Declaración de los Pueblos Indígenas del Mundo

La Madre Tierra podrá vivir sin nosotros, pero nosotros no podemos vivir sin ella

Nosotros los pueblos, naciones y organizaciones indígenas provenientes de diversas partes del mundo, reunidos en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, del 19 al 22 de Abril del año 2010 en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, después de amplios debates, decimos:

Los Pueblos Indígenas somos hijos e hijas de la Madre Tierra o Pachamama en quechua. La Madre Tierra es un ser vivo del universo que concentra energía y vida, cobija y da vida a todos sin pedir nada a cambio, es el pasado, presente y futuro; es nuestra relación con la Madre Tierra. Convivimos con ella desde hace miles de años con nuestra sabiduría, espiritualidad cósmica ligada a la naturaleza. Sin embargo, el modelo económico, impulsado y forzado por los países industrializados que promueven la explotación extractiva y la acumulación de riquezas, han transformado radicalmente nuestra relación con la Madre Tierra. El cambio climático, debemos constatar, es una de las consecuencias de esta lógica irracional de vida. Esto es lo que debemos cambiar.

La agresión a la Madre Tierra, los golpes y las violaciones contra nuestros suelos, bosques, flora, fauna, biodiversidad, ríos, lagos, aire y el cosmos son golpes contra nosotros mismos. Antes pedíamos permiso para todo. Ahora se pretende desde los países desarrollados que la Madre Tierra nos pida permiso a nosotros. No se respeta nuestros territorios, particularmente de los pueblos en aislamiento voluntario o en contacto inicial, y sufrimos la más terrible agresión desde la colonización solo para facilitar el mercado y la industria extractiva.

Reconocemos que Pueblos Indígenas y de todo el mundo, vivimos en una época de crisis generalizada: ambiental, energética, alimentaria, financiera, de valores, entre otros, como consecuencia de las políticas y actitudes de Estados racistas y excluyentes.

Decimos que en la conferencia climática de Copenhague, los pueblos del mundo que exigíamos un trato justo fuimos reprimidos y los Estados causantes de la crisis climáticas, debilitaron aún más los posibles resultados de las negociaciones y no asumieron compromiso vinculante alguno. Limitándose simplemente a respaldar el entendimiento de Copenhague que plantea objetivos insuficientes e inaceptables en relación a acciones de respuesta al cambio climático y financiamiento para los países y pueblos más afectados.

Afirmamos que los espacios de negociación internacional han excluido sistemáticamente la participación de los Pueblos Indígenas. Por este motivo ahora, los Pueblos Indígenas nos hacemos visibles en estos espacios, porque al haberse herido y saqueado a la Madre Tierra con actividades que impactan negativamente sobre nuestras tierras, territorios y recursos naturales, nos han herido también a nosotros. Por eso los Pueblos Indígenas no nos quedaremos callados, sino que planteamos la inquebrantable movilización de todos nuestros pueblos para llegar a la COP 16 en México y otros espacios, articulados y preparados para defender nuestras propuestas, particularmente del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. Nosotros, los pueblos indígenas, no queremos vivir mejor, sino queremos vivir bien, que es una propuesta para logar el equilibrio y a partir de ello construir una nueva sociedad.

La búsqueda de objetivos comunes, según nos muestra la misma historia, solo se conseguirá con la unión de los Pueblos Indígenas de todo el mundo. Las raíces ancestrales, indígenas, originarias de toda la población mundial deben ser uno de los lazos que nos unan para lograr un solo objetivo.

Por todo ello proponemos demandamos y exigimos:

1. La recuperación, revalorización y fortalecimiento de nuestras civilizaciones, identidades, culturas y cosmovisiones, basadas en el conocimiento y sabiduría ancestral milenaria indígena-originaria, para la construcción de nuevos modelos de vida alternativas al sistema de desarrollo actual y como una forma de hacer frente al cambio climático.

2. El rescate y fortalecimiento de la vivencia y propuesta de los Pueblos Indígenas del vivir bien, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo con la cual tenemos una relación indisoluble e interdependiente; basados en principios y mecanismos que garanticen el respeto, la armonía y el equilibrio de los pueblos con la naturaleza y, como la base para una sociedad con justicia social y ambiental, que tenga como fin la vida. Todo ello para hacer frente a la crisis del modelo de saqueo capitalista y garantizar la protección de la vida en su conjunto a través de la búsqueda de acuerdos globales incluyentes.

3. Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y derechos de los Pueblos Indígenas (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y Convenio 169 de la OIT) en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para enfrentar el cambio climático.

4. Exigimos a los Estados que reconozcan jurídicamente la preexistencia y por tanto la propiedad de nuestros territorios, tierras y recursos naturales que hemos poseído tradicionalmente como pueblos y naciones indígenas originarias, así como la restitución y restauración de los bienes naturales, las aguas, los bosques y selvas, lagos, océanos y hielos, lugares sagrados, tierras y territorios que nos han sido arrebatados y despojados, para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático. En este sentido planteamos la consolidación de los territorios indígenas en ejercicio de nuestra libre determinación y autonomía y de conformidad con nuestros sistemas normativos.

Asimismo, exigimos a los Estados el respeto a los derechos territoriales de los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario o en contacto inicial, como una medida efectiva para preservar su integridad y para combatir los efectos adversos del cambio climático hacia dichos pueblos.

5. Llamamos a los Estados que no promuevan las prácticas de monocultivos de carácter comercial, ni introducir y promover los cultivos transgénicos y exóticos, porque según la sabiduría de nuestros pueblos estas especies agravan la degradación de las selvas, los bosques y los suelos contribuyendo al aumento del calentamiento global. Tampoco, bajo la búsqueda de energías alternativas (como la nuclear y bio-ingeniería), se deben implementar los mega-proyectos hidroeléctricos, de energía eólica y de otro tipo, que afectan los territorios, tierras y hábitats naturales de los pueblos indígenas.

6. Exigimos el cambio de las leyes forestales y ambientales de los Estados y la aplicación de los instrumentos internacionales pertinentes, para la protección efectiva de las selvas y bosques, así como su diversidad biológica y cultural, garantizando los derechos de los pueblos indígenas, incluidos su participación y el consentimiento previo, libre e informado.

7. Planteamos que en el marco de las acciones de mitigación y adaptación sobre el cambio climático y basados en la experiencia y el conocimiento demostrados ancestralmente, para el manejo sostenido de la diversidad biológica de nuestras selvas y bosques; establecer como política de Estado que las aéreas naturales protegidas deben ser gestionadas, administradas y controladas directamente por los pueblos indígenas.

8. Demandamos una revisión o en su caso moratoria a toda actividad contaminante y que afecte a la Madre Tierra y el retiro de las corporaciones transnacionales y de mega-proyectos de los territorios indígenas.

9. Exigimos a los Estados que se reconozca el agua como un derecho humano fundamental, evitando su privatización y su mercantilización.

10. Demandamos la aplicación de la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas y poblaciones afectadas en todos los procesos de diseño e implementación de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático y otras acciones de intervención en los territorios indígenas.

11. Los Estados deben promover mecanismos que garanticen que el financiamiento para las acciones de respuesta al cambio climático lleguen de manera directa y efectiva a los Pueblos Indígenas, como parte del resarcimiento de la deuda histórica y ecológica, apoyando el fortalecimiento de nuestras propias visiones y cosmovisiones para el vivir bien.

12. Llamamos a la recuperación, revalorización y fortalecimiento de las tecnologías y conocimientos propios de los Pueblos Indígenas y promover la incorporación de estos en la investigación, el diseño y la aplicación de políticas sobre cambio climático, en complementariedad con los conocimientos y tecnologías occidentales adecuadas, asegurando que los procesos de transferencia de tecnología no debiliten el conocimiento y las tecnologías indígenas.

13. Planteamos la recuperación, el desarrollo y la difusión de los conocimientos y tecnologías indígenas a través de la implementación de políticas y programas educativos pertinentes, así como la modificación e incorporación de dichos conocimientos y sabidurías ancestrales en las currículas y metodologías educativas.

14. Instamos a los Estados y organismos internacionales de toma de decisiones sobre cambio climático, en particular la CMNUCC, establezcan las estructuras y los mecanismos formales que incluyan la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y grupos vulnerables incluyendo las mujeres, sin discriminación, como elemento clave para obtener un resultado justo y equitativo de las negociaciones sobre cambio climático.

15. Nos sumamos a la demanda de conformar un Tribunal de Justicia Climática que permita juzgar y establecer sanciones al no cumplimiento de compromisos y otros crímenes ecológicos de los países desarrollados, principales responsables del cambio climático. Esta instancia debe considerar la participación plena y efectiva de los Pueblos Indígenas y sus principios de justicia.

16. Planteamos la articulación y organización de los pueblos a nivel mundial, a través de nuestros gobiernos, organizaciones y mecanismos locales, nacionales, regionales e internacionales, para participar en los procesos de debate y análisis con representación legítima en todo el proceso relacionado con el cambio climático. En este sentido proponemos conformar un espacio de organización, con participación especial de los Ancianos y Ancianas, que contribuya en la búsqueda de soluciones globales y efectivas al cambio climático.

17. Proponemos luchar en todos los espacios para defender la vida y la Madre Tierra, particularmente en la realización de la COP 16, por eso proponemos la organización de una segunda conferencia de los pueblos para fortalecer el proceso reflexión y acción.

18. Ratificar la campaña global organizando una Marcha Mundial en defensa de la Madre Tierra y de los pueblos, contra la mercantilización de la vida, la contaminación y la criminalización de movimientos indígenas y sociales.

Creado en unidad en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia a los 21 días del mes de abril del 2010

http://www.alainet.org/active/37593&lang=es

Declaración final de la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra

22 de Abril Cochabamba, Bolivia

ACUERDO DE LOS PUEBLOS

Hoy, nuestra Madre Tierra está herida y el futuro de la humanidad está en peligro.

De incrementarse el calentamiento global en más de 2º C, a lo que nos conduciría el llamado “Entendimiento de Copenhague” existe el 50% de probabilidades de que los daños provocados a nuestra Madre Tierra sean totalmente irreversibles. Entre un 20% y un 30% de las especies estaría en peligro de desaparecer. Grandes extensiones de bosques serían afectadas, las sequías e inundaciones afectarían diferentes regiones del planeta, se extenderían los desiertos y se agravaría el derretimiento de los polos y los glaciares en los Andes y los Himalayas. Muchos Estados insulares desaparecerían y el África sufriría un incremento de la temperatura de más de 3º C. Así mismo, se reduciría la producción de alimentos en el mundo con efectos catastróficos para la supervivencia de los habitantes de vastas regiones del planeta, y se incrementaría de forma dramática el número de hambrientos en el mundo, que ya sobrepasa la cifra de 1.020 millones de personas.

Las corporaciones y los gobiernos de los países denominados “más desarrollados”, en complicidad con un segmento de la comunidad científica, nos ponen a discutir el cambio climático como un problema reducido a la elevación de la temperatura sin cuestionar la causa que es el sistema capitalista.

Confrontamos la crisis terminal del modelo civilizatorio patriarcal basado en el sometimiento y destrucción de seres humanos y naturaleza que se aceleró con la revolución industrial.

El sistema capitalista nos ha impuesto una lógica de competencia, progreso y crecimiento ilimitado. Este régimen de producción y consumo busca la ganancia sin límites, separando al ser humano de la naturaleza, estableciendo una lógica de dominación sobre ésta, convirtiendo todo en mercancía : el agua, la tierra, el genoma humano, las culturas ancestrales, la biodiversidad, la justicia, la ética, los derechos de los pueblos, la muerte y la vida misma.

Bajo el capitalismo, la Madre Tierra se convierte en fuente sólo de materias primas y los seres humanos en medios de producción y consumidores, en personas que valen por lo que tienen y no por lo que son.

El capitalismo requiere una potente industria militar para su proceso de acumulación y el control de territorios y recursos naturales, reprimiendo la resistencia de los pueblos. Se trata de un sistema imperialista de colonización del planeta.

La humanidad está frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo, la depredación y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida.

Requerimos forjar un nuevo sistema que restablezca la armonía con la naturaleza y entre los seres humanos. Sólo puede haber equilibrio con la naturaleza si hay equidad entre los seres humanos.

Planteamos a los pueblos del mundo la recuperación, revalorización y fortalecimiento de los conocimientos, sabidurías y prácticas ancestrales de los Pueblos Indígenas, afirmados en la vivencia y propuesta de “Vivir Bien”, reconociendo a la Madre Tierra como un ser vivo, con el cual tenemos una relación indivisible, interdependiente, complementaria y espiritual.

Para enfrentar el cambio climático debemos reconocer a la Madre Tierra como la fuente de la vida y forjar un nuevo sistema basado en los principios de:
armonía y equilibrio entre todos y con todo
complementariedad, solidaridad, y equidad
bienestar colectivo y satisfacción de las necesidades fundamentales de todos en armonía con la Madre Tierra
respeto a los Derechos de la Madre Tierra y a los Derechos Humanos
reconocimiento del ser humano por lo que es y no por lo que tiene
eliminación de toda forma de colonialismo, imperialismo e intervencionismo paz entre los pueblos y con la Madre Tierra.

El modelo que propugnamos no es de desarrollo destructivo ni ilimitado. Los países necesitan producir bienes y servicios para satisfacer las necesidades fundamentales de su población, pero de ninguna manera pueden continuar por este camino de desarrollo en el cual los países más ricos tienen una huella ecológica 5 veces más grande de lo que el planeta es capaz de soportar. En la actualidad ya se ha excedido en más de un 30% la capacidad del planeta para regenerarse. A este ritmo de sobreexplotación de nuestra Madre Tierra se necesitarían 2 planetas para el 2030.

En un sistema interdependiente del cual los seres humanos somos uno de sus componentes no es posible reconocer derechos solamente a la parte humana sin provocar un desequilibrio en todo el sistema. Para garantizar los derechos humanos y restablecer la armonía con la naturaleza es necesario reconocer y aplicar efectivamente los derechos de la Madre Tierra.

Para ello proponemos el proyecto adjunto de Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra en el cual se consignan:
Derecho a la vida y a existir;
Derecho a ser respetada;
Derecho a la continuación de sus ciclos y procesos vitales libre de alteraciones humanas;
Derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados;
Derecho al agua como fuente de vida;
Derecho al aire limpio;
Derecho a la salud integral;
Derecho a estar libre de la contaminación y polución, de desechos tóxicos y radioactivos ;
Derecho a no ser alterada genéticamente y modificada en su estructura amenazando su integridad o funcionamiento vital y saludable.
Derecho a una restauración plena y pronta por las violaciones a los derechos reconocidos en esta Declaración causados por las actividades humanas.

La visión compartida es estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero para hacer efectivo el Artículo 2 de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que determina “la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas para el sistema climático”. Nuestra visión es, sobre la base del principio de las responsabilidades históricas comunes pero diferenciadas, exigir que los países desarrollados se comprometan con metas cuantificadas de reducción de emisiones que permitan retornar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a 300 ppm y así, limitar el incremento de la temperatura media global a un nivel máximo de 1°C.

Enfatizando la necesidad de acción urgente para lograr esta visión, y con el apoyo de los pueblos, movimientos y países, los países desarrollados deberán comprometerse con metas ambiciosas de reducción de emisiones que permitan alcanzar objetivos a corto plazo, manteniendo nuestra visión a favor del equilibrio del sistema climático de la Tierra, de acuerdo al objetivo último de la Convención.

La “visión compartida” para la “Acción Cooperativa a Largo Plazo” no debe reducirse en la negociación de cambio climático a definir el límite en el incremento de la temperatura y la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino que debe comprender de manera integral y equilibrada un conjunto de medidas financieras, tecnológicas, de adaptación, de desarrollo de capacidades, de patrones de producción, consumo y otras esenciales como el reconocimiento de los derechos de la Madre Tierra para restablecer la armonía con la naturaleza.

Los países desarrollados, principales causantes del cambio climático, asumiendo su responsabilidad histórica y actual, deben reconocer y honrar su deuda climática en todas sus dimensiones, como base para una solución justa, efectiva y científica al cambio climático. En este marco exigimos a los países desarrollados que:
Restablezcan a los países en desarrollo el espacio atmosférico que está ocupado por sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica la descolonización de la atmósfera mediante la reducción y absorción de sus emisiones.
Asuman los costos y las necesidades de transferencia de tecnología de los países en desarrollo por la pérdida de oportunidades de desarrollo por vivir en un espacio atmosférico restringido.
Se hagan responsables por los cientos de millones que tendrán que migrar por el cambio climático que han provocado y que eliminen sus políticas restrictivas de migración y ofrezcan a los migrantes una vida digna y con todos los derechos en sus países.
Asuman la deuda de adaptación relacionadas a los impactos del cambio climático en los países en desarrollo proveyendo los medios para prevenir, minimizar y atender los daños que surgen de sus excesivas emisiones.
Honren estas deudas como parte de una deuda mayor con la Madre Tierra adoptando y aplicando la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en las Naciones Unidas.

El enfoque debe ser no solamente de compensación económica, sino principalmente de justicia restaurativa – es decir restituyendo la integridad a las personas y a los miembros que forman una comunidad de vida en la Tierra.

Deploramos el intento de un grupo de países de anular el Protocolo de Kioto el único instrumento legalmente vinculante específico para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados.

Advertimos al mundo que no obstante estar obligados legalmente las emisiones de los países desarrollados en lugar de reducir, crecieron en un 11,2% entre 1990 y 2007.

Estados Unidos a causa del consumo ilimitado aumentó sus emisiones de GEI en 16,8% durante el periodo 1990 al 2007, emitiendo como promedio entre 20 y 23 toneladas anuales de CO2 por habitante, lo que representa más de 9 veces las emisiones correspondientes a un habitante promedio del Tercer Mundo, y más de 20 veces las emisiones de un habitante de África Subsahariana.

Rechazamos de manera absoluta el ilegitimo “Entendimiento de Copenhague”, que permite a estos países desarrollados ofertar reducciones insuficientes de gases de efecto invernadero, basadas en compromisos voluntarios e individuales, que violan la integridad ambiental de la Madre Tierra conduciéndonos a un aumento de alrededor de 4ºC.

La próxima Conferencia sobre Cambio Climático a realizarse a fines de año en México debe aprobar la enmienda al Protocolo de Kioto, para el segundo período de compromisos a iniciarse en 2013 a 2017 en el cual los países desarrollados deben comprometer reducciones domésticas significativas de al menos el 50% respecto al año base de 1990 sin incluir mercados de carbono u otros sistemas de desviación que enmascaran el incumplimiento de las reducciones reales de emisiones de gases de efecto invernadero. Requerimos establecer primero una meta para el conjunto de los países desarrollados para luego realizar la asignación individual para cada país desarrollado en el marco de una comparación de esfuerzos entre cada uno de ellos, manteniendo así el sistema del Protocolo de Kioto para las reducciones de las emisiones. Los Estados Unidos de América, en su carácter de único país de la Tierra del Anexo 1 que no ratificó el Protocolo de Kioto tiene una responsabilidad significativa ante todos los pueblos del mundo por cuanto debe ratificar el Protocolo de Kioto y comprometerse a respetar y dar cumplimiento a los objetivos de reducción de emisiones a escala de toda su economía.

Los pueblos tenemos los mismos derechos de protección ante los impactos del cambio climático y rechazamos la noción de adaptación al cambio climático entendida como la resignación a los impactos provocados por las emisiones históricas de los países desarrollados, quienes deben adaptar sus estilos de vida y de consumo ante esta emergencia planetaria. Nos vemos forzados a enfrentar los impactos del cambio climático, considerando la adaptación como un proceso y no como una imposición, y además como herramienta que sirva para contrarrestarlos, demostrando que es posible vivir en armonía bajo un modelo de vida distinto.

Es necesario construir un Fondo de Adaptación, como un fondo exclusivo para enfrentar el cambio climático como parte de un mecanismo financiero manejado y conducido de manera soberana, transparente y equitativa por nuestros Estados. Bajo este Fondo se debe valorar : los impactos y sus costos en países en desarrollo y las necesidades que estos impactos deriven, y registrar y monitorear el apoyo por parte de países desarrollados. Éste debe manejar además un mecanismo para el resarcimiento por daños por impactos ocurridos y futuros, por pérdida de oportunidades y la reposición por eventos climáticos extremos y graduales, y costos adicionales que podrían presentarse si nuestro planeta sobrepasa los umbrales ecológicos así como aquellos impactos que están frenando el derecho a Vivir Bien.

El “Entendimiento de Copenhague” impuesto sobre los países en desarrollo por algunos Estados, más allá de ofertar recursos insuficientes, pretende en si mismo dividir y enfrentar a los pueblos y pretende extorsionar a los países en desarrollo condicionando el acceso a recursos de adaptación a cambio de medidas de mitigación. Adicionalmente se establece como inaceptable que en los procesos de negociación internacional se intente categorizar a los países en desarrollo por su vulnerabilidad al cambio climático, generando disputas, desigualdades y segregaciones entre ellos.

El inmenso desafío que enfrentamos como humanidad para detener el calentamiento global y enfriar el planeta sólo se logrará llevando adelante una profunda transformación en la agricultura hacia un modelo sustentable de producción agrícola campesino e indígena/originario, y otros modelos y prácticas ancestrales ecológicas que contribuyan a solucionar el problema del cambio climático y aseguren la Soberanía Alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a controlar sus propias semillas, tierras, agua y la producción de alimentos, garantizando, a través de una producción en armonía con la Madre Tierra, local y culturalmente apropiada, el acceso de los pueblos a alimentos suficientes, variados y nutritivos en complementación con la Madre Tierra y profundizando la producción autónoma (participativa, comunitaria y compartida) de cada nación y pueblo.

El Cambio Climático ya está produciendo profundos impactos sobre la agricultura y los modos de vida de los pueblos indígenas/originarios y campesinos del mundo y estos impactos se irán agravando en el futuro.

El agro negocio a través de su modelo social, económico y cultural de producción capitalista globalizada y su lógica de producción de alimentos para el mercado y no para cumplir con el derecho a la alimentación, es una de las causas principales del cambio climático. Sus herramientas tecnológicas, comerciales y políticas no hacen más que profundizar la crisis climática e incrementar el hambre en el planeta. Por esta razón rechazamos los Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Asociación y toda forma de aplicación de los Derechos de Propiedad Intelectual sobre la vida, los paquetes tecnológicos actuales (agroquímicos, transgénicos) y aquellos que se ofrecen como falsas soluciones (agrocombustibles, geoingeniería, nanotecnología, tecnología Terminator y similares) que únicamente agudizarán la crisis actual.

Al mismo tiempo denunciamos como este modelo capitalista impone megaproyectos de infraestructura, invade territorios con proyectos extractivistas, privatiza y mercantiliza el agua y militariza los territorios expulsando a los pueblos indígenas y campesinos de sus territorios, impidiendo la Soberanía Alimentaria y profundizando la crisis socioambiental.

Exigimos reconocer el derecho de todos los pueblos, los seres vivos y la Madre Tierra a acceder y gozar del agua y apoyamos la propuesta del Gobierno de Bolivia para reconocer al agua como un Derecho Humano Fundamental.

La definición de bosque utilizada en las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la cual incluye plantaciones, es inaceptable. Los monocultivos no son bosques. Por lo tanto, exigimos una definición para fines de negociación que reconozca los bosques nativos y la selva y la diversidad de los ecosistemas de la tierra.

La Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas debe ser plenamente reconocida, implementada e integrada en las negociaciones de cambio climático. La mejor estrategia y acción para evitar la deforestación y degradación y proteger los bosques nativos y la selva es reconocer y garantizar los derechos colectivos de las tierras y territorios considerando especialmente que la mayoría de los bosques y selvas están en los territorios de pueblos y naciones indígenas, comunidades campesinas y tradicionales.

Condenamos los mecanismos de mercado, como el mecanismo de REDD (Reducción de emisiones por la deforestación y degradación de bosques) y sus versiones + y ++, que está violando la soberanía de los Pueblos y su derecho al consentimiento libre, previo e informado, así como a la soberanía de Estados nacionales, y viola los derechos, usos y costumbres de los Pueblos y los Derechos de la Naturaleza.

Los países contaminadores están obligados a transferir de manera directa los recursos económicos y tecnológicos para pagar la restauración y mantenimiento de los bosques y selvas, en favor de los pueblos y estructuras orgánicas ancestrales indígenas, originarias, campesinas. Esto deberá ser una compensación directa y adicional a las fuentes de financiamiento comprometidas por los países desarrollados, fuera del mercado de carbono y nunca sirviendo como las compensaciones de carbono (offsets). Demandamos a los países a detener las iniciativas locales en bosques y selvas basados en mecanismos de mercado y que proponen resultados inexistentes y condicionados. Exigimos a los gobiernos un programa mundial de restauración de bosques nativos y selvas, dirigido y administrado por los pueblos, implementando semillas forestales, frutales y de flora autóctona. Los gobiernos deben eliminar las concesiones forestales y apoyar la conservación del petróleo bajo la tierra y que se detenga urgentemente la explotación de hidrocarburos en las selvas.

Exigimos a los Estados que reconozcan, respeten y garanticen la efectiva aplicación de los estándares internacionales de derechos humanos y los derechos de los Pueblos Indígenas, en particular la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, entre otros instrumentos pertinentes, en el marco de las negociaciones, políticas y medidas para resolver los desafíos planteados por el cambio climático. En especial, demandamos a los Estados a que reconozcan jurídicamente la preexistencia del derecho sobre nuestros territorios, tierras y recursos naturales para posibilitar y fortalecer nuestras formas tradicionales de vida y contribuir efectivamente a la solución del cambio climático.

Demandamos la plena y efectiva aplicación del derecho a la consulta, la participación y el consentimiento previo, libre e informado de los Pueblos Indígenas en todos los procesos de negociación así como en el diseño e implementación de las medidas relativas al cambio climático.

En la actualidad la degradación medioambiental y el cambio climático alcanzarán niveles críticos, siendo una de las principales consecuencias la migración interna así como internacional. Según algunas proyecciones en 1995 existían alrededor de 25 millones de migrantes climáticos, al presente se estima en 50 millones y las proyecciones para el año 2050 son de 200 a 1000 millones de personas que serán desplazadas por situaciones derivadas del cambio climático.

Los países desarrollados deben asumir la responsabilidad sobre los migrantes climáticos, acogiéndolos en sus territorios y reconociendo sus derechos fundamentales, a través de la firma de convenios internacionales que contemplen la definición de migrante climático para que todos los Estados acaten sus determinaciones.

Constituir un Tribunal Internacional de Conciencia para denunciar, hacer visible, documentar, juzgar y sancionar las violaciones de los derechos de los(s) migrantes, refugiados(as) y desplazados en los países de origen, tránsito y destino, identificando claramente las responsabilidades de los Estados, compañías y otros actores.

El financiamiento actual destinado a los países en desarrollo para cambio climático y la propuesta del Entendimiento de Copenhague son ínfimos. Los países desarrollados deben comprometer un financiamiento anual nuevo, adicional a la Ayuda Oficial al Desarrollo y de fuente pública, de al menos 6% de su PIB para enfrentar el cambio climático en los países en desarrollo. Esto es viable tomando en cuenta que gastan un monto similar en defensa nacional y destinaron 5 veces más para rescatar bancos y especuladores en quiebra, lo que cuestiona seriamente sus prioridades mundiales y su voluntad política. Este financiamiento debe ser directo, sin condicionamiento y no vulnerar la soberanía nacional ni la autodeterminación de las comunidades y grupos más afectados.

En vista de la ineficiencia del mecanismo actual, en la Conferencia de México se debe establecer un nuevo mecanismo de financiamiento que funcione bajo la autoridad de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio Climático rindiendo cuentas a la misma, con una representación significativa de los países en desarrollo para garantizar el cumplimiento de los compromisos de financiamiento de los países Anexo 1.

Se ha constatado que los países desarrollados incrementaron sus emisiones en el periodo 1990 – 2007, no obstante haber manifestado que la reducción se vería sustancialmente coadyuvada con mecanismos de mercado.

El mercado de carbono se ha transformado en un negocio lucrativo, mercantilizando nuestra Madre Tierra, esto no representa una alternativa para afrontar el cambio climático, puesto que saquea, devasta la tierra, el agua e incluso la vida misma.

La reciente crisis financiera ha demostrado que el mercado es incapaz de regular el sistema financiero, que es frágil e inseguro ante la especulación y la aparición de agentes intermediarios, por lo tanto, sería una total irresponsabilidad dejar en sus manos el cuidado y protección de la propia existencia humana y de nuestra Madre Tierra.

Consideramos inadmisible que las negociaciones en curso pretendan la creación de nuevos mecanismos que amplíen y promuevan el mercado de carbono toda vez que los mecanismos existentes nunca resolvieron el problema del Cambio Climático ni se transformaron en acciones reales y directas en la reducción de gases de efecto invernadero.

Es imprescindible exigir el cumplimento de los compromisos asumidos por los países desarrollados en la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático respecto al desarrollo y transferencia de tecnología, así como rechazar la “vitrina tecnológica” propuesta por países desarrollados que solamente comercializan la tecnología. Es fundamental establecer los lineamientos para crear un mecanismo multilateral y multidisciplinario para el control participativo, la gestión y la evaluación continua del intercambio de tecnologías. Estas tecnologías deben ser útiles, limpias, y socialmente adecuadas. De igual manera es fundamental el establecimiento de un fondo de financiamiento e inventario de tecnologías apropiadas y liberadas de derechos de propiedad intelectual, en particular, de patentes que deben pasar de monopolios privados a ser de dominio público, de libre accesibilidad y bajo costo.

El conocimiento es universal, y por ningún motivo puede ser objeto de propiedad privada y de utilización privativa, como tampoco sus aplicaciones en forma de tecnologías. Es deber de los países desarrollados compartir su tecnología con países en desarrollo, crear centros de investigación para la creación de tecnologías e innovaciones propias, así como defender e impulsar su desarrollo y aplicación para el vivir bien. El mundo debe recuperar, aprender, reaprender los principios y enfoques del legado ancestral de sus pueblos originarios para detener la destrucción del planeta, así como los conocimientos y prácticas ancestrales y recuperación de la espiritualidad en la reinserción del vivir bien juntamente con la Madre Tierra.

Considerando la falta de voluntad política de los países desarrollados para cumplir de manera efectiva sus compromisos y obligaciones asumidos en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto, y frente a la inexistencia de una instancia legal internacional que prevenga y sancione todos aquellos delitos y crímenes climáticos y ambientales que atenten contra los derechos de la Madre Tierra y la humanidad, demandamos la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental que tenga la capacidad jurídica vinculante de prevenir, juzgar y sancionar a los Estados, las Empresas y personas que por acción u omisión contaminen y provoquen el cambio climático. Respaldar a los Estados que presenten demandas en la Corte Internacional de Justicia contra los países desarrollados que no cumplen con sus compromisos bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Protocolo de Kioto incluyendo sus compromisos de reducción de gases de efecto invernadero. Instamos a los pueblos a proponer y promover una profunda reforma de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para que todos sus Estados miembros cumplan las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia Climática y Ambiental.

El futuro de la humanidad está en peligro y no podemos aceptar que un grupo de gobernantes de países desarrollados quieran definir por todos los países como lo intentaron hacer infructuosamente en la Conferencia de las Partes de Copenhague. Esta decisión nos compete a todos los pueblos. Por eso es necesaria la realización de un Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular, sobre el cambio Climático en el cuál todos seamos consultados sobre : el nivel de reducciones de emisiones que deben hacer los países desarrollados y las empresas transnacionales ; el financiamiento que deben proveer los países desarrollados ; la creación de un Tribunal Internacional de Justicia Climática ; la necesidad de una Declaración Universal de Derechos de la Madre Tierra y ; la necesidad de cambiar el actual sistema capitalista.

El proceso del Referéndum Mundial, plebiscito o consulta popular será fruto de un proceso de preparación que asegure el desarrollo exitoso del mismo.

Con el fin de coordinar nuestro accionar internacional e implementar los resultados del presente “Acuerdo de los Pueblos” llamamos a construir un Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra que se basará en los principios de complementariedad y respeto a la diversidad de origen y visiones de sus integrantes, constituyéndose en un espacio amplio y democrático de coordinación y articulación de acciones a nivel mundial.

Con tal propósito, adoptamos el plan de acción mundial adjunto para que en México los países desarrollados del Anexo 1 respeten el marco legal vigente y reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 50 % y se asuman las diferentes propuestas contenidas en este Acuerdo.

Finalmente, acordamos realizar la 2ª Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en el 2011 como parte de este proceso de construcción del Movimiento Mundial de los Pueblos por la Madre Tierra y para reaccionar frente a los resultados de la Conferencia de Cambio Climático que se realizará a fines de año en Cancún, México

México: Tesis Jurisprudenciales contra Pueblos Indígenas

por Bartolomé Clavero

15-04-2010

En el proceso de formación de una jurisprudencia con valor normativo en México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación extrae y publica Tesis con los pronunciamientos de sus sentencias que pueden alcanzar dicho valor de norma que a veces de hecho resulta de un alcance constitucional. Recientemente se han hecho públicas un par de tesis tocantes al derecho de libre determinación indígena, un derecho reconocido por la Constitución mexicana y que todavía no se ha puesto en práctica. La Corte contribuye eficazmente impidiendo con su jurisprudencia que pueda hacerse.


“Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural”, establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (art. 2.A.I). Previamente, adoptando términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, ha definido lo que entiende por pueblos indígenas: “aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conserva sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas” y que tienen “conciencia de su identidad indígena”, esto como “criterio fundamental” para la identificación de tales pueblos. En cuanto a las comunidades que los integran, son “aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres”, según el mismo artículo segundo de la Constitución.



Hay algo más en el artículo segundo constitucional que guarda congruencia siempre que no se utilice para vaciar el contenido esencial del derecho a la libre determinación: “El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional”. La congruencia por supuesta dependerá de lo que establezca el marco constitucional y de lo que consiguientemente se entienda por unidad nacional, una unidad federal que ahora habrá de ser compatible con el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación. Es una congruencia que comienza a enervarse en el propio artículo segundo: “Las constituciones y leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así como las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como entidades de interés público”.



Los estados federados en los Estados Unidos Mexicanos, dichas entidades federativas, no son como tales en ningún caso indígenas ni la Constitución contiene la previsión de que los pueblos de tal condición constituyan nuevas entidades dotadas de autonomía constitucional en ejercicio del derecho a la libre determinación como podría desprenderse, si se guardase congruencia, del reconocimiento referido: “Esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía”. ¿Qué contenido esencial mantiene este derecho constitucional de unos pueblos si su materialización ante todo se encomienda a unas entidades no indígenas? Entidades de otro género y otra calidad, la inferior que se dice de interés público, sólo las forman para la Constitución las comunidades, no los pueblos indígenas.


¿Cómo pueden éstos constituirse en sujetos de un derecho de libre determinación que se ejerce a través de la autonomía como la misma Constitución postula?



Todavía en el artículo segundo, la Constitución federal mexicana condiciona aún más la autonomía indígena. Son los estados quienes podrán reconocer a los pueblos y no éstos a sí mismos: “El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este Artículo, criterios etno-lingüísticos”. Los derechos de los pueblos o más bien de las comunidades indígenas quedan con todo constreñidos en un mapa institucional no sólo estatal, sino también municipal: “Las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularan estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas”. Por encima de tradiciones y normas indígenas así se sitúan no sólo las constituciones, sino también las leyes ordinarias de cada uno de los estados. La misma Constitución abunda ulteriormente: “Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley”, la ley de las entidades federativas (art. 115.III, final, a cuyas alturas los pueblos ya han desaparecido por entero del mapa).



La Constitución federal mexicana también reconoce de otra forma a comunidades indígenas, nunca a los pueblos a efectos prácticos: “Se reconoce la personalidad jurídica de los núcleos de población ejidales y comunales” esencialmente al propósito de la titulación y protección del derecho a la tierra (art. 27.7). A este capítulo no alcanza eco ninguno de la libre determinación pues es la norma no indígena quien provee: “La ley protegerá la integridad de las tierras de los grupos indígenas. La ley, considerando el respeto y fortalecimiento de la vida comunitaria de los ejidos y comunidades, protegerá la tierra para el asentamiento humano y regulará el aprovechamiento de tierras, bosques y aguas de uso común y la provisión de acciones de fomento necesarias para elevar el nivel de vida de sus pobladores. La ley, con respeto a la voluntad de los ejidatarios y comuneros para adoptar las condiciones que más les convengan en el aprovechamiento de sus recursos productivos, regulará el ejercicio de los derechos de los comuneros sobre la tierra y de cada ejidatario sobre su parcela.


Asimismo establecerá los procedimientos por los cuales ejidatarios y comuneros podrán asociarse entre sí, con el estado o con terceros y otorgar el uso de sus tierras; y, tratándose de ejidatarios, transmitir sus derechos parcelarios entre los miembros del núcleo de población; igualmente fijará los requisitos y procedimientos conforme a los cuales la asamblea ejidal otorgará al ejidatario el dominio sobre su parcela”, etc., etc.



¿Dónde ha quedado para la Constitución misma el derecho a la libre determinación? Mediante un recurso de amparo interpuesto en 2009 por un grupo de ejidatarios, la cuestión se le plantea a la Sala Primera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La misma en su sentencia afirma tanto el derecho de libre determinación de los pueblos y comunidades indígena como la sujeción estricta del régimen ejidal a la ley. De ahí ha extraído las Tesis XVI y XVII de este año 2010. No puede ponerse en duda que la Corte se atiene a la Constitución, pero ¿a qué viene destacar como tesis jurisprudenciales unos pronunciamientos que no añaden nada y que tampoco resuelven nada? El caso ha planteado el reto de compaginar el derecho de libre determinación y el régimen constitucional tan limitativo de la autonomía. No se hace y el efecto práctico es el de anulación jurisprudencial del derecho mismo, tal y como si el mismo no estuviera registrado por la Constitución, lo que resulta un mal desempeño judicial desde luego. Toda interpretación constitucional que anule a efectos prácticos un pronunciamiento de la Constitución es una mala interpretación.



Cierto es que la Constitución no ofrece facilidades algunas para abordar el reto, pero esto no exime a la Suprema Corte de la obligación de hacerlo. Hay por supuesto vías y guías. ¿No las ofrece ahora la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas? Pero la Suprema Corte ignora olímpicamente el derecho internacional de los pueblos indígenas, inclusive el del Convenio 169 que México tiene ratificado desde ya casi veinte años. La propia Constitución no favorece la toma en consideración de una declaración de derechos humanos como la de los pueblos indígenas (art. 133: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebran por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán Ley Suprema de toda la Unión…”), pero este pasaje constitucional es de tiempos anteriores al derecho internacional de los derechos humanos, un derecho con sus propias reglas de vigencia y estándares de valor. No está subordinado a la Constitución.



La única manera que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las incongruencias de la Constitución en todo lo tocante a pueblos y comunidades indígenas es la de recurrir al derecho internacional de los derechos humanos y muy en particular a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. No hay otra.


Negándose a hacerlo, está sencillamente contribuyendo al ninguneo absoluto del reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas. Las Tesis XVI y XVII de 2010 son las lápidas de este entierro.

Mexico La nueva guerra sucia

Kent Kent Paterson

Carlos Montemayor rompió un tabú político. Como astuto analista social y autor prolífico, sus novelas acerca de los levantamientos de la guerrilla izquierdista y la represión ejercida por el Estado durante las décadas de los 1960 y 1970 rescataron la memoria de la guerra sucia del cesto de basura de la historia. Aunque el gobierno mexicano aún guarda como secreto de estado los destinos de cientos de personas que sus fuerzas de seguridad hicieron desaparecer durante la guerra sucia, las aportaciones literarias de Montemayor ayudaron a perforar el silencio oficial en una época en que las fuerzas populares luchaban por hacer de México un país más democrático y justo.

La muerte alcanzó prematuramente a Montemayor el 28 de febrero, de un año en que México conmemora el doble aniversario de la Guerra de Independencia de 1810 y de la Revolución de 1910, acontecimientos que desataron aspiraciones históricas hasta entonces reprimidas de tierra y libertad, democracia e igualdad.

Irónicamente, la guerra sucia que el intelectual chihuahuense recreó de tan brillante suerte está de vuelta, justo a tiempo para el año histórico de México. Desde Chiapas en el sur hasta Chihuahua en el norte, las desapariciones forzadas, asesinatos de activistas y políticos, ataques a periodistas y otras violaciones de derechos humanos van en constante ascenso.

Si bien perduran muchos elementos de la primera guerra sucia, nuevos elementos avivan las llamas de la segunda. Mientras la Guerra Fría de Washington era el estandarte de la violencia ejercida por el Estado durante el siglo pasado, la llamada guerra antidrogas de Washington es ahora la cobertura ideológica de la represión actual.

Muchas regiones de México están inmersas en guerras de baja intensidad que coinciden con una creciente intolerancia de estado hacia los movimientos laborales y sociales. Ejemplos de ello son las golpizas infligidas por miembros de la Policía Federal a trabajadores electricistas y los permanentes operativos de contrainsurgencia contra movimientos guerrilleros de izquierda que vuelven a nacer.

La madre del movimiento de derechos humanos en México y fundadora del Comité Eureka, la senadora mexicana Rosario Ibarra de Piedra, comparó los hechos actuales con la guerra sucia de hace décadas, cuando su joven hijo Jesús fue detenido y desaparecido por las fuerzas de seguridad mexicanas.

Ibarra opina que la guerra antinarco de Calderón y la criminalización de la protesta social están impulsando una nueva guerra sucia. Durante un discurso en la Ciudad de México, la ya legendaria defensora de los derechos humanos convocó a los mexicanos de todos los movimientos sociales a cerrar filas y a defenderse mutuamente.

"Exigimos el compromiso y la decisión de lucha para cambiar esta situación", dijo. "Llamamos a que nadie permanezca indiferente al dolor de tantísima gente."

Suele ser difícil saber dónde se inicia un conflicto y concluye otro, o dónde se separan las tinieblas del bajo mundo del sistema político en la superficie. En repetidas ocasiones miembros antiguos o actuales de las fuerzas de seguridad están implicados en actividades criminales. Según la agencia noticiosa Notimex, el Secretario de la Defensa, Gral. Guillermo Galván, admitió hace poco ante senadores el arresto en un momento u otro de 15,000 ex soldados.

Un caso ilustrativo está en el sureño estado de Guerrero, donde la narcoviolencia, rebeliones, pleitos políticos de hace largo tiempo y conflictos sociales históricos se agitan en una mezcla explosiva. Con más de 600 personas aún desaparecidas desde la represión estatal durante los 1970s, Guerrero fue el epicentro de la primera guerra sucia. Hoy el estado crónicamente empobrecido es un frente estratégico para la última.

Las playas sangrientas del paraíso

Las últimas batallas campales y narco-ejecuciones en Acapulco y otras regiones del estado dejaron 58 personas muertas tan sólo del 13 al 15 de marzo. No obstante los asesinatos acumulados ese fin de semana no son sino una muestra del baño de sangre que se extiende por todo Guerrero. La violencia involucra a cárteles del narco en competencia, grupos paramilitares, fuerzas de seguridad y varias organizaciones rebeldes armadas, entre ellas el Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI).

En mayo de 2009, el Comandante Ramiro del ERPI dio una conferencia de prensa a periodistas mexicanos donde reveló años de choques entre las guerrillas y los grupos "narco-paramilitares". Ramiro, con fama de tener seguimiento popular, fue asesinado misteriosamente en la remota localidad de Palos Altos en noviembre del mismo año.

Hercilia Castro, activista por los derechos humanos con la Red de Organizaciones no Gubernamentales de Guerrero, ayudó a documentar los asesinatos de tres hermanos en el pueblo montañoso de Puerto Las Ollas también en noviembre pasado. Alejandro García Cortés, de 19 años, Bertín García Cortés, de 18, y Rogelio García Valdovinos, de 15, fueron ultimados y mostraban el clásico tiro de gracia.

"Esto de verdad me afectó en lo personal. Me conmovió el dolor de la madre que me dijo cómo encontró los cuerpos de sus hijos", contó Castro. "Los muchachos eran la alegría de la comunidad, estaban entre los más vivos, ¿se fijan cómo siempre hay alguien que sobresale?" Castro agregó que los conflictos múltiples saturan las comunidades aisladas en las altas montañas de Coyuca de Catalán y Petatlán: las tierras para el cultivo de drogas, los caminos para el contrabando y los árboles para madera ilegal son artículos de alto valor codiciados por los cárteles apoyados por los grupos paramilitares. Los pobladores, dijo Castro, podrían estorbar a fuerzas ambiciosas que buscan limpiar y tomar el control de la región.

Puerto Las Ollas, donde se llega por caminos de tierra que se vuelven infranqueables durante la temporada de lluvias, es como muchas comunidades rurales. No existe clínica de salud, y sólo hay un maestro que enseñe a estudiantes de todas las edades. Las incursiones de soldados y grupos paramilitares hacen que los hombres tengan miedo de cultivar sus campos, contó Hercilia Castro, y agregó que la "miseria" de la población es palpable.

De acuerdo con Human Rights Watch, a escala nacional la Comisión de Derechos Humanos mexicana, entre 2007 y finales de 2009, recibió 3,399 quejas contra el ejército por violaciones, homicidios, detenciones arbitrarias y tortura. En un informe reciente, la ONG señaló que en un principio sólo se encontró culpables de delitos contra derechos humanos a tres elementos, entre ellos un soldado sentenciado a nueve meses de prisión por la muerte a balazos de un civil en un retén militar.

El agudo incremento en violaciones de derechos humanos corre parejas con la Iniciativa Mérida de 1,300 millones de dólares de E.U. que Washington financia para dar capacitación y equipamiento a las fuerzas de seguridad mexicanas y centroamericanas. Actualmente funcionarios estadounidenses y mexicanos ya ponen los fundamentos para una Iniciativa Mérida 2.

La violencia mancha precampaña electoral

En los preliminares hacia las elecciones estatales de 2011, una nueva oleada de asesinatos con tintes políticos estremece a Guerrero. En febrero cuatro dirigentes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de centro izquierda, fueron asesinados en diferentes lugares del estado: José Luis Sotelo, Santana Rayo Chamu, Claudio Hernández Palacios y Antonio Bahena Nava. Citada por el periódico El Sur la ya antigua dirigente del PRD en Guerrero Rosario Herrera recalcó que 28 líderes de su partido han sido muertos en Guerrero desde 2005. El año pasado el coordinador del Congreso Estatal de Guerrero Armando Chavarría fue asesinado antes de haber podido lanzar su ampliamente esperada candidatura para ser gobernador del estado.

Desde su fundación en 1989, el PRD, de centro izquierda, ha sido blanco constante de la represión. Una de sus fundadoras en Zihuatanejo, Obdulia Balderas, recordó cómo el gobierno estatal reprimió al nuevo partido de oposición cuando protestó por un fraude electoral, matando e hiriendo a los manifestantes en los aeropuertos internacionales de Acapulco y de Zihuatanejo.

Al regresar de una visita a la Ciudad de México, Balderas recordó haber visitado a compañeros del partido en un hospital de Zihuatanejo. "Nunca hubo justicia alguna", relató la maestra de escuela jubilada.

Aunque la primera ola de represión contra el PRD tuvo motivos políticos, las razones para la última ronda de violencia contra miembros del partido son menos claras, dice Balderas.

Al mismo tiempo que aumenta el número de víctimas miembros del PRD, los asesinatos y desapariciones de más de 200 militantes del PRD en Guerrero, especialmente durante los años formativos de la organización política entre 1989 y 1996, continúan sin aclararse.

Para consternación de los guerrerenses, las violaciones de derechos humanos se dispararon luego de que se eligiera gobernador del estado a un popular candidato pro-reformista apoyado por el PRD, el ex alcalde de Acapulco Zeferino Torreblanca Galindo. La violencia se incrementó durante un período en que el PRD—un partido que se levantó de las cenizas de la guerra sucia bajo los estandartes de la justicia y la democracia— tenía no sólo la gubernatura, sino la legislatura y el gobierno de muchos municipios del estado.

"Esto representa un retroceso a las guerras sucias de los 1970s", comentó Hercilia Castro. "Es una probadita para la opinión pública de cómo Guerrero es el ejemplo de la eterna guerra sucia, de cómo tiene lugar la represión. Es una muestra de lo que estamos atravesando en todo el país."

Se han vinculado muchas de estas muertes con las guerras del bajo mundo, pero entre las víctimas se encuentran ciudadanos de todas clases. Una organización de base, el Comité de Parientes y Amigos de los Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados, se formó para presionar por que se haga justicia.

En el tercer aniversario de la desaparición de Jorge Gabriel Cerón, estudiante de arquitectura y activista comunitario que fue secuestrado por un comando armado en marzo de 2007, este comité ciudadano emitió un manifiesto.

"Hemos recalcado cómo el llamado crimen organizado forma parte del Estado, de la empresa privada y de la clase política, quien en último análisis es responsable de la inseguridad pública, la corrupción, el terror y la impunidad en la cual vive la ciudadanía en general, y de la cual Jorge Cerón, su familia y todos nosotros hemos sido víctimas."

Capacitados originalmente por el ejército mexicano en la década de 1990, los grupos paramilitares también están resurgiendo en el estado sureño de Chiapas, donde se han registrado ataques recientes a comunidades pro zapatistas y a otras organizaciones de oposición.

La guerra sucia se intensificó después de asumir el poder Felipe Calderón a finales de 2006. Al año siguiente, los dirigentes del Ejército Popular Revolucionario Edmundo Reyes y Gabriel Cruz fueron arrestados y desaparecieron en Oaxaca. No se les ha encontrado y se teme que hayan muerto. En 2008 dos líderes de la organización indígena por el Futuro de los Pueblos Mixtecos, Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, fueron secuestrados, se afirma que por policías, y asesinados en Guerrero. A fines del año pasado Mariano Abarca, un prominente organizador contra la minería en Chiapas, fue acribillado en la localidad de Chicomuselo, donde los campesinos habían librado una batalla contra una mina de barita manejada por la empresa canadiense-mexicana Blackfire Exploration Ltd.

La recientes desapariciones y asesinatos de activistas siguieron muy de cerca el fracas de la administración del ex presidente Vicente Fox de procesar penalmente a funcionarios gubernamentales, en particular el ex presidente Luis Echeverría, implicado en los crímenes de la guerra sucia, y la disolución por el gobierno de Calderón de la fiscalía especial encargada de investigar la guerra sucia.

La guerra antidrogas como tapadera

La guerra contra el narco es muy conveniente como tapadera para la nueva represión. En Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua, numerosos activistas han sido asesinados o han desaparecido desde 2008, el año cuando estalló una guerra de competencia entre dos cárteles y se despachó al ejército para, ostensiblemente, dominar la violencia.

Entre otras víctimas se encuentran el activista antisecuestros y dirigente de la comunidad mormona Benjamin LeBaron, el líder campesino Armando Villarreal Martha, el profesor universitario Manuel Arroyo, la activista por los derechos humanos Alicia Sainz, el líder de vendedores ambulantes Géminis Ochoa, y Josefina Reyes, ex diputada por el PRD y activa crítica de la militarización. Nadie ha sido arrestado ni sentenciado por los crímenes.

El 2 de marzo Ernesto Rábago Martínez fue asesinado en la Ciudad de Chihuahua. Miembro de la Asociación Civil Bowerasa, Rábago ayudaba a defender a indígenas rarámuri implicados en una lucha por tierras contra poderosos intereses en la comunidad de Carichi. La muerte de Rábago remató casi un año de ataques contra dirigentes indígenas y defensores de Carichi.

En respuesta al homicidio de Rábago, la organización de derechos humanos Cossydhac con sede en la ciudad de Chihuahua y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres exigió que se ponga fin a la criminalización de los activistas y se de protección a defensores de derechos humanos que, afirmaron ambos grupos, viven entre el "compromiso y el riesgo."

Es más: la carnicería diaria de la guerra contra el narco en Ciudad Juárez (que suma cerca de 5,000 muertes desde enero de 2008) obscurece y minimiza temas como el conflicto por tierras entre habitantes de hace largo tiempo y los miembros de una de las influyentes familias de la ciudad. Atrapados en una batalla judicial, los pobladores de la colonia Lomas de Poleo han presentado repetidas quejas de agresiones de guardias armados de seguridad privada que operan en las mismas narices de la policía y el ejército.

Un informe reciente del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU documentó 128 agresiones contra defensores de derechos humanos y sus familias entre el 1° de enero de 2006 y el 31 de agosto de 2009. A pesar de órdenes de protección emitidas por funcionarios gubernamentales, las agresiones continúan. En los últimos meses, varias organizaciones que defienden los derechos de los indígenas en la región de La Montaña de Guerrero han experimentado un patrón de vigilancia, invasiones y entradas ilegales y hasta amenazas de muerte. El 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una declaración de alarma ante los nuevos actos de hostigamiento y amenazas de muerte contra miembros de la Organización de los Pueblos Indígenas Me'phaa.

Revelando que la CIDH había sugerido a varios de los activistas amenazados como testigos en dos juicios internacionales contra el estado mexicano, uno de los cuales implica las presuntas violaciones de dos mujeres indígenas por soldados mexicanos en Guerrero en 2002, el organismo oficial de derechos humanos de la Organización de los Estados Americanos recordó al gobierno mexicano que se habían librado órdenes de protección para los activistas de Me'phaa y que el gobierno tiene la obligación de proteger a los defensores.

"La Comisión recuerda también que el trabajo de los defensores de derechos humanos es crítico para la construcción de una sociedad democrática sólida y duradera, y desempeñan un papel principal en el proceso para implementar plenamente el estado de derecho y fortalecer la democracia", declaró la CIDH.

El compromiso con los derechos humanos está puesto a prueba

Casi a diario, defensores de derechos humanos nacionales e internacionales denuncian el deterioro del panorama de los derechos humanos en México. Desde que inició el año, una marejada de recomendaciones e informes críticos se ha dejado venir de Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Departamento de Estado de E.U., miembros del Parlamento Europeo, y muchas otras entidades.

La respuesta de la administración de Calderón ha sido contradictoria. Aunque algunos funcionarios reconocen sin dificultad los problemas, la defensividad y el fingimiento en declaraciones políticas aún son reacciones automáticas. Al contradecir el último informe del Departamento de Estado de E.U. el General Brigadier Benito Medina Herrera rechazó la noción de que las fuerzas armadas violan derechos humanos, afirmando a Notimex que el personal militar recibe principios y capacitación en derechos humanos desde los "más bajos niveles" hasta los generales de mayor rango.

Quizá la prueba de fuego del compromiso real de México con las normas internacionales de derechos humanos será la respuesta del gobierno de Calderón a una resolución histórica tomada en 2009 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.

En una sentencia vinculante publicada en diciembre pasado, la Corte hizo responsable al Estado Mexicano por la desaparición en 1974 de Rosendo Radilla, ex alcalde de Atoyac de Álvarez, Guerrero, durante la primera guerra sucia. En presencia de su hijo pequeño, Radilla fue "levantado" por soldados mexicanos en un retén y nunca se le volvió a ver.

La Corte ordenó al Estado Mexicano esclarecer la desaparición de Radilla, reformar el código de justicia militar que protege a los soldados de ser procesados por delitos civiles, compensar a los familiares los daños causados y publicar la sentencia entera en el diario oficial gubernamental y en una publicación de circulación nacional.

El gobierno federal también tendrá que realizar una ceremonia pública en donde reconozca su culpabilidad en la desaparición de Radilla, y erigir una placa en su memoria en Atoyac de Álvarez.

La hija de Radilla, Tita, es vicepresidenta de la Asociación de Familiares de Arrestados, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (AFADEM), grupo que ha trabajado infatigablemente por décadas exigiendo justicia para Radilla y otras víctimas de la guerra sucia. Junto con la ONG Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), cuyos abogados llevaron el caso Radilla a nivel internacional, la AFADEM aplaudió la resolución de la Corte como una reivindicación de su lucha y un paso positivo hacia el fin de la impunidad institucional en crímenes contra los derechos humanos.

La Corte concedió a México un año para presentar un informe en donde se detalle el progreso en el cumplimiento de la sentencia. Aun cuando el gobierno mexicano subió la sentencia al sitio web de la Procuraduría General de la República, ha sido lento en cumplir otros aspectos de la sentencia, declaró el director jurídico de la CMDPDH, Humberto Guerrero. Lo más importante, dijo, es que sus parientes siguen sin conocer el destino de Radilla.

De acuerdo con Humberto Guerrero, el Comité de Derechos Humanos de la ONU abordó el caso Radilla en una reunión en Nueva York hace poco. El fiscal militar de México, que asistió a la sesión, dijo a los miembros del Comité que las fuerzas armadas estaban trabajando para modificar el código de justicia militar "en un momento oportuno", concluyó Guerrero.

El cumplimiento de la sentencia en el caso Radilla, agregó, determinará si el gobierno mexicano refuerza o no el "mensaje de impunidad" que predomina en el país.

"El incumplimiento de la sentencia implica que México no tiene la voluntad de confrontar su pasado autoritario", acusó Guerrero. "México tiene una nueva oportunidad. Tuvo una oportunidad en 2000 con Fox y el fiscal especial, y ahora la tiene con este caso."

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Kent Paterson es un periodista independiente que cubre la parte sudoccidental de Estados Unidos y México y América Latina. Es analista para el Programa de las Américas en www.ircamericas.org. Para usar este artículo, favor de contactar a americas@ciponline.org. Traducción por: María Soledad Cervantes Ramírez

Para mayor información

CIDH expresa alarma por amenazas contra líderes indígenas en guerrero, México:
http://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2010/32-10sp.htm

Ciudad Juárez desciende a otro círculo del infierno
http://www.ircamericas.org/esp/6680

Un abecedario del Plan México
http://www.ircamericas.org/esp/5251

Foro indígena sobre cambio climático

Organizaciones indígenas de América Latina consensuaron una posición política frente a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se realizará en México.
Este foro se reunió la semana pasada en la ciudad de San José, Costa Rica, con el objetivo de analizar las soluciones propuestas por los gobiernos para enfrentar los efectos del cambio climático.
Esta instancia está conformada por redes regionales y subregionales de los Pueblos Indígenas de América Latina, como el Consejo Indígena de Centro América (CICA), el Consejo Indígena Mesoamericano, la Alianza Mundial de los Pueblos Indígenas y Tribales de los Bosques Tropicales, la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad, el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, y la Cátedra Indígena Itinerante, entro otros.
Los participantes de dicho evento destacaron que las propuestas realizadas por los gobiernos y ONG internacionales para hacer frente a los cambios climáticos están basadas en la lógica de mercado y, por ende, promueven la construcción de represas, agrocombustibles, exploraciones petrolíferas, plantaciones forestales, monocultivos, etcétera, que estarían provocando la expropiación y destrucción de los territorios.
En este sentido, propusieron trabajar políticas públicas coherentes y respetuosas de los derechos humanos y de la Madre Tierra. Además, plantearon incluir los conocimientos tradicionales, innovaciones y prácticas indígenas, que históricamente han contribuido a los esfuerzos de conservación de los ecosistemas y biodiversidad existente.
“Los gobiernos y las ONG deben garantizar el pleno ejercicio de los derechos contenidos en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, especialmente los derechos territoriales, la libre determinación y el consentimiento libre, previo e informado”, señalaron los participantes.
Los Pueblos Indígenas, sin ser responsables directos de los efectos del cambio climático, son uno de los conglomerados humanos que más están siendo afectados, cuyas consecuencias más evidentes son: procesos de desertificación, migración forzosa, desaparición de la biodiversidad, pérdida de identidad, hambrunas, entre otras, señala un documento del Foro.
Ante esta situación, las organizaciones participantes plantearon la necesidad de tomar acciones afirmativas tendientes a compensar los daños materiales y humanos que se observan en sus territorios, ”no como un acto de compasión, sino de reparación y justicia social y ecológica”, destaca el documento.
Las organizaciones sociales alentaron a los organismos multilaterales, bilaterales y ONG comprometidas con la salud de la Madre Tierra, los derechos humanos y particularmente los derechos de los Pueblos Indígenas, que contemplen dentro de sus prioridades estratégicas líneas específicas de asistencia financiera al Foro Indígena Latinoamericano sobre Cambio Climático, para enfrentar esta crisis ecológica que afecta a los Pueblos Indígenas.
Por su parte, las redes indígenas regionales reafirmaron su compromiso político de trabajar unidos, tanto en la construcción de propuestas políticas y técnicas, así como en la incidencia subnacional, nacional, regional e internacional en el tema de cambio climático.
De esta manera, todas las redes se comprometieron a sumar capacidades, experiencias, materiales y recursos para garantizar el pleno y efectivo ejercicio de los derechos indígenas en todos los temas relacionados con el cambio climático.

Acuerdos de la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena en la Región Centro Pacífico.

CONGRESO NACIONAL INDIGENA
REGIÓN CENTRO PACÍFICO

DECLARACION DE UWENI MUYEWE

Convocados y reunidos para realizar la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena Región Centro Pacífico en la comunidad autónoma wixárika de Uweni Muyewi (Bancos de San Hipólito), Durango, las autoridades y representantes indígenas pertenecientes a los pueblos wixárika, cora, odam, coca, nahua, purhépecha, triqui, ñahñu, tzotzil y mixteco de los estados de Durango, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Distrito Federal, San Luis Potosí, Chiapas, Puebla, Guerrero y Tlaxcala, y acompañados en el camino por la luz de la luna en crecimiento que marca el inicio de la siembra y nos otorga la fuerza y la buena palabra para platicarnos y hacer acuerdos en el Congreso Nacional Indígena que es la casa de nuestros pueblos y CONSIDERANDO que:

1.- A 200 años de que estallara la revolución de independencia y a 100 años de la revolución mexicana, nuestros pueblos, naciones y tribus, mismos que aportaron sus vidas y su sangre para el triunfo de estas luchas, hoy como desde hace 518 años siguen siendo despreciados, discriminados y sin ser reconocidos en sus derechos fundamentales, es decir, somos verdaderos desconocidos en nuestras propias tierras. Ocurriendo que las constituciones de 1824, 1857 y 1917 no solo han desconocido la existencia de nuestros pueblos, sino que además buscaron la desaparición, exterminio, explotación y muerte de nuestros pueblos, nos preguntamos ¿Qué tenemos que festejar?
Nuestro festejo es el grito del ¡Ya Basta! del levantamiento armado de nuestros hermanos zapatistas en 1994, las autonomías y la libre determinación que nuestros pueblos construyen en la vía de los hechos es para nosotros la otra política que se construye desde abajo, a la izquierda y anticapitalista.

2.- La historia actual de nuestros pueblos es una historia de despojos y represión, en consecuencia vamos a contar una parte de esa otra historia de las naciones, pueblos y tribus que somos el Congreso Nacional Indígena, donde nuestras luchas de resistencia son criminalizadas y donde quienes luchan son convertidos en delincuentes por una justicia corrupta e instituciones viciosas.
Los pasados 22 y 23 de febrero de 2010, la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán del pueblo Wixárika, fue reprimida en su peregrinación tradicional cuando se encontraba en una ceremonia en el lugar sagrado de Wirikuta y la policía estatal de San Luis Potosí amenazó y hostigó durante 15 horas a los peregrinos mientras estaban haciendo su ceremonia ancestral, burlándose y dañando nuestra memoria colectiva, lo que no solo es un atentado contra la comunidad de Tuapurie, sino contra todo el pueblo wixárika y todos los pueblos indígenas. Con ello el Estado Mexicano viola el convenio de Viena sobre plantas psicotrópicas y el convenio 169 de la OIT.
Señalamos que Tuapurie ha sido objeto de múltiples agresiones y hostigamientos desde que haciendo uso de su derecho territorial y autonomía se opuso y detuvo la imposición del proyecto carretero Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en 2008; tal es el caso de la represión laboral contra los comuneros profesores que fueron destituidos y cambiados de puestos y zonas en complicidad con el sindicato y autoridades educativas, difamación y hostigamiento contra sus autoridades y amenazas de muerte contra comuneros por grupos paramilitares organizados por el mal gobierno.
El día 18 de Marzo la policía municipal de Huejuquilla, en una maniobra de asaltantes siguió y disparó contra un vehículo de la comunidad de Tatei Kie- San Andrés Coamiata en el poblado llamado San Antonio de Padua, Zacatecas, hiriendo de bala a 4 comuneros.

El pasado 23 de febrero, los comuneros nahuas de Santa María Ostula, Gerardo Vera y Javier Martínez fueron secuestrados por un grupo fuertemente armado sin que hasta la fecha sepamos de su paradero, teniendo la seguridad de que dicho acto fue cometido por un grupo paramilitar con la finalidad de frenar la lucha de Ostula por el rescate de sus tierras. Asimismo, los últimos días diversos comuneros han sido perseguidos y amenazados por grupos armados ligados al narcotráfico, sin que el gobierno haga nada.

En los treinta años de trayectoria del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, han sido asesinados mas de 350 hermanos, destacando la muerte de Guadalupe Flores Villanueva “el maestro nato”, Paulino Martínez Delia, Luis Flores García, Roberto Merino, Hilario González Domínguez, Juan Alfonso Robles y de los lideres naturales Ramón Celestino, Camilo Cirilo Castañeda. Todos ellos muertos por pistoleros a sueldo sin que hasta el momento se haga justicia.

En San Antonio Ebulá y Candelaria, Campeche, nuestros hermanos han sido golpeados y encarcelados con la finalidad de despojarlos de sus tierras e impedir su resistencia a las altas tarifas que impone la Comisión Federal de Electricidad.

Asimismo todas las regiones indígenas de Guerrero y Oaxaca han sido fuertemente militarizadas, destacando la guerra de exterminio en contra de los pueblos mepha y mixteco de Ayutla, Guerrero, el acoso en contra del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y su radio Ñomndaa, así como la persecución en contra del Consejo Indígena y Popular de Oaxaca-Ricardo Flores Magón.

El día tres de enero del presente año el hermano rarámuri Pedro Moreno Carrillo, miembro de la comunidad indígena de Huitosachi, Chihuahua, apareció muerto después de que en los meses anteriores fue amenazado, perseguido y baleado por defender las tierras correspondientes a su comunidad.

El 28 de febrero de este año el ejército federal se introdujo en la comunidad indígena de Misión de Chichimecas, Guanajuato, perteneciente al pueblo ézar, resultando golpeados y detenidos diversos comuneros que trataban de impedir la elección impuesta de su delegado municipal. En días posteriores ocho comuneros de Misión de Chichimecas, incluido su presidente de bienes comunales, fueron arbitrariamente detenidos por ordenes del ministerio publico de San Luis de la Paz, acusados del delito de despojo en agravio del grupo de empresarios que desde hace años les vienen arrebatando sus tierras.

Actualmente doce hermanos de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí, son procesados penalmente por el delito de despojo, después de que hace dos años recuperaron las tierras que precisamente les habían sido despojadas por quien ahora los acusa. Incluso han sido denunciados en forma absurda de la inhumación clandestina de cabezas de ganado.

Hoy en día se encuentra preso y condenados a 112 años de reclusión el hermano Ignacio del Valle de la comunidad nahua de San Salvador Atenco, Estado de México, y del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, acusado de los delitos de despojo y ataques a las vías generales de comunicación. Por los mismos delitos se encuentran encarcelados y condenados a 67 años de prisión los hermanos Felipe Álvarez y Héctor Galindo Gochicoa. Finalmente nueve integrantes más del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra se encuentran condenados a 37 años de prisión.

3.- La guerra de contrainsurgencia en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas se sigue intensificando con el desalojo masivo de comunidades enteras y la amenaza constante por parte del grupo paramilitar OPDDIC en contra de estas comunidades y de otras comunidades indígenas que sin ser zapatistas participan en la Otra Campaña y resisten el despojo de sus tierras para imponer proyecto carreteros y turísticos.

4.- Con la finalidad de facilitar el despojo de nuestros territorios y culturas, el estado mexicano con las participación de todos los partidos políticos, ha modificado la Constitución, y ha aprobado un conjunto de leyes y políticas publicas que permiten a las grandes empresas la destrucción de la madre tierra y la apropiación de todo lo que se guarda en ella, como son el agua, manantiales, lagunas, arroyos, ojos de aguas, ríos, los cerros, nuestras plantas, animales, montes, costas, minerales, aire, lluvia, islas, nuestro maíz y nuestros saberes, danzas, ceremonias, música, lengua, vestimenta, peregrinaciones y todo lo que hemos construido y resguardado por miles de años en nuestra relación con la madre tierra.

5.- Para los de arriba el bicentenario y el centenario representan un festejo de alegría porque están devorando a nuestros pueblos y a nuestro país, para nosotros los de abajo representan la muerte y una gran preocupación. ¡Ya Basta! Para enfrentar tanta injusticia nosotros consideramos que es necesario un nuevo camino: el de la autonomía, la libre determinación y el juntarnos con todos los de abajo.

En consecuencia con lo expresado arriba, hacemos el siguiente pronunciamiento:

1.Saludamos y reconocemos a las autoridades autónomas elegidas recientemente de manera tradicional por la comunidad de Uweni Muyewe (Bancos de San Hipólito), igualmente nos congratulamos con los importantes logros organizativos y jurídicos alcanzados de manera autónoma por esta comunidad, reconociendo que su lucha no solo es por la recuperación de las 10,720 hectáreas de las que fueron despojados, sino por el reconocimiento real de su derecho a la propiedad del territorio que han habitado desde tiempos inmemoriales, lo que representa una lucha por el reconocimiento de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas de México y el mundo. Reconocemos en su lucha una lucha sagrada por continuar el trabajo empezado por lo antepasados cuando fueron naciendo la vida en el mundo.

2.Advertimos que prevalece el intento de imposición de la carretera Amatitán-Bolaños-Huejuquilla en territorio de la comunidad de Tuapurie-Santa Catarina Cuexcomatitlán, mediante la represión, fraudes y mentiras del mal gobierno, por lo que señalamos que como pueblos indígenas organizados no permitiremos este despojo, sabiendo que la defensa del territorio debe ejercerse por todos los medios necesarios, defendiendo también los lugares sagrados y su peregrinación ancestral.

3.Denunciamos el intento de despojo de una superficie de 800 hectáreas de la comunidad Waut+a (San Sebastián Teponahuaxtlán) por el ejido Puente de Camotlán, Nayarit, en contubernio con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) y otras instancias de gobierno que valiéndose de los problemas limítrofes entre Jalisco y Nayarit pretenden legitimar este despojo. Exigimos la inmediata solución a la invasión agraria por acaudalados ganaderos de Chimaltitán, Jalisco y La Yesca, Nayarit que pretenden hacer valer escrituras apócrifas como pequeñas propiedades y exigimos la cancelación definitiva de todas las concesiones de agua en manos de particulares y gobiernos invasores.

4.Condenamos el ataque armado que como delincuentes realizaron policías de Huejuquilla, Jalisco contra comuneros de la comunidad wixárika de Tatei Kie (San Andrés Coamiata), advirtiendo que es una amenaza y provocación contra todo el pueblo wixárika, por lo que responderemos en consecuencia.

5.Denunciamos la embestida de invasores que roban parajes del territorio de la comunidad indígena coca de Mezcala, Jalisco, como es el Pandillo, La Zalatita, La Cuesta, La Clavillina, teniendo a personal armado vigilando, por lo que los hacemos responsables de cualquier atentado en contra de los comuneros y autoridades de dicha comunidad, pues nuestra lucha es por la conservación de nuestro territorio. Asimismo volvemos a reiterar que no permitiremos que el corazón del pueblo coca, la isla de Mezcala, sea convertida en un atractivo turístico con el pretexto del festejo del bicentenario.

6.Exigimos el respeto a la totalidad de las tierras pertenecientes a la comunidad indígena de Ostula, Michoacán, incluido el paraje conocido como Xayakalan, así como el respeto a la policía comunitaria y guardia comunal del pueblo nahua de la costa de Michoacán y la presentación con vida de los comuneros Javier Martínez y Gerardo Vera. Nos pronunciamos en contra del plan de desarrollo integral para la costa de Michoacán.

7.Exigimos el cese de la represión gubernamental en contra del pueblo triqui y sus organizaciones que luchan por el respeto a sus derechos, así como el castigo a quienes han organizado los grupos paramilitares que operan en la región.

8.Denunciamos la persecución gubernamental en contra de la comunidad nahua de Chimalaco, San Luis Potosí y exigimos el respeto a las tierras que le corresponde y que en los últimos años ha recuperado en forma pacifica y legal.

9.Denunciamos la invasión por parte de empresas mineras en el territorio de la comunidad nahua de Ayotitlan, así como la ocupación de las tierras de la comunidad nahua de Tuxpan por parte de grandes empresas aguacateras y de invernaderos y exigimos el respeto a la autonomía territorial del pueblo nahua del sur de Jalisco.

10.Denunciamos la militarización de la comunidad ézar de Misión de Chchimecas, Guanajuato, y el encarcelamiento de 8 comuneros pertenecientes a dicha comunidad por el hecho de defender sus tierras e impedir que sean fraccionadas por grupos inmobiliarios de San Luis de la Paz.

11.Denunciamos el acoso en contra de la Radio Ñomndaa del pueblo amuzgo de Xochistlahuaca y exigimos el respeto al libre funcionamiento de las radios indígenas que operan en todo el país.

12.Exigimos del gobierno mexicano la devolución a favor de los ex braceros de Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, San Luis Potosí, Distrito Federal, Estado de México y Guerrero que trabajaron en los Estados Unidos de América, de los ahorros, más intereses generados, que les fueron retenidos por aquel país entre los años de 1942 a 1964.

13.Rechazamos la actual elaboración de diversas iniciativas de leyes indígenas estatales en Chiapas, Sonora, Puebla, Michoacán y el Distrito Federal que violan los derechos que el convenio numero 169 de la OIT establece a favor de nuestros pueblos y reiteramos que seguiremos aplicando los acuerdos de San Andrés por la vía de los hechos, sin reconocer la contrarreforma constitucional en materia indígena del año 2001 y las distintas leyes que en dicha materia se han aprobado a nivel federal y en los estados.

14.Nos oponemos a la imposición por parte del gobierno mexicano y las grandes empresas transnacionales de diversos proyectos carreteros, turísticos, inmobiliarios, mineros, agroindustriales, de plantación de semillas transgénicas, de construcción de presas y campos eólicos en todos los territorios de nuestros pueblos y manifestamos que con base en los derechos que nos corresponden y el ejercicio de la autodefensa indígena impediremos la ejecución de dichos proyectos en las tierras de nuestros pueblos.

15.Nos deslindamos tajantemente de cualquier intentó de “rearticulación” del movimiento indígena nacional que provenga de personas y organizaciones insertas en el gobierno federal o los gobiernos de los estados, como es el caso de la convocatoria para realizar un congreso indígena para el día 10 de abril del presente año en la Ciudad de México, manifestando que defenderemos a todo trance la autonomía e independencia del movimiento indígena y del Congreso Nacional Indígena con respecto a cualesquier gobierno y los partidos políticos.

16.Exigimos que cesen en forma inmediata la militarización y paramilitarización de las regiones indígenas y del país, asimismo nos pronunciamos en contra de la criminalización de las luchas sociales y exigimos la liberación de los presos indígenas, de Víctor Herrera Govea y de todos los presos políticos que hay en el país y la presentación con vida de los desaparecidos políticos. Llamamos a todos los pueblos indígenas del país a participar los días 3 y 4 de mayo en la Jornada Nacional de Lucha por la Libertad de los Presos Políticos convocada por la Red Contra la Represión y la Otra Campaña.

17.Exigimos el cese de la guerra contrainsurgente en contra de las comunidades zapatistas de Chiapas, así como el alto a las agresiones, amenazas y desalojos gubernamentales y paramilitares en contra de las bases de apoyo zapatistas y en contra de las comunidades indígenas de Chiapas adherentes a la Otra Campaña.

Llamamos a los pueblos indígenas del país a seguir fortaleciendo al Congreso Nacional Indígena y a crecer, junto con todos los de abajo y a la izquierda, la lucha anticapitalista y en contra del neoliberalismo.

Desde Uweni Muyewi, municipio de Mezquital, Durango, en el Territorio del Pueblo Wixárika, a 28 de marzo de 2010.

ATENTAMENTE

POR LA RECONSTITUCION INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS

NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

Los pueblos, naciones y tribus presentes en la XXVII Reunión Ampliada del Congreso Nacional Indígena en la Región Centro Pacífico.