Minera San Xavier, delincuencia organizada y Estado fallido

Otra más de mineras para quienes aún tienen la ilusión de que la explotación minera deje algún beneficio para los pobres de las comunidades y ejidos, sobre todo si son indígenas, sería muy bueno conocer las pruebas en contrario que dicen poseer, entre ellos el autodenominado gobernador de Oaxaca, URO, con sus recientes declaraciones y amenazas en Teotitlán sobre la inminencia de la explotación en la región cuicateca.



Minera San Xavier, delincuencia organizada y Estado fallido

Juan Carlos Ruiz Guadalajara*

Algunos tribunales y secretarías de Estado han renunciado a sus tareas trocándose en facilitadores de lucrativos proyectos empresariales en perjuicio de la ley y del patrimonio nacional. Tal es el caso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA), instancias que se han entregado a la corrupción que fomenta la minería canadiense frente a la nueva fiebre del oro que azota a México. El ecocidio y el crimen contra el patrimonio histórico que padecen Cerro de San Pedro y el valle de San Luis Potosí son la prueba contundente de ello.

Calificado por Greenpeace como el asunto más escandaloso de violación a los derechos ambientales de los mexicanos, el proyecto de tajo a cielo abierto y lixiviación por cianuro en Cerro de San Pedro por New Gold-Minera San Xavier coloca al país en el escenario de un Estado fallido. Dicha empresa se ha constituido en un metapoder, arrasando un extenso territorio declarado en 1993 zona de restauración de la vida silvestre y tejiendo complicidades que la mantienen operando. De poco ha servido el proceso legal que en defensa del medio ambiente comenzó un grupo de ciudadanos que documentaron los impactos irreversibles que provoca la autodenominada minería moderna a cielo abierto, percatándose además de la existencia de leyes que hacían legalmente imposibles las ambiciones de Minera San Xavier. Mas el poder y la impunidad hacen milagros en México, sobre todo cuando la minería canadiense aprovecha la triste experiencia que ha acumulado en su paso por naciones subdesarrolladas.

Desde su llegada en 1995 hasta el inicio de la resistencia jurídica en 1999 la Minera San Xavier arrendó 290 hectáreas del ejido Cerro de San Pedro a falsos ejidatarios, adquirió ilegalmente fincas abandonadas del casco histórico, dividió a los pobladores incentivando conflictos, ocultó información al valle de San Luis sobre los irreversibles efectos de su proyecto y fustigó a opositores, incluido Baltasar Loredo, presidente municipal asesinado en 1998 tras pronunciarse en contra de la mina. Desde 1999 Pro San Luis Ecológico, a través de Héctor Barri, encabezó la estrategia jurídica para anular el permiso condicionado de cambio de uso de suelo que Semarnat le dio a Minera San Xavier. La victoria ciudadana llegó en junio de 2004, cuando el noveno tribunal colegiado estableció que ni de forma condicionada debió otorgarse la autorización a la empresa, por ser un proyecto violatorio de múltiples leyes. Dicha sentencia quedó firme en octubre de 2005 cuando el TFJFA cumplimentó una ejecutoria, ordenándole a Semarnat una respuesta en ese sentido a Minera San Xavier.

¿Por qué, entonces, ha desaparecido el Cerro de San Pedro y se ha dañado irreversiblemente su entorno? Desde el año 2000 y en medio de la frustrada transición democrática, Minera San Xavier obtuvo la complicidad de Vicente Fox. Lo mismo sucedió a nivel estatal en 2003 con el panista Marcelo de los Santos. Al grito de un gobierno de empresarios para los empresarios y ante el inminente colapso jurídico de Minera San Xavier, Fox declaró en 2004 su apoyo total a las mineras canadienses por ser altamente ecológicas y cuidadosas del medio ambiente (sic). La empresa contaba con los servicios jurídicos de Ángel Candia Pardo (abogado del PAN estatal y entonces socio de Alejandro Zapata, actual candidato panista a gobernador), y colocó al frente de su proyecto a Jorge Mendizábal (tío del presidente del PAN estatal). Entre 2005 y 2006 estos personajes y sus cómplices traficaron influencias, removieron funcionarios, sobornaron, violaron amparos y obtuvieron permisos ilegales del INAH y la Secretaría de la Defensa Nacional. Así, en abril del 2006 y en desacato a la sentencia definitiva que canceló el proyecto, la Semarnat dio una nueva autorización a Minera San Xavier.

Pro San Luis Ecológico presentó entonces un recurso de queja al TFJFA, mismo que fue rechazado por el magistrado Alejandro Sánchez, quien pretendió enviar a la sociedad civil a otro juicio para anular el nuevo permiso ambiental. Ante la irregularidad de este fallo que avalaba el desacato de la Semarnat, los ambientalistas demandaron penalmente al magistrado y buscaron el amparo de la justicia federal, mismo que llegó hasta abril de este 2009 con la ratificación de la sentencia definitiva de 2005. Sin embargo, Minera San Xavier no se detiene. Para mantener su depredador proyecto la trasnacional confía en la obstrucción de la justicia y en la efectividad de la delincuencia organizada que encabeza.

La pobreza e ignorancia de las comunidades afectadas, el incumplimiento de la ley y la corrupción son características que las mineras canadienses buscan alrededor del mundo para configurar lo que denominan friendly jurisdictions (jurisdicciones amigables a sus proyectos ecocidas). Un indicador de nuestras actuales miserias como país lo constituye el hecho de estar clasificados por la minería canadiense como una friendly jurisdiction, situación que no preocupa a Felipe Calderón y su partido. Todavía el pasado lunes y a pregunta expresa sobre Cerro de San Pedro, el candidato panista a gobernador, Alejandro Zapata, afirmó que ante la violación de la ley, lo que procede es cambiar la ley. Si las leyes no se ajustan a los intereses empresariales, lástima por las leyes. Lo anterior no es privativo del PAN. Amalia García ha entregado a intereses canadienses el municipio de Mazapil, donde está en marcha el tajo a cielo abierto más grande de América Latina. En Oaxaca 29 megaproyectos mineros cuentan con el aval de Ulises Ruiz, con todo lo que ello implica en destrucción del territorio, desplazamiento de comunidades, contaminación irreversible y persecución de opositores.

El Estado fallido se fortalece en México con la proliferación de bandas político-empresariales que han eliminado la soberanía del país y su viabilidad ambiental. Un Estado verdadero garantiza la salud, el empleo, la educación y la certeza jurídica a sus ciudadanos. Todo ello ha sido desmantelado por Fox y perfeccionado por Calderón. Mientras Minera San Xavier continúe en México y no exista castigo a los responsables de violar la ley y generar daños irreversibles a la nación, no nos quedará más que la certeza de lo fallido del Estado mexicano, conclusión preocupante para un país que se siente eterno y se apresta a celebrar sus escasos 200 años. Ni Independencia, ni país, ni nada: en lugar de Vicentes Guerreros con frases bicentenarias sobre la primacía de la patria, ahora contamos con bandas organizadas que desde el poder le dicen a su tierra: ¡El oro es primero!

* Investigador de El Colegio de San Luis AC

Afectados por la minería

LA JORNADA JALISCO

JUNIO 10 DE 2009

JAIME HERNÁNDEZ ORTIZ

Trabajadores de juzgados y del Poder Judicial del Estado se manifestaron en el cruce de las avenidas 16 de Septiembre y Juárez para pedir al gobierno un aumento salarial Foto: PIDEN AUMENTO SALARIAL / HECTOR JESUS HERNANDEZ

La minería, al igual que hace siglos, sigue jugando un papel determinante en la explotación y saqueo de la riqueza y de los recursos naturales de nuestro país.

De acuerdo con la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), tan sólo entre 2005 y el primer trimestre de 2009 el gobierno federal entregó 2 millones y medio de hectáreas en concesiones mineras en la región de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, una superficie que representa el 15.6% de todo el territorio de Nayarit, 12.3% de Jalisco, 12.8% de Colima y 16.4% de Michoacán.

De acuerdo con este organismo, “ni en los crueles tiempos de la colonia, ni bajo la dictadura de don Porfirio, la agresión a las comunidades rurales y a la madre tierra fue tan grande como en los últimos gobiernos”.

Así, gracias a la política entreguista del gobierno, reflejo de una política neoliberal, se sigue despojando a numerosas comunidades de sus tierras y recursos.

No obstante que el derecho que se practica en tribunales y casos litigiosos sigue siendo clasista y racial, han existido importantes avances en materia internacional que pueden ser auténticas herramientas para evitar el despojo cotidiano del patrimonio de decenas de comunidades que hoy por hoy se ven laceradas por la acción de mineras nacionales y trasnacionales.

Primer encuentro

Hace casi un año se realizó el primer encuentro de la Rema, en el poblado de Temacapulín, municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco, los días 19, 20 y 21 de junio.

Ahí, los asistentes, además de respaldar a los pobladores contra la construcción de la presa El Zapotillo, denunciaron una serie de acciones de hostigamiento y represión contra los esfuerzos organizativos de defensa de comunidades en diversos estados de la República:

De Guerrero se denunció el hostigamiento de que han sido objeto los opositores a los trabajos de explotación en el ejido Real de Limón y Nuevo Balsas, municipio de Cocula, realizadas por la minera Media Luna, subsidiaria de la corporación canadiense Teck Cominco; así como de amenazas de muerte. De Oaxaca se denunció la actitud alevosa de la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía, que sin mediar consulta entre comuneros del municipio de San Juan Tepeuxila, distrito de Cuicatlán, subastó al mejor postor una extensión de 3 mil 500 hectáreas de terreno comunal. De Chihuahua se denunció la nula respuesta que la Minera Dolores, subsidiaria de la trasnacional canadiense Minefinders, a la demanda de los pobladores del ejido Huizopa, del municipio de Madera, por la arbitraria propuesta de desalojarlos de su pueblo para explotar recursos del subsuelo.

De Jalisco y Colima se denunció el asedio que desde el 12 de diciembre de 2007 diversas corporaciones policiacas del gobierno del estado de Colima, que encabeza Silverio Cavazos Ceballos, contra habitantes de los poblados nahuas de El Platanar, en el ejido Plan de Méndez, y Las Pesadas, en el ejido de Ayotitlán, en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalisco, donde están asentadas las minas a cielo abierto Peña Colorada y Minera del Norte, subsidiarias de la corporación ítalo-argentina Ternium-Hylsa; generando entre otros el conflicto de límites territoriales, con más de 406 kilómetros cuadrados y desplazamientos humanos donde existen violaciones continuas a derechos fundamentales.

Declaración de Temacapulín

Además de denunciar decenas de casos en similar situación, en dicho encuentro la Rema emitió la Declaración de Temacapulín, que fue suscrita por más de 40 organizaciones de 12 entidades. Ahí se señalaron, entre otros puntos:

“Contra el sentido de la historia de lucha por la soberanía y la autonomía de nuestros pueblos sobre territorio, recursos y destinos, la política gubernamental de los últimos 25 años ha entregado el territorio y sus entrañas a las empresas mineras trasnacionales y trasnacionalizadas, 200 mil kilómetros cuadrados; es decir, el 9 por ciento del territorio nacional ha sido entregado y regalado, como concesiones mineras.

“Bajo un nuevo colonialismo, las empresas invaden territorios de nuestros pueblos originarios, para apropiarse de las entrañas de nuestra tierra. Millones y millones de toneladas de suelo y rocas son removidas con maquinaria pesada y envenenadas con químicos, dejando impactos, efectos y trastornos a nuestra población a cambio de una nueva falsa modernidad.

“Con una falsa idea del “desarrollo”, del “progreso” y “la modernidad” que la globalización corporativa y su sistema de especulación financiera alientan, se repite el saqueo y la exportación de recursos minerales, dejando a los pueblos y comunidades pagar los costos de la destrucción sistemática.

“Empresas cómplices invaden territorios engañando a la población y corrompiendo a las autoridades locales y estatales: las falsas promesas de bienestar, carreteras o miserables rentas por la tierra, son los anzuelos tradicionales o los nuevos espejos o cuentas de vidrio a cambio de metales preciosos o industriales”.

Segundo taller

Dado lo anterior, se acordó continuar en la Rema y en la organización de las comunidades para la acción, prevención y defensa íntegra de los recursos y derechos de las comunidades; proporcionar información sobre derechos, leyes y medios efectivos, y avanzar en propuestas alternativas, justas y efectivas desde los intereses populares.

De esta forma, se llevará a cabo el segundo taller de Reflexión y Acción Frente a la Minería, este fin de semana, del 12 al 14 de junio de 2009, en Cuautitlán de García Barragán, que reunirá a miembros de la región Occidente y Centro de la República. Interesados, consultar myor información en el correo de la Red Jalisciense de Derechos Humanos: tenamaxtli3@yahoo.com.mx.

Entrega España al Centro Frayba el Premio Fray Bartolomé de las Casas

Es un acto de justicia histórica, afirma el obispo Raúl Vera

La ceremonia, en el Palacio de la Zarzuela; el embajador, ausente

Armando G. Tejeda. Corresponsal. Madrid, 10 de junio. Un acto de “justicia histórica”, según la definición del obispo de Saltillo, Raúl Vera, se hizo realidad hoy en el Palacio de la Zarzuela de Madrid, donde la organización que fundó en 1989 Samuel Ruiz para proteger los derechos más elementales de los indígenas, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (también conocido como Centro Frayba), recibió de manos de los príncipes de Asturias el Premio Fray Bartolomé de las Casas. La labor del fraile dominico español en defensa de los pueblos originarios, durante la conquista, se enlaza ahora, en pleno siglo XXI, con la tarea infatigable de este centro, considerado “objetivo militar” para el Estado mexicano, según palabras de su director, Diego Cadenas.

En un acto sobrio –al que no acudió el embajador de México en España, Jorge Zermeño–, los príncipes Felipe y Letizia realizaron el primer reconocimiento público internacional a un centro que desde su creación ha defendido a los pueblos indios de Chiapas. Su labor, que ha estado amenazada de forma permanente, sobre todo a raíz de la irrupción en la vida nacional del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), representa para el Estado español un “ejemplo” del fomento del “diálogo, la tolerancia y la reconciliación”.

El discurso oficial del gobierno español estuvo a cargo de la directora de la Agencia Española de Cooperación, Elena Madrazo, quien destacó frente a los príncipes y los dos representantes del Frayba –Diego Cadenas y Raúl Vera– que su labor es “meritoria”, pues además de ser “referencia” para los pueblos indígenas lleva a cabo un “trabajo de investigación y documentación de las violaciones al respeto a la vida, como desapariciones, muertes o torturas”.

Edificará su propia sede
El galardón, dotado de 70 mil dólares, servirá para que el Frayba construya una sede propia en San Cristóbal de las Casas, ya que la actual es rentada, pero además supone una “protección” más para la labor que realizan. “No es una armadura, pero sí puede servir para que nos miren con más respeto. Aunque también tenemos claro que cuando el Estado y el gobierno consideren que es el momento de entrar en una nueva fase más violenta contra el movimiento indígena, el Frayba será también un objetivo militar”, señaló Cadenas en entrevista con La Jornada.

En su discurso en el palacio real, los representantes del Frayba recordaron a su fundador, Samuel Ruiz, quien no pudo viajar por motivos de salud, e insistieron en la enorme tarea que tienen por delante, pues –insistieron– la situación de los pueblos indígenas de México se “deteriora cada vez más”.

El obispo Raúl Vera, vicepresidente del Frayba, añadió sobre el gobierno de Felipe Calderón: “Es evidente por todos lados el deterioro en la vida del país. La inseguridad en la que vivimos, la desarticulación del Estado se deja sentir a diario, como con el terrible siniestro de la guardería de Hermosillo. Eso es un signo evidente del abandono social, de la desarticulación del país, de la poca confiabilidad que muestra este régimen. En general, las condiciones de la vida del país no han cambiado; seguimos teniendo migración, la pérdida de puestos de trabajo, el encarecimiento de la vida, la insuficiencia alimentaria en la que vivimos desde hace mucho tiempo y, por supuesto, que los pueblos indígenas siguen desatendidos”.

En relación con la importancia del galardón, Vera insistió en que es un “signo esperanzador” y acto de “justicia histórica”, pues “que ahora premien a un centro de derechos humanos abocado a los pueblos indígenas del sureste de México es un signo de esperanza, ya que el día de hoy nosotros representamos de alguna forma a los pobres, a los marginados que una sociedad egoísta excluye y que para nosotros son sujetos. Por eso levantamos la voz por los derechos de los pobres del mundo, de los campesinos, de los obreros, de los migrantes”.

Vera también quiso resaltar la situación actual de los pueblos indígenas, que además de las penurias habituales ahora son víctimas de la migración y de la barbarie del crimen organizado, sin que el Estado intervenga en su auxilio. “En estos momentos, en los pueblos indígenas se ha incrementado el fenómeno de la migración. Pero a ese fenómeno hay que añadir el tema de la seguridad, pues para ellos en este proceso migratorio son presas fáciles para el crimen organizado. Últimamente también están secuestrando a migrantes –muchos de ellos indígenas–; los encierran en casas de seguridad, les exigen que les den los teléfonos de sus familiares en el norte para ellos llamarles y exigirles una cantidad para que puedan continuar su viaje. Durante su cautiverio los golpean a diario, los utilizan para limpiar las casas como si fueran esclavos, incluso hemos recibido testimonios de que los asesinan a algunos de manera cruel, como desmembrarlos con machetes enfrente de sus compañeros de viaje”, explicó.

Cadenas también quiso llamar la atención sobre la criminalización de la protesta, un fenómeno que se ha agudizado en los últimos años. “El Estado mexicano quiere dar ejemplo de crueldad hacia quien se atreva a poner en tela de juicio los criterios con los que quieren controlar este país, y cada día se ejemplifica con gente como la de San Salvador Atenco y de Bachajón. El Estado mexicano hace lo mismo que los terroristas, sólo que en este caso es terrorismo de Estado y no se persigue, como también lo hemos visto en la época de la militarización en Chiapas, cuando el Ejército y el Estado mexicano cometían verdaderas y atroces acciones terroristas”. En este sentido, recordó la situación en la que se encuentran algunas personas de Bachajón por defender su territorio, encarceladas y sometidas a un proceso penal sin apenas garantías.

El premio Fray Bartolomé de las Casas, fundado en 1991, pretende reconocer la labor de personalidades e instituciones a favor de los pueblos indígenas. En anteriores ediciones han premiado a figuras como Davi Kopenawa, vocero del pueblo yanomami de Brasil, el historiador mexicano Miguel León-Portilla y la guatemalteca Otilia Lux de Cotí, entre otros.

DECLARACIÓN DE ÑAA YAÁDA

Yâa Yâáda, Iñvâcu, Ndube, junio 6-7 2009.

Reunidos en Yâa Yâáda, los delegados y delegadas herederos del pueblo Iñ vâacu, los más primeros pobladores de estas tierras, nos dimos cita para refrendar nuestra pertenecia al pueblo IÑ VACU y manifestar a todos los pueblos de la República mexicana, el estado de Oaxaca y el mundo lo siguiente:

MANIFESTAMOS:

Que ¡Somos indígenas!. Para nosotros la palabra indígena, la misma tierra nos la da; porque nos da de comer y la cultivamos. La palabra indígena abarca mucho, porque dependemos de nuestras tierras, que dejaremos como herencia y para que los que vienen vivan igual que nosotros, tal como nos fueron heredadas a nosotros por nuestros primeros.

Que hemos decidido, libremente, organizarmos para defender nuestro territorio, nuestros recursos y nuestros derechos como pueblo indígena cuicateco.

3. Que alentaremos la unificación del pueblo cuicateco dejando de lado conflictos locales que solo debilitan la organización.

Que no permitiremos que entre a nuestro territorio gente ajena a explotar nuestros recursos.

Que defenderemos nuestros derechos como indígenas para evitar que otras personas entren a afectar lo que nuestros antepasados nos han dejado.

Nuestro rechazo al Programa de Certificación y Desarrollo Ejidal PROCEDE y exigimos que en los lugares donde ya existe sea declarado nulo.

DECLARAMOS:

Que la organización que hoy conformamos es una organización autónoma que no depende del sistema gubernamental, partidos políticos, grupos religiosos ni ningún ente ajeno a nuestro pueblo.

Que no pertenecemos ni perteneceremos a ningún partido político porque estos son los que nos han mentido, los que utilizan nuestro nombre para vendernos con extranjeros y usurpar nuestra representación.

Que tenemos normas internas, nuestro DERECHO MAYOR, eso significa que somos autónomos: somos dueños de nuestras tierras y refrendamos nuestro derecho a decidir sobre ellas.

Que a partir de hoy son instancias non gratas al pueblo IÑ VACU, todas las instancias gubernamentales o no que pretenden aprovechar las circunstancias para en nombre del progreso y la modernización aprovecharse de nuestras comunidades y sus recursos, tales como SEMARNAT, DIRECCIÓN GENERAL DE MINAS, COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PROCURADURÍA AGRARÍA y toda instancia que busque destruir la unidad de nuestro pueblo mediante la destrucción de sus bases sociales, culturales y territoriales.

La naturaleza es nuestra madre y no vamos a permitir que la destruyan, la defenderemos a cualquier costo. ¡La tierra no se vende!, no permitiremos que nos engañen más, ningún megaproyecto puede significar el progreso para nuestras comunidades, es por el contrario la destrucción de las mismas.

Que sólo la verdadera autonomía nos permitirá conservar la unidad de nuestro pueblo, ya no podemos depender del gobierno, tenemos que promover la autogestión pues para poder ser autónomos necesitamos ser autosuficientes

Manifestamos que en realidad es el gobierno el que depende de nosotros, porque quienes trabajamos somos nosotros, el gobierno administra nuestros impuestos, de eso viven los políticos, son por lo tanto nuestros empleados.

Lo que ha dividido a nuestros pueblos es el sistema. Hoy unidos todos bajo una misma consigna podemos defendernos, ya no queremos más envenenamiento. Lo primero que hay que hacer es exigir el respeto a nuestros derechos.

Que a pesar de que el gobierno nos ha hecho creer que los recursos naturales no nos pertenecen, debemos empezar a reconocer que somos los dueños legítimos de los mismos y llevar esto a nuestros hijos y como dueños defender lo nuestro, este es el mensaje: ORGANIZARNOS PARA DEFENDER LO NUESTRO.

NOS COMPROMETEMOS:

A estar unidos, establecer una red de comunicación, trabajar de manera comprometida y responsable para lograr el desarrollo sustentable de nuestro pueblo. Hay que ser serios y no traicionar a nuestro pueblo pues la vida de nuestras comunidades está en juego.

A construir una radio comunitaria, para comunicarnos porque esta es una lucha contra el sistema. Aquí cuando el gobierno dispone, éste tiene todos los recursos a la mano. Por lo que tenemos que tener comunicación constante. Estar informados y alertas.

A crear una policía comunitaria que vele por la integridad de nuestro territorio y la seguridad de nuestras comunidades, bajo la consigna de que solo el pueblo ayuda al pueblo.

A crear un comité en cada comunidad que de seguimiento a los trabajos de este congreso.

A refrendar la forma de vivir en las comunidades, cada pueblo entiende y se comunica, aplica un concepto de justicia, no se habla de leyes, se aplican acuerdos, acordar el tequio como forma de participación comunitaria para hacer a un lado al gobierno, ya que hasta ahora éste sólo favorece a las empresas que quieren acabar con los pueblos indígenas.

A rescatar la cultura cuicateca: lengua, costumbres, fiestas, música, vestimenta, medicina tradicional y agricultura orgánica a través de la enseñanza a las nuevas generaciones.

1. A emprender la reorganización de las comunidades cuicatecas para defender el derecho a la vida.

REIVINDICAMOS:

1. Autonomía territorial entendida como la organización de las comunidades y con independencia del estado.

2. Nuestro absoluto e inalienable derecho a la existencia, conservando los rasgos que nos hacen ser un pueblo.

3. La libre determinación de los pueblos y la convivencia armónica entre los mismos.

4. La impostergable necesidad de reconstituir las bases de la nación mexicana, fundamentándola en la indiscutible pluriculturalidad que nos ha dado origen.

5. El derecho de todos y todas los mexicanos a vivir en un país fundado sobre la justicia y dignidad.

FRATERNALMENTE

¡Solidaridad para la reconstitución social!
CONGRESO AUTÓNOMO CUICATECO
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LAS NUEVAS RESISTENCIAS AL CAPITAL

Francisco López Bárcenas

E

l pasado mes de abril el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica recibió un reporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en donde se le prevenía sobre una creciente preocupación de que el proceso de recesión pueda originar desestabilización política y alzamientos armados en los países más vulnerables a la crisis financiera. De acuerdo con despachos de prensa, el reporte advertía sobre la necesidad de poner el ojo en los lugares donde el fenómeno pueda estallar en llamas. Crearon el monstruo y ahora se espantan con él. Lo peor no es eso sino que en algo tienen razón. Es probable que la policía secreta de Estados Unidos exagere; lo que vemos no son preparativos de ejércitos o guerrillas para levantarse en armas y tomar el poder de manera violenta, sino masas movilizadas discutiendo formas de remontar la crisis imaginando nuevas formas de vida.

Estas movilizaciones se ven por toda América Latina, lo mismo que en otras partes del mundo, cada una con la forma y las dimensiones que les permiten las condiciones concretas en que se desarrollan, aunque en muchos puntos coinciden. Uno de ellos es su convencimiento de que la crisis es estructural, de paradigma. De acuerdo con quienes suscriben esta tesis, una vertiente importante del capital se está enfocando a despojar a los pueblos de sus riquezas naturales. Aguas, bosques, minas, recursos naturales y los saberes ancestrales y conocimientos asociados a su uso común están perdiendo el carácter de bienes comunes que por siglos han mantenido para beneficio de la humanidad, convirtiéndose en propiedad privada, impulsando un nuevo colonialismo, más rapaz que el sufrido por los pueblos indígenas de América Latina durante los siglos XV y XVIII.

Esta situación marca las formas de las diversas resistencias populares. Desde la Minga colombiana que movilizó a los pueblos indígenas para defender sus territorios; las luchas de los pueblos indígenas de Perú exigiendo la derogación de leyes a través de las cuales se impulsa el fraccionamiento y venta de los suyos; o los pueblos mayas guatemaltecos y andinos de Perú, Ecuador y Bolivia pidiendo la salida de las empresas mineras y privatizadoras del agua, que los despojan de sus riquezas naturales y destruyen sus espacios vitales para seguir existiendo. Todas estas luchas tienen como eje común la defensa de los recursos naturales y, más allá de eso, aunque no se diga, tienen como trasfondo un fuerte cuestionamiento al capitalismo en su etapa más depredadora, al mismo tiempo que impulsan otro modo de vida, con matriz mesoamericana.

México no es ajeno a este tipo de resistencias. Unas tras otras se suceden las reuniones públicas de denuncia y coordinación entre los afectados. Los días 27 y 28 de febrero sesionó en Tataltepec de Valdés, Oaxaca, el quinto Foro por la Defensa del Agua, el Territorio y el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, en donde se analizaron los proyectos hidroeléctricos de Paso de la Reina, en Oaxaca; La Parota, en Guerrero; El Zapotillo y Temacapulín, en Jalisco; así como el proyecto eólico La Venta, en Oaxaca, resaltando sus impactos sociales, culturales, ambientales y políticos en la vida de las comunidades. Otro suceso importante fue el Foro Nacional Tejiendo Resistencias por la Defensa de Nuestros Territorios, realizado los días 17 y 18 de abril en el municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, en el mismo estado, donde se discutieron los proyectos gubernamentales de desarrollo, cuestionando que se centren en el turismo a gran escala, la construcción de represas, la explotación minera, la construcción de complejos inmobiliarios, producción de energía eléctrica y eólica, explotación de mantos acuíferos para negocios particulares, y también impulsando la privatización de los territorios y recursos naturales de los pueblos indígenas.

El más reciente fue la cuarta Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, realizada en El Salto, Jalisco, los días 30 y 31 de mayo. Como en las anteriores reuniones, se discutieron problemas ambientales de las grandes industrias, pero también la posición política de los participantes y la naturaleza de la misma. Entre otras cosas, concluyeron que son una asamblea de personas preocupadas por el deterioro del medio ambiente, que creen que todavía se está a tiempo de salvarnos del colapso ambiental que viene, que su lucha es colectiva y por lo mismo debe ser abierta, horizontal e incluyente, y que la unidad en la lucha es importante para resistir y lograr los propósitos. En otras palabras, andan imaginando otras formas de concebir lo político y hacer la política. Por eso se afirma que los pueblos están descontentos, pero no por eso andan preparando alzamientos armados. Lo cual es lógico: no les interesa el poder sino cómo construir otras formas de vida que pongan en el centro a los seres humanos y la naturaleza. Así es su resistencia al capital.

Embotelladoras venden el agua 10 mil veces más cara: experto

3 de Junio de 2009

■ Se centran en AL ante la resistencia privatizadora en EU, Canadá y Europa, señala Tony Clarke
■ Parte de la estrategia es convencer de que el líquido de la llave es dañino, aunque no garantizan que el envasado es mejor
■ En México explotan el hecho de que hay malos servicios de potabilización

ANGÉLICA ENCISO L.

El negocio del agua embotellada que se extiende en el planeta amenaza con limitar el acceso al líquido sólo a las personas que puedan pagar por ella hasta 10 mil veces su valor.

Se trata de una fase más de la privatización del recurso, en la cual las empresas buscan controlar todos los recursos hídricos, advierte Tony Clarke, autor del libro Embotellados, el turbio negocio del agua embotellada y la lucha por la defensa del agua.

Son cuatro las grandes empresas que generalmente no pagan el producto que envasan y tampoco hay garantías de que sea más saludable –como promueven– que el que sale de la llave. En este momento quieren aprovechar los territorios de América Latina para expandirse, ante la resistencia que ya enfrentan en Canadá y Estados Unidos, señala Clarke en entrevista con La Jornada. En 2002 publicó junto con Maude Barlow el libro Oro azul, en el cual aborda la escasez del agua y su inicial proceso de privatización.

–¿Qué ha pasado entre la publicación de Oro azul y este libro?

–Una de las cosas que tenemos más claras desde que se publicó Oro azul es que en Europa, Canadá y Estados Unidos la punta de lanza de la privatización del agua ha sido embotellarla.

Oro azul

“El objetivo de privatizar 70 por ciento de los servicios públicos de agua, que era la proyección de empresas como Suez y Veolia, fue un fracaso. Después de Oro azul nos dimos cuenta de que teníamos que enfocarnos hacia la otra parte del proceso de privatización, que es la industria del agua embotellada. Parte de la esa estrategia consiste en convencer a la gente de que beber el agua de la llave es dañino para la salud y es más saludable la embotellada, con lo que se favorecería la privatización por ambas vías: si ya pagas mil o hasta 10 mil veces más por la que consumes envasada, por qué no aceptar que se privatice el servicio público. Cerca de un tercio de la población en Estados Unidos y Canadá cubre sus necesidades de hidratación directamente del agua embotellada”.

–¿Los pobres tienen que pagar más por el agua?

–No sólo van a pagar más. Al mismo tiempo, mediante el consumo de agua embotellada, contribuyen a la degradación y la destrucción ambiental. Las botellas de plástico terminan en basureros a cielo abierto, en rellenos sanitarios e incluso en los ríos. El reciclaje de envases no funciona, ya que de las botellas de Coca Cola sólo 10 por ciento es reciclable.

“Además –agrega–, no existe ninguna garantía de las empresas de que el agua que venden es más limpia, pura y saludable que la que recibimos por el grifo en nuestras casas”.

–¿Cuáles son las ganancias de estas firmas?

–Nestlé es la principal empresa alimentaria del planeta; está entre las 15 primeras de la lista de 500 de Fortune, y la división de agua embotellada es la que más rápido ha crecido en ganancias en todo el mundo. En el caso de Coca Cola y Pepsi Cola, que venden bebidas carbonatadas, éstas han empezado a ser desplazadas por el agua, rubro que para ellas también es una fuente de ingresos creciente.

“En este libro se menciona que las ganancias son hasta de 35 por ciento, pero en un análisis más cuidadoso vemos que prácticamente no pagan nada por el agua, ya que la obtienen de las redes públicas, de acuíferos o ríos. Los costos provienen de los empaques y de la publicidad, la cual está dirigida al público en el sentido de que es mejor consumir el agua que venden, pero por la cual ellas no pagan”.

–¿A qué nivel de privatización de agua se puede llegar?

Control de recursos hídricos

–Las embotelladoras y las privatizadoras de servicios públicos se están vinculando. Tratan de construir una alianza para la administración del agua global. Esto significa que tratan de hacerse del control de los recursos hídricos del planeta, lo que es grave y peligroso. Si obtienen ese control, sólo tendrán acceso al líquido quienes puedan pagar los precios que les impongan.

“En un momento de crisis como el actual, el control monopólico que tratan de ejercer por el recurso hídrico significa que mucha gente va a perder el acceso a éste, y siendo que es esencial para la vida, entonces la vida de la gente está en riesgo por esta privatización.

“Lo que trato de decir cuando habló de la vinculación es que en el contexto de la Organización de Naciones Unidas hay una instancia que se denomina El mandato de los ejecutivos del agua, que es un intento de legitimización, no sólo de las empresas vinculadas directamente con el agua, como las refresqueras y servicios públicos, sino de todas aquellas en las que el agua es esencial para sus actividades. Utilizan esta estructura para hacerse de legitimidad.

–¿El derecho humano al agua es un sueño?

–Podemos creer o no en el derecho humano al agua; yo creo que sí es un derecho fundamental, pero no es suficiente con plantearlo así. Se debe tomar en cuenta que se trata de un bien común y de un bien ecológico. En el sistema capitalista el agua no va a ser llevada a aquellos que la necesitan ni en la cantidad requerida, sino más bien a quienes que puedan pagar por ella.

–México esta ubicado entre los principales consumidores de agua embotellada en el mundo, ¿A qué lo atribuye?

–A sabiendas de que en México puede haber 6 mil o más embotelladores de agua, en realidad el mercado está controlado por las cuatro grandes, fundamentalmente Coca Cola. Una de las causas por las cuales este mercado crece de manera desproporcionada tiene que ver con que estas empresas explotan el hecho de que en México hay malos servicios de abastecimiento de agua potable. Es una estrategia que se da en América Latina.

“En Estados Unidos, Canadá y Europa crece un movimiento de resistencia contra el agua embotellada que ha ocasionado una disminución de sus ventas, y en Canadá ya hay 50 ciudades donde las autoridades han establecido restricciones a su venta en lugares públicos”.

La versión en español del libro Embotellados, el turbio negocio del agua embotellada y la lucha por la defensa del agua circula bajo la editorial Itaca.

"En defensa de la política"

Pedro Miguel. Opinión. La Jornada. Junio 2 de 2009. En defensa de la política, el panismo gobernante acudió al Chupacabras para que le diseñara una estrategia de comunicación impecable: corromper a personajes claves del entorno de López Obrador a fin de parar en seco su trayectoria a la Presidencia y desmoronar el respaldo social logrado por el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal. Con ese mismo propósito defensivo, el ahora abogado de la Nación, y quien por entonces era más bien el espía de la Nación, bailó al son que le tocaban Ahumada y el jefe Diego. En defensa de la política, la Procuraduría fue empeñada en la fabricación de delitos contra el propio López Obrador y, en otro ámbito del quehacer nacional, contra los liderazgos sociales de San Salvador Atenco y de Oaxaca, o bien en la transferencia de podredumbres reales hacia personas que resultaron ser legalmente inocentes, como tantos ciudadanos agraviados por los atropellos judiciales del foxismo.

En defensa de la política, el panismo salinista usó la Presidencia de la República como ariete electoral para favorecer a su propio candidato; impuso su perpetuación por medio de un proceso electoral cuyas “irregularidades graves” (eso dijeron del platillo los magistrados del tribunal electoral, justo antes de comérselo) no impidieron dar por bueno el comicio del 0.56 por ciento; Luis Carlos Ugalde, presidente del Instituto Federal Electoral, en teoría autónomo, cumplió con lo que a Fox le dio la gana mandarle; en defensa de la política se llevó a cabo una transferencia meramente televisiva y al margen de las leyes del cargo más importante del Estado, ritual que se repitió, horas más tarde, en una incursión furtiva y vergonzante del Ejecutivo a la sede del Legislativo, blindado por los terminators de la Policía Federal Preventiva.

En defensa de la política, la cosa que siguió, ya bajo la responsabilidad de Felipe Calderón, intercambió impunidad por respaldo corporativo con Mario Marín y Ulises Ruiz, se entregaron dependencias públicas enteras al poder fáctico de Elba Esther Gordillo, se llevó a la Secretaría de Gobernación a un hombre acusado de dar cobijo a torturadores, y después, a un pobre muchacho que nunca entendió nada de nada, como no fuera hacer negocios familiares a la sombra del poder público. En defensa de la política se ha recuperado la tradición de las desapariciones forzadas, ahora disfrazadas de “levantones”, se ha seguido torturando y asesinando a dirigentes opositores y se ha pretendido atribuir a los cuerpos policiales atribuciones más acordes con la Alemania de 1940 que –uno pensaría– con el México del siglo XXI.

En defensa de la política se ha lanzado una ofensiva sin pies ni cabeza contra una delincuencia organizada que, a juzgar por resultados, se muere de la risa con los desplantes calderónicos, y en ese marco, y como siempre, en defensa de la política, se hizo coincidir, en Michoacán, una supuesta investigación policial secretísima con los tiempos electorales de este año para singularizar en el ¿gobierno? estatal del acongojado Leonel Godoy los horrores y la pudrición que comparte la generalidad de las instancias gubernamentales, federales, estatales y municipales: la penetración del narco en los más altos niveles de decisión y en los altos mandos de los organismos que, en teoría, debieran estar dedicados a combatirlo.

La frase es impecable, poeta Gómez Mont. Con ella, usted se ha hecho digno de ingresar al parnaso de los inmortales, junto con el conceptista Antonio Solá y su peligro para México y el folklorista Felipe Calderón y su “haiga sido como haiga sido”.

La defensa que la expresión retrata es, también, irrebatible. Por ello, ahora debieran ustedes plantear la pertinencia de crear la Secretaría de Defensa de la Política (SDP), dotada de ley orgánica y organigrama propios, a fin de mantener la pulcritud insólita con que se gobierna. Esa defensa ha dado, por supuesto, resultados concretos: el más destacable de ellos es, sin duda, el altísimo grado de prestigio y credibilidad de que gozan la política y sus protagonistas en el sentir nacional. Felicidades.
navegaciones@yahoo.com - http://navegaciones.blogspot.com

XXV REUNIÓN PLENARIA AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA

13 Y 14 DE JUNIO 2009

CONVOCATORIA

CONSIDERANDO que la XXIV Reunión Plenaria del Congreso Nacional Indígena de la región Centro Pacifico, que tuvo lugar el pasado mes de noviembre en la comunidad nahua de Chimalaco, municipio de Axtla, S. L. P., acordó la realización de una próxima reunión regional en la comunidad nahua de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, y que dicho acuerdo fue ratificado y avalado por la asamblea general de comuneros de Santa María Ostula;

CONSIDERANDO que las comunidades nahuas de la costa de Michoacán, al igual que todos los pueblos de México, han sido sometidas en los últimos años a los peores despojos, atracos judiciales, explotación, represión y destrucción indiscriminada de sus territorios y cultura por parte de los grandes capitalistas, latifundistas y gobernantes;

Y CONSIDERANDO que únicamente a través de la unidad de los pueblos indígenas del país entre sí y con todos aquellos mexicanos y mexicanas que son víctimas de explotación, despojo y represión, podrá ser posible el respeto de nuestros derechos más fundamentales:

Se convoca a los pueblos, comunidades y organizaciones indígenas de todo el país, a la:

XXV REUNIÓN PLENARIA AMPLIADA DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA EN LA REGIÓN CENTRO PACÍFICO

QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA DE SANTA MARÍA OSTULA, MUNICIPIO DE AQUILA, MICHOACÁN, LOS PRÓXIMOS TRECE Y CATORCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, EN PUNTO DE LAS 09:OO HRS., CON EL SIGUIENTE.

TEMARIO1.- El despojo de los territorios indígenas y la explotación de nuestros pueblos y comunidades.2.- La protección de nuestros territorios, culturas, leyes y gobiernos propios a partir del autogobierno, la autodefensa y el ejercicio de la autonomía.

ATENTAMENTESanta María Ostula, Michoacán, a 14 de mayo de 2009.NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS

EL COMISARIADO DE BIENES COMUNALES

FRANCISCO DE ASÍS MANUEL

Presidente

NICANDRO NICOLÁS GÓMEZ

Secretario

VÍCTOR CELESTINO GRAJEDA

Tesorero

FIDEL PÉREZ DOMÍNGUEZ

Presidente del Consejo de Vigilancia

RÓMULO VILLALOBOS DOMÍNGUEZ

Jefe de Tenencia

Nota 1.- Santa María Ostula se localiza en la costa del estado de Michoacán, en el municipio de Aquila, a unos 700 kilómetros de la Ciudad de México, 425 de Morelia ó 120 de Colima. Para llegar en transporte público desde la Ciudad de México se puede tomar un camión en la Central del Poniente o del Norte con rumbo a Tecomán, Colima, y de ahí se toma un camión Flecha Amarilla que llega a Ostula o en su defecto tomar cualquier camión que viaja en la ruta Tecomán-Lázaro Cárdenas. Por carretera es posible llegar desde Morelia viajando al puerto de Lázaro Cárdenas para tomar la carretera costera número 200 con dirección a Tecomán, Colima y desde Guadalajara hay que viajar por la carretera libre número 54 (ó 54 “D” si es por autopista) con rumbo a Tecomán y ahí tomar la carretera costera número 200 con rumbo a Lázaro Cárdenas. La entrada a la comunidad se localiza aproximadamente en el kilómetro 185 de la carretera número 200.

Nota 2.- La alimentación y el hospedaje de los delegados indígenas serán proporcionados por la comunidad. Traer cobija o bolsa de dormir.

EXTRACCIÓN DE MINERALES I

Área de Semarnat “obstruye” investigación en mina de Oaxaca

• Trabada, labor de comisión legislativa de medio ambiente

Angélica Enciso

El área de enlace legislativo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ha obstruido el trabajo de expertos en el caso de la contaminación ambiental provocada por la minera Natividad y Anexas, ubicada en Capulalpan de Méndez, Oaxaca, donde comunidades indígenas han sido afectadas.

Esto lo señalaron los diputados Carlos Roberto Martínez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Diego Cobo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), integrantes de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, quienes también han presentado denuncias de hechos ante las procuradurías Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y General de la República (PGR), en las cuales acreditan la contaminación de suelo y agua con metales pesados, así como la disposición inadecuada de bifénilos policlorados, químicos persistentes y bioacumulables.

Todo esto, indicaron, sería “razón suficiente para que la autoridad clausurara temporalmente la mina”.

Informaron que la comisión autorizó la erogación de recursos para realizar un viaje a aquella empresa en compañía de especialistas, con el fin de realizar un muestreo en la zona por la contaminación, por lo que solicitaron el apoyo al Instituto Nacional de Ecología y al Centro Nacional de Investigaciones y Capacitación Ambiental, el cual está especializado en polución de suelo, agua y vegetación.

Detallaron también que pese a que los titulares de los organismos desconcentrados de la Semarnat manifestaron disposición para realizar dicha actividad, la oficina de enlace legislativo obstaculizó el viaje de los peritos especializados y hasta el momento la comisión no ha recibido respuesta de manera oficial.

La comisión legislativa considera que es necesario llevar a cabo muestreos en los sitios contaminados por las actividades mineras, por lo que se dio a la tarea de contactar a los especialistas de la Semarnat. El resultado del muestreo sería integrado a la denuncia radicada en la PGR, dijeron.

Por ello, los legisladores expresaron preocupación por la actuación obstructiva de la oficina de enlace legislativo.

El panismo y la minería colonial

Luis Linares Zapata

La jornada. Opinión.

No satisfechos con la reproducción de la añeja formación de partido hegemónico que caracterizó al priísmo en los inicios de su época decadente, el panismo se aferra a ese modus operandi y lo trata de usar para prolongarse en el poder federal. Los panistas llegaron en 2000 con la promesa de consolidar la democracia, arraigada pulsión de los mexicanos durante más de un siglo de vigencia. Lejos de ese cometido inocularon, dentro del ya muy deteriorado sistema presidencial, las propias y pequeñas visiones. Sus ambiciones, desmedidas para sus cortos tamaños, van terminando en cerrados feudos de poder con tufos de sacristía.

Los panistas encumbrados tienen, por estos días de crisis profundas y futuros borrosos, un pleito de callejón con la cúpula priísta, a la que han logrado dividir. En el fondo, tan agria disputa es, ciertamente, electorera. El amasiato estructural es fuerte, íntimo, complementario se podría llegar a decir. Juntos han introducido y sostienen el modelo vigente, a pesar de las grietas y quiebres que muestra por todos lados.

Ambas formaciones políticas concuerdan en que la crisis económica, que ha sumido al país en una de sus peores decadencias, viene de fuera. Los priístas dicen que también los panistas han puesto de su parte para hacerla mayor. Ninguna de las dos facciones acepta que las crisis, alimentaria, económica, de seguridad, de salud y desigualdad, han sido, en el fondo y superficie, de manufactura propia. Tales crisis se implantaron, contra viento y marea, por la integración subordinada y dependiente a la globalidad durante el último cuarto de siglo. Y lo han hecho armados de una constancia digna de elogio: buscando siempre sacar algún provecho personal o de grupo.

Pero algo ha ido quedando en la trastienda sin que alcance la superficie de la conciencia colectiva: la feroz entrega de la minería al extranjero, en especial a los canadienses y a dos que tres grandes traficantes de influencias nacionales. La han cedido sin gracia ni talento. La han sustentado con todas las complicidades requeridas para hacer de ese sector un enclave colonial. Colonial en el más arraigado y depredador sentido del término. Los agraciados se llevarán cuanto encuentren y dejarán despojos. Durante los últimos cuatro periodos presidenciales, México ha pasado a ser un territorio de captura, poquiteramente subastado a los gambusinos más voraces. México es hoy en día un país lleno de huecos y tajos a cielo abierto como no se veía hace ya tiempo, un simple proveedor de materia prima.

En verdad, la minería es una actividad básica y redituable, digna, necesaria para el desarrollo cuando se le usa como instrumento inicial de todo un proceso integrador de cadenas productivas. La formación de técnicos especializados, mineros esforzados y valientes es un requisito indispensable para su florecimiento. El cultivo de conocimientos para el estudio de la naturaleza es concomitante con la búsqueda de formaciones geológicas. La minería es una actividad que exige movilizar enormes recursos técnicos, financieros, humanos, organizativos para emprender aventuras de proporciones mayúsculas. Las minas no son para improvisados ni para timoratos, pero tampoco deben ser puestas en manos de empresarios que atropellen derechos y leyes, tal como pasa en este país. Trasnacionales ventajosas, depredadoras, en colusión con jueces venales, abogados chicaneros, gobernadores que no atienden el interés de sus ciudadanos, funcionarios que sólo buscan complacer y sacar tajada, son los ingredientes que han puesto a la minería al servicio de unos cuantos, preferentemente extranjeros.

Los ejemplos de tales bellaquerías sobran, brotan por todo lo ancho y profundo del país. En Cananea, una mina trabajada desde hace ya más de un siglo por esforzados hombres y mujeres, la mayoría sonorenses, una colusión de intereses los quiere someter sin recato ni respeto a sus derechos. Los mineros han sido atacados por un gobierno federal envuelto en los intereses de un empresario que actúa a la usanza de los tristemente célebres robber barons del viejo oeste estadunidense. Pero los trabajadores han resistido y triunfarán porque tienen la historia de su lado, la solidaridad de algunos y han hecho bien su labor política, social y jurídica. También está la lucha emprendida por buena parte de la sociedad potosina que defiende sus derechos a gozar de una rica herencia cultural, hoy amenazada por las explosiones de la mina San Xavier. Quieren impedir que sigan arrasando con todo el cerro que les da identidad y contaminen el entorno y sus aguas. La minera, sucursal canadiense, contra todo mandato legal sigue devorándose el cerro en busca de oro y plata. El panismo más retrógrado las apoya con decidida pasión de talibanes bajo paga. Otros casos pueden encontrarse en Sonora, donde los ejidatarios de Mulatos (Sahuaripa) también pelean, solos, por sus posesiones, su pueblo, el agua que tan escasa es en esa alta región serrana. De nuevo los canadienses (con similares tácticas: prestanombres, abogados serviciales, golpeadores, espías comunitarios, legisladores cómplices, policías a su servicio y demás parafernalia represora) quieren sacar raja hasta de una población abandonada por aquellos que deberían estar a su servicio e intereses y no del lado de los poderosos. Qué decir de los ejidatarios de Huizopa, en Madera, Chihuahua, que se quieren defender de otra minera canadiense (Minefinders). Buscan, con toda justicia y apoyados en la ley, ser partícipes del negocio, no simples y poquiteros arrendadores de sus vastas y ricas tierras en minerales (oro y plata de nuevo) Todos estos mexicanos, marginados y en lugares remotos, no tienen, ni han encontrado a pesar de buscarlo, el respaldo que deberían recibir de la autoridad para su mejoría económica y bienestar. De eso y de ésos no se ocupan los panistas. Ellos atienden el negocio central, el que les acercan los exquisitos, el de las jugosas concesiones, las asesorías de prestigio y el dinero fácil y rápido, aunque sea de poco en mucho. Ésa es su forma íntima de ser y ejercer el poder, sin un dejo de justicia.

Detienen a activista en Chihuahua

Rubén Villalpando y Miroslava Breach Velducea. Corresponsales. Ciudad Juárez, Chih., 26 de mayo. Pese a los acuerdos que pusieron fin al conflicto con la compañía minera Dolores –filial de la canadiense Minefinders–, Enrique Torres González, luchador social y ex comisario ejidal de Huizopa, fue detenido el lunes por encabezar el año pasado protestas en demanda de indemnización por daños y un beneficio justo por el oro extraído.

Tras cumplirse la orden de aprehensión por daños y obstrucción de vías de comunicación, los ejidatarios comenzaron a reorganizarse y advirtieron que se viola el acuerdo firmado con la empresa para resolver el conflicto en la comunidad de Huizopa, en la sierra del municipio de Madera.

El también activista Tomás Ruiz Mendoza anunció que si Torres González sigue detenido se iniciarán las protestas, ya que la toma de una empresa no puede ser considerada delito grave.

A su vez, la Procuraduría General de Justicia estatal informó que policías ministeriales detuvieron al dirigente a raíz de la denuncia que la empresa interpuso en mayo de 2008 por el bloqueo a la mina durante dos semanas, como parte de la lucha de los campesinos contra la explotación ilegal y la contaminación de sus tierras.

Además, la detención se llevó a cabo luego que los ejidatarios acudieron a la mina para recibir las llaves de seis viviendas donde se reubicarán familias de la zona contaminada, así como un apoyo de 45 mil pesos para la iglesia y 50 mil pesos para el equipo de beisbol Los Venados.

En esa ocasión el propio Torres González afirmó que más de 50 por ciento de los 220 ejidatarios estaban inconformes con la minera, pero había avances y se planeaba crear una empresa para dar trabajo a los ejidatarios.

La minera Dolores iba a firmar como aval para que los ejidatarios compraran a crédito maquinaria pesada a fin de ofrecer a la compañía a partir de julio servicios de reparación de caminos y acarreo de materiales.

En un comunicado, la empresa informó que pagaría la fianza.

Habitantes de tres ejidos en Zacatecas exigen a minera canadiense cum plir compromisos.

Pago de regalías anuales e inversión en obras y educación, en Mazapil, entre las demandas

Alfredo Valadez Rodríguez. Corresponsal. Zacatecas, Zac., 25 de mayo. Habitantes de los ejidos Cedros, Mazapil y Cerro Gordo bloquearon por tiempo indefinido las instalaciones de la mina Peñasquito, el yacimiento de oro más grande del continente americano, inconformes porque la empresa canadiense Gold Corp no ha cumplido su compromiso de firmar un convenio para pagarles un porcentaje anual de 7 por ciento de la riqueza obtenida con la explotación del filón.

En conferencia de prensa este lunes en la capital del estado, representantes de los tres ejidos confirmaron que desde el fin de semana tienen bloqueados los tres accesos principales a la mina, ubicada en el municipio de Mazapil. Acotaron que también tomaron los 26 pozos de agua que abastecen al complejo minero, ubicado a unos 330 kilómetros al noroeste de la ciudad de Zacatecas.

El 21 de abril pasado, unos 300 campesinos y sus familias impidieron la entrada a Peñasquito, para entre otras exigencias “renegociar” los contratos

que, según los campesinos, firmaron hace tres años “con engaños y aprovechándose de nuestra ignorancia” para ceder a la empresa canadiense más de 5 mil hectáreas, a precio de 50 centavos por metro cuadrado.

Peñasquito, que tiene “reservas probadas y probables” de 17.4 millones de onzas de oro y más de mil millones de onzas de plata, dejó de operar totalmente dos días de abril por el bloqueo.

Más de 4 mil 800 trabajadores subcontratados en el complejo minero pararon labores, ante la protesta de los ejidatarios.

Luego de dos reuniones en las cuales, además de las partes en conflicto, participaron el gobierno de Zacatecas y el Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) –que asesora legalmente a los ejidatarios–, se acordó levantar el bloqueo.

Las partes signaron un convenio de 12 puntos, que presentaron los ejidatarios. Incluían los compromisos de Gold Corp de invertir en obras de infraestructura urbana, salud y educación, así como de hacer una revisión de los contratos de ocupación, firmados en 2006 y 2008, mediante la Procuraduría Agraria.

La minera canadiense ofreció, además, indemnizar a los ejidatarios por la destrucción de un camino vecinal, de acuerdo con un avalúo comercial.

Como punto sujeto a “revisión”, los ejidatarios de Mazapil incluyeron la demanda de que, al igual que lo hizo en Guerrero con la mina Dos Filos, Gold Corp entregue en Zacatecas un porcentaje de 7 por ciento de las ganancias obtenidas con la explotación de los minerales preciosos. Felipe Pinedo, miembro del FPLZ y asesor de los ejidatarios, señaló: “En el estado de Guerrero, Gold Corp firmó un acuerdo de pago de 37 mil 200 pesos por hectárea anuales con los campesinos de aquel lugar; aquí en Mazapil, la misma empresa canadiense sólo quiere pagar 5 mil pesos durante 30 años, para explotar los yacimientos de oro de Peñasquito”.

Felipe Pinedo consideró que el reclamo de los ejidatarios de Mazapil no es un capricho, sino una petición legítima: “la ley minera obliga a la compañía Gold Corp a pagar a los campesinos de Zacatecas parte de las regalías obtenidas, las cuales oscilan alrededor de 17.5 millones de pesos diarios".

Hoy se cumplen 16 años del primer enfrentamiento entre Ejército y EZLN

• Ocurrió en Corralchén; murieron tres militares y un rebelde

Elio Henríquez. Corresponsal. La Jornada. San Cristóbal de Las Casas, Chis., 21 de mayo. Este viernes se cumplen 16 años del primer enfrentamiento entre efectivos del Ejército Mexicano y del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que ocurrió en la sierra de Corralchén, en la selva Lacandona, donde fue destruido el campamento rebelde Las Calabazas.

De acuerdo con la información que en su oportunidad dio a conocer el Ejército federal, el primer choque armado entre sus efectivos y las entonces desconocidas fuerzas zapatistas ocurrió el 22 de mayo de 1993, cuando elementos de tropa realizaban “prácticas de adiestramiento militar” por la zona de la sierra de Corralchén.

La información fue divulgada en una carta que el 31 de mayo de 1993 envió el teniente coronel José Guadalupe Rodríguez Olvera, jefe de la oficina de prensa de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), al entonces director de La Jornada, Carlos Payán Velver, luego de la publicación de varias notas en el diario alusivas al enfrentamiento.

En el documento se asentó que desde el 14 de mayo de ese año, personal del 83 Batallón de Infantería que se encontraba “desarrollando prácticas de adiestramiento en el terreno sobre áreas despobladas del municipio de Ocosingo, fue agredido con armas de fuego disparadas por un grupo indeterminado de individuos que presumiblemente realizaba actividades ilegales”.

Precisó que en los hechos resultó muerto un oficial y heridos un sargento y un cabo, y “al repelerse la agresión, perdió la vida una persona civil no identificada (en 1994 se sabría que se trataba de un oficial del EZLN), la cual portaba un fusil mini-14 calibre 223, hechos que oportunamente se hicieron del conocimiento del agente del Ministerio Público Federal en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez”.

En esa ocasión el vocero de la Sedena afirmó que “como resultado de lo anterior, se procedió a la búsqueda de los agresores en las áreas deshabitadas y aledañas al sitio del enfrentamiento, interceptándose en éstas a 10 individuos, entre ellos dos guatemaltecos, mismos que portaban armas de fuego y cartuchos de diversos calibres”.

Al continuar la persecución de los “desconocidos”, un día antes del asesinato del arzobispo de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el 23 de mayo de 1993, ocurrió un segundo enfrentamiento entre soldados y zapatistas, cuando éstos intentaban salir de la zona, aseveró.

En el segundo choque resultó herido otro oficial del Ejército Mexicano. Los muertos fueron el subteniente José Luis Vera de Jesús y Librado Santís Gómez, elemento de tropa; los heridos, Mauro García Martínez y Lucio Hernández Xolo, además del “desconocido”.

A raíz de los enfrentamientos y del descubrimiento y desmantelamiento del campamento zapatista, el Ejército Mexicano desplazó a la zona a miles de soldados. El centro de operaciones se estableció en Nazaret, donde Petróleos Mexicanos tenía instalaciones. Las operaciones fueron encabezadas por el propio titular de la Sedena, general Antonio Riviello Bazán, pero días después las tropas fueron retiradas por orden del presidente Carlos Salinas de Gortari, debido a que en el Congreso de Estados Unidos estaba por ser votado el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Esto permitió al EZLN continuar con los preparativos y alzarse en armas el primero de enero de 1994, ante el asombro no sólo del país sino del mundo.

En este contexto fue presentado hoy el número 36 de la revista Ecofronteras, en la que, al hacer un balance a más de 15 años del levantamiento indígena, el Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) afirmó que el surgimiento y evolución del movimiento zapatista “ha significado un cambio sustantivo en el devenir de los pueblos indios de México”.

Para Ecosur, “parece increíble que el Estado mexicano, con cerca de tres centenas de millares de militares bien armados y entrenados y con gran soporte económico, no haya podido borrar del mapa a un ejército indígena, casi analfabeta, casi sin armas, casi sin alimentos… pero con muchas esperanzas”.

Rechazar operación de minera canadiense en sus poblados, pacto indígena en Chiapas

Asamblea informativa en el ejido Matamba, A. C.
Foto: CEREC
Mayo 17 de 2009.

• “En ningún momento daremos lugar a que destruyan nuestras tierras”, advierten.
• Si entra a fuerza nos veremos obligados a tomar otras medidas, señalan en Chicomuselo.

Hermann Bellinghausen. Enviado. La Jornada. San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de mayo. Las comunidades de la Sierra Madre, en el municipio de Chicomuselo, rechazan la presencia en sus tierras de la voraz minera canadiense Backfire Exploration, a la cual los gobiernos de Pablo Salazar Mendiguchía y Juan Sabines Guerrero concesionaron –de 2005 a la fecha– 2 mil 352 hectáreas sólo en ese municipio.

La mayoría de los habitantes de las comunidades Huanacaste, El Terronal, Loma Bonita y Cuatro Caminos, en coordinación con las autoridades municipales y el consejo de vigilancia de la colonia Monte Sinaí, refrendaron su “inconformidad”, ya expresada anteriormente, “en cuanto a la explotación de las minas” en sus tierras.

Hoy dieron a conocer que, reunidos en asamblea el pasado día 14 en Cuatro Caminos, definieron que “por ningún momento daremos lugar a la empresa minera para que destruya nuestras tierras. Porque el lugar donde se ubica la mina es zona cafetalera y de manantiales donde las cuatro comunidades tenemos el agua potable; manifestamos que no destruyan los terrenos donde trabajamos, porque de allí sostenemos nuestras familias y, además, no queremos contaminaciones a nuestra salud, y los árboles, y animales, y cultivos”.

Así, advierten que “si la empresa minera llegara a las comunidades a negociar, no lo permitiremos, y en caso de que entrara a la fuerza nos obligaremos a tomar otras medidas, porque tenemos derecho a defender las tierras, patrimonio nuestro y de nuestros hijos y como ejidatarios. Las tierras que poseemos son ejidales, donde pagamos impuestos prediales, donde nadie de afuera venga a destruir lo que es nuestro”.

Ríos convertidos en basureros

Las mineras canadienses como Blackfire extraen agua en cantidades estratosféricas (incluso la cabecera municipal carece de suministro suficiente, aunque las montañas de la región son ricas en el líquido); la restante la contaminan, como ya ocurre con los ríos Tachinula y Yayahuita, y en consecuencia el Grijalva desde antes del cañón del Sumidero (que, promovido hoy por el gobierno como “maravilla del mundo”, más parece un basurero).

El filósofo Heráclito, además de saber algo de ríos, escribió en uno de sus Fragmentos: “Los buscadores de oro cavan muy hondo en la tierra y hallan muy poco”. Que se los digan a estas comunidades. Arsénico, cianuro, plomo, mercurio y ácido sulfúrico invaden aire, suelo y agua para que los buscadores obtengan oro, plata, barita o lo que haya, y se lo lleven en las narices de los verdaderos dueños de esas tierras. La plaga minera a cielo abierto se extiende por Chiapas, en particular en la sierra fronteriza: Comalapa, Motozintla, Mazapa de Madero, Chicomuselo.

La resistencia de los pueblos, especialmente los indígenas, se extiende a las regiones selva, altos, norte y Sierra Madre. El pasado 8 de marzo, mujeres de esas zonas se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez contra las trasnacionales mineras Linear Gold y Blackfire, “que sólo ofrecen algunos empleos mal pagados y de muy alto riesgo”, pero “pretenden saquear nuestros recursos dejando a cambio graves padecimientos de salud, agotamiento de las reservas y fuentes de agua, así como devastación completa de montañas”.

Las inundaciones, deslaves y sepultamientos provocados por los huracanes Mitch y Stan demuestran que esa devastación genera otras, y las producirá más en el futuro si la aniquilación de tierras y montañas en la Sierra Madre sigue como va.

INAGURACION DE PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE REMA 2009

Rescate de la comunidad

Bernardo Bátiz V.

La Jornada. Opinión. Mayo 16 de 2009.

Nos debe preocupar a todos el grado de descomposición al que está llegando nuestra sociedad; el cinismo de los más altos protagonistas públicos de los años recientes no es más que los síntomas de una grave enfermedad social; es el momento de rescatar nuestras comunidades diversas, en las que todos nos desenvolvemos. No podemos seguirlas dejando en manos de quienes han demostrado no sólo codicia y corrupción, sino ineptitud extrema.

Nuestros grupos sociales, el familiar, económico, los diversos grupos políticos, los educativos, los religiosos y los recreativos. Lamentablemente en varios de ellos, en forma casi absoluta y en otros más o menos parcialmente, hay fallas importantes y su funcionamiento, en lugar de servir para el desarrollo pleno de los integrantes, es un obstáculo para el crecimiento individual.

Es el momento de regresar al patriotismo, al amor a la patria, empezando por el hogar y después por su prolongación inmediata, que es el barrio, el municipio, la delegación en el caso del Distrito Federal, para pasar después al estado o entidad federativa y finalmente a la nación entera; todo necesita ser limpiado, restaurado, rescatado.

Es por ello alentador que desde diversos frentes se busca revivir el sentido de solidaridad que deben tener entre sí los habitantes de las comunidades sociales; el caso de la ciudad de México es muy importante y puede ser el detonante de un cambio de fondo. Circula ya una invitación en la que el gobierno de la ciudad, el fideicomiso del Centro Histórico, la Unión de Vecinos y de Comerciantes del Centro Histórico, el INAH y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, entre otras organizaciones, invitan a un encuentro para la construcción simbólica del espacio urbano, en él se presentará el resultado de 10 años de investigación antropológica urbana de la Escuela Nacional de Antropología e Historia; se trata de poner las bases para una política que vaya por un camino muy diferente al de las intrigas, las complicidades y las bajezas a que ha llegado una buena parte de lo que podríamos llamar nuestra clase política profesional, para empezar a conocernos mejor y a conocer los ámbitos sociales en los que nos desenvolvemos, no se puede amar lo que no se conoce.

Por su lado, otra entidad ocupada de la cultura y la educación, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, desarrolla un programa de módulos autosuficientes para diversos ámbitos de la capital del país, que se ha denominado Recuperación de los barrios.

Se trata de rescatar espacios y lugares que han sido arrebatados a los vecinos, bien por la delincuencia o por los ríos de vehículos que circulan a diario por las calles de nuestra urbe. Este programa busca también revivir el interés y el amor de los vecinos por sus pequeñas comunidades, barrios en primer lugar, pero también colonias y unidades habitacionales. El experimento, me recordó la trama de la novela de Chesterton El Napoleón de Nothing Hill, en la que el alcalde de este famoso barrio londinense dibuja su propia bandera de la localidad, levanta murallas y recluta voluntarios para defender su hábitat de la ambición de industriales poderosos que pretenden adueñárselo para sus negocios, por lo que despojan a la gente de las áreas antes frecuentadas por madres con sus niños, parejas de novios y viejos que salen a pasear y a charlar.

No tanto como levantar barricadas y reclutar milicianos, pero sí devolver a los diversos rumbos de nuestra ciudad, identificados por sus vestigios arqueológicos o históricos, por sus parques, por sus mercados o por otros establecimientos, el patriotismo local, el amor al terruño, identificado con el lugar en el que se vive y se convive con los vecinos.

Debemos empezar desde abajo si queremos sacudirnos la costra maligna que se extiende por todo el cuerpo político de nuestra comunidad nacional; los frentes de batalla son muchos, uno de ellos es, sin duda, la defensa del municipio o la delegación, que como atinadamente dijo alguien, es la prolongación de nuestra casa.

jusvbbv@hotmail.com

Desde el penal de la Palma

Ignacio del Valle

La Jornada. Opinión. mayo 16 de 2009.

Hombres y mujeres de todas las edades y de cada rincón de esta patria nuestra, en la ciudad, en el monte, en la selva, en la escuela, en la fábrica, en la mina, en el destierro, en el valle, en el encierro, desde el lugar donde nos encontremos, nuestra obligación es sobreprotegernos para seguir la marcha en este gran proyecto de nación, donde juntemos nuestras coincidencias del quehacer, haciendo a un lado intereses particulares o de grupo, sin aislar ninguna lucha por pequeña que parezca.

¡No tenemos que olvidar que los grandes incendios tienen su origen en una pequeña chispa! Y en estos momentos los incendios surgen por doquier y nuestra obligación es alentarlos y dirigirlos a los rumbos de unidad, respetando sus formas de organización, señalando siempre causas y efectos, poniendo siempre al enemigo común al descubierto y los medios de los que siempre ha hecho uso para mantenernos adormecidos, engañados, sometidos siempre a su antojo, calculando todo siempre en función de ganancias económicas, sin que les importen la humillación y el dolor de los jodidos, apropiándose de los medios de producción y explotando la fuerza de trabajo, manejando a su conveniencia desmedida el derecho de propiedad privada, acumulando riquezas a costa de sudor y sangre de esclavos, de plebeyos, de obreros, de campesinos jornaleros, quienes en su momento siempre han levantado la voz de la inconformidad, de rebeldía.

La lucha por la justicia siempre es natural en cualquier lugar, enfrentándose invariablemente ricos contra pobres, escribiendo con su sangre y ejemplo de dignidad que sí es posible un mundo de justicia para todos.

No tenemos que esperar ningún aniversario más para llorar ni lamentar la muerte de Zapata ni afinar discursos; vamos para decir: aquí estoy de palabra y no de corazón.

El mejor recuerdo a Zapata es la construcción de la unidad, organizada y consciente, donde sea que nos encontremos, porque la lucha es de todos, hombres y mujeres. Y ésta no da tregua ni se da sus vacaciones, ni tiene días de guardar; hasta cuando duermes tienes que soñar en la revolución. No importa de quién venga esa disposición de luchar, si en su esencia se compone de fe y unidad. Tenemos los motivos necesarios para no ceder nada, de ninguna especie, al enemigo al que no hay que dar tregua alguna.

Hasta cuando nos encontremos solos, la lucha sigue aún en nuestro interior, con nuestra actitud de indiferencia, de autosuficiencia, de soberbia, de ira incontrolada, envidia, pereza; de hierro y rabia en el combate hasta la victoria; generoso y digno con el pueblo, sin pedir a cambio nada, más que el honor de poder servirle.

La recompensa brillará en la sonrisa eterna de nuestros nietos, que de pan y miel se saciarán y en recuerdos luminosos encenderán sus días.

Zapata vive en cada puño levantado, en cada grito encabronado con el corazón al viento.

Como machete desenvainado, pintando de rojo el horizonte que nos llama a cumplir, ¡aquí, allá, la lucha seguirá!

UN FUTURO QUE YA FUÉ.

La Jornada. Mayo 18 de 2009

Hermann Bellinghausen

El agujero en la tierra es grande. Le dicen cráter, sin que lo sea. Es, sencillamente, una devastación, la carie que dejó una década de minería intensiva a cielo abierto hace muchos años, cuando no asomaban aún las compañías canadieneses que hoy infestan el mundo como jejenes en busca de los últimos residuos de oro bajo el suelo.

A Cerro de Flores el futuro llegó antes. Hace mucho. Tres generaciones. Los abuelos campesinos que creyeron las promesas del desarrollo y vendieron al gobierno, que concesionó a unos yanquis. Los padres que crecieron en donde era inútil ser campesino, la tierra estaba envenenada, los mineros y técnicos venían de otras partes; migraron inestablemente; se perdieron. Y los nietos, que ya comienzan a ser adultos y no vivieron aquel “progreso”.

Cuando llegué a Cerro de Flores y pregunté cómo arribar al cráter, los primeros informantes coincidieron en mandarme a la tienda de abarrotes calle abajo; allí, una mujer gorda tras el mostrador, en vez de responderme gritó: “¡Victorio!”, dos o tres veces. Esperé. Al menos había sombra y la canícula estaba en apogeo.

Me desconcertaba sentirme en un paraje posindustrial, inorgánico, casi urbano, aunque lejos de cualquier ciudad, bien adentro del así llamado campo. Lugar donde, para su engañosa suerte, resultó haber oro en un cerro, el Flores de su toponímico. Ya no existe. Es el cráter. Antes, supongo que si uno llegaba buscando el cerro ni preguntaba. Era visible. Sobre todo porque, según los recuerdos de la gente, tenía una formación geológica particular. No muy alto, en medio de la llanura, un cerro de laderas empinadas más bien rocoso. Lo cobijaban dos bosques que, como el cerro, ya no existen.

El poblado en sí conserva una apariencia rural, pero inundado de maquinaria abandonada, fierros oxidados, tinacos empotrados en cemento, bodegas en ruinas, esqueletos de dinosaurio.

Al fin apareció Victorio por una puerta que rechinó al abrir. Tomó su gorra beisbolera del mostrador. Se la puso, sonriente.

–Aquí el señor quiere visitar el cráter –dijo la mujer gorda, que resultó ser su mamá.

El muchacho seguramente no tenía nada mejor que hacer porque aceptó de buena gana. Me condujo a una calzada ya devorada por la maleza, con rieles en el centro, casi borrados. Rocas a los lados, y en ellas grafitis como salidos de Neza, coloridos o ya no tanto, estilizados y hasta violentos. Algunos, de Victorio mismo. Me los fue señalando los tres kilómetros del trayecto.

Tiene 24 años. A los 14 siguió a su padre a la capital, donde éste se había establecido luego de años de perderse en el norte y en Estados Unidos. Pero Victorio se cansó de andar de albañil, roló libremente por la ciudad del oriente y regresó a Cerro de Flores, igual que muchos otros, que les dio por hacer rarezas. Ahora, de ellos depende que haya nuevos niños. Nadie lo dice. Todos saben. De momento, quedan pocos especímenes de edad pueril en Cerro de Flores.

Los retornados han dado en construir esculturas con piedras, fierro y cascajo de la mina. Otros, edificios inútiles, pequeños, de inspiración ornamental posmo y escaleras sin destino, como las de Edward James, en Xilitla. Otros más pintan cualquier superficie muerta. Es el caso de Victorio.

Su camiseta de Pearl Jam fue negra alguna vez. Tenis. Un morralito que parecía parte de su cuerpo. Llegamos al cráter a través de ese work in progress colectivo y anónimo. Y, en efecto, era un gran cráter de roca, de nada. Un lugar donde la tierra desapareció. Hay todo un historial de casos de cáncer, leucemia, neumonitis y demencia por el cianuro, los solventes, el combustible.
La mina dio de sí. El aire ya se limpió. Crece vegetación, aunque baja y fea. El agua, la traen entubada de otra parte. La de Cerro de Flores y sus alrededores es imbebible, aunque cristalina, pues nadie toca los estanques y arroyos desde hace años. Hasta los perros aprenden que si la beben se llenan de pústulas y mueren. Y conste que vi perros; han de ser listos.

Sus comentarios, que no explicaciones, eran muy simples. Como él dijo, el rollo no se le da. Pero estos chavos, como Victorio, han emprendido una peculiar recuperación del paisaje. Una obra de arte, quizás efímera. “He’s a nothing maker”, dirían los Pretenders. El arte efímero es antiguo como el mundo, no se crea que lo inventó José Luis Cuevas. Y cuando existe, siempre es nuevo.

La red de agujeros que les heredaron sus abuelos la están llenando de formas fantásticas, colores eléctricos, águilas de hierro. Y en medio de todo, un hoyo negro. Victorio no lo miraba con odio. Más bien parecía sacar de ahí sus ideas, porque al regreso se detuvo en unos tubos apilados, sacó los aerosoles y se puso a pintar morras y garabatos, rapidísimo.

Minería: virus mutantes de la contrareforma indígena.

Magdalena Gómez

El laboratorio social confirma las evidencias de que la contrarreforma indígena de 2001 fue estratégica para la clase política y que en su definición operó la razón de Estado en clave neoliberal. De poco sirven las exiguas muestras de aplicación del artículo segundo constitucional en terrenos aparentemente seguros que ya en países como Guatemala se les ha denominado derechos permitidos; como sería la dimensión de los derechos linguísticos y los relativos a educación bilingüe e intercultural y, aun ellos, por cierto, deben ser sometidos a examen riguroso.

Dos elementos saltan a la vista en los días recientes: por una parte, la emergencia de los movimientos indígenas que se oponen a las concesiones mineras otorgadas en el marco de las reformas a la ley en la materia y, por otro lado, la aprobación unánime de una reforma en la Cámara de Diputados el pasado 23 de abril al artículo 17 constitucional para determinar la acción colectiva, no ciudadana, como se ha demandado, sino tutelada por instancias gubernamentales: la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), la Procuraduría Federal de Defensa del Consumidor (Profeco) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

De manera expresa se dice: las leyes que expida el Congreso de la Unión regularán los derechos colectivos, los cuales solamente podrán establecerse en materia de protección al consumidor, usuarios de servicios financieros y protección al ambiente. ¿Quién se acuerda de que la esencia del debate realtivo a los derechos de los pueblos indígenas se dio en torno a que se trata de derechos colectivos y difusos? Ahora resulta que derechos colectivos sólo podrán establecerse en las tres materias anotadas. Bien se ha dicho que a las leyes hay que analizarlas no solamente por lo que dicen, sino también por lo que callan.

Siguiendo los pasos reglamentarios de la contrarreforma referida, el 28 de abril de 2005 se publicaron reformas a la ley minera. Con ellas se declaró prácticamente abierto el territorio para la explotación minera, se colocó de manera indistinta a pueblos, comunidades indígenas, comunidades agrarias o ejidos para que en caso de que en sus tierras se realice una exploración y explotación tengan derecho preferente en la concesión, siempre y cuando logren mejorar cualquier oferta de empresas interesadas y reúnan todos los requisitos técnicos y de solvencia económica. Ésa es la derivación de la contrarreforma indígena que evitó que los pueblos tengan acceso al uso y disfrute de recursos naturales en las tierras y territorios que actualmente ocupan y el soporte que el Estado está utilizando, pasando por encima de los derechos reconocidos a dichos pueblos en el plano internacional. (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.)
Pero resulta que los pueblos sí saben de derechos y por ello se organizan para hacerlos valer. No es casual que en las entidades donde se están otorgando concesiones esté presente el movimiento de resistencia a las mismas: el 5 y 6 de abril pasados en la comunidad de San Pedro Chico Zapote, en la región de la Cañada de Oaxaca, se realizó el primer Encuentro Nacional de la Red Mexicana contra la Minería, en el cual organizaciones de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y de San Luis Potosí analizaron sus experiencias en contra de los proyectos mineros, destacando que más de 90 mil hectáreas del territorio oaxaqueño están concesionadas por el gobierno federal a empresas mineras, principalmente canadienses, quienes han recibido concesiones sin consultar a los pueblos, como marcan convenios internacionales, por ejemplo, el 169 de la OIT.

Por su parte, el Foro Tejiendo Resistencias (que se llevó a cabo 17 y 18 de abril, en el municipio de San Pedro Apóstol, Ocotlán, Oaxaca) ofreció un recuento de los proyectos como el turismo a gran escala, la construcción de represas, la explotación minera, la construcción de complejos inmobiliarios, diversas infraestructuras, producción de energía eléctrica, explotación petrolera, explotación de mantos acuíferos para negocios particulares, entre otros. Con ello, concluyeron los participantes, se impulsa de manera clara una privatización de los territorios y recursos naturales, mayoritariamente localizados en comunidades indígenas y campesinas.

En este contexto, la criminalización no se hizo esperar: el pasado 7 de mayo, el Colectivo Oaxaqueño por la Defensa de los Territorios denunció la agresión policiaca y detención de 25 comuneros de San José del Progreso, Magdalena Ocotlán y comunidades aledañas, por su resistencia frente al proyecto de exploración y explotación minera de oro y plata de la Compañía Minera Cuzcatlán, empresa subsidiaria de la Compañía Canadiense Fortuna Silver Mines Ltd.

Ahí quedan algunos botones de muestra sobre lo que está en juego para la vida de los pueblos indígenas. Para ellos la epidemia viene de muy antes y, como vemos, no se confían de tapaboca alguno.

Represión en Ocotlán Oaxaca

Por tratarse de un asunto de interés público en momentos en que el Estado mexicano por sugerencia del Departamento de Estado norteamericano, Hillary Clinton, de seguridad Janeth Napolitano y asesores de CIA,pone en práctica medidas de CONTENCIÓN SOCIAL, so pretexto de una emergencia sanitaria, más en la imaginación del estado que en la realidad, ampliamente difundido por los medios convencionales de comunicación, quienes manipularon ampliamente a la opinión pública, hacemos patente nuestra adhesión a la presente denuncia y seguimos alertando a toda la sociedad civil, nacional e internacional, sobre las implicaciones que las acciones de resistencia pueden tener a futuro.

Mayo 6 del 2009

· El Estado nuevamente utiliza el uso excesivo de la fuerza pública para solucionar conflicto en San José el Progreso ante la resistencia de los habitantes a la exploración minera en su localidad.

· El estado viola derechos humanos de las comunidades indígenas.

· La protesta es un derecho, la represión un DELITO.

El Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño” A. C. y la COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ REPRUEBAN Y CONDENAN el uso excesivo de la fuerza pública como método institucional para acallar la voz y la participación de los inconformes ante los proyectos mineros; no es con la represión, detención y tortura como se resuelve la inconformidad, por el contrario genera más revuelta social y graves violaciones a los derechos humanos.

A los habitantes de las comunidades de San José el Progreso, Ocotlán Oaxaca se les están Violando sus Derechos Humanos:

- Derecho a la tierra, territorio y recursos naturales,

- Derecho a la información,

- Derecho a la consulta,

- Derecho a la participación,

- Derecho a la integridad física,

- Derecho al desarrollo,

- Derecho a la organización y a la protesta social.

Exigimos

· Al Gobierno Federal y Estatal garantizar estos derechos de las comunidades indígenas afectadas por el proyecto minero.

· Que el Estado Mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policíaco-militares como vía de resolución del conflicto y que garantice se resuelva mediante diálogo, ya que éste tipo de acciones violentan los derechos humanos y no atienden las causas estructurales que los generan.

· Que las instituciones del Estado respeten los derechos de las comunidades al consentimiento libre, previo e informado sobre el futuro de sus tierras, territorios y recursos naturales, de acuerdo a la legislación nacional y a los instrumentos internacionales firmados por México (Convenio 169 de la OIT).

· Que la Secretaría de Economía Federal revise y en su caso suspenda la concesión otorgada para este proyecto de exploración minera, ya que, al no existir estudio de impacto ambiental y programa de atención a contingencias éste pone en grave riesgo la vida y la integridad física de las comunidades.

· Que cese la criminalización del movimiento de resistencia contra la minera.

· Garantizar la integridad física y psicológica de los detenidos.

· Garantizar el acceso a la justicia pronta y expedita de los detenidos.

· Alto a la represión de los habitantes de San José el Progreso Ocotlán de Morelos, Oaxaca.