intentado ahogar desde finales de noviembre, dejando a San Juan sin alimentos, agua, medicamentos, educación y otros servicios.
Desde días antes se reiteraban las amenazas sobre cualquiera que intentara llegar a la cabecera municipal y la caravana resultó suculenta para los paramilitares: Beatriz Cariño, de un consejo nacional en la lucha contra la minería, dos combativos reporteros de Contralínea, dirigentes de la APPO (incluido David Venegas), y observadores internacionales a quienes poder echarles la culpa de culquier insumisión.
El asesinato de Beatriz Cariño y del observador finlandés Jyri Paakkola, los varios heridos, la desaparición por tres días de algunos de los integrantes, y que Ulises Ruiz haya sido tan contundente y cínico en su declaración contra la caravana, provocaron el repudio internacional.
El 29 de abril varios desconocidos invadieron el territorio ancestral del pueblo kichwa de Sarayaku en la Amazonia ecuatoriana y atacaron con armas de fuego y dinamita. En lo profundo del monte le dispararon a quemarropa a hombres de la comunidad y Rudy Ortiz y Wilson Malaver quedaron heridos de bala. “Debieron ser trasladados en camilla por la selva en un recorrido de catorce horas hasta la pista aérea de Sarayaku de donde fueron evacuados en ambulancia aérea”.
Las autoridades de Sarayaku explicaron que “las razones del ataque tienen que ver con la posición de Sarayaku de no permitir que un grupo de personas extrañas a nuestro pueblo ocupen una porción de territorio dentro de la adjudicación legal titulada a nombre de Sarayaku, para construir allí una nueva pista aérea. La intención de esas personas es asentarse allí y formar una seudo comunidad a la que llamarían Kutukachi para negociar con la empresa petrolera AGIP su ingreso, ya que la zona del territorio de Sarayaku que pretenden ocupar es afectada por el Bloque 10”.
Pero si bien los atacantes intentaron apoderarse de espacios clave dentro del territorio, se trataba también de quebrar la resistencia de la población y confundir a la opinión pública con informaciones falsas: como la de que Marlon Santi, originario de Sarayaku (y qué coincidencia, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, movilizada a nivel nacional en defensa del agua), era el responsable de los hechos ocurridos y que había decenas de muertos y retenidos de entre los invasores.
Extraños hechos de violencia trajo la última semana de abril para tres emblemáticos proyectos autonómicos indígenas del continente.
Sarayaku es una de las comunidades que lleva años defendiendo su territorio amazónico de las petroleras. Si ha logrado mantener íntegro su ámbito es gracias a la fuerza comunitaria de su asamblea, opuesta con lucidez a los intereses que quisieran entregar la Amazonia completa al control transnacional de sus recursos estratégicos —se exploten ahora o se reserven para el futuro.
San Juan Copala es, además del territorio zapatista de Chiapas, uno de los procesos de autonomía en México que reivindica la reconstitución del tejido social de comunidades desgarradas por años y años de violencia mortal, recuperando la historia y el camino propio del pueblo triqui.
El pueblo misak ha logrado fluir entre la guerrilla y la contrainsurgencia, por décadas, reivindicando su propio camino libertario, y es ejemplo de sabiduría y justicia para muchos pueblos de toda América Latina.
Qué significan estos ataques, en la misma semana, contra estos tres símbolos. No se trata de tender borrosos vínculos entre los autores materiales o intelectuales de estos atentados. Pero es indudable que en todo el continente la resistencia indígena es tomada muy en serio por los agentes de inteligencia, por los operadores y funcionarios de empresas, gobiernos y organismos multilaterales. A todos les resulta intolerable la nítida visión de las comunidades, su estar fuera del engranaje y reivindicarlo. Por eso el intento de nuevos maquillajes legaloides, o de programas de compensación y envilecimiento para quienes doblan las manos y más descarnados mecanismos de infundio, denigración, cárcel o muerte para quienes se oponen a sus proyectos.
Pero por todo el continente los pueblos tienen más claro que nunca que, aunque sigan invisibles, son ellos los verdaderos custodios del futuro. Sus propuestas y sus lazos con otros pueblos y luchas cobran fuerza. Trátese de transgénicos, acaparamiento de tierras, megaproyectos, presas, minas, petroleras, entrega de bosques o biodiversidad, en los espacios con autonomías fuertes los intereses de fuera siguen saliendo derrotados.
Estos ataques dejan ver que a los invasores se les está volviendo desesperada la cacería por la opinión pública y por el control territorial que ahora ejercen los pueblos. Si esto es así, la defensa de los proyectos autonómicos tendrá que ser más extrema.
Los sabios misak lo dijeron así: “nuestra lucha es para la vida de la humanidad y no para la muerte. Reexistiremos por siempre en el tiempo y en el espacio”.
El 27 de abril, las autoridades del pueblo misak de Guambia, en el departamento de Cauca, recibieron un ultimátum membretado del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia que declara:
Conminar a líderes indígenas para que dejen de lado el discurso y hechos arcaicos a favor de los derechos indígenas e ideologías atacando las buenas y nobles intenciones del alto gobierno a favor de la paz, o de lo contrario iremos más allá de las amenazas y regresaremos a las actuaciones para el pueblo guambiano, sin piedad ni temor alguno…
Declarar por objetivo militar permanente y enemigos a mujeres y hombres que por sus declaraciones, investigaciones, comunicados, argumentos, cartas, denuncias, diálogos y otros; afectan el buen nombre del régimen [siguen nombres de las autoridades del pueblo misak o guambiano].
Suspender de inmediato las declaraciones externas e internas, que están comprometidas al levantamiento de procesos y la apropiación de tierras… No nos hacemos responsables por lo que les pueda pasar a los líderes del pueblo guambiano.
Un ultimátum así es prueba suficiente de que los crímenes que se le imputan al pueblo misak son defender la vida, su territorio, y su proceso de autonomía, pero sobre todo “afectar el buen nombre” de un régimen con la ruinosa calidad moral del de Álvaro Uribe.
El mismo 27 de abril, en Oaxaca, México, sicarios de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) tendieron una emboscada con armas de alto poder sobre una caravana que intentaba abrir el cerco tendido sobre San Juan Copala, un municipio autoproclamado autónomo que las fuerzas paramilitares al servicio de Ulises Ruiz han intentado ahogar desde finales de noviembre, dejando a San Juan sin alimentos, agua, medicamentos, educación y otros servicios.
Desde días antes se reiteraban las amenazas sobre cualquiera que intentara llegar a la cabecera municipal y la caravana resultó suculenta para los paramilitares: Beatriz Cariño, de un consejo nacional en la lucha contra la minería, dos combativos reporteros de Contralínea, dirigentes de la APPO (incluido David Venegas), y observadores internacionales a quienes poder echarles la culpa de culquier insumisión.
El asesinato de Beatriz Cariño y del observador finlandés Jyri Paakkola, los varios heridos, la desaparición por tres días de algunos de los integrantes, y que Ulises Ruiz haya sido tan contundente y cínico en su declaración contra la caravana, provocaron el repudio internacional.
El 29 de abril varios desconocidos invadieron el territorio ancestral del pueblo kichwa de Sarayaku en la Amazonia ecuatoriana y atacaron con armas de fuego y dinamita. En lo profundo del monte le dispararon a quemarropa a hombres de la comunidad y Rudy Ortiz y Wilson Malaver quedaron heridos de bala. “Debieron ser trasladados en camilla por la selva en un recorrido de catorce horas hasta la pista aérea de Sarayaku de donde fueron evacuados en ambulancia aérea”.
Las autoridades de Sarayaku explicaron que “las razones del ataque tienen que ver con la posición de Sarayaku de no permitir que un grupo de personas extrañas a nuestro pueblo ocupen una porción de territorio dentro de la adjudicación legal titulada a nombre de Sarayaku, para construir allí una nueva pista aérea. La intención de esas personas es asentarse allí y formar una seudo comunidad a la que llamarían Kutukachi para negociar con la empresa petrolera AGIP su ingreso, ya que la zona del territorio de Sarayaku que pretenden ocupar es afectada por el Bloque 10”.
Pero si bien los atacantes intentaron apoderarse de espacios clave dentro del territorio, se trataba también de quebrar la resistencia de la población y confundir a la opinión pública con informaciones falsas: como la de que Marlon Santi, originario de Sarayaku (y qué coincidencia, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, movilizada a nivel nacional en defensa del agua), era el responsable de los hechos ocurridos y que había decenas de muertos y retenidos de entre los invasores.
Extraños hechos de violencia trajo la última semana de abril para tres emblemáticos proyectos autonómicos indígenas del continente.
Sarayaku es una de las comunidades que lleva años defendiendo su territorio amazónico de las petroleras. Si ha logrado mantener íntegro su ámbito es gracias a la fuerza comunitaria de su asamblea, opuesta con lucidez a los intereses que quisieran entregar la Amazonia completa al control transnacional de sus recursos estratégicos —se exploten ahora o se reserven para el futuro.
San Juan Copala es, además del territorio zapatista de Chiapas, uno de los procesos de autonomía en México que reivindica la reconstitución del tejido social de comunidades desgarradas por años y años de violencia mortal, recuperando la historia y el camino propio del pueblo triqui.
El pueblo misak ha logrado fluir entre la guerrilla y la contrainsurgencia, por décadas, reivindicando su propio camino libertario, y es ejemplo de sabiduría y justicia para muchos pueblos de toda América Latina.
Qué significan estos ataques, en la misma semana, contra estos tres símbolos. No se trata de tender borrosos vínculos entre los autores materiales o intelectuales de estos atentados. Pero es indudable que en todo el continente la resistencia indígena es tomada muy en serio por los agentes de inteligencia, por los operadores y funcionarios de empresas, gobiernos y organismos multilaterales. A todos les resulta intolerable la nítida visión de las comunidades, su estar fuera del engranaje y reivindicarlo. Por eso el intento de nuevos maquillajes legaloides, o de programas de compensación y envilecimiento para quienes doblan las manos y más descarnados mecanismos de infundio, denigración, cárcel o muerte para quienes se oponen a sus proyectos.
Pero por todo el continente los pueblos tienen más claro que nunca que, aunque sigan invisibles, son ellos los verdaderos custodios del futuro. Sus propuestas y sus lazos con otros pueblos y luchas cobran fuerza. Trátese de transgénicos, acaparamiento de tierras, megaproyectos, presas, minas, petroleras, entrega de bosques o biodiversidad, en los espacios con autonomías fuertes los intereses de fuera siguen saliendo derrotados.
Estos ataques dejan ver que a los invasores se les está volviendo desesperada la cacería por la opinión pública y por el control territorial que ahora ejercen los pueblos. Si esto es así, la defensa de los proyectos autonómicos tendrá que ser más extrema.
Los sabios misak lo dijeron así: “nuestra lucha es para la vida de la humanidad y no para la muerte. Reexistiremos por siempre en el tiempo y en el espacio”.
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